LaNuevaEspaña.es Asturias emprendía ayer el camino hacia la aprobación de su propia Ley de Igualdad con la presentación de un primer borrador del texto legislativo a las asociaciones, sindicatos y agrupaciones políticas representadas en el Consejo Asturiano de la Mujer. La Ley del Principado, según María José Ramos, consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, unificará en una sola norma las medidas en materia de igualdad y de violencia de género y estará aprobada -ese es el compromiso del Gobierno- antes de que acabe el año. «Éste es un compromiso del Gobierno de Asturias, de las dos fuerzas políticas que están en el Gobierno», subrayó, y para hacer patente el acuerdo de PSOE e IU en el desarrollo de la Ley, dijo, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, de IU, asistió a la reunión del Consejo. La decisión de fusionar la legislación sobre igualdad y violencia de género responde a la idea de que, en palabras de María José Ramos, «la violencia de género es la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres». La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes, observó que las competencias regionales en materia de violencia de género se limitan a la atención a las víctimas. La Consejera de Igualdad no quiso detallar el contenido del borrador hasta haberlo confrontado con las organizaciones sociales. «Queremos una ley de consenso, participativa, que cuente con el movimiento asociativo», declaró. Sólo adelantó que los objetivos son «afianzar los derechos» reconocidos por la legislación estatal, «consolidar avances» como la creación de la red regional de casas de acogida -«una referencia nacional», observó- y «reforzar las políticas públicas de igualdad». La Ley se estructurará en 48 artículos, en cinco capítulos: el primero sobre las políticas para la promoción de la igualdad a aplicar en ámbitos como educación, salud, cultura o desarrollo rural; el segundo sobre empleo, «prioritario» para el Gobierno, según Ramos, y los siguientes dedicados a la conciliación laboral y familiar, las funciones de la Administración regional y la coordinación de sus recursos.