LA RAZÓN. Seis leyes orgánicas de educación en los últimos 25 años han desembocado en tasas de fracaso escolar del 31,9%, de las mayores de Europa; niveles de excelencia académica bajísimos (sólo el 5% de los alumnos van muy bien en clase); el deterioro de valores como la disciplina, el esfuerzo, y el trabajo; y el aumento de un clima de desorden en las clases, donde le falta autoridad al profesor, que se ve con dificultades para desarrollar sus clases y que sigue sin un estatuto docente que defina su papel. Y no sólo eso, las leyes educativas se han aplicado sin consenso, sin financiación suficiente, y son muchos los que hablan de que en España existen ya 17 sistemas educativos diferentes como consecuencia de la aplicación de la Logse, la norma que realmente ha marcado la educación en España y que condensa el modo socialista de entenderla. Nunca ha habido acuerdo en cómo debe ser la educación en nuestro país. Únicamente en 1978, con la Constitución, los partidos lograron consensuar posturas para que el artículo 27 compaginara el derecho universal a la educación con el de la libertad de enseñanza. Éstas son las seis normas que en los últimos 25 años fueron pensadas para mejorar la educación en España. Ley Villar Palasí (1970) Se puso en marcha a finales del franquismo y garantizó que hubiera una educación común idéntica para todos los alumnos entre 6 y 14 años. Creó la Educación General Básica (EGB), un Bachillerato de cuatro años (tres de BUP y uno de COU) y planteó la bifurcación del alumnado a los 14 años creando una FP con tres grados. Se introdujeron nuevos métodos didácticos y los estudios de Magisterio se incluyeron en la universidad. Para Juan Antonio Lorenzo, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense, la parte negativa de esta ley fue que «la escolaridad obligatoria se había fijado a los 14 años, pero la edad laboral estaba establecida a los 16, lo que generó un desfase. Además, la Formación Profesional se diseñó con una dimensión académica que conectaba poco con las necesidades del mercado laboral de de aquella época». LOECE (1980) La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares es la primera norma que trata de desarrollar la Constitución con UCD ya en el poder. Mantiene el sistema educativo anterior y sólo regula el derecho a la educación, establece la tipología de centros y cambia su modelo de organización de manera que los padres puedan participar más activamente. La Ley fue recurrida por los socialistas. LODE (1985) La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de Enseñanza y de Creación de Centros la puso en marcha el PSOE cuando llegó al poder. No modifica la estructura del sistema educativo, pero crea un modelo democrático de participación en el centro: nace el consejo escolar y las asociaciones de padres de alumnos (APAS). El director de los centros es elegido por la comunidad escolar (los críticos dicen que la medida debilitó su figura) y regula el régimen de conciertos para la enseñanza privada que quiere ser financiada con recursos públicos. Fue recurrida por Alianza Popular, pero finalmente entró en vigor. LOGSE (1990) La Ley Orgánica General del Sistema Educativo es una norma ambiciosa. Eugenio Nasarre, diputado el PP y ex secretario general de Educación, la define como «el gran templo educativo del PSOE, porque en ella está condensada su ideología y pretensiones». Es más, asegura que los socialistas pensaron que esta ley «transformaría España y sería la solución a los problemas educativos». Asume el modelo de «escuela comprensiva», ideado en Europa en los años 60 y 70, que no es otra cosa que intentar que haya una educación obligatoria y gratuita igual para todos, independientemente de la capacidad del alumno. Se establece la enseñanza común hasta los 16 años (la ESO actual), pero «se rebajan los contenidos de las asignaturas para facilitar la promoción automática, o el que se pase de curso, y se hace el Bachillerato más corto de Europa (dos años)», critica Nasarre. Se crean dos niveles de FP y se oficializa una filosofía pedagógica basada en una corriente que es el constructivismo (el niño debe aprender por sí mismo y el profesor debe ayudarle a descubrir esas cosas), lo que, a juicio de Nasarre, «devalúa la memoria y el profesor se convierte en una especie de auxiliar». Se propicia que las autonomías tengan su propio currículum. De este modo, «se debilita el tronco común educativo», lo que es motivo de polémica, ya que se incrementa el poder de las autonomías. El profesor Juan Antonio Lorenzo ve positivo que se ampliara la escolarización hasta los 16 años (con eso se solucionaba el desfase entre la edad escolar y la laboral) y que se aplicara la educación común de calidad para todos desde la comprensividad, aunque se hizo mal porque «se confundió con que todo el mundo tenía que aprobar». Y no sólo eso, «aunque la ley decía que la comprensividad iría acompañada con la atención a la diversidad, esto no se pudo aplicar por falta de recursos». La FP se adaptó mejor a las necesidades empresariales al establecer dos ciclos, pero se concretó mal cómo entender el currículum y no se acertó con la organización escolar. Se habló de la trasversalidad para la educación en valores, pero en la práctica cada asignatura se dedicó a lo suyo y no se tuvo en cuenta que tenía un asunto compartido. Se olvidó la formación en valores. LOPEG (1995) La Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros reforma aspectos de la Logse. Pretende reafirmar con garantías plenas el derecho a la educación sin discriminaciones, consolidar la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa. LOCE (2002) El PP ideó La Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, pero nunca llegó a aplicarse. Fue derogada cuando Zapatero ganó las elecciones. Su objetivo era logra una calidad educativa para todos. Introdujo evaluaciones del sistema, definió con claridad el tratamiento de los alumnos con necesidades especiales y cómo debía ser la formación de los profesores de Secundaria. Partía de la convicción de que los valores del esfuerzo y la exigencia personal son condiciones básicas para mejorar la calidad del sistema y se propuso elevar la consideración social del profesorado. Planteó itinerarios «flexibles y abiertos» para unos y «segregadores» para otros. Desarrolló la autonomía de los centros. El profesor Lorenzo asegura que rompió la unidad de la etapa infantil al considerar los niños de cero a tres años por un lado y de tres a seis por otro. La ley ignoró a los maestros. LOE (2006) Cuando Zapatero llegó al poder paralizó la Ley de Calidad sin alternativa inmediata, lo que generó inquietud e incertidumbre en la comunidad educativa. Viene a ser un refundido de la Logse, Lopeg y LOCE. Son dos los objetivos de esta ley: «proporcionar una educación de calidad para todos y la necesidad de que toda la comunidad educativa colabore para conseguir ese objetivo en un esfuerzo compartido», asegura Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores ANPE. Los críticos creen que no adopta medidas suficientes para mejorar el bajo rendimiento escolar y alto índice de abandono precoz del sistema educativo; no se ponen en marcha medida para paliar problemas de convivencia y el preocupante clima de violencia en algunos centros. No modifica en lo esencial la estructura de nuestro sistema, mantiene la establecida en la Logse, y permite pasar de curso con cuatro suspensos. Incorpora las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (que «roba» horas a la Filosofía) y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Ciudadanía genera una colisión entre dos derechos constitucionales: el derecho del Estado a regular la educación y el de los padres a educar a sus hijos. Se crean los programas de cualificación profesional inicial como una vía formativa para chicos a partir de los 15 años, da mucha importancia al proyecto educativo, desarrolla la educación infantil como un nivel único y las enseñanzas de régimen especial.