M.G. EUROPA AGRARIA. Después de dos años desde que se presentara el Real Decreto de la Titularidad Compartida en la explotación agraria, se ha decidido que la única manera de que las medidas allí contempladas se hagan efectivas es regulando dicha figura a través de una Ley. Por esta razón, en octubre se constituyó un grupo de carácter interministerial (GITIC) para analizar sus posibilidades y redactar el primer borrador, que podría entrar a debate parlamentario el próximo mes de marzo. Mientras, el Grupo ha mantenido reuniones con las organizaciones de mujeres rurales, que ven con esperanza el nuevo proyecto. El próximo mes de marzo las agricultoras españolas podrán conocer el borrador del proyecto de Ley que regulará la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Al menos, así lo ha manifestado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que asegura que dicho documento entrará en las Cortes a mediados de 2011. Con esto, se logrará la conversión del actual Real Decreto (que no deja de ser una figura jurídica sin desarrollar) en proyecto de Ley específico para regular de forma completa tanto dicha figura como aquellas medidas o acciones adicionales que la promuevan. Es decir, que lo que ahí se contemple deberá hacerse efectivo, más allá del mero reconocimiento. Para alcanzar este objetivo, el pasado mes de octubre se creó el Grupo Interministerial de Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias (GITIC), en el que, además del Ministerio del Medio Rural, participan los ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración y Sanidad, Política Social e Igualdad. Su misión, que se inició en diciembre, consistirá en analizar el contenido del Proyecto de Ley. Al respecto, ya se ha propuesto la incorporación en su articulado de algunos aspectos como la ampliación de los efectos de la titularidad compartida, creando una figura societaria específica, así como las ampliación del perfil de las personas que pueden acogerse a ella; el establecimiento de un conjunto de actividades que pueden considerarse como agrarias, y la forma de incentivar la afiliación de la mujer rural a la Seguridad Social. Además, analizará la posibilidad de introducir fórmulas para mejorar la capacidad de evaluación y conocimiento de las citaciones, establecer incentivos y mecanismos de bonificación, facilitar la capacidad de la mujer para realizar gestiones administrativas y reforzar el enfoque de género en el medio rural. "El objetivo es dar solución en un breve plazo a una cuestión que es de justicia, ya que se dará rango de Ley", señala el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio, Jesús Casas, quien asegura que "después de los primeros pasos dados a principios de año, en marzo estará listo el borrador y el primer documento se llevará a las Cortes a mediados de año para ser votado como proyecto de Ley". Aportaciones Las organizaciones vinculadas a la mujer rural esperan que este proyecto sea más efectivo que la figura existente en la actualidad (el Real Decreto), ya que, hasta ahora, en los dos años transcurridos desde que se promulgó, lo único que se ha puesto en marcha es un Registro en el MARM, en el que se reflejan las declaraciones de cotitularidad que suministran las diferentes comunidades autónomas. De forma paralela, la última reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, REASS, incluyó una bonificación estatal de la cuota a pagar, con el fin de incentivar la incorporación de las mujeres a las explotaciones y para que contaran con su propia protección social. Después de la reunión que el Grupo mantuvo en diciembre con las responsables de las organziaciones de mujeres rurales, en febrero se mantendrá un debate interno con el fin de dar luz al primer proyecto de Ley en marzo. En este debate se tratará de prestar atención a las aportaciones realizadas por las organizaciones. La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, insiste en que "seguimos esperando a que el MARM dé respuesta a nuestras reivindicaciones históricas ya que, hasta la fecha, siguen sin desarrollarse las medidas oportunas para que la cotitularidad de la mujer sea una realidad. Al igual que seguimos esperando a que se determine el presupuesto necesario para poder hacer efectivo el Plan Estratégico de la mujer rural que nos prometieron en 2007".