E.L. Palomera. LA RAZÓN. Jubilación a los 67 sí o sí. El Gobierno ya lo ha dicho, lo ha escrito y está a punto de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros: la edad legal de jubilación de los españoles se extenderá dos años más. Y en medio de esta medida, impopular donde las haya pero entendida para garantizar las pensiones de las generaciones venideras, llega la clase política y hace una de las suyas cuando surge una voz desde dentro –la de la diputada de UPyD, Rosa Díez–, que pide un ejercicio de responsabilidad para que las Cortes Generales revisen el privilegiado sistema de protección social y de pensiones que rige en exclusiva para diputados y senadores. ¿Recuerdan? Dos legislaturas en un escaño y uno ya tiene garantizada cuando se retire la pensión máxima de jubilación. Bueno, ya habíamos contado, el pasado diciembre, que ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo. Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen». Y dos: que las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que «ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión». El Lertrado Mayor apela a las jubilaciones de parlamentarios italianos, británicos, franceses y alemanes para justificar las que tienen los diputados españoles y defiende también la indemnización por cese de actividad parlamentaria ya que sus señorías no tienen derecho al subsidio por desempleo. Conclusión: las Mesas del Congreso y del Senado consideran que el acuerdo unánime de todos los partidos alcanzado en 2006 para aprobar el Reglamento de Pensiones de sus señorías «establece un tratamiento digno para quienes han sido representantes de los españoles» y lo consideran «económicamente moderado», además de «viable» en comparación con las previsiones establecidas en otros «parlamentos o instituciones públicas». Es más, defienden que las prestaciones que reciben los parlamentarios nacionales se pueden situar en un perfil «medio/bajo» si se comparan con las prestaciones fijadas para quienes fueron, por ejemplo, eurodiputados o miembros de Gobiernos autonómicos. Lo mismo podrán decir los pensionistas españoles cuando se apruebe la extensión de la edad de jubilación a los 67 en relación con los pensionistas italianos, franceses o británicos. Pero como ningún partido invocará el Derecho comparado en relación con las pensiones del común de los mortales, al menos la diputada de UPyD sí ha hecho saber que «es una escandalosa falta de respeto a los ciudadanos que quienes van a legislar sobre las condiciones exigibles a todos los españoles para acceder a una pensión se nieguen a tocar las propias». «Es una vergüenza –añade Díez– que para mantener una situación privilegiada apelen al derecho comparado con otros países o que, en el colmo de la hipocresía, terminen justificándose en pretendidos privilegios mayores en otras instituciones de nuestro país». Es más, aunque se diera por bueno que el sistema es económicamente sostenible, la diputada de UPyD, sostiene que es «políticamente inaceptable el mantenimiento de un sistema de pensiones excepcional para aquellos que legislan sobre el interés general». UPyD no se rendirá y su siguiente paso será volver a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados dentro del voto particular que esta formación presentará al dictamen que el Pacto de Toledo elevará al pleno del Congreso sobre la reforma de las pensiones. Como se sabe, el modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el sistema, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados de losmás de 3.600 que ha habido en democracia la han solicitado. ¿Y CUÁNTO COBRAN EN EUROPA? FRANCIA En época de austeridad, hasta los parlamentarios franceses tienen que ajustarse el cinturón. Tras la reforma de su sistema de pensiones, aprobada este otoño, un diputado jubilado cobra actualmente una pensión media mensual de 2.700 euros y un senador cerca de los 4.500 euros, informa Álvaro del Río. ITALIA Los parlamentarios italianos necesitan completar sólo una legislatura completa, que dura cinco años, para beneficiarse de una pensión vitalicia cuyo importe mínimo es de poco más de 3.000 euros mensuales. En caso de completar más de un lustro como parlamentario puede llegar a los 10.000, informa Darío Menor. REINO UNIDO En Reino Unido, el sueldo anual de un diputado es de 65.738 libras. El «speaker» –que pone orden en la Cámara de los Comunes– y los diputados que son ministros de gabinete reciben un sueldo extra de 68.827 libras. Además, sus señorías pueden solicitar para sus gastos un máximo de 19.900 libras, informa Celia Maza. 209 parlamentarios tienen ya asegurada la máxima Los privilegios de los diputados en lo que a pensiones se refiere les permite, principalmente, recibir un subsidio de la Cámara para que, a la hora de jubilarse, perciban la pensión máxima. Así, cobrarán el 80% de lo que les falta para alcanzarla con sólo ejercer su actividad en la Cámara siete años (25 años para el resto de trabajadores) y el 100 cuando ya han cumplido 12 años (35 trabajados para cualquier ciudadano que, además, haya cumplido 65 años). Unas ventajas que ya tienen aseguradas (siempre en el momento en el que se jubilen y si así lo solicitan) 209 de los 350 diputados actuales (el 59,7% de sus señorías) y que se alejan mucho de la realidad que viven el resto de españoles. Eso sí, han de cumplir ciertos requisitos (ver gráfico superior). En el caso de los parlamentarios (sólo del Congreso, aunque en el Senado se aplica el mismo modelo), hay 96 que cumplen la condición de haber ejercido como diputados de siete a nueve años y, por tanto, el día en el que se jubilen podrán solicitar, siempre que así lo deseen, ese 80% que les garantizará la pensión máxima. Del PSOE son 58, como por ejemplo su portavoz en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, con 7 años como diputado. Del PP, 28, entre ellos también su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, con otros 7 años en el Congreso. Del Grupo Vasco, por su parte, hay dos en esta situación, como José Ramón Beloki, secretario segundo de la Cámara. En el Mixto, mientras, hay otros cuatro, siendo una la portavoz de NaBai, Uxue Barkos. Y otros cuatro hay entre los grupos de Esquerra y CiU. En el segundo escalón de los priviliegios se encuentran 37 diputados que llevan de 9 a 11 años ejerciendo como tal y que, por ello, optarían al 90%. En el grupo socialista son 13, entre los que se encuentra José Bono, el presidente del Congreso, con 11 años en la Cámara. En el popular hay 20, con ejemplos como el de Gustavo de Arístegui, portavoz en la Comisión de Exteriores, con 11 años de diputado. En el grupo vasco encontramos dos casos más, como es el del portavoz del PNV, Josu Erkoreka (11 años también). Por su parte, ERC-IU-ICV albergan a uno, Gaspar Llamazares (11 años), y en la bancada de CiU hay otro más. Y, por último, hay un total de 76 diputados que llevan ejerciendo más de 11 años, por lo que en el momento de jubilarse percibirían el 100%. Aquí encontramos 25 del PSOE, con ejemplos como el del ministro de Fomento, José Blanco, con 15 años de ejercicio (un trabajador normal cobraría el 50% con los mismos años cotizados). En el PP se cuentan otros 46, como Mariano Rajoy, con 27 años de diputado (un ciudadano normal se haría con el 84 por ciento de su base). En el resto de los grupos sólo hay 5.