El Consejo de Gobierno conoció este jueves el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, presentado ante el Ejecutivo por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. El texto, que reconoce al sector como estratégico, se adapta ante el reto de la nueva Política Agrícola Común, apuesta por los jóvenes y las mujeres para rejuvenecer el campo y fijar población en el ámbito rural, presenta un Banco de Tierras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales, abre la colaboración público privada en obras de concentración parcelaria y crea un defensor para denunciar prácticas abusivas de precios. Así lo explicó la consejera tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde aseguró que se trata de un anteproyecto de ley "muy ambicioso" que pretende dar respuesta a todas las necesidades del sector agrario y agroalimentario y con el que se crea "un solo cuerpo normativo". Asimismo, insistió en que tiene como "ejes transversales" la incorporación de jóvenes al campo y la defensa de la igualdad de las mujeres, colectivos que también tendrán prioridad en las políticas de Desarrollo Rural, así como las políticas de I+D+i, ya que se contempla la creación de una Estrategia Agraria y Agroalimentaria de I+D+i La futura norma reconoce y potencia el carácter estratégico de la actividad agraria y agroalimentaria, por ser los pilares fundamentales del desarrollo del medio rural de Castilla y León y por su incidencia en la actividad económica, en la creación de empleo y en la fijación de población. Sus objetivos son dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de una nueva regulación legal destinada a dar una respuesta a los nuevos retos en un mundo cada vez más global y liberalizado y la adaptación a los distintos marcos de la Política Agrícola Común. También incide en la exigencia de una gestión sost enible de los recursos, las presiones de otras actividades o actuaciones sobre el suelo agrario, la aparición de desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de establecer una regulación de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios. Además, esta ley también busca dar al sector una mayor seguridad jurídica, agrupando en un solo cuerpo normativo de rango legal la regulación más sustancial del conjunto del sector, hoy dispersa en numerosas normas de diverso rango. Así, la ley se estructura en cinco libros. El primero recoge los objetivos y las actuaciones transversales dirigidas a fomentar la incorporación de jóvenes, la promoción de la mujer y la estrategia de I+D+i en materia agraria y agroalimentaria. El segundo, el más extenso, se centra en las condiciones de la producción agraria y el tercero a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y a la comercialización agraria. En el cuarto, se regulan los aspectos relacionados con la participación e interlocución con el sector agrario y por último se recogen las infracciones y sanciones en el sector. Se potencian las actuaciones de fomento a la incorporación de jóvenes al sector agrario para asegurar el relevo generacional. Entre las novedades, figura el tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Banco de Tierras o a los pastos, hierbas y rastrojeras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales. En este sentido, Clemente aseguró que esta medida tratará de dar respuesta a aquellos jóvenes que quieren acercarse al sector pero que no disponen de tierras para su cultivo y que, en general, las que compongan este Banco serán algunos sobrantes de concentraciones parcelarias. En el ámbito de la política de desarrollo rural, la futura norma prevé la obligatoria inclusión de actuaciones dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes en la actividad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así establece medidas para para favorecer la participación de la mujer tanto en el sector agrario como en la industria agroalimentaria. La Ley Agraria establece, de forma expresa, el carácter estratégico de la I+D+i en la política agraria de Castilla y León. En el sector agrario, la investigación se orientará a garantizar una producción suficiente, competitiva y adaptada a los requerimientos de la industria agroalimentaria. Y en esta última, la investigación debe servir para identificar las demandas del sector agroalimentario y posibilitar su transformación en productos al alcance del mercado. Explotaciones agrarias En materia de explotaciones agrarias, busca fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación, al objeto de conseguir su eficiencia y máxima rentabilidad y garantizar su viabilidad y competitividad. Se trata de que, por ejemplo, según dijo la consejera, se adapten las ayudas de maquinaria a las necesidades de la superficie real del agricultor. Por primera vez, se creará un registro único en explotaciones agrarias, que unificará el elevado número de registros parciales que actualmente existen y que hará que los agricultores no tengan que presentar la documentación existente en dicho registro para otras cuestiones, según incidió Clemente. Según la normativa, el Registro se configura como un servicio público y gratuito y la inscripción en él de todas las explotaciones agrarias de Castilla y León será obligatoria por razones de interés general, vinculadas a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad de las producciones agrícolas y ganaderas. Considera la Consejería que se facilita y reduce la carga burocrática, pues los agricultores y ganaderos, una vez inscritos, quedarán exentos de presentar la misma documentación en cualquier procedimiento administrativo y la Administración dispondrá de datos integrales y actuales. También modifica el actual régimen jurídico de la concentración parcelaria, introduce una profunda renovación y simplifica el procedimiento. Se incorpora, por primera vez en el Derecho Autonómico la colaboración público-privada para planes de concentración que lleven aparejadas obras de infraestructuras. La ley introduce también la novedad de los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario, que tienen por objeto ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad. Estos Planes de Ordenación serán vinculantes en su ámbito de aplicación para los planes, programas de actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de los particulares. El Banco de Tierras de Castilla y León, gestionado por la Consejería, se concibe como un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables, ubicadas en la Comunidad. Ello permitirá, según la Junta, recuperar tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario. De esta manera, el Banco de Tierras se configura como un registro administrativo de carácter público, que tendrá únicamente carácter informativo, sin que produzca ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas que lo integran, ni sobre el derecho de propiedad sobre estas. La procedencia de las parcelas agrarias que formarán parte del Banco es muy variada, destacando los suelos cuyos propietarios hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo, los procedentes de agricultores que hayan optado por ayudas a la prejubilación y así lo soliciten, los que hayan sido objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización o las masas comunes y fincas sobrantes en las concentraciones parcelarias. Una de las novedades más importantes en este ámbito es la modificación del sistema de adjudicación de los aprovechamientos sometidos a ordenación común, estableciéndose un nuevo régimen de prioridades en el acceso a dichos recursos, en el que se prima a los jóvenes agricultores y a las explotaciones prioritarias ubicadas en el ámbito territorial correspondiente. Fomento de la agroalimentación Para fomentar los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de las figuras de Calidad Alimentaria Diferenciadas, establece las normas necesarias para garantizar la calidad, da por primera vez reconocimiento con rango de Ley a la marca de garantía ´Tierra de Sabor´, recogiendo expresamente su incuestionable vinculación con la producción primaria de Castilla y León. Además, se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos, mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación. También se regula por primera vez en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la figura de "mercado de productos agrarios en origen". Una parte de esta regulación consistirá en la creación del Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León, de carácter público en el que se inscribirán obligatoriamente todos los mercados de productos agrarios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad. También, introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico de la Comunidad la figura de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de ámbito autonómico, que tienen peso y funcionan bien, según Clemente, en Francia. Estas organizaciones serán entidades de naturaleza jurídico-privada, cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad de Castilla y León e integrada por organizaciones representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización agroalimentaria. Defensor Igualmente, se crea la nueva figura del defensor del equilibrio de la cadena alimentaria, que tendrá entre sus funciones el control y denuncia de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores, cuyos contenidos podrán hacerse públicos. Asimismo, podrá elevar a los órganos que corresponda las recomendaciones que estime oportunas relacionadas con las materias objeto de su competencia. La Ley Agraria reconoce el cooperativismo agroalimentario en la Comunidad y el movimiento cooperativo agrario como canal de participación de los productores agrarios en los procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos con el objetivo de incrementar el nivel de renta en el medio rural. También se reconoce a las organizaciones profesionales agrarias como cauce formal de interlocución y participación del sector agrario. Con la finalidad de impulsar las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y comercializadores de un determinado sector, promover el establecimiento de contratos tipo homologados y proponer medidas para mejorar la competitividad del sector productivo, se regulan diversos órganos colegiados de asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas bien con el sector en su conjunto -el Consejo Regional Agrario, y los Consejos Provinciales, de nueva creación- bien con un determinado subsector productivo. La Consejería de Agricultura y Ganadería presentará la ley al sector, a través de la Comisión Permanente del Consejo Regional Agrario, para su estudio, análisis y recibir las aportaciones que consideren oportunas. Además, la futura norma se presentará a los partidos políticos con representación en las Cortes y a otras organizaciones sociales vinculadas con el medio rural de Castilla y León. También puede ver esta información en video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k0W50Mvx494