EFE.- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará hoy la petición del PP de que suspenda de forma cautelar la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta que decida sobre el recurso de inconstitucionalidad de la norma. Así lo han asegurado fuentes del alto tribunal, que han indicado que el Pleno ha sido convocado para el miércoles y días sucesivos, si bien no tiene por qué decidir en ese periodo acerca de la medida cautelar solicitada por el Partido Popular. El alto tribunal admitió a trámite el pasado 30 de junio, tanto el recurso presentado por el PP, como el del Gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto, una ley que entró en vigor el pasado 5 de julio. También acordó dar un plazo de tres días al Congreso, Senado y al Gobierno para que alegaran acerca de la suspensión cautelar de la norma planteada por el PP en su recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno rechaza la petición Así, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Constitucional que rechazara la petición del PP porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales. Los servicios jurídicos del Estado en su escrito de alegaciones recordaron que los poderes de suspensión que tiene el TC "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad". Según la Abogacía, la legitimación que la Constitución atribuye a los diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad "queda ´disociada´ de los derechos o intereses afectados por la Ley impugnada". ´Plenamente constitucional´ Asimismo, los servicios jurídicos señalaron que la nueva ley del aborto es plenamente constitucional, ya que "no introduce ex novo en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar dicho régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente". Tras la entrada en vigor de la ley, las comunidades de Navarra y Murcia, ésta gobernada por el PP, mostraron sus resistencias a aplicarla, aunque en este último caso, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que "la ley es aplicable" puesto que había entrado en vigor. Por su parte, el Gobierno valenciano acordó que, con carácter previo a la prestación del consentimiento a la interrupción del embarazo, se informará a la mujer de "la trascendencia ética de la decisión de abortar", con "información visual" tanto del proceso de interrupción del embarazo como del de "formación de la vida".

La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha inaugurado esta mañana, en la sede del Ministerio de Igualdad, el Seminario “La e-igualdad avanza en España. Realidades, experiencias y desafíos”, organizado por el Instituto de la Mujer, con el fin de abordar el papel de las mujeres en la Sociedad de la Información y poner de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres en este ámbito. Durante el desarrollo de este Seminario se ha presentado el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información, cuyo articulado está basado en la consecución de dos objetivos fundamentales, por un lado, garantizar la igualdad de género en la Sociedad de la Información en términos de acceso, usos, habilidades y participación y, por otro, utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como medio para fomentar la igualdad de género. Este Plan, que fue aprobado por el Gobierno el 18 de diciembre de 2009 y estará en vigor hasta 2011, responde a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, donde se enuncia que “El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información”, así como al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, que recoge que “es esencial alcanzar la paridad de género a cualquier nivel de la actividad científica y tecnológica”. En la inauguración del Seminario, la directora general del Instituto de la Mujer, ha señalado que “una participación igualitaria de las mujeres en la sociedad de la información, la tecnología y el conocimiento, además de un valor en sí misma y de un elemento de crecimiento, es una herramienta fundamental para el cambio social”. Igualmente, Seara ha destacado que “las mujeres europeas nos encontramos en torno a 10 puntos por debajo de la media masculina de acceso a Internet y que “mientras los hombres dominan en la navegación por Internet en general y sobre todo en las páginas de contenido profesional o lúdico, las mujeres somos mayoría en las redes sociales y en aquellas páginas que implican mayor interacción social”. En cuanto a la presencia de las mujeres en la investigación y desarrollo de las TIC, Laura Seara ha recordado que “la brecha digital en este campo es de 13 puntos de diferencia entre uno y otro sexo”, y que esto “está relacionado con otras brechas de género relevantes, como la escasa presencia de las mujeres en la ingeniería y en carreras del ámbito de las tecnologías y la comunicación”. Por último, la directora general del Instituto de la Mujer ha manifestado que “es necesario remover cualquier tipo de obstáculo que impida que las mujeres ocupen su espacio legítimo y en términos de igualdad en la sociedad de la información, de la tecnología y del conocimiento”. Entre las personalidades que han participado en este Seminario están el vicepresidente de la Fundación Telefónica, Javier Nadal; la directora del Departamento de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google; la directora del European Center for Women and Technology, Eva Fabry y la diputada y portavoz del Grupo Socialista de la Sociedad de la Información en la Comisión de Industria, Lourdes Muñoz.

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha pedido al gobierno autónomo de la región iraquí del Kurdistán que se prohiba la práctica de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación. La ablación consiste en la eliminación total o parcial del clítoris mediante un corte, con la finalidad de que la mujer no obtenga placer sexual. Los clérigos musulmanes en Kurdistán ven con buenos ojos esta práctica porque creen que reprime el deseo sexual en mujeres y chicas jóvenes. Una investigación realizada a comienzo de este año por el ministro de derechos humanos del gobierno regional sugería que el 70% de las chicas y mujeres jóvenes de la región de Chamchamal habían sido sometidas a este procedimiento. La ablación amenaza la integridad física de 10.000 niñas en España En España existen unas 10.000 pequeñas en peligro de sufrir ablaciones: la eliminación del prepucio del clítoris; el corte total o parcial de este órgano sexual o incluso de padecer la ablación del clítoris, y de los labios menores y mayores. Los datos los aporta el Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2009, que han publicado Adriana Kaplan y Antonio López para la Universidad Autònoma de Barcelona. Entre los más de 5 millones de extranjeros con papeles (sin contar los ilegales) que residen en España, hay más de 40.000 mujeres que provienen de países del África subsahariana, donde persiste la práctica ancestral de la mutilación genital femenina. Con la llegada a España de ciudadanos procedentes de estos países y que adquieren la nacionalidad española, se establece un riesgo potencial para la población infantil femenina pues sus padres podrían mantener en Europa la tradición de amputar sus órganos sexuales. El origen de esta práctica se desconoce, aunque algunos historiadores plantean que se inició en el Antiguo Egipto, pasó a Africa Central y de ahí se extendió por todo el continente Hoy día, en numerosas comunidades de Africa y Oriente Medio se aplica la ablación para indicar el comienzo de la edad adulta y durante la ceremonia de iniciación los familares y comadronas calman la ansiedad de las asustadas muchachas con la explicación de que ese acto es un deber de sus creencias religiosas musulmanas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 135 millones de mujeres y niñas en todo el mundo sufren en la actualidad los daños de la mutilación genital femenina y anualmente tres millones de niñas son víctimas de esa agresión. Los defensores de esa práctica plantean que su aplicación evita que la mujer busque placer sexual antes de la boda, lo que impediría a las jóvenes llegar virgen al matrimonio, condición exigida por las familias en la mayoría de las comunidades, de esa región. Daños y perjuicios físicos y psicológicos El rito compromete y afecta seriamente a las víctimas, pues si gritan, su conducta avergonzará a la familia, y si tratan de escapar, las ataduras que las inmovilizan pueden provocar fracturas de sus clavículas, brazos o piernas. Tolerancia Cero a la mutilación femenina Agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ligadas a la infancia han comprobado que esa costumbre se observa hoy en Asia, América Latina y Australia. Y afirman que con los movimientos poblacionales, también se practica en menores de comunidades de inmigrantes en Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

abc.es El Ejecutivo de Zapatero ultima lo que se perfila como uno de sus proyectos sociales estrella en esta legislatura, anunciado desde hace tiempo por el Gobierno y que cobra forma bajo el nombre de Ley de Igualdad de Trato, una «lucha definitiva contra la discriminación entre sexos, razas, etnias, religiones, edad...», tal como avanzó en su día la ministra Bibiana Aído. Es el nuevo cerco del Gobierno a la discriminación. Los casos no se conocen debido a la dificultad para denunciarlos: la discriminación por edad es, por ejemplo, una de las mayores barreras a la hora de acceder a un puesto de trabajo tras haber sido víctima de despido. A partir de los 40, las posibilidades disminuyen, algo que ahora sí podrá comprobar y penalizar un juez. Otro ejemplo: mujer, hijos pequeños, pero de sobra capacitada para ocupar un puesto en una multinacional. No lo consigue. Es la denominada «discriminación asociada», en la que dos o más características de la persona hacen pensar que no es apta para un puesto de trabajo independientemente de su preparación. Estos casos tendrán respuesta legal. La Ley de Igualdad de Trato que prepara el Gobierno se adapta a la normativa impuesta desde Europa y se centrará con toda seguridad en la protección y regulación de seis tipos de discriminación: sexo, religión, edad, discapacidad, orientación sexual y origen étnico. Lo que queda por ver y que Zapatero previsiblemente aclarará en el Debate sobre el Estado de la Nación que se celebra mañana y el jueves es si, en lugar de igualar, la nueva ley supera la normativa europea. Un estudio elaborado por la Fundación Ideas, y denominado «Por la diversidad, contra la discriminación», da, no obstante, un paso más allá y propone al Gobierno que la nueva Ley de Igualdad de Trato dé un golpe de efecto y mejore la normativa ampliando los aspectos susceptibles de discriminación a otras cinco barreras: características genéticas, apariencia física, patrimonio, origen nacional y lengua. El proyecto de ley cuenta, no en vano, con el máximo secretismo por parte del Ejecutivo quien, si bien había anunciado la ley a bombo y platillo, no ha querido dar ningún detalle acerca de su contenido. De hecho, Igualdad no ha aclarado a este periódico el grueso de la norma, que se guarda bajo llave hasta que Zapatero, según se prevé, dé el «bombazo» en el Debate sobre el Estado de la Nación. El estudio de la Fundación Ideas, elaborado por Fernando Rey y David Giménez Glück, traza las líneas maestras que el Gobierno podría incluir en su proyecto. Para Giménez Glück, «es necesario avanzar en muchos aspectos en materia de igualdad, recogiendo la discriminación en la legislación y consiguiendo una aplicación real en la vida cotidiana». Cuando el aspecto juega tus cartas Otro ejemplo: «Multinacional. Líder en diseño de interiores. Pensamos en un profesional con experiencia comercial, alto nivel de inglés y disponibilidad para viajar. Buena presencia». Lo que en apariencia es el texto de una oferta de trabajo común deja para algunos entrever uno de los rasgos discriminatorios más frecuentes y menos reconocidos: la exclusión por apariencia física. Son casos díficiles de demostrar ante un tribunal, cuya protección jurídica no resulta del todo efectiva y que socialmente pueden conllevar un alto grado de desgaste psicológico. Aquel «se requiere buena presencia» es, para quien lo sufre de manera frecuente, un total rechazo a la apariencia física que las empresas emplean de manera encubierta aunque desde el otro lado se intuya como un mero requisito más para ocupar un empleo. Evidentemente, la historia cambia dependiendo del cristal con que se mire. Lo que para algunos es una actitud discriminatoria es, para otros, una frase sin importancia que atiende a las necesidades de determinados puestos. «No todo es discriminación -sentencia Giménez Glück- es importante que lo sepamos a la hora de poder juzgar. Cuando hablamos de discriminación nos referimos a la utilización arbitraria e irrazonable de un rasgo. Si una empresa te contrata y necesita buena apariencia no es discriminación, dado que esto puede ser para cierto puesto una cualidad tan importante como cualquier otra». Miguel Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Obesidad y Sobrepeso (Andos), uno de los colectivos más afectados por casos de discriminación por apariencia física, señala éste como uno de los principales problemas: «Es muy difícil demostrar ante un juez que no te han contratado por ser gordo. El rechazo social es constante, pero en el ámbito laboral es, si cabe, más doloroso». Igual que él, Gisela Aibar, miembro de la asociación, destaca que «realmente existe este tipo de discriminación por apariencia física aunque la sociedad no quiera o no pueda verlo». El concepto «buena presencia» puede asociarse a una necesidad de la empresa, pero no siempre. «Casi nunca se une al hecho de ir bien peinado, vestido o perfumado, si no que se refiere más a la apariencia física, a ser feo, guapo, obeso, da igual qué ropa te pongas. Uno de mis jefes me comentó cierto día que me habían contratado aunque le habían dicho que yo era "grande". Eso no se puede consentir». Actualmente se contabilizan 400 millones de personas que padecen obesidad, según la OMS, cifra que tal y como apuntan las previsiones podría duplicarse en 2015. «La gente no sabe que en muchos casos la obesidad es una enfermedad de difícil cura y que somos muchos los afectados», apunta el presidente de ANDOS. En el caso de que el Gobierno incorpore estos cinco rasgos propuestos desde la Fundación Ideas, la nueva Ley de Igualdad de Trato pondrá freno a conductas como las que Miguel y Gisela relatan. De otro modo, la discriminación por apariencia física seguirá minando laboral y psicológicamente a miles de personas. No en vano, se pondrá freno a otras conductas, como el origen étnico, la edad o la religión. Y ahora, ¿qué? La efectividad de la norma es precisamente uno de los puntos de debate en el nuevo proyecto. ¿Cómo demostrar que se es objeto de discriminación por razón de sexo, edad o, en el caso de que el Gobierno amplíe la ley, por apariencia física, lengua u origen nacional? «Es muy difícil», reflexiona Miguel Muñoz «pero puede al menos servir como medida de concienciación, iniciar un camino para que poco a poco esto vaya calando en la sociedad». Es la idea que reitera Giménez Glück: «Las leyes son importantes, pero no cambian inmediatamente a la sociedad. El hecho de que una ley salga en el BOE no va a cambiar las cosas, pero sí empieza a marcar el camino». El informe cuestiona además varios tópicos ligados a la elaboración de políticas de igualdad, como por ejemplo su coste. «Al contrario de lo que la gente piensa las políticas de igualdad son baratas, dado que no desarrollarlas tendría como consecuencia una sociedad menos cohesionada, peor desde el punto de vista de la convivencia y de la cohesión económica. Supondría, además, la creación de sociedades paralelas, barrios o guetos. Nuestras propuestas son perfectamente asumibles por la administración», sentencia Glük. El Ejecutivo desvelará en breve el contenido definitivo de una ley que se guarda con ansioso secretismo. Amplíe o no la normativa europea, la Ley de Igualdad de Trato se perfila como uno de los golpes de efecto de un Ejecutivo gastado y que encara un debate marcado por el Estatut, el «tijeretazo» y el recorte en medidas sociales. Es, sin duda alguna, el as en la manga de Zapatero, la carta con la que pretende llevarse la partida de lo que se intuye un más que tenso debate.

La presidenta de AMFAR Salamanca, Encarnación Rogado, presentó en rueda de prensa el proyecto "TICs al servicio de la Mujer Rural Emprendedora", que se realiza dentro del marco de Subvenciones Promoción Mujer Rural 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. El proyecto se desarrollará a partir de tres acciones: La primera, Beca de formación para recibir el curso Creación de Empresa en Internet de la Cátedra Emprendedores de la Universidad de Salamanca, actividad que se terminó el pasado 9 de julio y benefició a 5 mujeres; la segunda, Asesorías Personalizadas en TICs para emprendedoras y empresarias; y en tercer lugar, Jornadas prácticas para la utilización a nivel productivo y social de las redes virtuales. Sobre el curso, Mª Ángeles Martín, una de las becarias, expresó “íbamos con una idea diferente, pero cada día nos ha gustado más. Para nuestro trabajo nos va a servir de mucho" y Mª Elena Santos añade "en el ámbito rural no hay las mismas oportunidades de desarrollo e Internet, por lo tanto estos programas sirven de especial ayuda". En la rueda de prensa también estuvieron presentes Rocío Quintana, Coordinadora de Formación de la Cátedra Emprendedores, Mª Angeles Martín y María Helena Santos Becarias. Este mismo día se inició la actividad de Asesoría personalizada en el Municipio de Matilla de los Caños.