J. Fernández. Deia.com. El Consejo del Gobierno vasco ha aprobado recientemente el proyecto de Ley de Estatuto de las Mujeres Agricultoras, un documento que recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres del sector agrario, así como para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del sector. Sin embargo, no han incluido en el conjunto de su desarrollo normativo los mecanismos para garantizar su cumplimiento, un hecho que no ha pasado inadvertido para el Consejo Económico y Social vasco, encargado de hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la acción política. En este sentido, los responsables del órgano consultivo del Ejecutivo y del Parlamento consideran que "el anteproyecto presenta aspectos mejorables" ya que "debería concretar lo que engloba como administraciones agrarias vascas" con competencias. Además, señalan que, "si bien la norma menciona una serie de derechos, no se prevé procedimiento o mecanismo alguno para garantizar su cumplimiento", ni tampoco para corregir y sancionar las vulneraciones o falta de eficacia. Así, proponen la inclusión de un capítulo específico que enumere cuáles son los derechos de las mujeres que trabajan en el sector primario y también considera "conveniente" incluir otro referido al carácter "irrenunciable de los derechos", de modo que salvaguarde la propuesta anterior. Asimismo, el CES pide al Gabinete de Patxi López "que se regule indicando la existencia de recursos económicos para que las medidas propuestas se puedan llevar a cabo ya que, en caso contrario, se obligaría a todas las administraciones agrarias a llevar a cabo actuaciones, independientemente de su capacidad y recursos". A pesar de todo ello, el Consejo Económico y Social vasco emitió un dictamen favorable a esta iniciativa, un proyecto presentado por la consejera Pilar Unzalu con el objetivo de "dar solución a la discriminación que sufren las mujeres en el sector, sobre todo en cuanto a su reconocimiento profesional y estimación social, así como en cuanto al ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales y fiscales". El Estatuto en cuestión -y a pesar de los fallos detectados por el CES- está compuesto por 31 artículos, dos Disposiciones adicionales, una Disposición derogatoria y cuatro Disposiciones finales. Se estructura en seis títulos, dedicados a disposiciones generales, titularidad de las explotaciones agrarias, representación de las mujeres en el sector, derechos sociales, reconocimiento y visibilización de su trabajo, y un último título dedicado a la Comisión de seguimiento del Estatuto. El texto promueve el acceso de las mujeres a la titularidad compartida de las explotaciones y que las mujeres cuenten con oportunidades laborales que les permita, si así lo desean, permanecer en los entornos rurales y lograr el relevo generacional. Asimismo, apunta el derecho preferente a inscribirse en cursos y programas de formación y capacitación agraria. También discursea sobre medidas para avanzar en la incorporación de la mujer a los órganos de decisión del sector agrario, para prevenir riesgos laborales que son más específicos de las mujeres que trabajan en este ámbito o para combatir la violencia contra las mujeres y el acoso sexista. Este Estatuto de las mujeres agricultoras no tiene precedentes normativos, pese a que abundan las recomendaciones e incluso mandatos -tanto comunitarios como a nivel estatal- de que se elaboren documentos de este tipo para introducir políticas de discriminación positiva que supongan avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Y es que, la presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión es minoritaria o testimonial tanto en puestos de responsabilidad de Asociaciones de Desarrollo Rural como de sindicatos agrarios.