SANTA CRUZ DE TENERIFE. EUROPA PRESS.- El texto establece que "las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir información" sobre todas las ayudas y apoyos para ser madres. El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres durante una sesión plenaria marcada por la polémica, ya que el PSOE, grupo que impulsó la norma, solicitó aplazar el debate para evitar que determinados grupos de presión "instrumentalizasen de forma perversa" el apoyo a uno de los artículos del texto, sobre el derecho al embarazo de las mujeres. La petición para retrasar el debate fue rechazado por CC y PP. La polémica está basada en el artículo 51 (bis) sobre el derecho al embarazo que fue fruto de una iniciativa popular respaldada por 30.000 firmas impulsada por la Red Madre. "Llevamos meses aguantando el embate en la prensa de redes a las que ustedes les dan apoyo", le dijo a CC y PP la diputada socialista Eulalia Guerra, que admitió que se trata del "artículo más complicado". La socialista expuso que con la solicitud de aplazamiento no se buscaba "ningún secuestro" como planteó el PP. "No la vamos a guardar bajo llave", dijo para añadir que se quería "analizar la situación creada a raíz de la utilización perversa por parte de los grupos de presión". Guerra admitió el esfuerzo realizado en pro del entendimiento y aclaró que su partido "no asumió ningún compromiso con Red Madre". La votación de las enmiendas transcurrió marcada por la tensión. Así hubo que parar en varias ocasiones el debate para que los grupos consensuaran, por ejemplo, si se admitían a trámite las enmiendas ´in voce´. Además, el PSOE también solicitó un recuento de votos "más exhaustivo". El presidente de la Cámara aseguró que los resultados no varían aunque admitió las dificultades debidas a que algunos diputados no mantenían la mano alzada o entraban y salían del salón de plenos. "PROTECCIÓN EXTREMA" DEL DERECHO A LA MATERNIDAD Durante la sesión plenaria, Guerra planteó que fue CC quién aseguró que la iniciativa de Red Madre --asociación contraria al aborto-- podía ir incluida en la ley de Igualdad e insistió en que lo que busca su partido es la "protección extrema, primero del derecho de las mujeres a la maternidad, y también a la interrupción de libre elección". En este sentido, anunció que presentaría una enmienda ´in voce´ al polémico artículo 51 (bis) que se basaba en defender el derecho a las mujeres a decidir. Detalló que las mujeres deben tener "iguales derechos y protección" tanto si siguen con el embarazo como si no. Además, matizó que se reclama el apoyo e información psicológica y social a las embarazadas para "garantizar" su libertad de decisión. "Lo importante es el derecho a decidir y no defender sólo uno de los supuestos y evitar un grave conflicto a esa protección exacerbada de la maternidad", defendió la diputada. A esto el diputado del PP, Carlos Ester, dijo que no aceptaba la enmienda porque "no hace mención al derecho a la vida". "Se pretende defender a la mujer embarazada, que es una opción legítima", sentenció al tiempo que tildó al PSOE de "intolerante". FALTA DE RESPETO A LAS DECISIONES "Les falta el respeto a las decisiones", zanjó. Ester también dijo que se busca defender a las mujeres jóvenes y vulnerables. "Les parece normal la improvisación. No pueden hablar por encima de la mayoría", finalizó. La enmienda ´in voce´ fue rechazada por 31 votos de CC y PP y los 23 del PSOE Entre las puntualizaciones a la norma, Guerra insistió en que la igualdad debe pasar a depender de Presidencia del Gobierno. Así se lo pidió a Paulino Rivero. "Si la igualdad no se sienta en el consejo de Gobierno no hemos hecho nada", afirmó para recalcar la "transversalidad" como punto fundamental. "Se busca reducir la brecha entre hombres y mujeres", manifestó al tiempo que apostó por "iniciativas positivas". Por su parte, el diputado del PP, Carlos Ester, rechazó que Guerra pidiese el aplazamiento. "Como no han sacado esta ley como ustedes la querían, quieren secuestrarla", argumentó para subrayar que su partido no iba a ser "cómplice" de este hecho. "Reconocemos la igualdad real e incluso el derecho a la maternidad y desarrollar eso no les ha gustado", expuso. "Me sorprenden sus declaraciones", le dijo a Guerra y también planteó que su partido siempre ha ido por delante en esta lucha. Afirmó que CC y PP han enriquecido el texto. "Ha sido mejorada con las enmiendas", señaló para recordar que se evitará el lenguaje sexista o la mejora en el ámbito laboral. "No entendemos la polémica. ¿Qué hay de malo por defender el embarazo?", se preguntó el popular que insistió en que no entiende al PSOE por intentar cercenar la ley por un artículo. COMPROMISOS La diputada de CC, Flora Marrero, comenzó su intervención intentando que la socialista se posicionase sobre el motivo del aplazamiento. "Me enseñaron un principio: el compromiso a la palabra dada", le dijo a Guerra al tiempo que censuró la posición del PSC-PSOE. Aquí recordó que la propuesta de Red Madre cedió con el texto definitivo al igual que lo hicieron los partidos políticos con representación. "Se aprobó por unanimidad", dijo para cuestionar que los socialistas marquen su estrategia en función de editoriales de medios de comunicación. "Hemos cedido lo máximo", afirmó Marrero para añadir que la sociedad canaria se ha transformado y planteó que se quiere reconocer a las mujeres que luchan desde el anonimato en favor de sus derechos. "Esta ley también está pensada para los canarios que residen en el exterior", apostilló. De igual forma, agradeció las aportaciones de colectivos sociales. También pidió disculpas a los grupos que no han logrado reflejar en el texto definitivo sus aportaciones. LA POLÉMICA El artículo 51 bis de la ley establece que "las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir información y asesoramiento sobre todas las ayudas y apoyos a los que pueden acceder para afrontar cualquier problema derivado del embarazo a fin de ejercer su derecho a ser madres". "Las mujeres tienen derecho a la libertad de opción en cuanto a la maternidad, para lo cual recibirán la información y asistencia necesarias a fin de superar cualquier conflicto social, económico, psicológico o de integración social o familiar que les pueda plantear el embarazo, la maternidad o la posible interrupción del mismo de acuerdo con la legislación vigente. Ésta es una capacidad de las mujeres que quieren adoptar la opción de ser madres. Este derecho comporta el deber de los poderes públicos de facilitarles los medios adecuados para el ejercicio de dicha libertad", añade. De igual forma expone que "los poderes públicos apoyarán a las mujeres embarazadas tanto de la Comunidad Autónoma canaria, como a las que residan en el exterior, sea cual sea su decisión final, en "un sistema público de apoyo e información de recursos a las mujeres embarazadas sobre la interrupción voluntaria del embarazo contemplada en la ley o para continuar adelante con dicho embarazo, en el parto y después de éste".