NORTECASTILLA.ES. Aunque ya ha habido indicios de debate sobre el futuro de la política agraria comunitaria (PAC) más allá del 2013 -momento en el que caduca el periodo del presente marco financiero iniciado en el 2007- no será hasta la actual presidencia española de turno de la Unión Europea cuando se empiece a entrar de lleno en el asunto. Francia puso sobre la mesa el tema en septiembre del 2008 (antes incluso de haberse aprobado la última revisión conocida como ´chequeo médico´) y después hicieron lo mismo las presidencias checa y sueca, que sustituyeron a la francesa. Pero aún así, no será hasta finales del primer semestre del 2010 cuando se hayan prácticamente definido las líneas generales de la nueva PAC. Este hecho ha llevado a la presidencia española a plantearse como una prioridad el futuro de la PAC más allá del 2013, según un documento con carácter de borrador que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y que ha repartido entre el sector para su análisis y reflexión. La idea de España es ligar el futuro de la PAC al carácter estratégico de la agricultura. Esto significa dar prioridad absoluta en toda su gestión política a este sector por su «capacidad para abastecer de alimentos sanos, seguros y de calidad» y por su «potencial para promover el empleo y favorecer el crecimiento económico en el nuevo modelo de economía sostenible». Nuevo modelo Con estas premisas, el Gobierno español propondrá al resto de los miembros de la Unión Europea la creación de un nuevo modelo de ayudas directas denominada «ayuda común de base a la agricultura». Se trata de una subvención uniforme por superficie agraria útil (SAU) que ascenderá a cien euros por hectárea y que, según el documento del Ministerio, sería «aplicable por igual a todos los agricultores que ejerzan su actividad sobre esa superficie y que cumplan unos criterios de condicionalidad (ligado al cuidado del Medio Ambiente)». Inicialmente se concibe como una ayuda desacoplada, es decir, que no está ligada a la producción, pero el Ejecutivo considera «interesante» estudiar la posibilidad de exigir alguna actividad agraria que vaya más allá del mantenimiento de la tierra en buenas condiciones medioambientales. En cuanto a la financiación de esta medida, España propone que proceda de las arcas de la UE para que se aplicase en todo el territorio comunitario. Esta nueva ayuda podría ir acompañada de otra subvención para zonas de montaña o afectadas por ´handicaps´ naturales «que sustituyera a las actuales Indemnizaciones Compensatorias». Además, la propuesta española contempla abrir una línea «más singularizada» para los agricultores y explotaciones que deseen acogerse a compromisos o contratos adicionales, fundamentalmente ligados al cuidado del medio ambiente, que es una de las prioridades de la futura PAC. Esta medida se conseguiría reagrupando las ayudas del artículo 68 y las ayudas agroambientales de base territorial relacionadas con la actividad agraria. Igual que las anteriores, la financiación de esta subvención correría a cargo de los recursos comunitarios. Y por último, en lo que tiene que ver con las ayudas, España insistirá en que se mantenga con carácter permanente a los Estados Miembros la posibilidad de conceder subvenciones a los sectores en dificultades, limitadas por un techo del 3,5% de sus ayudas directas. Por otro lado, en su propuesta, España considera necesario mantener los instrumentos actuales de intervención y gestión de los mercados para evitar situaciones de crisis de precios como la que ha escrito el pasado 2009. Por eso propone llevar a cabo intervenciones públicas, ayudas al almacenamiento privado y «otras medidas especiales de intervención», así como instrumentos aplicables a la comercialización de la producción. Igualdad de condiciones En referencia a los intercambios comerciales con terceros países, es preciso «avanzar el concepto de reciprocidad» para garantizar que los productores europeos estén en igualdad de condiciones, según el borrador. Sobre el intento de nacionalizar distintas medidas para solucionar problemas del mercado, la propuesta española es muy concreta: «Podría ser una solución puntual para pequeños problemas, pero no para afrontar graves situaciones de crisis en el mercado comunitario». Por eso, teniendo en cuenta que, en la PAC después del 2013, el margen para las medidas de intervención de mercado «será probablemente bastante reducido», propone «la creación de un fondo de reserva en las perspectivas financieras y en el presupuesto comunitario para atender las crisis graves de mercados agrarios». Por último, y en cuanto a las medidas de desarrollo rural, España entiende que deben ir ligadas a la figura del agricultor. Con todas estas propuestas sería necesaria una reforma en profundidad de la legislación correspondiente al régimen de ayudas directas, al desarrollo rural y a los fondos agrarios. Eso ocurriría si se aprobaran todas las medidas propuestas por España y cuyo debate comienza ahora en un primer nivel, es decir, entre las comunidades autónomas y el resto del sector. Ya en un segundo nivel, el Gobierno pretende plantear en una sesión del Consejo de Europa (órgano en el que participan los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE) el análisis de los instrumentos de gestión de la PAC y dedicar una reunión informal a una revisión global de cuanto se haya ido debatiendo sobre el futuro de la PAC más allá del 2014, algo que muchos han empezado a llamar ´Horizonte 2020´.