EL NORTE DE CASTILLA. El reparto de tareas en el hogar, el acceso al mundo laboral, la independencia económica, la libertad social, la lucha contra la violencia de género.... todos y cada uno de los pilares en los que se sustenta la igualdad entre mujeres y hombres parecen algo más endebles cuando se trata del medio rural. El estudio de investigación Igualdad de Oportunidades en la Provincia, encargado por la Diputación Provincial a la Universidad de Valladolid, constata que, hoy por hoy, la discriminación en función de sexo está más arraigada en los pueblos, pero pone también de manifiesto que las cosas están empezando a cambiar. La raíz del problema de desigualdad se encuentra en porcentajes reflejados en el informe como el de que más del 60% de las mujeres casadas que viven en los pueblos de Valladolid de menos de 20.000 habitantes no trabajan ni lo han hecho nunca y, el resto, tienen una actividad laboral remunerada complementaria a la de sus parejas y que no les exime de sus responsabilidades familiares. El estudio provincial apunta en este sentido, que cuatro de cada cinco mujeres rurales aprecian diferencias respecto a sus parejas en lo que a las tareas domésticas se refiere. El informe, que se ha elaborado gracias a 835 encuestas presenciales, efectuadas a finales del pasado año a mujeres mayores de 16 años -el número total de las que se ajustan a ese perfil en la provincia es de 68.103- constata que continúa habiendo discriminación de sexo y que, además, son las propias féminas las que consideran que cocinar, lavar o planchar son tareas propias de la mujer y que la conciliación es más un problema de las instituciones que de las propias familias. «La falta de empleo y de independencia económica hacen que las mujeres del medio rural acepten que no haya reparto de tareas. Los maridos trabajan fuera de casa y llevan el peso de la economía y ellas son amas de casa, madres, educadoras y cuidadoras». La diputada de Acción Social, Mari Ángeles Cantalapiedra apunta, sin embargo, que la situación varia mucho cuando se trata de gente joven con mayor formación y capacitación. El jefe del servicio, Aurelio Baró, subraya en ese sentido que las conclusiones son esperanzadoras, porque ponen de manifiesto una nueva realidad con mujeres jóvenes, emprendedoras y dinamizadoras artífices, en muchos casos, del despegue del medio rural. «El machismo detectado es más económico que social y fruto de la situación de desigualdad porque, tradicionalmente, las mujeres de los pueblos no han tenido acceso a la formación y carecen de recursos propios», apunta. El objetivo del informe, que se ha complementado después con cinco mesas de trabajo con hombres y mujeres de distintas localidades y dos con políticos y técnicos de la institución provincial y de los ayuntamientos, era analizar la situación de la mujer rural en ámbitos como el sociodemográfico, la educación, la formación, el empleo, las responsabilidades familiares o los usos del tiempo, de cara a orientar las políticas desarrolladas por la institución provincial. La Diputación ha incorporado ya algunas de estas conclusiones en su cuarto Plan de Igualdad y las está teniendo en cuenta a la hora de planificar sus talleres o cursos de formación. Cerca de la mitad de las mujeres del medio rural utiliza, por ejemplo, los centros de cultura próximos a sus domicilios y un 54% consideran que los planes de igualdad son útiles. «Cuando haces cosas en el medio rural, a veces parece que no se valoran, pero estas encuestas demuestran que hay que seguir trabajando en el mismo sentido», explica Baró. Para la diputada del área, el informe no pone sobre la mesa porcentajes demasiado sorprendentes aunque, en su opinión, sirve para constatar una vez más que el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación se sustenta en dos pilares: empleo y servicios, y que las instituciones deben apostar por ellos. Aunque las mujeres entrevistadas reclaman mayoritariamente mejoras en los servicios educativos y sanitarios -un 60% afirman que no hay servicio de ambulancia y un 61% creen que no hay un sistema adecuado para atender a los niños-, la diputada considera que la solución no está en abrir colegios o centros sanitarios en todos los pueblos y que ni siquiera debe pretenderse favorecer la creación de yacimientos de empleo en los municipios más pequeños. «Lo importante -apunta- es que tanto el trabajo como los servicios de calidad estén a una distancia que les permita seguir viviendo en sus pueblos, aunque tengan que trabajar a unos kilómetros. Para ello, son imprescindibles tanto unas buenas infraestructuras como un transporte público adecuado». Los porcentajes más sorprendentes de los reflejados en el estudio son, en opinión de la diputada, los que hacen referencia a la igualdad social, es decir, los que constatan la persistencia de tareas y actividades para las que la mujer de la provincia aún tiene dificultades. Una de cada cuatro de las encuestadas, por ejemplo, no puede vestir como quiera sin sufrir alguna crítica por el hecho de ser mujer; el 16% no pueden practicar deportes que se consideran masculinos o conducir máquinas; el 15% no pueden estar en grupos donde haya más hombres que mujeres y el 12% no pueden ir solas a los bares. ´Efecto escaparate´ Es el llamado ´efecto escaparate´, o el miedo al qué dirán, un problema que sigue condicionando la participación social, laboral y económica de la mujer rural, aunque las nuevas generaciones estén dispuestas a romper moldes. «Me han sorprendido los porcentajes, porque es cierto que yo viví esa realidad de pequeña, pero creo que ahora es diferente». Cantalapiedra asegura que, por lo menos en los pueblos de tamaño medio, es muy frecuente ver a las mujeres jugando la partida en los bares y a las jóvenes vistiendo las indumentarias más modernas, pero reconoce que la situación puede todavía estar anclada en el pasado si nos referimos a la mujer mayor de un pueblo pequeño. El último apartado del estudio hace referencia a la violencia de género y, si bien subraya que el maltrato doméstico no supera los umbrales del 5%, Cantalapiedra se teme que la investigación no refleje fielmente la realidad que se vive en el medio rural. «Hay violencia de género encubierta, pero a la mujer en los pueblos es especialmente reticente a la hora de reconocerla», explica. En opinión de la diputada, la falta de independencia económica de la mujer rural es un lastre a la hora de asumir, admitir y finalmente denunciar que sufre malos tratos en el hogar. «Es un paso que muchas mujeres no se deciden a dar, porque no se ven capaces de tomar las riendas de su vida y tienen miedo a una respuesta violenta o al rechazo social», concluye.