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La ministra de Política Social y el presidente de Gobierno con representantes de CERMI.
27/12/2009
Zaragoza acoge en mayo de 2010 una conferencia sobre discapacidad y autonomía personal
El Gobierno ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la celebración en Zaragoza durante el mes de mayo de 2010, de dos reuniones relacionadas con la discapacidad y la autonomía personal. Ambas están incluidas en los actos que se celebrarán con motivo de la presidencia española de la UE, durante el primer semestre de 2010. Los días 20 y 21 de mayo del próximo año se celebrará la Conferencia sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, la accesibilidad universal y el empleo. El objetivo de la misma es debatir e impulsar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como promover políticas de la UE y de sus estados miembros que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Durante esta Conferencia está prevista la intervención de la Comisión Europea, ministros y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También se desarrollarán dos sesiones de alto nivel relativas a la aplicación de la Convención y la accesibilidad, además de distintos talleres y una sesión específica sobre la nueva estrategia sobre la discapacidad. Previamente, el 19 de mayo, se celebrará una Reunión Informal de Ministros, que tratará básicamente sobre la información y seguimiento de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA A LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD El Consejo de Ministros también ha estudiado un informe sobre las actuaciones del grupo de trabajo interministerial para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este grupo está presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y compuesto por todos los ministerios. Hasta el momento, se han llevado a cabo tres reuniones del grupo de trabajo en las que se ha analizado el estado de situación actual y la metodología que hay que seguir para elaborar el estudio final comparativo de la normativa española y los borradores de textos legislativos que la modifiquen. Además, el grupo ha acordado solicitar la colaboración del sector asociativo de la discapacidad. El texto final para la adaptación a la legislación española de esta Convención será realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España el 30 de marzo de 2007, con entrada en vigor el 3 de mayor de 2008), prevé las medidas que los Estados deberán implantar para garantizar que las personas con discapacidad pueda disfrutar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. ACCIONES E INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN 2008 Y 2009 Asimismo, el Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre acciones e inversiones en accesibilidad de la Administración General del Estado en 2008 y 2009. Durante estos dos años, se han invertido 375 millones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, acercando los servicios, facilitando la comunicación y la integración social. Dentro de estas inversiones, las realizadas en accesibilidad física (relacionadas con los edificios públicos y entornos de los mismos) son mayoritarias, ya que se han destinado a este concepto más de 317 millones de euros. La inversión en accesibilidad virtual (accesibilidad web, adaptación de aplicaciones, subtitulado y audiodescripción, oficina virtual, Plan Avanza, TDT) fue de 32,5 millones. Para el resto de medidas relacionadas con la accesibilidad (formación en lengua de signos, voto accesible…) se destinaron 25,1 millones de euros. La accesibilidad es un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y un criterio básico en la gestión de la acción pública. Con este informe se pone de manifiesto que el Gobierno, en los últimos años, ha mantenido una intervención sostenida en el impulso de políticas activas para alcanzar de manera real la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y la equiparación de derechos de las personas con discapacidad con el resto de los ciudadanos.



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