Con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria se pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria completando los instrumentos para mejorar el clima de las relaciones entre los operadores y que éstas se lleven a cabo en el marco de unas relaciones justas y equilibradas. Este Código, el primero que se establece para el conjunto de la cadena de ámbito nacional, es fruto del consenso entre las diferentes asociaciones representativas de la producción, industria y distribución. En este documento se contemplan la totalidad de los puntos que suelen resultar conflictivos en las relaciones entre los operadores y supone el compromiso de los operadores que voluntariamente se adhieran, a que sus relaciones comerciales vayan más allá de lo ya regulado en la Ley y se ajusten a unas pautas de actuación preestablecidas y a unas mayores garantías. También acuerdan resolver sus conflictos y discrepancias mediante sistemas de mediación o arbitraje, y a implantar por las grandes empresas un Defensor del cliente y del proveedor. Recoge una serie de compromisos y prácticas comerciales generales y comunes a todos los operadores de la cadena alimentaria y sus asociaciones, definiendo igualmente unas clausulas de prácticas comerciales específicas para algunos operadores. Entre los compromisos generales a asumir por los operadores se establecen la claridad y concreción de los contratos y los acuerdos comerciales así como las prácticas que promuevan el estricto cumplimiento de los mismos. También se establece la lealtad en el intercambio de información, las actitudes equitativas en la transferencia del riesgo y de responsabilidades y la no imposición en sus contratos de condiciones o exigencias injustificadas. Como complemento, los operadores de la cadena alimentaria se comprometen a asumir una serie de prácticas en relación a aspectos clave como la negociación comercial, los contratos, el impulso de la mediación como método de resolución de las discrepancias, la gestión de categorías y la innovación. Igualmente afecta a la vinculación con terceros, las actividades de promoción, las cadenas de suministro y logística, los pagos, la comunicación de información comercialmente sensible, y la seguridad alimentaria, calidad e información al consumidor.