EFE. El censo de votantes y el tipo de consulta abre dudas en una parte de las organizaciones agrarias (OPA), que se enfrentarán a unos comicios electorales estatales para medir su representatividad con la amenaza de dos de ellas (UPA y COAG) de recurrir el proyecto del ley ante los tribunales. Asaja, COAG, UPA y La Unión de Uniones han comparecido hoy en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para valorar el proyecto de ley por el que se regula el procedimiento para determinar esa representatividad y se crea el Consejo Agrario como interlocutor del Estado. Hoy comenzó el debate parlamentario de este proyecto, que es bien acogido por Asaja nacional y La Unión de Uniones. Para el secretario general de Asaja, Juan Sánchez Brunete, "es mejorable la representatividad" actual y ha defendido "todos los ajustes posibles, más aún cuando jugamos con temas económicos". Pese a las diferencias, cree que "hay espacio para el consenso" y mejorar algunos aspectos, como aumentar el número de mesas electorales, y pide un adecuado tratamiento a las comunidades de bienes, sociedades agrarias de transformación y otras entidades en el proceso y una buena regulación del voto por correo. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha indicado que no están en contra de un proceso electoral si tiene garantías democráticas. Para Blanco, no hay consenso para impulsar este proyecto de ley, tras criticar que este asunto no se debata en el Pleno del Congreso, no se someta al dictamen del Consejo Económico y Social, ni se realice bajo los criterios de la ley general electoral. Entre las objeciones, Blanco ha citado que "se reviste" de consulta algo que en realidad debería ser un proceso electoral, por las consecuencias que tiene en aspectos como la asignación del patrimonio de las organizaciones agrarias y sus subvenciones y ha calculado en 320.000-330.000 los electores que son profesionales y, en su opinión, deberían, votar. "Vamos a ir al Supremo, junto a otras organizaciones agrarias. No nos vamos a conformar", ha avanzado Blanco. "El proyecto de ley no goza del respaldo de UPA", ha planteado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, para quien los motivos con los que se justifica están "manipulados" o son "falsos". Ramos ha cuestionado la "improcedencia" de este proyecto de ley, porque ya existe una regulación (ley 10/2009) sobre la materia, que contó a su juicio con el respaldo parlamentario y del sector. "Rechazamos contundentemente" que se lleve a efectos una "consulta" y no un proceso electoral, tal y como se ha hecho en procesos autonómicos, por lo que no habrá garantías, ha resaltado, además de señalar que irán a los tribunales contra una consulta que califica de "ilegal" y abogar por una mesa por municipio o más de uno si fuese necesario -donde haya al menos 25 agricultores. "Coincidimos con el análisis que hace del Gobierno sobre la conveniencia y oportunidad" de clarificar la representatividad a nivel estatal, ha defendido, por su parte, el coordinador estatal de la Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, en su intervención. De las Heras ha abogado por una ley "clarificadora", que sean los agricultores los que voten y por un sistema "más democrático". Ha pedido algunas mejoras de procedimiento y, sobre porcentajes para estar en el Consejo Agrario, que la ley no sea excluyente "Queremos estar representados" en el Consejo Agrario, ha subrayado, tras considerar que deben votar los profesionales que estén dados de alta en la Seguridad Social agraria, los que obtienen más del 25 % de sus rentas del campo o cobran más de 5.000 euros de ayudas de la Política Agraria Común.