P. Rodríguez. La Razón. La Xunta de Galicia valorará la vida en formación («nasciturus») como un miembro más de la unidad familiar a efecto de las ayudas previstas en materia de vivienda. Así lo aseguró ayer la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de BNG. La medida supondrá la modificación del decreto 402/2009, con la incorporación de una disposición adicional que dispondrá que, «en el caso de las mujeres gestantes, el hijo o hijos concebidos y no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar a efectos de aplicar el coeficiente multiplicativo corrector» previsto en el artículo 10 del decreto reformado. Esta medida estará recogida en una guía de recursos para mujeres embarazadas que se conocerá a finales del presente año y que incluirá información sobre los centros, prestaciones y ayudas a las que puede acceder la mujer desde la acreditación del embarazo y las medidas a disposición de gestantes y madres en materia de empleo, formación, residencia o rentas mínimas de inserción. El anuncio de López Abella, que se enmarca en el plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014 que el Gobierno gallego aprobó el pasado mes de enero –el segundo a nivel nacional tras el de la Comunidad Valenciana (2009)– y también incluye un programa de ayudas al fomento de la empleabilidad femenina (Emega), en el que se establecerá como prioritario para las empresas que quieran acceder a las ayudas el fomento de la empleabilidad «cuando se haya producido una interrupción causada por la dificultad de compaginar la vida familiar y laboral. En esta misma línea, explicó que se abrirá una nueva línea que tiene como objetivo apoyar de una manera especial a las mujeres con hijos menores de tres años y la promoción de nuevas formas de organización del trabajo. El plan, aprobado con el único voto a favor del Partido Popular de Galicia, se estructura en siete áreas y consta de un total de 49 medidas, cuya prioridad es proporcionar ayudas de carácter social a las embarazadas –sobre todo a las menores de edad y las que se encuentran cursando sus estudios–, informar sobre los recursos existentes o programas de actuación y la atención de los colectivos más desfavorecidos o con más dificultades, como es el caso de las gestantes inmigrantes o las mujeres con alguna discapacidad. «Necesario, pero insuficiente» Las asociaciones familiares y provida se felicitaron por la iniciativa y solicitaron que estas medidas se extiendan a todo el territorio. Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, calificó la medida «de positiva» porque «va a dar naturaleza jurídica a lo que es ya una realidad». «Son pasos positivos sin un gran coste que suponen un cambio cualitativo importante». Por su parte, Conrado Giménez, presidente de RedMadre, cree que es un avance «que da cobertura legal a un hecho biológico». En este sentido, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, criticó las pruebas prenatales porque hacen «que a los discapacitados les cueste mucho nacer», lo que «se ha convertido en un factor verdaderamente más que preocupante».