FAO. Un reciente informe elaborado por diversos organismos de la ONU sobre las consideraciones de género en el trabajo agrícola indica que las mujeres obtienen todavía menos beneficios del empleo rural y se enfrentan a nuevas dificultades debido a la actual crisis económica y alimentaria. El informe, Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty (Dimensiones de género en el empleo agrícola y rural. Vías diferenciadas para salir de la pobreza), señala que "a pesar de que la desigualdad de género varía de forma considerable entre las diferentes regiones y sectores, existe la evidencia de que, a nivel global, las mujeres obtienen un menor beneficio del empleo rural -ya sea en un trabajo asalariado o por cuenta propia- que los hombres". Al mismo tiempo, se indica que además de otros desafíos relacionados con las desigualdades de género en el empleo rural, "la reciente crisis económica y financiera ha ralentizado el proceso hacia una mayor igualdad de género" y el trabajo digno para las mujeres en las zonas agrícolas y rurales en los últimos años. "Con la pérdida de empleos y los recortes en el gasto en infraestructuras y servicios sociales, se ha intensificado la carga de las mujeres para cuidar a otras personas y el trabajo no renumerado, con lo que su contribución financiera a la seguridad alimentaria familiar disminuirá", señala el informe. "La situación es especialmente grave en el caso de los hogares encabezados por mujeres", advierte. El documento cita también la migración y la feminización de las actividades rurales, el comercio internacional y la diversificación de la economía rural y el trabajo infantil como otras de las cuestiones y tendencias que afectan a las mujeres empleadas en labores agrícolas. Realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este estudio reúne las últimas ideas sobre la dimensión de género del trabajo agrícola y rural, y busca promover el debate sobre la importancia de las mujeres en el crecimiento de la economía rural y la mitigación de la pobreza. Igualmente se señala que algunos factores que pueden empujar a las mujeres a una situación de desventaja económica son: el empleo (ocupación y tarea), segmentación (las mujeres se emplean de forma desproporcionada en empleos de baja calidad), la diferencia salarial entre hombres y mujeres y el número menor de horas de trabajo renumerado, pero en conjunto con una mayor carga de trabajo. Como ejemplo, el informe asegura que "es interesante observar que el 90 por ciento de la diferencia de salarios por razón de sexo en los países desarrollados o en desarrollo no puede justificarse: en otras palabras, debe atribuirse a una discriminación por cuestión de género". Los autores demuestran que las mujeres sufren una discriminación que limita tanto su productividad económica como su desarrollo a nivel personal. Las mujeres necesitan tener acceso a la educación, formación, crédito, mercados, ayuda técnica y protección del empleo. Necesitan un acceso equitativo y seguro a la tierra y otros activos. Y requieren también "capital social", incluyendo la capacidad de participar de forma igualitaria con los hombres en las organizaciones campesinas. Con estas ventajas (que los hombres disfrutan desde hace tiempo), las mujeres pueden incrementar su contribución al desarrollo nacional y la reducción de la pobreza. El 70 por ciento de los 1 400 millones de personas en situación de extrema pobreza que hay en el mundo en desarrollo, viven en zonas rurales. De este modo, aumentar la participación de las mujeres rurales en la economía es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre las diversas conclusiones del informe, destacan: • La enorme contribución económica del trabajo no remunerado debe ser reconocida, y hay que tomar medidas para reducir y redistribuir la carga del trabajo doméstico. • Los programas de trabajo en obras públicas pueden apoyar la igualdad de género en el empleo rural, en especial si los beneficiarios participan realmente en su diseño. • Promover la educación femenina de calidad en las áreas rurales y reducir las diferencias de género en la enseñanza primaria y secundaria mejorará el acceso de la mujer a empleos dignos. • Las exportaciones tradicionales no agrícolas pueden generar empleo de calidad para mujeres y hombres, pero las mujeres en particular son vulnerables a un cumplimiento poco estricto de las normas de trabajo. • Un paquete de medidas de políticas complementarias sería necesario para hacer frente a las numerosas diferencias de género en el empleo rural. Las medidas deberían incluir las reformas legales para promover la igualdad de género, las redes de protección social, la ayuda a las organizaciones que apoyan a los campesinos, mujeres y jóvenes, los programas de atención infantil, educación y un mejor acceso a la información y los mercados laborales. La piedra angular del análisis del informe es el Programa de trabajo decente de Naciones Unidas, centrado en mejores empleos, protección social, la aplicación universal de los estándares laborales y la promoción de instituciones rurales equitativas.

El 60% de los españoles considera poco objetivo y sensacionalista el tratamiento que los medios de comunicación dan a la violencia de género. Mientras, más del 85% de los profesionales de la información y la comunicación cree que la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja constituye un delito contra los Derechos Humanos. Ambas conclusiones parecen contradictorias. Se desprenden de sendas encuestas sin precedente en España sobre el tratamiento que los medios de comunicación dan al problema de la violencia de género. 1. La primera, a los profesionales de la información y la comunicación, en la que han participado casi mil periodistas de todos los medios, de todo el país y de las más diversas categorías; 2. la segunda, realizada a 1.200 ciudadanos, en colaboración con el Ministerio de Igualdad. El profesor José Sanmartín, vicepresidente de honor del Centro Reina Sofía y rector de la Universidad Internacional Valenciana, y su equipo han supervisado y han elaborado los capítulos sobre los conceptos científicos. Del cruce de datos de ambas encuestas, se concluye: • El 55,6% de los profesionales cree que la forma de dar la información sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja puede contribuir a que se produzcan casos similares frente al 61,5% que lo piensa en la sociedad española. • El 8,8% de los profesionales considera que los medios de comunicación prestan demasiada atención a los casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja magnificando la situación, mientras que en la sociedad están de acuerdo con esta afirmación el 17,5% de los encuestados. • El 87,4% de los profesionales considera que no es igualitario el trato que se da a las noticias_ant referidas a sentencias o medidas disciplinarias a maltratadores que el que se da a los casos de violencia; mientras que, entre la sociedad lo piensa así el 61,3%. • El 59,9% de los profesionales cree que las descripciones del modus operandi y los detalles de los crímenes no deben aparecer en la noticia, mientras que en la sociedad lo piensan el 80,2% de los entrevistados. • El 62,4% de los profesionales cree muy relevante publicar en las informaciones si el presunto agresor se ha suicidado o lo ha intentado, mientras que en la sociedad lo consideran relevante el 18,2% de los encuestados. • El 95,6% de los profesionales considera que las informaciones sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja deberían publicar noticias_ant positivas sobre mujeres que salen del círculo de la violencia, mientras que en la sociedad lo creen el 80,7%. Los profesionales de los medios de comunicación deberían tener en cuenta la percepción que dicen tener los ciudadanos de su trabajo diario sobre la violencia de género. Casi la mitad de los encuestados considera que: "los medios de comunicación deben servir para prevenir la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y que deberían publicar noticias_ant positivas sobre mujeres que salen del círculo de la violencia". Entre las consideraciones, donde no hay diferencias notables en las apreciaciones por cuestión de edad y, lo que es más destacable, ni contradicciones excesivas por cuestión de sexo, destaca que de cada 10 personas encuestadas: • 6 consideran que los medios de comunicación influyen mucho en el conocimiento de lo que sucede y en la creación de opinión en la sociedad. • 6 ven la televisión todos los días o casi todos los días, mientras que 4 escuchan la radio y 4 leen uno o varios periódicos o se conectan a internet. • 6 creen que el tratamiento que los medios de comunicación dan a la violencia de género es poco objetivo. Sobre la televisión: • 7 dicen que su conocimiento de la violencia de género procede en primer lugar de la televisión • 8 piensan que la televisión es el medio de comunicación que trata la violencia de género de forma más sensacionalista y casi 9 consideran que es el medio más eficaz para luchar contra la violencia de género. Sobre la información de violencia de género: • 8 creen que los medios de comunicación deberían estar obligados al seguimiento de una normativa específica en el caso de violencia de género. • 7 creen que es necesario que los medios de comunicación cuenten con periodistas especializados en violencia de género. • 7 creen que los profesionales de la comunicación deben recibir una formación especializada sobre violencia de género en universidades y escuelas. Cómo informar sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es un trabajo elaborado por y para periodistas, dirigido por Javier Fernández Arribas y coordinado por Myriam Noblejas, con la colaboración del Centro Reina Sofía y de la Universidad Internacional Valenciana. Durante la presentación del informe, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, el delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, ha destacado el valor de esta iniciativa en un momento "de claro-oscuros en torno a la violencia de género". En su opinión se trata de un fenómeno que no se valora adecuadamente porque "si en España hubiera 70 muertos al año en cualquier otro sector de la población, todo el país estaría protestando en la calle". Como ejemplo, resalta los asesinatos de joyeros o taxistas. Lorente ha llamado la atención a los medios de comunicación en el manejo de las imágenes porque pueden contribuir a lo que denomina "efecto paso a la acción", es decir, cuando un agresor está pensando en asesinar a su mujer y se reafirma en su idea al contemplar en televisión, los efectos de una mujer asesinada por su pareja o de los familiares de la víctima llorando. El delegado del gobierno contra la violencia de género ha señalado que en 2010 se detectaron cinco períodos de concentración de homicidios de mujeres frente a los tres registrados en 2008, un dato, dice, para la preocupación. Defiende, no obstante, la eficacia de la Ley Integral que acaba de cumplir seis años y que ha hecho disminuir un 6,3% el número de mujeres asesinadas. Hoy, en España, asegura, hay 95.000 mujeres protegidas y 5.000 agresores en prisión, 2.000 de ellos, exclusivamente por violencia de género. Lorente cree que "sin Ley Integral estaríamos hablando de más de cien mujeres muertas al año". El profesor José Sanmartín, vicepresidente el Centro Reina Sofía y rector de la Universidad Internacional Valenciana, ha destacado el papel de los medios de comunicación en los últimos años para dar visibilidad a un problema que constituye "un atentado contra los Derechos Humanos. Han sido los periodistas los que han obligado a los políticos a incorporar la violencia de género en su agenda" Sanmartín ha llamado la atención sobre los peligros de una mala información sobre la violencia de género que pueda provocar, además de imitación en los agresores, la insensibilización en la sociedad respecto a este problema. El director del informe, Javier Fernández Arribas, y la coordinadora, Myriam Noblejas, han destacado la participación de un millar de periodistas de toda España en la elaboración de un trabajo que "debe servir para mejorar el trabajo periodístico sobre un asunto que representa una lacra social en España". Cómo informar sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, pretende servir de referencia y orientación, mover a una reflexión constructiva sobre el estado de la cuestión en la actualidad y la forma en la que los periodistas debemos enfrentarnos a un fenómeno que, si no nuevo, nos ha dejado el año pasado 71 víctimas mortales y miles de afectados. Para ello, Arribas y Noblejas han contado con la colaboración y la supervisión científica y conceptual del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, de expertos y catedráticos de comunicación y de periodistas que han vivido en carne propia la cobertura de casos como el de Ana Orantes, Svletana Orlova o Silvyna Bassari, sin olvidar que hay realidades, más allá de la de España, donde la violencia contra la mujer alcanza niveles de pandemia, como Ciudad Juárez, Afganistán, Irán o República Democrática del Congo. El trabajo repasa también la legislación vigente sobre la materia y los códigos deontológicos e intentos de autorregulación en el seno de la propia profesión llevados a cabo en los últimos años. Este trabajo ha sido posible gracias al patrocinio de Renfe, la Fundación ICO, Bancaja, la colaboración del Ministerio de Igualdad, de la Universidad Internacional Valenciana y de la Asociación de la Prensa de Madrid y con la coordinación de la Escuela de Periodismo y Comunicación.

EUROPA PRESS. La igualdad efectiva entre sexos sigue siendo un objetivo aún por alcanzar en País Vasco, donde un informe del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) advierte de que "persisten la desigualdad en el ámbito laboral, los roles sexistas, las desigualdades en el uso del tiempo y la violencia contra las mujeres". Entre otros datos, el informe indica que, mientras la renta personal media de las mujeres es de 11.857 euros, la de los hombres es casi el doble, 23.224 euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes dos informes relacionados con elaborados por Emakunde. El primero es una memoria sobre la actuación de los poderes públicos en la ejecución del IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres, mientras que el otro es el ´Informe de cifras sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi´. Este último es un estudio realizado con carácter anual, que presenta indicadores descriptivos de diversas áreas: demografía, salud, política, trabajo, tiempo o violencia machista. Según indica el Gobierno vasco, los datos de este trabajo "siguen poniendo de manifiesto que no hemos alcanzado la igualdad de hecho, la igualdad real", ya que "persiste la desigualdad en el ámbito laboral, existe brecha salarial, persisten los roles sexistas de género, las desigualdades en el uso del tiempo y continúa la violencia contra las mujeres". El informe indica que, mientras la renta personal media total de las mujeres es de 11.857, la de los hombres es casi el doble, 23.224 euros. Además, las mujeres con renta media anual inferior a 15.000 euros constituyen el 63,7% del total, mientras que entre los hombres no llegan al 30%. En términos anuales, y citando datos del Instituto Nacional de Estadística, el estudio indica que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 7.139,50 euros. Por sectores, las mayores diferencias se producen en el sector servicios, el que mayor número de mujeres emplea. Si se comparan los salarios que perciben las mujeres y los hombres con ocupaciones medias-bajas, siendo 100 el de los hombres, ellas perciben entre 67 y 65. Pobreza El 82,9% del total de las personas en riesgo de pobreza, es decir, sin ingresos suficientes para optar a una vida en solitario, son mujeres. El porcentaje de riesgo de pobreza es cuatro veces mayor en las mujeres que en los hombres. Asimismo, casi el 50 por ciento de los hogares en los que vive una mujer sola se encuentran en situación de riesgo de pobreza o de ausencia de bienestar. Las personas que realizan funciones de cuidado de personas en el hogar dedican una media de una hora y 43 minutos al año al cuidado de niños y dos horas y casi diez minutos al cuidado de personas adultas. Al igual que en otras tareas reproductivas, las mujeres han destinado más tiempo medio al día que los hombres, 41 minutos en el caso del cuidado de niños y 17 en el cuidado de personas adultas. Poderes públicos Por su parte, el estudio sobre la actuación de los poderes públicos en este ámbito ha evaluado a 289 organismos (35 del Gobierno vasco, tres de las diputaciones y 251 de los ayuntamientos). El objetivo general es dibujar las tendencias de la Administración en cuanto a las políticas de igualdad de género durante los cuatro años de vigencia del IV Plan para la igualdad (2006-2009). En el marco del plan se han realizado más de 4.000 actuaciones. Ocho programas aglutinan casi las dos terceras partes del total de actuaciones realizadas. Los recursos económicos destinados han sido los siguientes: actuaciones de transversalidad o ´mainstreaming´ (13.940.236,48 euros), ´empoderamiento´ y participación sociopolítica (68.292.016,56 euros), conciliación y corresponsabilidad (36.650.714,9 euros) y lucha contra la violencia hacia las mujeres: (17.857.196 euros).

EUROPA PRESS. La Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria ha convocado subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela. La financiación para atender estas ayudas podrá alcanzar una cuantía máxima estimada de hasta 700.000 euros y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del ejercicio 2011. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 20 de enero y finalizará el 28 de febrero de 2011. Estas subvenciones directas se destinarán a cubrir gastos realizados en guarderías o centros de atención infantil que no gocen de régimen de gratuidad, así como la contratación de personas cuidadoras, tanto para el cuidado de hijos como de personas incapacitadas judicialmente que se encuentren a cargo y sometidas a la tutela de mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena. También serán beneficiarias mujeres desempleadas que participen en acciones de orientación profesional en el marco de un proceso de búsqueda de empleo, así como mujeres cuidadoras no profesionales de un familiar en situación de dependencia, siempre que el gasto a subvencionar se refiera al cuidado de una persona distinta de la persona dependiente. Según señala la Orden por la que se establecen las bases reguladoras, consultada por Europa Press, con el fin de aproximar el abono de las ayudas al momento en que se genera el gasto para las solicitantes, se aprueba en este momento la primera convocatoria de estas ayudas, que abarcará los gastos generados entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010; a esta primera convocatoria, le sucederá una segunda, que tendrá por finalidad subvencionar aquellos gastos que se generen entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011. Las acciones previstas en esta orden serán objeto de cofinanciación al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Cantabria FSE 2007-2013. Para optar a estas ayudas, la base imponible general del Impuesto sobre de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo declarado en 2010 (Renta 2009) por la solicitante, no podrá superar la cuantía de 26.000 euros en el caso de tributación individual y 38.000 euros, tanto si se trata de tributación conjunta como sumando las dos declaraciones individuales en el caso de que la unidad familiar tribute de ese modo. CUANTÍA DE LAS AYUDAS En el caso de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia la cuantía de la ayuda será de hasta 480 euros (80 euros al mes) si se tiene a cargo una hija o un hijo, y de hasta 720 euros (120 euros al mes) en los siguientes supuestos: si se trata del cuidado de dos o más hijas o hijos nacidos a partir del 1 de enero de 2008; si se trata del cuidado de personas incapacitadas judicialmente que se encuentren a su cargo y sometidas a su tutela; si la solicitante es mujer responsable de familia monoparental en el momento de presentar la solicitud; si tiene una discapacidad en el momento de presentar la solicitud; o si es mujer víctima de violencia de género. Y para el supuesto de solicitantes que hayan desarrollado acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo (OPEAS) o participado en acciones de orientación profesional del Servicio Cántabro de Empleo, la cuantía de la ayuda será de hasta 6,50 euros/hora, salvo que en la solicitante se dé alguno de los supuestos anteriores, en cuyo caso el importe máximo podrá llegar a 8,50 euros. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación requerida, se formularán en modelo oficial que podrá conseguirse en la página web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com) o será facilitado por este organismo, y se dirigirán a la directora del Servicio Cántabro de Empleo. Se podrán presentar en el Registro delegado del Servicio Cántabro de Empleo (calle Castilla de Santander), en el Registro de la Red de Oficinas de Empleo situadas en Santander, Camargo, Torrelavega, Colindres, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Reinosa, o en las demás formas a que hace referencia la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las sectoriales ganaderas de ASAJA, reunidas ayer en Madrid, han acordado convocar movilizaciones en todo el territorio nacional a partir del próximo mes de febrero en defensa de los productores de ganado. En los actos de protesta, que se llevarán a cabo en todas las comunidades autónomas, se exigirá al Gobierno la puesta en marcha de medidas destinadas a paliar la grave crisis de rentabilidad que agobia a las explotaciones ganaderas y que amenaza con acabar con buena parte de ellas. En la reunión de trabajo celebrada hoy en Madrid, en la que han participado las sectoriales ganaderas de ASAJA de vacuno de carne y leche; ovino y caprino; porcino de capa blanca; porcino ibérico; cunicultura; avicultura, etc., se ha analizado la dramática situación que atraviesan los productores ganaderos españoles; los factores que están condicionando la rentabilidad de la explotaciones (fundamentalmente los bajos precios en origen y los altos costes de la alimentación) y las medidas que resulta imprescindible poner en marcha de manera inmediata para detener el lamentable goteo de explotaciones van cerrando día tras día. Tras estudiar con detalle el conjunto de medidas que necesita el sector, las sectoriales ganaderas han ratificado un documento que incluye lo que ASAJA considera actuaciones imprescindibles que se deben llevar a cabo tanto a nivel nacional como comunitario y que se va a hacer llegar a la ministra Rosa Aguilar con la petición de que se adopte de forma urgente. Las medidas económicas, fiscales y de mercado contenidas en dicho documento serán también las que se reclamen en los actos de protesta que a partir del próximo mes de febrero ASAJA llevará a cabo en las distintas comunidades autónomas. Los ganaderos se movilizarán ante las delegaciones de Gobierno, las consejerías de agricultura, las industrias y los centros de distribución en protesta por la situación de indefensión en la que se encuentran, agobiados por los elevados precios de los insumos y los bajos precios de venta de sus producciones, sometidos a las presiones tanto de suministradores de los bienes de producción como de industria y distribución que les coacciona con precios a la baja. Hay que recordar que esta situación crítica por la que atraviesa nuestra ganadería ya ha llevado a la desaparición o al cierre temporal de un gran número de explotaciones que podemos cuantificar en aproximadamente unas 18.000 explotaciones de ovino, 10.500 de caprino, 19.000 de vacuno y otras tantas de porcino. En los próximos días, ASAJA dará a conocer el calendario y los actos de protesta concretos que van a llevar a cabo en cada una de las zonas ganaderas productoras.

minutodigital.com El grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial ha analizado en esta ocasión 45 sentencias de homicidios y/o asesinatos consumados de casos en los que los autores son hombres y mujeres. Cuatro de cada diez autores de agresiones a mujeres son extranjeros, que han ido en aumento y, por tanto, están cada vez más sobrerrepresentados. Los autores españoles, por contra, han bajado en un porcentaje de 15,5 puntos. Las víctimas extranjeras supusieron un 32,5 por ciento frente al 67,5 por ciento de mujeres españolas, que también se han reducido. Estas últimas matan muchísimo menos a tenor de las cifras (un 9 por ciento frente a un 91 por ciento de asesinos masculinos). «El dato es muy similar al de años anteriores; evidencia una vez más que la mayoría de víctimas mortales son mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja con su agresor», señala la presidenta del Observatorio contra este tipo de violencia, la magistrada Inmaculada Montalbán. Según Cruz Morcillo para ABC, la pena de prisión es la principal impuesta en todos los casos, como se ha dicho, con una media de 18 años de privación de libertad en casos de asesinato y 12 en los de homicidio. Se han incrementado además de forma generalizada las penas accesorias, salvo las de inhabilitación absoluta y la de inhabilitación para ejercer la patria potestad (esta última solo se impuso en dos ocasiones). La suspensión del régimen de visitas con los hijos solo se impuso en una ocasión y en los años en los que se lleva haciendo este estudio se acordó en una más, en 2006); es decir, que pese a que un padre o una madre mate a su pareja los jueces no le impiden seguir viendo a sus hijos. El estudio analiza en detalle cómo matan este tipo de asesinos: casi la mitad acabaron con la vida de su pareja con un arma blanca; el 7 por ciento utilizaron un arma de fuego, el 9 por ciento mató a golpes y el resto estranguló a su víctima (a mano y a lazo) o bien la quemó viva. Las mujeres en cambio se valieron en todos los casos (cuatro) de armas blancas para asesinar. El mito de que los asesinos de mujeres beben o se drogan se cae, como en años anteriores: únicamente en cuatro sentencias, un nueve por ciento de los casos, los jueces apreciaron la bebida o la droga como circunstancia atenuante; un porcentaje que se eleva hasta el 31 por ciento cuando el autor confesó su crimen. Como ya es sabido buena parte de esta violencia sigue sin denunciarse. Solo en un 31 por ciento de los casos que acabaron en muerte había denuncia previa, pese a que en cuatro de cada diez la sentencia refiere que se habían producido agresiones o amenazas. Y otro dato para la reflexión: ha disminuido en 22 puntos los supuestos en los que la relación era de matrimonio con respecto a estudios anteriores. Así encontramos que en el 31 por ciento de los casos los protagonistas estaban casados mientras que en el 44 por ciento la relación era de convivencia de hecho.

B. V. Conquero. LA RAZÓN. En 2010 murieron 73 mujeres por violencia machista, el segundo año más negro desde 2003. En 2008 murieron 76. No obstante, este año las cifras no presumen un descenso del número de víctimas ya que en los 15 primeros días de 2011 ya se han producido dos muertes. «Me protegí el corazón mientras me acuchillaba porque él se empeñaba en herirme ahí», aseguró ayer entre sollozos Antonia Cristina P.M., la joven que después de seis meses de relación con el acusado, Francisco Antonio B.C., decidió romper con su pareja y el 22 de julio de 2009 él la atacó por la espalda con un cuchillo. Esa tarde, la mujer recibió diez puñaladas en su casa del madrileño barrio de Hortaleza. Dos años más tarde, acudía a la Audiencia Provincial de Madrid para enfrentarse con su ex novio. Tan sólo un biombo la separaba de su agresor de nacionalidad dominicana y para el que el fiscal pide 16 años de prisión y 54.600 euros por las secuelas físicas y los daños morales que le produjo a la víctima. Lamentablemente, como explica un estudio que presentó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),el caso de Antonia se repite. Un Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha analizado 45 sentencias dictadas en casos de homicidios y asesinatos en el entorno de la pareja durante el 2009 en toda España y que trata de explicar la evolución de la violencia machista. Un dato confirmado Uno de los puntos que estudia el informe es la relación que mantenían agresor y víctima y que desprende datos que valoran positivamente el vínculo matrimonial. En el 31 por ciento de las sentencias que han analizado, los implicados estaban casados, «un porcentaje inferior a los casos en los que la relación afectiva era de convivencia de hecho», explican desde el CGPJ. Este porcentaje contrasta con el 44 por ciento de los dictámenes en los que la relación afectiva era de convivencia de hecho y un 16 por ciento mantenía una relación de noviazgo. El estudio refleja «un descenso en 22 puntos de los supuestos en que existía matrimonio con respecto al anterior estudio». Este dato refleja una tendencia que no es nueva y que numerosas voces ya auguraban. Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, lleva muchos años al frente de la Comisión Episcopal Familia y Vida y hace ya varios meses que afirmó públicamente que se produce mayor número de casos de malos tratos en parejas de hecho que en los matrimonios. Sus palabras levantaron ampollas, sobre todo entre las asociaciones feministas, pero él respondió, a preguntas de LA RAZÓN: «Que se sometan a las estadísticas. Las pueden ver en el Instituto de Política Familiar y las hemos colgado en la web de la diócesis». El obispo de Alcalá de Henares se basa en los datos, que «son contundentes», según él mismo argumenta. «En España hay diez millones de matrimonios y sólo un millón de parejas de hecho»; sin embargo, «las parejas que conviven sin casarse dan cifras más altas de violencia doméstica que los matrimonios, tanto en números absolutos como relativos, a veces con una diferencia de doce contra uno. ¡Ojalá desapareciera toda la violencia doméstica! Pero no escondamos la realidad, como hace la ideología de género», concluyó. Tras los argumentos de monseñor Reig, otras voces defendieron la misma tesis y se apoyaron en diferentes informes. Es el caso de Josep Miró, miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, que indicó, en un reciente artículo titulado «Pues sí, los obispos tienen razón», que citó estudios de la Universitat Abat Oliva CEU «que concluyen que la ruptura es la causa principal del feminicidio de pareja», resumió. «Esto explica –continuaba– que las posibilidades de matar a la mujer en las parejas de hecho sean de un orden diez veces mayor que en el matrimonio. Sin entrar en otras consideraciones, la razón es estadística». La Iglesia no es la única que aboga por el matrimonio como escudo contra el maltrato, desde el Foro de la Familia, su director general, Ignacio García Juliá, lo tiene claro: «La violencia en parejas desestructuradas gana 12 a uno a las estables. El matrimonio es una garantía de seguridad para que no se den casos de violencia». Faltan denuncias Hace menos de una semana una mujer china embarazada moría a manos de su pareja en Granada. El cadáver permanece en el Instituto Anatómico Forense a la espera de que algún familiar reclame su cuerpo, mientras su pareja permanece en prisión a la espera de juicio. Caso como el de esta joven de 29 años también se refleja en el informe del CGPJ ya que destaca que a pesar del descenso de la inmigración en el último año, un 6,5 por ciento, los casos de violencia de género en los que el agresor es extranjero se han incrementado. «Los datos relativos a la nacionalidad del autor reflejan un descenso de 15,5 puntos en el porcentaje de autores españoles», explica el informe. Inmaculada Montalbán, vocal de CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género explica a este respecto que «el descenso de casos entre parejas de nacionalidad española es un apunte que observamos de forma sistemática desde que iniciamos estos estudios». Desde el Foro de la Familia son cautos: «Creo que estos datos sobre la inmigración son coyunturales y que no se pueden valorar como un modelo de continuidad», afirma García Juliá. En su valoración del informe, Montalbán ha dejado claro que «las cifras son muy similares a las de años anteriores» con respecto al alto porcentaje de hombres que agreden a sus mujeres y no al contrario. Tan sólo en un nueve por ciento de los casos es la fémina la que maltrata al hombre. La mujer de Granada no había denunciado antes a su presunto agresor. Éste es uno de los puntos en el que las asociaciones de mujeres, las autoridades policiales y la Administración hacen hincapié. Es indispensanble denunciar y, como explica el análisis de los jueces, las mujeres de nuestro país no lo hacen. En 19 de las 45 sentencias que ha estudiado el Grupo de Expertos, no existía una acusación previa. «Esto evidencia, otra vez, que buena parte de la violencia contra las mujeres continúa sin ser denunciada», dicen desde el CGJP. Otro de los puntos que toca el análisis y contra el que luchan las asociaciones son las circunstancias que rodean el maltrato. En los dictámenes que han examinado, la adicción al alcohol o a las drogas se colocan en segundo lugar (9%) como circunstancia atenuante, por detrás de la confesión (31%) y por delante del arrebato y las dilaciones indebidas. El director general del Foro de la Familia coincide en este punto pero rechaza denominar estos hechos como atenuantes, «deberían denominarse concomitantes porque ayudan a que se produzca el maltrato», explica. Como agravantes, el estudio destaca tres: el parentesco que se da en la mayoría de los casos analizados (82%), el abuso de superioridad (7%) y la reincidencia, una circunstancia que sólo aparece en una de las sentencias. Arma blanca en la mitad de los asesinatos El arma blanca es, con creces, la más utilizada en los casos de los asesinatos por violencia de género. En un 46,3 por ciento del total los agresores usaron este mecanismo que, no obstante, experimenta en el último informe un descenso en su uso casi del 39 por ciento respecto a 2008. Sin embargo, la estrangulación aumentó un 2,1 por ciento; fue empleada en el 4,8 por ciento de los crímenes. Un 7,3 por ciento de los asesinos utilizaron arma de fuego, lo cual no deja de ser sorprendente en un país en el que éstas –excepto las de caza y las deportivas– están prohibidas. Los golpes o traumatismos (9,3%), la precipitación (7,3%) y el fuego (4,9%) les siguen como mecanismos más utilizados.