EFE. La ONU reconoció que debe redoblar sus esfuerzos para aumentar considerablemente la limitada participación de la mujer en sus misiones de paz, la negociación de acuerdos y la reconstrucción de países tras conflictos, según un informe difundido por la organización. El documento elaborado por el departamento de operaciones de paz del organismo mundial evalúa el grado de implementación de la resolución 1.325 adoptada hace diez años por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se insta a integrar a la mujer en todos los aspectos de la construcción de la paz. Una década después, según el informe, el resultado de la labor de Naciones Unidas en este terreno es "desigual" y obliga a adoptar nuevas medidas para cumplir con la voluntad expresada en la resolución por el máximo organismo de seguridad internacional. "El estudio es una llamada de atención a los altos cargos de las operaciones de paz para acelerar la implementación de la resolución 1.325", observó en un comunicado de prensa el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Alain Le Roy. Le Roy, responsable de los "cascos azules", aseguró que dará prioridad y proporcionará el liderazgo necesario para que las misiones de paz "ayuden a que las sociedades que superen un conflicto sean más justas e igualitarias". En la actualidad, el 30% de las 19.800 personas que constituyen el personal civil de las misiones de paz de la ONU son mujeres, un gran paso si se tiene en cuenta que sólo 20 mujeres participaron en las mismas entre 1957 y 1989. Además, ocho representantes especiales de la ONU y sus adjuntos son mujeres. Sin embargo, la mujer sólo representa el 9% de los agentes de policía que sirven bajo la bandera de la ONU y únicamente hay tres unidades de policía en todas las misiones de paz desplegadas por el planeta con todos sus integrantes mujeres. De acuerdo con el informe, Naciones Unidas ha desempeñado un papel importante en la mayor participación de la mujer en la vida política de países afectados por conflictos armados, ya sea como votantes, candidatas o cargos públicos. Así, asegura que se han logrado grandes éxitos particularmente en países donde se ha ayudado a instaurar sistemas de cuotas, como Timor Oriental o Burundi. También se ha conseguido impulsar reformas legales y judiciales para reforzar los derechos de la mujer en países convulsos como la República Democrática del Congo y Sierra Leona, así como dar prioridad a la protección de la mujer en las operaciones de misiones como la desplegada en la región sudanesa de Darfur. Por otro lado, el estudio constata que no se ha logrado ampliar la participación de la mujer en negociaciones de paz y pide que se preste mayor atención durante estos procesos a los grupos que representan a la mujer. También se pide que las misiones aboguen con mayor vigor a favor de una mayor representación femenina en las instituciones de seguridad, de la igualdad de géneros y de la ampliación del horizonte profesional de la mujer. El informe recomienda igualmente a Naciones Unidas que sea más firme en la lucha contra la violencia sexual en situaciones de conflicto, aumente los recursos destinados a la protección de la mujer en las poblaciones desplazadas y exija a sus directivos un mayor grado de cumplimiento de la resolución 1.325.

EFE. Los inmigrantes que tengan un hijo de nacionalidad española a su cargo podrán regularizar su situación en España gracias al nuevo "arraigo familiar" que contempla el borrador de reglamento de la Ley de Extranjería presentado hoy. Unas horas después de la presentación del borrador, el Congreso ha acordado reformar dos artículos de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social de 2009 para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista o de trata y redes de explotación sexual. La reforma de la Ley, que el PP pretende que se tramite con carácter de urgencia, podría estar concluida en dos meses, el mismo plazo que el Gobierno calcula para la aprobación definitiva del Reglamento. El borrador de Reglamento, que incluye 264 artículos, establece también que las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia por cinco años, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad. El texto también fija los requisitos para conseguir la regularización por "arraigo laboral" y "arraigo social", que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de dos años, o quienes hayan vivido en España al menos tres años. En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo. En cuanto al "arraigo familiar" -la situación de padres extranjeros de un niño español- se puede dar cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, con lo que el bebé se considera apátrida y automáticamente recibe la nacionalidad española. Este situación puede ocurrir en el caso de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Cuba, entre otros, que decidan no inscribir a sus hijos en el consulado correspondiente como nacionales de esos países. La propuesta de reglamento también establece que los informes de integración que elaboran las administraciones locales o autonómicas no serán vinculantes. El texto deberá ahora pasar 15 días de consulta pública y recibir el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que podría ser en unos dos meses. Este es el mismo plazo de tiempo que el Congreso calcula que podría llevar la reforma de dos artículos de la Ley que han acordado hoy a propuesta del Grupo Popular si se tramita con carácter de urgencia. El diputado del PP responsable de asuntos de inmigración, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de reformar los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley por considerar que no garantizan suficientemente la seguridad de las mujeres que denuncian malos tratos o explotación por lo que éstas no se atreven a denunciar. El pleno del Congreso ha acordado reformar estos dos puntos, con lo que el Reglamento también deberá ser reformado.

ABC. Los amantes del chocolate ya tienen excusa para disfrutar de su dosis diaria sin sentirse culpables. El dulce manjar contiene una alta concentración de antioxidantes, que previenen el envecimiento prematuro, incluso en mayores cantidades que los zumos de fruta. Así lo asegura una nueva investigación, publicada en la revista «Chemistry Central Journal». Los investigadores del Centro Hershey para la Salud y Nutrición compararon la capacidad antioxidante del cacao en polvo y de los polvos de frutas y encontraron que, gramo por gramo, había más antioxidantes, y un contenido total de flavonoides mayor, en el cacao en polvo. En la misma línea, cuando midieron la cantidad de antioxidantes, por porción, de chocolate negro, cacao, mezclas de chocolate caliente y zumos de frutas descubrieron que tanto el chocolate negro como el cacao tenían una mayor capacidad antioxidante, por su alta concentración de flavonoides y polifenoles, que los zumos de frutas. Sin embargo, el chocolate caliente, debido a la transformación que sufre, pierde gran parte de estas propiedades. «Las semillas de cacao son una "súper fruta" capaz de ofrecer un valor nutritivo más allá de su composición macronutriente», asegura la doctora Debra Miller, autora principal del artículo.

EUROPA PRESS. La Asamblea de Madrid tramitará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de apoyo a la mujer embarazada, en especial a las madres adolescentes, que contiene una batería de medidas para ayudar a la mujer en estado de gestación para compatibilizar su faceta de madre con su vida laboral y que busca que la mujer no vea el aborto como "la única salida posible", ya que "todo aborto es una tragedia" y "un drama". Según ha manifestado el portavoz ´popular´, David Pérez, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, se trata de una ILP presentada el 22 de febrero de 2007 con el respaldo de 76.000 firmas, que contiene una serie de ayudas a las mujeres embarazas. El texto contempla el "derecho" de la mujer embarazada "a ser asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto que le pueda suponer el embarazo" y a ser informada de forma personalizada de ayudas para "culminar su embarazo". Para ello, la Comunidad de Madrid "promoverá y apoyará la existencia de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada que proporcionen a las mujeres información detallada sobre los recursos de protección social existentes en el ámbito estatal, autonómico y local, públicos y privados, adecuados a sus necesidades y en esencial, los referentes a salarios de inserción social, ayudas a la maternidad, en materia de residencia y apoyos a la reinserción laboral". "En todas las políticas asistenciales de la Comunidad de Madrid se establecerá prioridad a las embarazadas para acceder a las prestaciones o ayudas de que se trate, siempre que sean adecuadas a su situación", señala el texto, que indica que se prestará especial atención a la embarazada adolescente. En concreto, toda embarazada menor de 30 años tendrá derecho a una asistencia específica, que incluirá al menos "prestaciones de educación para la maternidad, apoyo psicológico antes y después del parto y asistencia singular en el centro escolar para adecuar su plan de estudios al embarazo y la maternidad". La embarazada adolescente tendrá derecho a "una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante en embarazo y en los dos años siguientes al parto". Además, las autoridades educativas velarán por el "perfecto cumplimiento de esta previsión y arbitrarán los medios y medidas necesarias para hacer posible la optimización del rendimiento académico de la embarazada de forma compatible con las exigencias derivadas del embarazo y maternidad". El escrito señala que "en una sociedad desarrollada ninguna mujer debería quedar en situación de desamparo social sólo por estar embaraza y verse abocada por eso a sopesar la decisión de abortar", especialmente cuando "concurren circunstancias de falta de integración en una relación laboral estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos". Asimismo, indica que en estos casos, el aborto puede, subjetivamente, parecer como la única solución a una situación en la que la afectada no ve otra salida" más que el aborto. El texto apunta que desde 1985 en España se han producido un millón de abortos y dice que en Madrid en 2004 "se produjeron 16.228 abortos". "Es decir, cada año 16.228 mujeres en nuestra comunidad se vieron abocadas al aborto porque nuestra sociedad no fue capaz de ofrecerles alternativas reales no traumáticas", apostilla. "Todo aborto es una inmensa tragedia, para el niño que no llega a nacer, pero también para la mujer que muchas veces no es libre de verdad pues nadie le ofrece alternativas serias al aborto", destaca el escrito, que dice que el objetivo de esta ILP es "generar una red de apoyo a la mujer embarazada para que encuentre alternativas positivas frente al drama del aborto". INFORMACIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES El escrito indica que todos los centros asistenciales y sanitarios de la Comunidad tendrán obligación de informar a la mujer embarazada de esta ley, y detalla que la información que se les dé sobre el aborto se incluirá además información sobre el "síndrome post aborto". En virtud de todo esto, la Comunidad elaborará en seis meses un plan integral de apoyo a la mujer embarazada que incluya la identificación de los centros prestaciones y ayudas a las que puede acceder la embarazada para lograr el apoyo necesario para poder apostar en libertad por la vida de su hijo, campañas informativas al respecto, así como campañas para que los varones asuman su responsabilidad como causantes del embarazo. Además, hay medidas para facilitar el acceso de esta mujer embaraza al empleo, residencias o viviendas adecuadas a su situación y a servicios de guardería.. Entre las medidas, también se pondrá en marcha un teléfono y se promoverá la implicación de los ayuntamientos.

EUROPA PRESS. El municipio granadino de Montefrío se convertirá "en el primer municipio de España que declara festivo el 8 de marzo", Día Internacional de la Mujer Trabajadora, gracias a una iniciativa del equipo de gobierno local que ha sido aprobada en pleno este miércoles. Con esta medida se pretende simbolizar "el compromiso de esta localidad con las mujeres y las políticas de igualdad", según ha indicado en un comunicado la alcaldesa del pueblo, Remedios Gámez. Así, el Día de la Mujer será uno de las dos días de fiesta local que el Ayuntamiento tiene la potestad de establecer, junto con la festividad de San Marcos, de modo que a partir del próximo 8 de marzo Montefrío celebrará el Día Internacional de la Mujer "como lo hacen en China, país donde en esta jornada también es festiva aunque sólo para las mujeres". Esta medida es uno de los primeros logros del recientemente estrenado Consejo Municipal de Igualdad, un órgano en el que están representados los distintos colectivos de la localidad y que vela por que se incluya la perspectiva de género en todas las actuaciones que desde el Ayuntamiento se pongan en marcha.

Susana Pérez de Pablos. El País.- Las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial. Ni siquiera se les abrirá un expediente de expulsión y, si lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera, bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o, bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Además, este amparo especial también se extenderá a los hijos menores de las maltratadas. Esta es una de las principales novedades que incluye el borrador del nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que desarrolla la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009. El reglamento en vigor no contempla ninguna protección especial para estas mujeres. El texto, mucho más amplio que el anterior (consta de casi 200 artículos), no está centrado en permitir que vengan a España más ni menos extranjeros, sino en regular de una forma más amplia y al detalle que la ley orgánica de 2009, dentro del margen que esta concede, especialmente las cuestiones relacionadas con la protección, según fuentes próximas a la negociación. Sus objetivos principales son fomentar la cultura de la regularidad e intentar que los extranjeros que están ya integrados en España estén más protegidos. Esta ley y su reglamento son las normas que regulan la situación de los inmigrantes procedentes de países no comunitarios. El Gobierno prevé presentar el borrador mañana. Hoy se reunirán miembros del Ejecutivo con sindicatos y patronal para acordar los últimos detalles y el martes, tras su presentación, se abrirá un proceso de 15 días para alegaciones antes de que el texto definitivo vaya al Consejo de Ministros para su aprobación. El texto también da mayor protección a las personas que retornen voluntariamente a sus países, y revisa la situación de los menores no acompañados para que sean tratados con las máximas garantías jurídicas y teniendo en cuenta su interés por encima de otras cuestiones. Éstos son los aspectos principales. - Maltratadas. A las mujeres maltratadas inmigrantes irregulares que hayan denunciado no se les abrirá un expediente de expulsión. Con esto, el reglamento las protege incluso más de lo que especifica la ley. Si tienen ya abierto un expediente de expulsión, se paralizará. Esta medida se tomará bien hasta que haya una resolución judicial (una sentencia o solo un auto de medidas de protección, no hará falta una sentencia condenatoria) o bien un informe del fiscal que determine la existencia de indicios de violencia de género. Se les dará además autorización provisional de residencia y de trabajo. Y la protección se extenderá también, con una autorización de residencia, a sus hijos menores que estén en España. El reglamento actual no contempla excepción alguna para las mujeres maltratadas inmigrantes. El año pasado fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas 73 mujeres en España, de las cuales el 31% eran inmigrantes no comunitarias. En los años anteriores, la media de muertas por violencia de género extranjeras rondaba también el 30%. De las mujeres que presentan denuncia por maltrato, se calcula que el 25% son inmigrantes. - Parados. Los inmigrantes que se queden en paro después de haber estado en activo no tendrán que abandonar el país, se les renovará la autorización de residencia si su pareja de hecho está en situación regular y acreditan entre ambos medios suficientes para mantenerse. En el anterior reglamento esta situación solo se contemplaba para los matrimonios. Entre los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, abundan las parejas de hecho. En algunos de estos países, tradicionalmente casi la mitad de las parejas son de este tipo y no matrimonios. - Contratación en origen. El actual "contingente" (conocido erróneamente como "cupo") del reglamento en vigor pasa a llamarse "gestión colectiva de contratación en origen". No es un cupo, como ocurre en otros países: las plazas se ofertan según la demanda que comuniquen las empresas u organismos españoles. El objetivo es clarificar este mecanismo de cara a las necesidades del futuro. Este año, el contingente consta solo de 14 plazas, todas del sector sanitario (son sobre todo de médicos, enfermeras y terapeutas para el sector privado). En 2010 rondaron las 30. Es casi simbólico, pero se pretende mantenerlo vivo por su importancia política y su utilidad para sectores que precisan trabajadores con formación o experiencia específica, cuya demanda no se cubre con los que existen en España.

EUROPA PRESS. La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha convocado subvenciones para el fomento de la igualdad y el apoyo a las víctimas de violencia de género para 2011, destinadas a empresas y mujeres procedentes de casas de acogida y pisos tutelados y dotadas con 414.504 euros, según se recoge en una orden publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl). En concreto, las ayudas se dirigen a empresas para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género dentro de las actuaciones del Plan Dike, para el desempeño de un puesto de trabajo ubicado en el territorio de la Región por un período mínimo e ininterrumpido de seis meses. Asimismo, tienen como destinatarias a mujeres mayores de 18 años procedentes de casas de acogida y pisos tutelados de la Red de Asistencia a la Mujer de Castilla y León que no convivan con sus agresores y carezcan de recursos económicos propios que igualen o superen los 1.500 euros al mes.