diariovasco.com La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, y la asociación Francisco de Vitoria, acusaron ayer al Ministerio de Igualdad de cargar sobre sus espaldas los crímenes machistas al haber sugerido de manera «confusa» que la Administración de Justicia no siempre impone con celeridad las pulseras electrónicas localizadoras a los maltratadores particularmente peligrosos. Ambas organizaciones profesionales salieron al paso de unas manifestaciones del delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en las que éste puso de relieve «la falta de equiparación» entre el medio millar de mujeres que sufren en España un «riesgo alto o extremo» de agresión y las 369 pulseras que han sido activadas, una medida que depende de «la valoración de las sedes judiciales». La APM calificó las palabras de Lorente de «demagógicas», «gratuitas» y «carentes de argumentos». Según su portavoz, Antonio García, «decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es como decir que los jueces no están haciendo lo que deben, trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco». García indicó que, cuando los juzgados no adoptan ese tipo de medidas es porque, tras el análisis de las circunstancias, «no resultan justificadas». «No se puede pretender -prosiguió- que se obligue a un individuo a portar una pulsera sobre la base de cualquier tipo de denuncia», ya que está en juego la limitación de un derecho. Por su parte, el portavoz del colectivo Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, recalcó que los juzgados han aprobado «todas las pulseras que se podían conceder» tras estudiar los informes de cada caso. Rapidez en los informes Jueces para la Democracia admitió que el problema de la Ley de Violencia de Género es que «no diferencia entre supuestos concretos». Según explicó el portavoz de la asociación, José Luis Ramírez, mientras los casos leves son «los que mayoritariamente se tramitan en los juzgados de violencia de género», los más graves, sin denuncia interpuesta, «no suelen investigarse». La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, rompió una lanza en favor de los jueces y subrayó que el debate «no puede girar» sobre las pulseras, sino sobre la manera «de crear seguridad para la víctima». El Observatorio intentará que se «aceleren los informes periciales» para «ayudar» a los jueces a valorar el riesgo de las mujeres. Precisamente, la Ertzaintza informó ayer del último caso de violencia doméstica ocurrido en Gipuzkoa. Un hombre de 48 años fue detenido en Errenteria acusado de agredir a su pareja durante una discusión y a una hija de ésta que intentó mediar en el altercado.