La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha participado en la multitudinaria concentración convocada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias el día 1 de junio en Mérida. La movilización tuvo lugar a las 12.00 horas frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en la ciudad extremeña. “La mujeres rurales salimos a la calle, conjuntamente con las organizaciones profesionales, para manifestar nuestra más rotunda disconformidad por la pasividad y dejadez del Gobierno español en la gestión de la profunda crisis que afecta al sector agrario y por ende, al mundo rural,” sentenció Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR. Ante la mayor crisis conocida del sector agrario español, organizaciones agrarias y cooperativas reclamaron al Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos y a los ministros del ramo de los 27, una Política Agraria Común (PAC) fuerte y sólida más allá de 2013, con un presupuesto suficiente para garantizar el mantenimiento de un sector estratégico para la sociedad, como base de la alimentación, y vital para amplías zonas rurales. Entre otras cuestiones, se exigió una apuesta decisiva por la preferencia comunitaria, un férreo control de las importaciones, establecimiento de medidas de regulación de mercado, rediseño de los mecanismos de intervención y mismas condiciones de producción y garantías sanitarias para los productos de terceros países. Asimismo, se exigieron precios justos para las producciones agrícolas y ganaderas, ligados a los costes de producción, que permitan asegurar las rentas en el campo. En este sentido, se pedirá una mayor participación del sector primario en la cadena de valor agroalimentaria, poniendo coto a los abusos de poder de las grandes cadenas de distribución alimentaria. Con este acto de protesta, las OPAS quisieron subrayar el carácter estratégico del sector agrario para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de consumidores de la UE.

Los agricultores y ganaderos pueden solicitar esta medida prevista en el Plan Medidas para la Mejora de la Financiación en el Sector Agrario en la entidad financiera donde tengan concedido el crédito. El resto de las líneas de actuación previstas en el Plan finalizan el 12 de julio o el 20 de diciembre del 2010. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recuerda a los agricultores y ganaderos que el plazo para solicitar la financiación de una carencia especial de los préstamos para la mejora y modernización de explotaciones y la primera instalación de jóvenes agricultores, continúa abierto y finalizará el próximo 12 de junio de 2010. Por tanto, hasta dicha fecha, los titulares de un préstamo de mejora y modernización de explotaciones o de instalación de jóvenes agricultores tal y como se establece en la Orden publicada en el mes de marzo para la puesta en marcha de esta medida, pueden solicitar, en las oficinas de la entidad financiera que les haya concedido el préstamo, la prolongación del plazo de amortización del mismo en 1 o 2 años de carencia especial, siendo los intereses correspondientes a esos años financiados por el MARM. Además, el resto de las fechas a tener en cuenta en las otras líneas de actuación previstas en el Plan, son las siguientes: - Financiación del coste de los avales de SAECA necesarios para obtener nuevos préstamos y la financiación de la ampliación del periodo de amortización de los préstamos formalizados por los ganaderos al amparo de la Orden APA/165/2008, el 12 de julio de 2010. - Acceso a los créditos de la línea ICO-Liquidez 2010 y al Plan de Estímulo a la Inversión en el Sector Agroalimentario 2010, en colaboración con el ICO, el 20 de diciembre de 2010. El Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Agrario tiene como objetivos facilitar a los sectores agrícola y ganadero el acceso a la financiación pública y privada, inyectar liquidez para la dotación del capital circulante en dichos sectores y mejorar las condiciones crediticias de la financiación ya formalizada por el sector. Para ampliar su conocimiento y darle la mayor difusión posible entre los agricultores y ganaderos, el MARM ha publicado una sección en su página web que incluye toda la información existente en relación con el Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Agrario, en el marco del Plan de Comunicación establecido para realizar un seguimiento continuo de la difusión y cumplimiento de las líneas puestas en marcha dentro del Plan de Medidas para la mejora de la financiación del Sector Agrario.

latribunadeciudadreal.net Con el objetivo de fomentar la repoblación rural de algunas zonas de la provincia y, a la vez, pasar un buen rato, Anchuras volverá a acoger mañana una caravana de mujeres, la sexta que se celebra en los últimos cinco años en algún municipio de Ciudad Real. Una veintena de hombres solteros de la comarca ya se han inscrito en esta iniciativa, aunque probablemente sean mucho más el día de la cita, según explicó uno de los organizadores de estas caravanas desde hace 25 años a través de Asocamu y encargado de las «solteras», Manuel Gozalo. En esta ocasión viajarán hasta Anchuras sesenta mujeres de diferentes nacionalidades, «colombianas, brasileñas, ecuatorianas... y entre 15 ó 20 españolas», aunque todas ellas residen en Madrid, explicó Gozalo. Las «solteras» tienen edades comprendidas entre los 30 y los 60 años. Gozalo comentó que la petición de organizar esta caravana surgió desde un restaurante de la localidad, «aunque antes normalmente eran los ayuntamientos los que llamaban para hacerlo». El organizador de Asocamu señaló que esta iniciativa sigue cumpliendo el mismo objetivo con el que nació: repoblar el mundo rural. Según Gozalo, «ante las expectativas económicas de la crisis y la falta de trabajo, el vivir de los pueblos siempre será más seguro por poder sobrevivir, aunque sea del autoconsumo, criando animales y cultivando un huerto, como se vivía, aunque con estrecheces, en los años 50 ó 60 cuando empezó el éxodo a las grandes urbes». La cita de mañana es especial para Asocamu porque celebra sus 25 años desde que se realizó la primera caravana. Por este motivo, durante la celebración se emitirá la película de Icíar Bollaín Flores de otro mundo, que trata sobre esta iniciativa.

zamoradigital.net. El Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, ha inaugurado el Centro de Igualdad de Castilla y León, que pretende ser el lugar de referencia de la Comunidad en la atención integral a la mujer, tanto en materia de igualdad como en violencia de género. El Centro, que está gestionado por Cruz Roja y ha contado con una financiación por parte de la Junta de 450.000 euros para su puesta en funcionamiento, dispone de una plantilla de 11 personas entre trabajadoras sociales, abogada, psicóloga, educadora social y auxiliar administrativo, todas ellas con formación especializada en igualdad de oportunidades, además de una orientadora del programa Red Mujer Empleo que lleva a cabo la Dirección General de la Mujer. En el ámbito de la igualdad, el Centro informa sobre los recursos para la mujer existentes en Castilla y León; informa de todas las ayudas y actuaciones que la Junta de Castilla y León destina a las mujeres, incluyendo la orientación laboral o cursos de formación, foros y jornadas; fomenta la autonomía de la mujer en función de su realidad socioeducativa; ofrece un espacio cultural, lúdico y de encuentro para la población en el que se haga visible la igualdad; fomenta el asociacionismo e impulsa el desarrollo social, económico y cultural de las mujeres, en particular de aquellas con necesidades especiales como las que viven en el mundo rural, mujeres con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas. En lo que se refiere a la atención inmediata e integral a la mujer, con especial hincapié en situaciones de violencia de género, el Centro asegura una atención instantánea a la mujer las 24 horas del día durante los 365 días del año. Asimismo, trabaja en la detección precoz de las situaciones de violencia de género y proporciona una respuesta integral en la asistencia a la mujer en las situaciones de maltrato al abordar no sólo las necesidades urgentes, sino también aspectos sociales, emocionales, legales, formativos o de empleo. En resumen, el Centro promueve la coordinación de los recursos y agentes que intervienen con mujeres en situaciones de maltrato y realiza un seguimiento de las personas atendidas. Un punto de información permanente Uno de los principales objetivos del Centro de Igualdad de Castilla y León es convertirse en un punto de información permanente sobre los distintos aspectos o necesidades de interés para las mujeres, tanto para aquellas que viven en el medio urbano como en el rural. Los aspectos acerca de los que se informa son los siguientes: empleo, vivienda, ayudas y subvenciones, formación, asociacionismo, violencia de género, familia y eventos. Además de la atención personalizada, e interdisciplinar el centro cuenta con los más modernos medios digitales para satisfacer la demanda de información, como el Portal del Informador, un espacio virtual que recopila recursos, ofertas y convocatorias de la Junta de Castilla y León, o un tablón de anuncios digital situado en las propias dependencias del centro, con contenidos de relevancia e información para la mujer. Además, se ha habilitado un teléfono de información y atención (902 103 953 y 983 36 57 00 , operativo las 24 horas del día) y un correo electrónico (centrodeigualdad@jcyl.es) para que las usuarias puedan enviar sus consultas, dudas o sugerencias. Durante el acto de inauguración del nuevo Centro de Igualdad de Castilla y León, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, ha estado acompañado por la directora general de la Mujer, Alicia García Rodríguez, y la presidenta autonómica de Cruz Roja Española en Castilla y León, Maria José Pastor Ridruejo. Personas atendidas y actividades Desde que el Centro entrara en funcionamiento en diciembre de 2009 y hasta el 30 de abril de 2010, se han atendido a 1.690 personas, entre mujeres (1.332), hombres (276) y menores. De estas 1.690 personas, 1.305 procedían del ámbito urbano y 385 del ámbito rural. Además de las funciones propias del Centro que se han citado con anterioridad, cabe citar una serie de actividades llevadas a cabo en este periodo de tiempo: ‘Visitas por la Igualdad’, con el objetivo de difundir entre la población este nuevo recurso y fomentar la sensibilización en igualdad entre hombres y mujeres; talleres y actividades de grupos dirigidos tanto a adultos como a menores (formación legal, violencia de género, igualdad); exposiciones sobre igualdad entre mujeres y hombres y sobre violencia de género, etc. Una política integral de atención a la mujer Dentro de la política integral de atención a la mujer que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, destacan, como instrumentos fundamentales para llevar a cabo dicha política, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el II Plan contra la Violencia de Género, documentos estratégicos que contemplan las medidas y actuaciones a desarrollar en ambos ámbitos. El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2007-2011 tuvo un grado de cumplimiento el pasado año 2009 del 91,92%, con 182 medidas ejecutadas y un presupuesto de 51,3 millones de euros. Para este año 2010 hay 173 medidas comprometidas y un presupuesto de 52,5 millones de euros. En lo que respecta al II Plan contra la Violencia de Género 2007-2011, el grado de cumplimiento el pasado año fue del 95,31%, con 61 medidas ejecutadas y un presupuesto de 5,6 millones de euros. Para este año 2010 se mantiene el presupuesto y se contemplan 68 medidas. Dentro de las principales actuaciones previstas en ambos planes para 2010 cabe destacar las siguientes: Puesta en marcha de las medidas necesarias para desarrollar la Ley de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León. Esta normativa obligará a que la perspectiva de género esté presente en todas las leyes y decretos, así como planes de especial relevancia económica y social, que apruebe el Gobierno autonómico. Aprobar y ejecutar las actuaciones del Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural y siempre en consonancia con lo previsto en este ámbito en la Agenda de la Población de Castilla y León. Desarrollar la futura Ley de Violencia de Género en Castilla y León. Aprobar el Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, en el que se recogerán los derechos y prestaciones para que las mujeres que se encuentran en dificultades económicas y sociales puedan salir de esa situación y culminar su maternidad si ese es su deseo.

diariodenavarra.es Contratar a una persona para que trabaje en el hogar atendiendo a niños, ancianos o personas con una dependencia moderada será subvencionado por el Gobierno foral con un máximo de 180 euros al mes. Eso sí, siempre que la persona empleada sea dada de alta en la Seguridad Social. Aunque la medida ya fue adelantada el lunes por el portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, ayer la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, expuso los detalles de la nueva subvención. Enmarcada dentro de las 34 medidas anti crisis pactadas el pasado marzo entre el Gobierno y el PSN, el Ejecutivo prevé que generará 730 nuevos contratos. La ayuda consiste en subvencionar el 20% de los costes laborales mensuales del cuidador o empleado de hogar. Por costes laborales se entiende la suma del salario que se abone al empleado (un acuerdo que es libre) y la cantidad que el empleador abona a la Seguridad Social por darle de alta en el régimen Especial de Empleado de Hogar, 135, 22 euros este año (otros 27,34 euros los paga el empleado). Como máximo, se abonará 180 euros al mes. Por tanto, para alcanzar el techo de la ayuda el empleador debería pagar 900 o más euros al mes entre salario y Seguridad Social. Mínimo, 72 horas al mes Uno de los requisitos para acceder a la ayuda es que la persona contratada trabaje un mínimo de 18 horas semanales, (72 mensuales). Consciente de que el servicio doméstico es uno de los sectores donde más presente está la economía sumergida, la consejera de Asuntos Sociales afirmó que uno de los objetivos de la medida es generar empleo en este ámbito y aflorar empleos que ya existen en la actualidad pero que no cotizan al sistema de la Seguridad Social. El otro objetivo es "facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral", por lo que también podrán recibir la ayuda las familias en las que uno de los dos padres esté en excedencia o reducción de jornada para cuidar a personas a su cargo. Las ayudas serán gestionadas desde la Dirección General de la Familia, Infancia y Consumo, cuya sede está en la calle González Tablas de la capital y adonde se debe acudir para recoger los impresos. Ocho meses de ayuda Independientemente del tiempo para el que se contrate a una persona, la ayuda solamente se concederá para todos los contratos que cumplan los requisitos y que se hayan presentado a la Seguridad Social entre el pasado 1 de mayo y los que se presenten hasta el 31 de diciembre. Así, la ayuda se podrá cobrar, como máximo, ocho meses. Igualmente, los interesados deberán esperar a solicitar la ayuda a que sea publicada en el Boletín Oficial de Navarra, algo que tardará "una semana". La partida destinada a financiar esta medida asciende a 1,485 millones de euros. Según señaló la consejera, en el caso de que las solicitudes agoten la dotación presupuestaria antes de fin de año, las últimas ayudas se quedarán sin subvención. Maribel García Malo, que estuvo acompañada de la responsable de la citada dirección general, Loren Albéniz, justificó la medida en que la crisis está haciendo especial mella en las personas "más vulnerables", por lo que la concesión de la ayuda, además de generar empleo y favorecer la conciliación, también persigue "evitar fracturas de cohesión social".

LA RAZÓN. El Gobierno ya se ha dotado de la herramienta jurídica necesaria para neutralizar a los centros sanitarios que, acogiéndose por ejemplo a la objeción de conciencia o a dificultades de tipo técnico, desoigan la nueva Ley del Aborto y rechacen practicar interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres que lo soliciten, a partir de la entrada en vigor del texto, el próximo 5 de julio. En concreto, obligará al servicio autonómico de salud que «excepcionalmente no pudiera facilitar en tiempo la prestación» a reconocer a la solicitante «el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional». Pero no sólo eso. Los ministerios de Igualdad y de Sanidad pretenden forzar además a la administración sanitaria incumplidora a realizar «un compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación». El plazo máximo para cumplir ambas obligaciones será de «diez días naturales desde la solicitud de la prestación». La iniciativa , que es interpretada por algunos profesionales como una posible «cláusula anti Navarra» por el tradicional rechazo de numerosos médicos de esta comunidad a practicar abortos, constituye una de las «garantías básicas de la prestación» que recoge la disposición tercera de una de las dos normas que ultima el Ejecutivo para desarrollar la conocida ya como «Ley Aído»: el último borrador de «proyecto de real decreto de garantía de la calidad asistencial en la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo». El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue debatido ayer en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), como paso previo a su presentación por parte del Gobierno ante el Pleno de este órgano de coordinación sanitaria autonómica este lunes, día 31. El Ejecutivo tiene previsto además echar mano de la inspección sanitaria, olvidada en muchos otros asuntos de gran calado sanitario, para lograr sus objetivos. Así, subraya en el punto quinto que «todos los centros acreditados se someterán a la inspección y control de las administraciones sanitarias competentes». Y lo hace apelando además a una norma muy poco desarrollada tanto ésta como la pasada legislatura: la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. El fin, dice el borrador, es «garantizar la equidad, la calidad y la participación en el SNS», en alusión al «acceso a prestaciones», algo que no ocurre, por ejemplo, con las terapias para dejar de fumar. La norma enumera además los requisitos que deben cumplir las clínicas o centros acreditados para la práctica del aborto. En el anexo 1, figura que tendrá que haber «un espacio de recepción y una sala para información a la mujer embarazada», así como una «consulta de toco-ginecología», entre otras especificaciones. En este sentido, el borrador les concede un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor para mantener o conseguir la acreditación. El Gobierno desarrollará la Ley del Aborto con otro real decreto que ayer fue analizado también por la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial. El texto regula el comité clínico encargado de confirmar el diagnóstico de las enfermedades extremadamente graves del feto, así como el derecho de información de las mujeres. Cada vez más intervenciones y más madres adolescentes Aumenta el número de menores de 20 años que practica sexo, mientras que el porcentaje de embarazos cae. De las adolescentes nacidas en la década de los 40 que mantenían relaciones, un 60 por ciento se quedaba embarazada. Esta cifra se ha reducido un 600 por ciento en cuarenta años, pues de las adolescentes nacidas en los 80 activas sexualmente sólo tuvieron un hijo el 10,7 por ciento. Este importante descenso se dio por la generalización de métodos anticonceptivos y por la llegada del aborto a España. Sin embargo, el número de madres adolescentes ha aumentado en términos absolutos, según un estudio del CSIC. Se debe a que el porcentaje de menores de 20 años que mantiene relaciones ha pasado del 11 por ciento en 1931 al 86,6 entre las que ahora rondan los 30 años. En 2008 hubo 30.000 embarazos precoces, de los que la mitad terminaron en aborto. La investigadora del CSIC, Margarita Delgado, destacó los efectos perversos de la maternidad adolescente. Por un lado, la llegada de un niño conlleva la interrupción de los estudios (menos del 5 por ciento de las madres menores de 20 años tiene educación universitaria, frente al 22,6 por ciento de las no adolescentes). Además, el porcentaje de madres precoces que consigue un empleo estable no llega al 50. Por otro lado, la llegada de un niño adelanta la emancipación y el matrimonio y los padres adolescentes se separan en el doble de casos que los demás. «Las proporciones de rupturas se duplican en varias de las cohortes de uniones, llegando a multiplicarse por tres entre las emparejadas entre 1965 y 1974», afirmó ayer Margarita Delgado. El trabajo hace referencia también al mundo laboral: en términos generales, la investigación prueba que «las madres adolescentes trabajan a cualquier edad en menor medida que el resto de sus coetáneas». Psicólogos para ayudar a las menores en la interrupción El médico que tenga que valorar si una menor de 16 o 17 años puede abortar sin informar a sus padres por riesgo de grave conflicto familiar tendrá la potestad para pedir un informe a un psicólogo o un trabajador social «en el caso de que tenga dudas» o porque «no le baste» con su testimonio. Así lo precisó ayer la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en referencia a uno de los dos reglamentos que desarrollarán la nueva Ley del Aborto, informa Ep. El documento al que alude la ministra ha sido consensuado por Sanidad y por los departamentos de Igualdad y Justicia, y ayer fue analizado en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud, de cara a su posible estudio por parte de los consejeros de Salud autonómicos en el Pleno que celebrará el Consejo Interterritorial este lunes. A juicio de Jiménez, la manifestación de este temor por parte de la menor tiene ya por sí misma «valor jurídico». El decreto que ha elaborado el Gobierno –uno de los dos que desarrollará la Ley del Aborto– regula también la información a la que tendrán acceso las mujeres antes de tomar la decisión. Según el texto, las mujeres que opten por interrumpir su embarazo deberán recibir «un sobre cerrado» por parte del órgano competente autonómico. En él se enumerarán las ayudas públicas disponibles para las embarazadas y los derechos laborales vinculados a la maternidad.