Como era previsible, la nueva Ley del Aborto ha entrado en vigor rodeada de polémica. Los Gobiernos populares de regiones como Navarra y Murcia se resisten a aplicar la normativa porque "de momento no hay razones" para acatarla, como ha mantenido el presidente murciano. El PP espera que prospere el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el TC ya que, según la número 2 de los populares, María Dolores de Cospedal, en España prima "el derecho a la vida". Por su parte, este martes concluye el plazo de tres días dado para presentar las alegaciones pertinentes sobre la suspensión de la norma. Imágenes de archivo de María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre y Ramón Luis Valcárcel. Fotos: EFE. Murcia lidera la resistencia a la ley del aborto (05.07.10) Abortar en el primer trimestre ya no requiere ninguna justificación (05.07.10) Las claves de la nueva Ley del Aborto (05.07.10) La controversia generada por la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde su aprobación el pasado mes de marzo continúa. Tras su entrada en vigor, muchos han sido los que han mostrado su firme rechazo a una norma que consideran no acertada. Es el caso de los Gobiernos populares de Navarra y Murcia que han decidido no acatar la ley "de momento" porque "no hay razones para hacerlo", según el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente autonómico ha mantenido que no hay por qué seguir la norma hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos presentados en su contra. A ese respecto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reiterado su confianza en el recurso presentado por su formación al tiempo que ha señalado que en España prima "el derecho a la vida". La ´número dos´ de los populares ha defendido que la reforma "no era necesaria" y, en este sentido, ha subrayado que el Gobierno se "ha inventado una polémica que no era necesaria" porque "no existía ningún tipo de demanda social". Mientras, este martes acaba el plazo de tres días impuesto para presentar las alegaciones pertinentes sobre la suspensión de la norma. Tras ello, el abogado del Estado remitirá su argumentación al Alto Tribunal para que se siga debatiendo la conveniencia de la aplicación del texto.