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07/04/2010
Embarazadas valencianas y sin recursos pueden pedir ayudas de 600 euros
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Celia Ortega es la directora general de la Mujer de la Comunidad Valenciana.
LA VERDAD. El gobierno valenciano impulsa este proyecto para fomentar la maternidad coincidiendo con la modificación de la ley del aborto. El anuncio de este programa coincidió con el que hizo el Gobierno de modificar la ley del aborto. Ahora, poco después de la aprobación de la norma en el Congreso, la Comunidad Valenciana impulsa nuevas ayudas de su proyecto Provida, que también ofrece una red de familias de acogida para menores embarazadas que quieran seguir adelante con su gestación. La idea del programa es ofrecer información y orientación para que la mujer tome una decisión libre. Es decir, y aunque no se comenta abiertamente, una consecuencia directa es la reducción del número de abortos, ofreciendo recursos sociales a las mujeres embarazadas con carencias económicas o de apoyos familiares. Tal y como explicaron desde la Consejería de Bienestar Social, ya hay mujeres que han podido acceder a las ayudas, a través de la renta garantizada de ciudadanía, que se trata de una cuantía económica que puede llegar a 600 euros y que se podrá percibir durante tres años. Como condición, deben ser menores de 25 años y cumplir los requisitos para acceder a esta ayuda. En la actualidad cuentan con una red de 60 familias especializadas en el acogimiento de menores desamparados y en situaciones especiales, desde discapacidades, enfermedades o grupos de hermanos, por ejemplo. También se incluyen menores embarazadas, y desde la Consejería aseguran que ya han sido varias las que se han acogido a este recurso, aunque reconocen que es necesario ampliar su difusión. Las familias acogedoras reciben una contraprestación económica por el servicio prestado. La orden que regula estas subvenciones ha sido modificada para 2010, de manera que en casos de menores embarazadas «se computará como miembro de la unidad familiar al menor o menores no nacidos desde el momento de la fecundación». Este cambio viene motivado por la herramienta legal que desarrolla el proyecto Provida, la ley de Protección a la Maternidad, aprobada en junio. La normativa ampara numerosas ayudas, algunas ya vigentes. En materia de vivienda, el embarazado también computa, y las gestantes tienen derecho preferente a las ayudas públicas. En educación, para el curso que viene el hijo en gestación será uno más de la familia a la hora de la matrícula de los hermanos y para optar a la gratuidad de los libros de texto. La ley incluye supuestos de atención educativa domiciliaria para la gestante menor de edad. En breve, las embarazadas en riesgo de exclusión tendrán subvencionado el gasto farmacéutico de sus hijos. El 2010 será el año de consolidación del proyecto, con todas las medidas puestas en marcha. De las más inmediatas, destacan las de carácter informativo. En el plazo de dos semanas se firmará un convenio con el colegio de farmacéutico para la difusión de información y recursos de programa Más Vida, y se prevé, «en breve», habilitar un teléfono de atención y los centros especializados en las tres provincias, primera puerta de las mujeres interesadas en continuar su embarazado con las ayudas puestas a su disposición.



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