La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, presentó hace días en la Comisión de Agricultura del Parlamento Autonómico las políticas que está desarrollando su Departamento para potenciar el papel de la mujer al sector agrario. Una de las principales medidas para favorecer el reconocimiento del trabajo y otros derechos de las mujeres en el sector agrario ha sido la publicación del Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, por el que se regulan las subvenciones para promover la afiliación a la seguridad social de cónyuges y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias. El Gobierno de Canarias está trabajando en un proyecto de Decreto, por el que se regula el reconocimiento de las explotaciones agrarias de las Islas en régimen de titularidad compartida, y se crea el registro de dichas explotaciones, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Con esta norma, según se puso de manifiesto en la Comisión, se promueve la igualdad de hombres y mujeres en el medio rural. Esta medida obedece a que la mujer lleva muchos años participando en la dirección de las explotaciones y en el trabajo en las mismas mediante fórmulas societarias, donde no hay limitaciones para su participación. Muchas mujeres colaboradoras o vinculadas a las explotaciones agrarias ya están registradas en la seguridad social, pero son una minoría respecto de las que constan en las estadísticas como cónyuges o familiares colaboradoras. Las acciones específicas que planifica la Consejería también forman parte de la política de desarrollo rural de la Unión Europea, contempladas en el Reglamento 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, las cuales se aplicarán a través de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. En el Programa de Desarrollo Rural de Canarias se adoptan las siguientes medidas para la promoción de la igualdad de género: Consideración de la igualdad de género como prioridad horizontal y dentro de la selección de beneficiarios y proyectos, diagnóstico específico de la situación de la mujer en el ámbito rural y su participación en los procesos de desarrollo, participación activa del Instituto de la Mujer y mecanismos de control específicos. De 459 beneficiarios de Ayudas a Primera Instalación dentro del periodo 2000 – 2005, 187 fueron mujeres, un 41% del total. Este dato está muy por encima de la media nacional, que se ubica en el 27%. Ocho de las medidas del actual Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013 prevén atención específica a la condición de mujer como aspecto a valorar para la concesión de ayudas: Instalación de agricultores jóvenes, Utilización de servicios de asesoramiento, Modernización de explotaciones, Compromisos agroambientales, Diversificación hacia actividades no agrícolas, Creación y desarrollo de microempresas, Formación e información de agentes económicos y Cooperación trasnacional. Además, dentro del enfoque LEADER, que nació para luchar de forma directa contra el éxodo rural, el envejecimiento y la pérdida de empleos, se ha puesto especial atención en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con un apoyo prioritario a las estrategias que tengan por objeto las oportunidades de empleo. Este eje del PDR prioriza aquellos proyectos promovidos por mujeres y valora su importante rol en el mantenimiento del medio rural y el necesario relevo generacional. Las políticas dirigidas a la mujer rural que se están desarrollando han sido impulsadas por las organizaciones ciudadanas de defensa de los derechos de las mujeres, y tienen su origen en directrices de la Unión Europea y de otras instituciones de ámbito mundial. Se ha marcado como prioridad la consecución de objetivos como la consideración de la perspectiva de género en todas las normas de desarrollo rural y en la aplicación de las políticas agrarias, el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la potenciación de nuevas actividades laborales. Estas políticas se complementan con la creación de servicios que ayuden a la conciliación de la vida laboral y familiar (guarderías, colegios, centros de día para ancianos, mejora de infraestructuras y transportes, etc.). Por otra parte, la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural prevé objetivos y actuaciones sectoriales que serán concertados entre el Estado y las CCAA. Estas actuaciones, deberán respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y además deberán contemplarse aquellas que puedan contribuir a conseguir una igualdad efectiva por parte de las mujeres. Según datos del Censo Agrario de 1999, alrededor del 30% de las explotaciones agrarias tienen por titular a una mujer, aproximadamente medio millón de explotaciones. Existe una gran dispersión en función de las zonas geográficas, si bien Canarias, con un 32,5% y 23.315 mujeres ocupadas se encuentra por encima de la media nacional. Según el Estudio encargado por el MAPA “Respuesta de las mujeres rurales a los Programas de Desarrollo Rural”, las mujeres participan cada vez más en las Organizaciones Profesionales Agrarias y en los Grupos de Acción Local, mientras que su participación sigue siendo baja en los Consejos Reguladores, en las Cámaras Agrarias y las Comunidades de Regantes. Lo mismo puede decirse de las cooperativas, sociedades especialmente importantes en el sector agrario, en las que la participación de mujeres como socias se ha incrementado notablemente, pero en las que hasta ahora no forman parte de los Consejos Rectores donde sólo están presentes un número reducido de mujeres. Favorecer la representatividad de las organizaciones de mujeres rurales resulta muy útil como canal de comunicación con las mujeres rurales.