Ignacio Peiró. Intereconomía.- Los Presupuestos de 2011 contemplan una reducción drástica del gasto. Bajan todas las partidas en materia asistencial pese a que la familia es lo más valorado por los españoles, según el CIS. Según el Barómetro del CIS el español evalúa a la familia con 9,54 puntos sobre 10. El gasto social se ha recortado en un 30% este ejercicio. La prestación por hijo a cargo desciende un 9%. El Gobierno, sin embargo, parece ajeno a un valor expresado con tanta solidez. Al menos, eso es lo que se infiere del informe La familia en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, elaborado por las profesoras María Teresa López y Mónica Gómez de la Torre, quienes opinan que “las políticas públicas apenas se ocupan de la familia como institución y tan sólo lo hacen para atender necesidades puntuales de cada uno de sus miembros, considerándolos aisladamente, sin tener en cuenta los efectos que se derivan de su unidad”. Así, existen políticas activas de empleo dirigidas a las mujeres denominándolas erróneamente políticas de conciliación; se llevan a cabo actuaciones en materia de apoyo a personas dependientes, pero no se ayuda de manera preferente a las familias que se ocupan de sus mayores; se establecen desgravaciones fiscales por adquisición de vivienda pero los límites de renta que se establecen no tienen en cuenta el número de miembros que configuran dicha unidad familiar, etc. En definitiva, se constata “la pérdida de interés político de apoyo a esta institución social”. IRPF e IVA La reducción del gasto en políticas familiares es notable y se liga a una serie de ámbitos diversos: la desaparición de beneficios sociales especialmente dirigidos a las familias, como es la supresión del cheque-bebé, así como la no retroactividad en las prestaciones en casos de personas dependientes que en la mayor parte de las ocasiones están siendo cuidados en el ámbito de la familia, entre otras ayudas. A esto debe añadirse el mayor esfuerzo fiscal que han de realizar las familias, como consecuencia de los cambios introducidos en el IRPF, que supondrá una renta disponible menor para los núcleos familiares; por otra parte, el aumento en los tipos impositivos del IVA es singularmente negativo para las familias, que han de abonar más por este concepto cuanto mayor sea el número de sus integrantes. Por otra parte, no ha habido exenciones del IVA para básicos como los potitos, las leches infantiles o los pañales. Menos gasto social Los datos son elocuentes. En los Presupuestos de este ejercicio, el gasto social desciende más de un 30% y, pese al aumento del paro, los créditos presupuestarios al desempleo bajan cerca del 2%. La novedad más importante, “con repercusión muy negativa”, es la supresión de la deducción por nacimiento o adopción, que importaba un millardo de euros hasta su desaparición. En relación a las prestaciones por hijo a cargo, en 2011 descienden casi un 9%. Como se ha mencionado, también desaparece el cheque-bebé de 2500 euros. Asimismo, la cuantía de 500 euros al año percibida en concepto de prestación por hijo a cargo menor de cinco años se ve reducida a 291 euros. Por otra parte, las pensiones de carácter familiar siguen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuando las de jubilación o incapacidad se sitúan, como media, en el 135 por 100 del SMI. A modo de ejemplo, tres de cada cuatro pensiones de viudedad quedan por debajo de los 600 euros al mes, y el resto no supera los 400. En el caso de las pensiones de orfandad las cifras son aún más llamativas, ya que casi el 60 por 100 de las pensiones son inferiores a 300 euros/mes mientras que en las pensiones a favor de familiares, casi el 75 por 100 no supera los 450 euros al mes. También son de destacar otros recortes. En las partidas destinadas específicamente a la atención a la infancia y las familias, hay un descenso del 16,84%, que se suma al 23,26% ya recortado en el ejercicio de 2010. En lo referente a los beneficios fiscales, se observa una disminución del 33,26%. En cuanto a la Seguridad Social, como consecuencia de las reformas introducidas, las familias españolas de menor nivel de renta pueden ver disminuir sus ingresos hasta un 20%.