Soniamaldonado. CMT Blog. En menos de una década, la banda ancha se ha convertido en un servicio básico y, sin embargo, en algunas zonas, el ADSL es aún un perfecto desconocido. Hablamos, sobretodo, de zonas rurales o despobladas, donde no hay suficiente inversión privada en infraestructuras de redes por parte de los operadores. Poco a poco van surgiendo ciertas ofertas que permiten a los habitantes de estas zonas desfavorecidas asomarse al escaparate digital. Se trata de intentar reducir la brecha digital en zonas donde los despliegues son más caros y, en muchos casos, con menores prestaciones e, incluso a veces, inexistentes. A nivel europeo, más de 30 millones de casas no cuentan con acceso a internet o se conectan de forma muy limitada a la red. En España, según los datos del último estudio de Eutelsat, más de 1.420.000 hogares españoles se encuentran en situación de exclusión digital. En concreto, 690.000 domicilios no disponen de acceso a la banda ancha y 730.000 navegan por internet a menos de dos megabytes. De acuerdo con la última Encuesta Sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información, realizada en 2010 por el INE, en términos porcentuales, mientras que en las ciudades de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia españolas el 64,2% de las viviendas con equipamiento de ordenador cuentan con acceso a Internet, en el caso de las poblaciones con menos de 10.000 habitantes, este porcentaje desciende al 47,3%. En lo que se refiere al equipamiento de ordenadores, mientras que en las ciudades cuentan con uno el 71,9% de las viviendas, en el medio rural este porcentaje desciende hasta el 59,9%. Por otro lado, de ese 64,2% de viviendas urbanas con conexión a Internet, el 62,7% lo hace a través de la banda ancha, porcentaje que en el medio rural es del 44,9% de bancha ancha (sobre el total ya citado del 47,%). Las soluciones para llegar a todo el territorio pasan básicamente por dos grandes frentes: las conexiones inalámbricas o la banda ancha por satélite. Banda ancha en el servicio universal En este contexto de brecha digital no hay que olvidar que el Gobierno español aprobó, el pasado 20 de abril, la inclusión de la banda ancha en el servicio universal de telecomunicaciones para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a internet a la velocidad de un mega por segundo a partir del 2012. Se trata de una medida respaldada por la UE. Además, hace muy poco, la CMT, por encargo del Ministerio de Industria publicó un informe para que indicáramos en qué zonas y qué elementos del Servicio Universal no están garantizadas por el libre mercado. La CMT pidió a las operadoras sus datos de líneas de telefonía fija y clientes para determinar la cobertura por comunidades y la conclusión es que hay notables zonas de España donde no hay acceso a la banda ancha, al menos, a una conexión de ADSL o de cable, porque el estudio deja al margen la tecnología móvil. Según los datos recopilados, en estos momentos hay 16,9 millones de accesos de telefonía fija en territorio nacional, pero de ellos hay más de medio millón, un 3,1%, que no tienen cobertura de banda ancha porque el cable del teléfono no soporta una navegación a alta velocidad. Las diferencias de cobertura por Comunidades oscilan entre una cobertura del 99,9% en el caso de Melilla, hasta el 91,9% en el caso de Castilla y León. En España, el desarrollo de la banda ancha rural está en manos del Ministerio de Industria, a través del Plan Avanza2. Actualmente, a través del Subprograma Avanza Infraestructuras se están realizando actuaciones para proporcionar acceso a banda ancha a un total de 10034 núcleos de población de toda la geografía española. Las inversiones previstas ascienden a un total de 8.700.000€, que supondrán un apoyo por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de más de 2 millones de € en subvenciones y más de 4.6 millones de € en créditos reembolsables.

EFE. El 16% de mujeres que sufrieron maltrato sexual el año pasado en Andalucía tiene menos de 18 años, según el informe anual del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El análisis de estas mujeres víctimas indica que el 57% tiene entre 18 y 37 años, otro 16% tiene menos de 18 años y un 27% más tiene más de 37 años, según un comunicado de la Junta de Andalucía El servicio de atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales realizó el año pasado 1.836 actuaciones jurídicas, de ellas, 342 primeras asesorías, 139 personaciones, 734 escritos jurídicos, 72 juicios e iniciación de 139 nuevos procedimientos. Asimismo, este servicio realizó 2.148 actuaciones de carácter psicológico. El informe también ha señalado que el 44% de las agresiones sexuales se producen en el entorno familiar y otro 19 por ciento de los casos la violencia es generada por un desconocido, repartiéndose el resto entre conocidos (38 por ciento); la pareja de la madre (14%); tío (6 por ciento); abuelo (3 por ciento); hermano (4 por ciento) y otros familiares (17 por ciento). En un 44% de los casos de violencia analizados, la agresión es reiterada. Joven, soltera y española El programa de asistencia legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia o abuso sexual, que desarrolla el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Asociación de Asistencia a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (Amuvi), ha atendido desde su puesta en marcha, hace más de una década, 3.161 mujeres agredidas. El año pasado atendió a 661 mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales, de las que 342 acudieron por primera vez a este servicio, y a 205 familiares. El 85% de las víctimas son de nacionalidad española, mientras que otro 6% son europeas, un 6% más, americanas y un 2% africanas. Respecto a su estado civil, el 63% son solteras, según los datos del mencionado estudio. En el 56% de los casos la violencia sexual es extrafamiliar, mientras que en el 44% restante la agresión se produce en el entorno familiar. Por provincias, de las 342 nuevas víctimas atendidas, 131 tenían como lugar de residencia Sevilla (38,3%); seguidas de las 46 en Córdoba (13,4%); 36 en Huelva (10,5%); 35 en Málaga (10,2%); 30 en Granada (8,7%); 29 en Jaén (8,4%); 27 en Cádiz (7,8%) y 8 en Almería (2,3%).

S. ZUBELDA. El País. "Que las mujeres entren en la tecnología, la ciencia, la ingeniería y las TIC, es hoy en día y especialmente en tiempos de crisis, algo más que una cuestión de justicia, es una necesidad económica, de crecimiento y de competitividad". Con estas palabras empieza el documento firmado por 26 países que el Centro Europeo Mujer y Tecnología (ECWT) presentó en el congreso celebrado en Budapest el 8 de marzo pasado. Las mujeres que cursan licenciaturas de Matemáticas e Informática representan solo una tercera parte del número total de estudiantes y el porcentaje es aún menor en la ingeniería, industria y construcción, donde solo llega al 24%, según datos de la Unión Europea. Únicamente entre un 5% y un 10% de negocios de alta tecnología pertenecen a mujeres. La escasa visibilidad de las mujeres en las carreras tecnológicas y de ingeniería es un hecho. La medicina y la agricultura son los campos de investigación con más proporción de féminas. Para fomentar la participación de las jóvenes en estas disciplinas científicas, la corporación tecnológica Tecnalia se ha unido como socio al proyecto europeo Helena (acrónimo de High Education Leading to Engineering and Scientific Careers), enmarcado en el séptimo Programa Marco de la Comisión Europea. Recomendaciones La tarea de Tecnalia en el proyecto consiste en elaborar un conjunto de recomendaciones dirigidas a los responsables políticos y agentes educativos europeos para evaluar la eficacia de sus políticas educativas y programas de estudio relacionados con la atracción de más estudiantes en general y de mujeres, en particular, a la ingeniería. La corporación destacó que el acceso de los jóvenes a empleos relacionados con la ingeniería resulta "vital" para el desarrollo económico y sostenible de Europa, además de "para fomentar la igualdad entre sexos y la justicia social". La corporación recordó que el sector educativo europeo tiene como reto aumentar el interés de los más jóvenes por las ciencias y las matemáticas y subrayó la importancia del desarrollo de la ingeniería y la tecnología. Entre las actividades del proyecto Helena, recientemente se ha celebrado en la Sorbona en París una conferencia dirigida a estudiantes, profesores, empresas e instituciones públicas europeas.

Europa Press. ¿Qué transmite más confianza: un anuncio o la opinión de otro usuario? Está claro que lo segundo. El 49 por ciento de las mujeres españolas confía en la opinión online y los comentarios vertidos en la red por otras consumidoras a la hora de probar un producto o acudir a un nuevo establecimiento. Según el estudio Women of Tomorrow de Nielsen Online, realizado entre más de 3.400 mujeres de una decena de países entre ellos España, confirma su alto poder de prescripción especialmente con la irrupción de las redes sociales. Tanto es así que la recomendación directa tanto offline como online de otras consumidoras resulta ya más efectiva que la propia publicidad. De hecho, según el análisis de Nielsen, sólo el 10 por ciento de las mujeres reconoce estar influenciada por los anuncios convencionales que se encuentran en la red, mientras que el 73 por ciento se deja aconsejar por las opiniones de su entorno más cercano. Las noticias_ant de los medios de comunicación o los anuncios en televisión no ocupan los puestos de cabeza entre los canales más influyentes a la hora de determinar sus compras, confiando en ellos sólo el 35 por ciento y el 26 por ciento de las mujeres, respectivamente. La presencia en medios sirve para dar a conocer el producto pero no para convencer al consumidor. Por otro lado, el estudio de Nielsen revela que las mujeres están más enganchadas que los hombres a las actividades sociales en Internet y pasan más tiempo haciendo comentarios, pero también ofreciendo y pidiendo consejos para resolver sus problemas. En este sentido, Nielsen estima que existen más de 300 foros de opinión femeninos (sin contar blogs personales), que son punto de encuentro para hablar de temas relacionados no sólo con la salud o la familia, sino también con su desarrollo profesional y sus finanzas personales.

Natalia Bore. Lavozdegalicia.es. Galicia es la comunidad autónoma en la que el autoempleo femenino tiene más peso. Supone el 42,2?% del total de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, en cifras absolutas, se traduce en 92.505 mujeres de los 219.163 autónomos gallegos. Esto supone ocho puntos más que la media nacional, que está en el 34,1?%. Junto con Galicia, también superan ese porcentaje medio otras comunidades del norte: Asturias (41,1?%), Cantabria (37,3) y País Vasco (36,5?). Melilla y Castilla-La Mancha, con el 27,6 y el 28,1?%, están en el extremo contrario. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), junto con la constatación de que ha sido el autoempleo de las mujeres el que ha permitido el crecimiento de los autónomos en el primer semestre de este año (su número se incrementó en 6.400 nuevas altas de enero a junio), pues mientras que las mujeres subieron un 0,6?% (6.820 en números absolutos), los varones que trabajan por cuenta propia descendieron ligeramente (0,02?%). Cabe destacar que en Galicia el autoempleo, tanto femenino como masculino, retrocedió un 0,6?%. Pese a todo, la tasa de empleo femenino en España, es decir, el porcentaje de mujeres en edad de trabajar que lo hace, sigue a distancia de la masculina: el 41,11?% frente al 53,43. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, concluye que «esta radiografía del mercado laboral en España pone de manifiesto como la mujer aún tiene muy complicado el acceso al mercado de trabajo, con tasas de actividad y empleo por debajo de las masculinas». Precisamente esa dificultad para acceder al mundo laboral propicia que muchas opten por el autoempleo, de forma que uno de cada tres autónomos en España es una mujer (el 34,1?%). Po sectores, los servicios concentran el mayor porcentaje femenino, el 88,5?% del total, mientras que en el resto, son los varones los predominantes. Una de cada tres En España, a 30 de junio, uno de cada tres autónomos era una mujer, y sigue subiendo.

Daimiel.es La casa de Cultura acogió este lunes una charla que sirvió para informar sobre el recibo de la luz doméstica, cómo se factura realmente la tarifa y saber elegir qué compañía eléctrica es la más favorable en función de nuestro perfil, conociendo la diferencia existente en el mercado actual. La ponencia, organizada desde AMFAR (Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) en colaboración con la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), corrió a cargo de José Manuel de la Cruz Gómez. Según José Manuel de la Cruz Gómez lo conceptos básicos que hay que tener para ahorrar energía son potencia y energía. El ponente explicó que "es importante saber el contrato de potencia que hago y la energía que consumo". En la ponencia se utilizaron hojas de cálculo para hacer este tipo de comparativas y encontrar la forma de ahorrar. Otro de los asuntos previsto fue la relación con el ahorro en las tarifas de riegos agrícolas y las horas adecuadas para que el riego salga más económico.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 25 de julio el proyecto de Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios. Para AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) este nuevo escenario normativo constituye un hito histórico, ya que dará lugar a la existencia de un marco legal y una nueva figura jurídica que hasta ahora no existían y que permitirán reconocer el trabajo “invisible” que vienen realizando las mujeres en el sector agrario español. Ahora bien, estas novedades que AMFAR considera de carácter positivo, deben venir acompañadas de medidas efectivas que incentiven y garanticen la incorporación de las mujeres a la Seguridad Social agraria. La presidenta nacional de la organización, Lola Merino, considera que “no adelantamos nada, si aprobamos un nuevo marco legal, pero no se facilita el camino desde el Ministerio del Medio Rural y desde las Comunidades Autónomas”. La titularidad compartida, que persigue alcanzar la verdadera equiparación de derechos de las mujeres y los hombres en la explotación agraria, va a permitir que las explotaciones agrarias, que sólo tenían un titular, puedan tener dos, de manera que no sólo compartan la titularidad, sino también la gestión, el trabajo y el 50 por ciento de todos los beneficios derivados de la explotación agraria. Según Merino, la normativa actual vigente en materia de incorporación de la mujer al sector agrario establecida por las Comunidades Autónomas y el gobierno nacional es “excesivamente restrictiva”, ya que imponen demasiadas limitaciones en cuanto a la edad, al tipo de régimen al que hay que cotizar y/o que sean agricultores a título principal. “Estas exigencias frenan la afiliación de las mujeres a la Seguridad Social, y carece de sentido tratar de pronosticar el número de mujeres que se beneficiarán de esta futura Ley, si éstas no encuentran los incentivos suficientes para compartir la titularidad con su pareja”. Pensión de jubilación Además, AMFAR ya ha instado a la administración nacional para que todas las mujeres que trabajan en el campo tengan derecho a una pensión de jubilación, aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo establecido en la legislación actual. A finales de diciembre del pasado año, en la reunión mantenida con los representantes de los cinco ministerios que integran el Grupo Interministerial de la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias (GITIC), la presidenta de AMFAR, Lola Merino, solicitó al Gobierno español establecer una discriminación positiva para las mujeres del sector agrario, de manera que cualquier mujer, independientemente de su edad y del tiempo cotizado, pueda acceder a la prestación por jubilación. “Aún cuando la trabajadora no haya cotizado el periodo mínimo exigido por la legislación actual”, solicitó Merino. La presidenta de AMFAR propone que dicho periodo sea complementado por el Gobierno español, a fin de corregir una discriminación histórica que ha impedido que las mujeres puedan cotizar, a pesar de haber sido imprescindibles para el mantenimiento de las explotaciones familiares agrarias.