S. Andrino. El Norte de Castilla. A pesar de haberse insistido reiteradamente en que el sector agrario de Castilla y León se ha considerado siempre como estratégico por su importancia económica (supone, junto a la industria agroalimentaria, el 11% del Valor Añadido Bruto de la región) y por su estabilidad en el medio rural, no será hasta finales de este año 2013 cuando vea la luz la primera ley agraria de Castilla y León. Sin duda, es el gran proyecto de legislatura de la Consejería de Agricultura, una norma que nace con vocación de servicio al sector y para convertirse en una herramienta eficaz y capaz de consolidar y mantener esta actividad. De ahí que el departamento que dirige Silvia Clemente se haya comprometido a incluir en la futura ley varias de las enmiendas presentadas al proyecto de ley. Según los datos de la Administración regional, se han recibido más de 300 alegaciones elaboradas por 81 instituciones, algunas de las cuales serán incorporadas al texto final que, según las previsiones de la Consejería de Agricultura, será aprobada en las Cortes de Castilla y León a finales de este año. Entre las alegaciones que se han tenido en cuenta destaca una elaborada por el sector agrario en la que se solicita que se regule la lucha contra las plagas agrícolas y las epizootias o enfermedades animales. «Hay normativa nacional pero no teníamos regulado nada ni de sanidad animal ni vegetal, sobre todo en el ámbito tan concreto de la lucha contra las plagas», asegura el secretario general de la Consejería, Juan Zapatero, que advierte de que esta materia será recogida en un capítulo específico dentro de la norma ya que en el borrador del proyecto de ley no se había contemplado. «Lo que hemos buscado es tener una base legal que permita utilizar alguna de las herramientas que ya conocemos», asegura Zapatero sin ocultar que la Consejería ya ha tenido que afrontar situaciones provocadas por plagas y cuyas actuaciones han sido, en ocasiones, criticadas. «Hemos tenido experiencia en ese sentido y creemos que con una base legal clara lo hubiéramos podido evitar», sentencia. Mujeres titulares Otra de las alegaciones presentadas por las organizaciones agrarias y que se tendrán en cuenta en el futuro texto legal tiene que ver con el papel de las mujeres en la agricultura y la ganadería. En el documento original ya aparecía su incorporación como una de las políticas horizontales de su aplicación, pero el sector ha demandado a la Administración regional que no se quede solo en promocionar la titularidad compartida de las explotaciones para las mujeres (una herramienta que, dicen desde la Junta, está empezando a funcionar), sino que recuerden que hay mujeres que pueden ser propietarias y titulares exclusivas de las explotaciones. «Les daremos la misma prioridad», asegura el secretario general. En lo que tiene que ver con el apartado de los recursos agropecuarios, la Consejería de Agricultura aceptará un cambio en la denominación de las Juntas Agropecuarias Locales, las conocidas JAL, que pasarán a denominarse Juntas Agrarias Locales porque, según Zapatero, este último concepto incluye a los propietarios forestales y con esta modificación se empezará a regular también los pastos en las zonas de montaña. Y en este sentido, y recogiendo también las alegaciones que han presentado los colectivos ecologistas, la futura ley agraria de Castilla y León prestará atención a la investigación en materia de medio ambiente. «Será una actividad que estará encardinada en toda la política de investigación de la comunidad autónoma», asevera el secretario general. En este sentido, lo que se ha hecho ha sido mejorar cuestiones técnicas e incluso coordinarse con otros departamentos (por ejemplo la Consejería de Medio Ambiente) e incluso redactar de nuevo el catálogo de buenas condiciones agrarias, que tienen mucho que ver con el medio ambiente. «Nosotros siempre hemos defendido que los agricultores y ganaderos son los más interesados en mantenerlo en condiciones sostenibles». Si ese catálogo mejora su redacción coordinándolo con la Consejería competente y con las propias organizaciones del sector, pues «mejoraremos, sin duda». En materia de concentración parcelaria también se han hecho algunas modificaciones puntuales para dejar más claro, por ejemplo, incorporar consideraciones referidas a montes de titularidad pública y a vías pecuarias, y recoger de una manera más precisa cómo se va a integrar la ley de concentración parcelaria con el resto de normativa existente en la materia. Además, se ha mejorado el apartado de los planes de zonas de interés agrario para dejar «todavía más claro» que esas zonas, con producciones estratégicas, «tengan una protección sectorial que garantice que esas inversiones no se van a poner en peligro por otro tipo de actuaciones que pudieran plantearse para ese mismo espacio». Entre las enmiendas que no se van a considerar se incluyen algunas que, según Zapatero, ya se esperaban. Son las que tienen que ver con la creación de la figura del defensor de la cadena, que es una herramienta por la que ha apostado la Consejería para intentar mediar y evitar desequilibrios en la cadena de valor de los productos. Cuando reciba el visto bueno de Hacienda (no tardará porque no necesita memoria económica) el anteproyecto de ley llegará en las próximas semanas al CES. Clave del anteproyecto de la Ley Agraria • Estructura de la norma. La ley cuenta con 143 artículos a las que hay que sumar las disposiciones. Está dividida en dos grandes bloques. El primero sobre las condiciones de la producción agrícola, y el segundo, sobre la calidad diferenciada. • Producción agraria. La idea es potenciar las explotaciones económicamente viables con el fin de optimizar los apoyos definiendo las explotaciones que entiendan que, desde el punto de vista de necesidades, garantizan la máxima eficacia en el funcionamiento. • Ayudas. La concesión de las subvenciones estarán relacionadas con el uso que se vaya a hacer de la misma. Las ayudas se ajustarán a la dimensión que tenga la explotación, no se concederán por encima para no hacer una mala utilización del dinero público. • Concentración parcelaria. Se va a modificar el régimen jurídico de la concentración y se va a dar prioridad a las concentraciones ligadas a los regadíos. La nueva ley agilizará el procedimiento y, por primera vez, facilitará la concentración de iniciativa privada. • Infraestructuras agrarias. Se realizará una nueva clasificación de las infraestructuras agrarias para facilitar la iniciativa privada y se establecerán fórmulas alternativas de financiación. • Banco de tierras. Será un instrumento que va a facilitar la puesta en contacto de la oferta y la demanda de las tierras cultivables. La idea es poner a disposición de los jóvenes las tierras que les permitan iniciarse en la actividad agraria y que no tengan volumen propio para hacerlo. • Comercialización. Busca establecer todos los instrumentos normativos al alcance de la Junta para conseguir el equilibrio de la cadena de valor y que los productores obtengan precios que les permitan cubrir los costes. • Defensor de la cadena de valor. Es una figura de nueva creación que se define como un mediador . • Mercados. La ley incluye una nueva regulación de los mercados de productos agrarios que es lo que se conoce como lonjas. • Figuras agroalimentarias. Será una nueva regulación más homogénea y adaptada a la realidad de las figuras de calidad agroalimentaria. • Plan de ordenación de zonas de especial interés agrario. Es una figura de nueva creación que permitirá regular las actividades agrarias en una determinada zona para defenderse de otras acciones. • Fines de la norma. Dar respuesta a lo que significa una verdadera política agraria comunitaria. Evitar presiones que pueden ofrecer otras actividades sobre el suelo agrario. Garantizar los equilibrios en la cadena de valor.