La Gaceta.- La situación de las mujeres en el panorama científico no ha sido nunca fácil, y aunque poco a poco han ido ganando terreno, todavía queda un largo camino por recorrer hasta conseguir el papel que les corresponde en el mundo. Según el informe Science Report 2010, elaborado por la Unesco, en la Unión Europea existen diferencias importantes en lo que se refiere al porcentaje de mujeres investigadoras, tanto en el sector de la industria como en el de la docencia y las instituciones gubernamentales. Por citar el caso de España, se trata del noveno país en el ranking de desigualdad. Aquí, a pesar de que el número de hombres y mujeres que inician una carrera es similar –51% de mujeres doctoradas frente a un 49% de hombres–, a medida que avanza la tarea investigadora, surge un fuerte abismo entre sexos –82% de hombre alcanzan la dirección de grupos de investigación, frente al 18% de mujeres–. Estas cifras se pueden extrapolar a nivel europeo, donde del 46% de mujeres doctoradas, sólo el 15% dirige proyectos investigadores. En este sentido, Isabel Lastres, licenciada en ciencias químicas y especializada en bioquímica –centrada en la investigación de las bases moleculares de diversas enfermedades neurodegenerativas–, señala que “aunque estamos mejorando, el papel de la mujer, sobre todo en los estratos más altos de la investigación, sigue siendo escaso. Deberíamos aprender de países como Alemania o Francia y ofrecer la posibilidad de una mayor conciliación de la vida laboral y la personal. En España, hoy, todavía se prefiere más a los hombres por este motivo”. Según el informe La situación de las mujeres investigadoras en el sistema español de ciencia y tecnología, elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), de los 654 miembros que forman las diez Reales Academias, las mujeres no representan ni el 6%. Además, el informe revela que el ritmo de crecimiento de personal investigador femenino es tan lento que en los últimos 22 años ha aumentado sólo algo menos del 8%. Al respecto, también se señala la importancia de ampliar los recursos económicos. Indica Lastres que “la crisis en este ámbito se está notando mucho. Se ha recortado no sólo en el dinero destinado a la financiación de proyectos, sino también al personal, algo inconcebible teniendo en cuenta que no somos punteros”. Entre todas las cifras, cabe destacar que, pese a que las mujeres suponen más del 50% de la población escolarizada en la Unión Europea, sólo el 31,7% se dedican a la investigación. Otro estudio destacado en esta materia, realizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha cifrado en casi un 35% la presencia femenina en el personal científico. Además, identifica las áreas en las que el hombre y la mujer ocupan un papel más relevante. El género femenino se centra principalmente en la ciencia y la tecnología de alimentos y en las ciencias sociales, mientras que el sector masculino sobresale en las áreas físicas. Pese a todos estos datos, en nuestro país solo el 16,9% de mujeres ocupan cargos de responsabilidad. Una cifra que contrasta con el 83% de varones. En este sentido, hay organismos, tanto públicos como privados, que buscan un mayor reconocimiento de la mujer. Es el caso de la Fundación L´Oréal, que desde 1998, y en colaboración con la Unesco, ha buscado impulsar ese objetivo a través del proyecto For Women in Science, que tiene su versión nacional desde 2006 con el programa Por las mujeres en la Ciencia. Bajo el lema “El mundo necesita a la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres”, esta entidad es consciente del papel que representa el sector femenino en este ámbito. Por eso, se dedica a ayudar a impulsar a las mujeres que hacen ciencia. En el caso de España –cuya edición 2010 ha premiado a I. Lastres, E. Ramírez, A. M. Briones, M. Vila y M. A. Herrero–, ya se han entregado ayudas por valor de 340.000 euros a 22 científicas.

El Adelanto de Segovia.- Con el relevo al frente del departamento de Elena Espinosa por Rosa Aguilar, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a poco más de un año para el inicio de la carrera hacia las elecciones generales, ha sido objeto de una serie de reformas importantes que van desde el fondo a las formas, pasando por los equipos, los objetivos y los mensajes. Estos cambios son un interrogante para los intereses del campo. En principio, ante este nuevo escenario, entre las organizaciones agrarias y las cooperativas impera la prudencia. Se acogen favorablemente todas las ofertas de diálogo reiteradas hasta la saciedad, pero, a la vez, se ven con cierto recelo tantas referencias a la política verde, al cambio climático, a la sostenibilidad trasversal y declaraciones de generalidades sobre el futuro agrario. Para hacer una valoración se esperan los posicionamientos concretos de la ex edil andaluza sobre importantes cuestiones que se deben debatir en los próximos meses, y donde deberá tomar una posición clara, cosa que no se produjo anteriormente. Ya se ha asociado a Aguilar con la sandía, roja por dentro, verde por fuera. Está por ver lo que da de sí en política agraria, que es el principal cometido de su cartera. Lo que ya ha dejado muy claro es que, en cuestión de imagen, de estar en los medios, de vender, es una maestra, y se nota más si se compara con la discreción de Espinosa. Una primera actuación de la ministra, nada más llegar a Madrid, fue la introducción de transformaciones en su estructura, lo cual, por si había alguna duda, ha dejado aún más clara la existencia de un macroministerio. Así, se ha configurado el MARM, del que cuelgan dos organizaciones bajo la forma de dos Secretarías de Estado, una para el campo y otra para el Medio Ambiental. Se potenciaron o ampliaron las competencias de Cambio Climático al incorporar la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, antes adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. También se transfieren a ésta las competencias relacionadas con el medio natural. Además, Rosa Aguilar se hizo presidenta del organismo autónomo Parque Nacionales y del Patronato de la Biodiversidad, presidido antes por el secretario de Estado de Medio Rural. Con la llegada de un cargo a un puesto de responsabilidad, como es el caso de un Ministerio, es normal colocar cerca a gente de la máxima confianza. En esa línea se hallaría el nombramiento de un jefe de Gabinete, como así ha sido, de la figura del subsecretario o de las personas que deban llevar su política de comunicación e imagen. La ex dirigente de IU ha procedido a llevar a cabo cambios en esos puestos clave. Sin embargo, ha realizado otros que quizá, en el inicio de una legislatura, tendrían algún tipo de justificación, pero que en la actualidad carecen de ella. Así, por ejemplo, la secretaria general del Medio Rural, Alicia Villauriz, mujer ducha en todos los temas nacionales y comunitarios en temas del campo, deberá tener que conocer lo que es la pesca y dejar su hábitat. Su sustituto o sustituta seguro que estará muy verde, y nunca mejor dicho. En la misma línea se hallaría el relevo del director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Carlos Escribano, en cuyo lugar llegó una persona inexperta en la materia, aunque no se le niegan conocimientos en medicamentos. Con los cambios acometidos, la ex alcaldesa de Córdoba, además de colocar en la secretaría general de Medio Rural a uno de sus hombres, totalmente ajeno al sector, rompe lo que podría ser el equipo anterior en materia de agricultura y medio rural, bajo el secretario de Estado, Jose Puxeu. Se ha acabado con toda la organización y, además, ha cortocircuitado de modo definitivo al secretario de Estado en sus relaciones con el Ministerio, cosa que no sucedía con su antecesora. Asimismo, hay departamentos, como el de Hacienda, donde los relevos por debajo del titular de la cartera son gente de la casa o, al menos, conocedores de lo que tratan. En el caso de Agricultura, y también de Medio Ambiente, la experiencia dicta que no hay preparación alguna. En este momento, con importantísimas negociaciones pendientes en Bruselas, donde se debe debatir el futuro de la Política Agrícola Común, de la que depende el 30% de la renta del campo con los actuales niveles de ayudas, la realidad es que, ni mucho menos, vale cualquiera. Conocer los datos básicos al respecto puede ser, si uno es medianamente avispado, cuestión de una charla de una sola tarde, para salir del paso. Pero la UE exige negociaciones, contactos directos, despachos, conexiones, algo que no se logra según se desembarca en la ciudad belga. Por este motivo, los cambios llevados a cabo en esta dirección ni se explican ni se justifican. Queda como hombre de cara a Bruselas el secretario de Estado José Puxeu, aunque da la impresión que se le ha mantenido en el cargo, al margen de otras cuestiones de equilibrio político o regional, más como simple instrumento que como pieza del equipo. Normalmente, cuando uno se estrena en un cargo público, la cortesía maneja la cifra de los 100 días de plazo de gracia para ver cómo se hacen las cosas antes de hacer una valoración de las actuaciones. En este caso, cuando quedan poco más de 300 días para el inicio de la carrera electoral de las próximas generales, estos cómputos sobran. Por tanto, y tras tener en cuenta que la política de este sector tiene muchas cuestiones por resolver, un cambio en este momento en la cabeza visible, debería contemplar la máxima continuidad en los equipos, cosa que no se ha hecho en absoluto. Resulta evidente que Aguilar es una persona curtida en la brega política, no es, ni mucho menos, una primeriza. Es una buena comunicadora, sabe venderse, tiene una imagen cercana, directa. Y es consciente de ello. Lo que sucede es que eso también lo conocen los colectivos a los que se dirige a la hora de hacer sus propuestas. Le gusta estar en primera línea, pero no de cualquier manera. En eso se puede decir que ha llevado una trayectoria muy calculada.

Pablo Borruel. Diario del Alto Aragón. Lola Merino, presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), participó el viernes pasado en la Jornada Agraria que organizó Asaja en el Palacio de Congresos de Huesca, con una conferencia en la que analizó el rol y las reivindicaciones de la mujer para el desarrollo del medio rural. Durante su intervención, no ocultó la situación de crisis que afecta a la agricultura y al desarrollo rural. "Tenemos que ser conscientes de la gran labor social y económica que tenemos los hombres y las mujeres no sólo en el tema agrario sino también en el mundo rural". Según afirmó, el medio rural "produce alimentos de calidad para 500 millones de europeos y se realiza una gran contribución a los países de desarrollo y a los que pasan hambre". En este sentido, refirió que, pese a que el medio rural genera 12 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea y otros 30 millones de empleos para mantener el medio rural, la biodiversidad y el medio ambiente, "las administraciones nos van a recortar la PAC, las rentas agrarias se han reducido un cincuenta por ciento más que la de cualquier otro sector y aún así nos mantenemos". Además, resaltó que menos del cinco por ciento del sector agrario tiene menos de 35 años. "Tenemos un campo envejecido que no convence a la gente joven y que convence a muy pocas mujeres. Muchas de ellas pelean por sacar la situación adelante porque se quedan viudas", matizó. La presidenta de Amfar se mostró convencida de que "la unión entre las mujeres es la única solución para conseguir lo que nos corresponde por derecho". Reconoció el esfuerzo realizado por las mujeres dentro y fuera del hogar. "Muchas familias han vivido del campo gracias al trabajo de las mujeres". Por ello reivindicó que las mujeres tienen que luchar por conseguir sus derechos, entre ellos, agua potable, servicios sanitarios, servicios de telefonía móvil, que en muchos pueblos es todavía inexistente. "Toda esta falta de infraestructura la atienden las mujeres que, cada vez, son más mayores y necesitan que las cuiden a ellas más que el cuidado que están dando". Para la presidenta de Amfar, se tienen que crear las condiciones necesarias para que la gente joven y las mujeres se queden a trabajar en los pueblos. "Las mujeres somos el presente y el futuro de los pueblos y un pueblo sin mujeres se muere", subrayó. Lola Merino concluyó su intervención contundentemente: las mujeres "tenemos que seguir trabajando para conseguir lo que nos merecemos". Así, animó a las mujeres del medio rural a que no decaigan. "Hay que seguir adelante con el convencimiento de que nuestra presencia es garantía de presente y futuro en el medio rural".

LA RAZÓN. Paco Rodríguez. En la jornada de hoy, en la que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la realidad en España sigue siendo preocupante. En lo que va de año, han perdido la vida 64 mujeres a manos de sus parejas, nueve más que en todo el 2009 y una más que en el mismo periodo de 2008, el año más sangriento de la historia con 76 mujeres asesinadas. La fría estadística indica también que las campañas de concienciación puestas en marcha por el antiguo Ministerio de Igualdad (convertido en una secretaría de Estado adscrita al Ministerio de Sanidad en la última remodelación del Gobierno) tampoco han conseguido calar en la sociedad. De hecho, de las 64 víctimas mortales, sólo 16 (el 25 por ciento) habían denunciado a su verdugo y dos de ellas renunciaron al proceso (3,1 por ciento). En este sentido, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, indicó ayer que el número de mujeres que presentó una denuncia por violencia de género y, posteriormente, renunció a continuar con el proceso judicial ha aumentado un 46,4 por ciento desde 2007. Montalbán presentó ayer las estadísticas del Observatorio de Violencia Doméstica de los últimos años y mostró su preocupación por el bajo índice de denuncias: «Esto quiere decir que existe una importante bolsa de mujeres maltratadas que no ponen en conocimiento de las autoridades su situación». En cuanto a las víctimas extranjeras, hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha campañas de información que las acerquen a las instituciones y a los servicios de protección. 470.000 denuncias Según los datos del CGPJ, de enero de 2007 a junio de 2010 se han presentado más de 470.000 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un incremento del 17 por ciento respecto a hace tres años. De ellas, 145.000 finalizaron en sentencia condenatoria, 11.052 ordenaron suspender la guardia y custodia de los hijos y 544 suspendieron directamente la patria potestad. En lo que va de año, sólo se han detectado tres casos de denuncias falsas. En opinión de Montalbán, el balance «es muy positivo, en España no hay impunidad para este tipo de delitos». «Las cifras revelan que el sistema judicial penal ha mejorado su respuesta y la protección de las víctimas», añadió la presidenta del Observatorio, que, a pesar de defender que la Ley Integral «ha salvado muchas vidas», advirtió de que «no pueden obviarse ni el número de sobreseimientos provisionales ni las renuncias de las víctimas». ¿Qué está fallando? Una de las claves de esta problemática hay que buscarla más allá de los juzgados. «La respuesta judicial, por mucho que haya mejorado o sea mejorable, difícilmente será plenamente satisfactoria, ya que esta intervención se produce cuando la violencia ya se ha manifestado en forma de golpes, amenazas y coacciones». La intención de estas palabras de Montalbán es hacer un llamamiento a las distintas administraciones para focalizar los esfuerzos en la prevención. «Es necesario invertir en educación y buscar un cambio social, es la única clave para acabar con la violencia de género», dijo. Estas declaraciones dicen bien a las claras que las instituciones deben impulsar un cambio profundo en la sociedad. Así, la declaración institucional del Observatorio con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclama «medidas organizativas que hagan más eficaz la labor de los juzgados, que faciliten a las víctimas una respuesta especializada y más rápida». Otras de las disfunciones detectadas por la institución afectan a la garantía integral de la asistencia letrada a las víctimas o la generalización de los tratamientos de rehabilitación de los condenados por estos hechos y su evaluación posterior, para propiciar que las víctimas encuentren un mayor ámbito de protección. Por ello, el Poder Judicial pretende centralizar la asistencia a las víctimas para evitarles largos procesos judiciales y asistenciales. La tarea no es nada sencilla porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas y habría que establecer un protocolo conjunto con la aprobación de las distintas administraciones regionales. La falta de formación de los jueces en esta materia ha provocado muchas disfunciones en los últimos meses. Por ello, el Poder Judicial ha puesto en marcha un proceso de formación dirigido a los magistrados, en el que interviene un representante de la Secretaría de Estado de Igualdad, para desatascar la imposición de los dispositivos «antimaltrato». El obstáculo más problemático es el derecho de las víctimas a no declarar, argumento esgrimido para acabar con el proceso. Para subsanarlo, se están estudiando fórmulas que eviten que estas mujeres se retracten. Esta realidad no ha pasado inadvertida para la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que este año ha iniciado dos actuaciones tras las numerosas quejas recibidas por las dilaciones en los procesos judiciales, la falta de dotación de los equipos psicosociales y la falta de flexibilidad de las casas de acogida. Seis de cada diez mujeres serán agredidas La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navy Pillay, recordó ayer que cerca de un 60 por ciento de las mujeres en el mundo sufrirán violencia de género al menos una vez en su vida, y pidió el fin de la «apatía» y de la complicidad» de la sociedad ante este problema. «Aunque no hay estadísticas precisas, las cifras recientemente publicadas por la ONU sugieren que en algunos países hasta el 60 por ciento de las mujeres pueden sufrir violencia física al menos una vez en su vida», señaló Pillay.

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) Ciudad Real, ha celebrado hoy, por segundo año consecutivo, el II Encuentro de Mujeres Directivas locales bajo el lema: “Prevención de la Violencia. El papel de las asociaciones de mujeres rurales”. En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta nacional y provincial de AMFAR, Lola Merino, ha explicado que este Encuentro pretende analizar cómo deben actuar las asociaciones de mujeres rurales para prevenir y combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres. Merino ha manifestado su condena y más absoluto rechazo a este tipo de violencia que, según ha dicho, se ha convertido en uno de los problemas más graves de la sociedad española y en la expresión más clara de discriminación que sufren las mujeres. “El maltrato y el asesinato de mujeres es un atentado contra la dignidad humana y contra los derechos humanos”, ha señalado. Sin embargo, 66 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año, lo que pone de manifiesto, según Merino, el fracaso de las medidas puestas en marcha por el Gobierno y sobre todo, por el Ministerio de Igualdad. “Un Ministerio que nació con el objetivo casi exclusivo de combatir esta lacra social y que ha logrado batir el record de mujeres asesinadas por violencia doméstica”. La presidenta de AMFAR ha exigido contundencia y eficacia por parte del Gobierno español para combatir este tipo de violencia. Una contundencia que pasaría por castigar al maltratador, proteger a la víctima y prevenir las edades más tempranas. Una prevención, ha dicho también Merino, en la que no ayuda lo más mínimo “el adoctrinamiento” de los jóvenes que se ha propuesto llevar a cabo el Ministerio de Igualdad a través de medidas legislativas como la asignatura Educación para la Ciudadanía, o el borrador de la futura Ley de Salud Reproductiva, en la que se dice a las adolescentes que “con tus amigas y amigos dejas de ser una más de tu familia para sentirte y actuar como tú misma en la sociedad”. Merino también ha mostrado su desacuerdo con la Ley del Aborto, que permite la interrupción voluntaria del embarazo a menores de 16 años sin el conocimiento y el consentimiento de sus padres. II Encuentro de directivas locales de AMFAR Ciudad Real contra la violencia doméstica La inauguración de este II Encuentro también ha contado con la intervención de la alcaldesa de la capital, Rosa Romero, quien ha puesto de manifiesto que cada cinco segundos una mujer es agredida en el mundo, y que en Ciudad Real ya están en marcha más de 300 órdenes de alejamiento para mujeres que sufren o han sufrido este tipo de delitos. A continuación ha tenido lugar una mesa redonda que ha contado con la participación del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Ramón del Páramo, y de la psicóloga Ana Irygoyen Iriarte.

Unas 200 mujeres de AMFAR Valencia asistieron a la Jornada ‘La mujer en el ámbito rural: conciliación de la vida laboral y familiar’ en el Salón Fillol’s, de Pego. Tanto el secretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud, como la directora general de la Mujer, Celia Ortega, destacaron la implantación de las leyes y organismos autonómicos que favorecen la conciliación del trabajo y el hogar. El alcalde de Pego, Carmelo Ortolá, incluso admiró el ‘super’ papel que desempeña la mujer, “capaz de llegar a todo”. La presidenta de AMFAR Valencia, Marian Corbí, agradeció la sensibilidad mostrada en esta dirección pero reivindicó mejoras en el medio rural para facilitar esta necesaria conciliación entre las mujeres que quieren vivir dignamente de la agricultura. En el acto participaron la psicológa Natalia Bellver, que analizó la legislación vigente en dicha materia, y la directora de Coopego, Coop. V., Teresa Morell. Casada y con dos hijos, Morell contó su experiencia, no exenta de anécdotas, como mujer que asume cargos en el campo habitualmente ocupados por hombres. Antes de la Jornada, las mujeres disfrutaron de una visita guiada en la marjal Pego-Oliva.

cincodias.com Hemos sido las eternas sacrificadas, con cargas que no estaban remuneradas". Habla María Ángeles Sainz. Su familia empezó a vender sobaos pasiegos y quesadas artesanales de pueblo en pueblo en Vega de Pas (Cantabria) en los años cuarenta, en plena posguerra. Ella siguió el negocio familiar, "mi padre era panadero, mi madre se dedicaba al estraperlo de harina", hasta convertirlo en un "negocio sólido". Con el tiempo, el carro para transportar los sobaos se ha transformado en furgonetas de reparto. Esto, la creación de un obrador y la venta por internet han sido los únicos cambios que ha sufrido la compañía. La receta sigue siendo la misma. Y también las manos que fabrican los sobaos y quesadas. De las 14 personas que trabajan en la empresa, 13 son mujeres. Su aportación a la generación de empleo femenino en zonas rurales le ha valido a Sobaos Pasiegos Joselín el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, un galardón que cada año otorga el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para promover el empleo en este sector de la población. En total, se ha premiado a 20 micropymes, una prueba de que se está rompiendo el aislamiento al que se ha visto sometida la mujer de zonas rurales en España. Ser mujer, vivir en el campo y desarrollar un negocio innovador y sostenible ya no son términos contradictorios. Precisamente, integrar estas tres realidades es uno de los objetivos del programa Empleaverde que promueve la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La empresa Trebore Transporte, SL, dedicada al alquiler de vehículos con conductor, salió de las aulas de los cursos que imparte la Fundación Paideia Galiza, beneficiario del programa Empleaverde (cofinanciado por el Fondo Social Europeo), para la formación ambiental a trabajadoras de empresas turísticas. Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas (Uatae) también ha participado de la iniciativa de la Fundación. Con su programa Autoempleo Verde, dedicado a la formación y consultoría a mujeres emprendedoras, "queríamos crear 50 puestos de trabajo, y nos consta que 35 mujeres han iniciado los trámites para montar su propio negocio", explica María José Landaburu, secretaria general de Uatae. El balance de este tipo de iniciativas es muy positivo. El principal motivo, según Landaburu, es que "en los entornos rurales hay muy pocos recursos, por ello iniciativas como la nuestra son muy bien recibidas". Las dos socias de Artelar, Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz de Urturi, dejaron en 2006 sus empleos como responsable de recursos humanos e ingeniera agrónoma, respectivamente, para promover la artesanía textil en La Rioja a través de esta empresa de tejidos artesanales. Realizan pañuelos y bufandas para mujer, complementos, productos para bebés y para hombres. La de estas dos mujeres ha sido una apuesta por recuperar el telar tradicional, "que se está perdiendo", y buscar un contexto empresarial que les permitiera dedicar más tiempo a sus hijos. La crisis les ha obligado a replantearse el negocio y cambiar sus canales de venta, más allá de asistir a ferias de artesanía por toda la geografía española. "Son caras y no dan tantos beneficios", explica San Martín. Para ello, están pensando en abrir un taller-tienda y colaborar más estrechamente con el colectivo de artesanos de La Rioja, organismo que ellas han contribuido a crear, "para ayudarnos mutuamente", añade. La dotación de 25.000 euros del Premio Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino les ha dado un empujón. "Nos ha animado a seguir", cuenta San Martín. A través de su proyecto dicen también haberse dado cuenta de que la apuesta empresarial debe de ser más por la estética, aunque sigan fieles a su interés por trabajar con tejidos naturales y a mano. "Al final, lo que la gente quiere es que el producto sea bonito". El turismo, la agricultura y la ganadería ecológicas y las energías renovables son los sectores más proclives a la creación de empleo femenino en zonas rurales. Pero también otras profesiones pueden tener salida en el sector ambiental. Es el caso de la consultoría Sorrel, en Lérida, un proyecto que nació en 2006 de la mano de Mercedes Colomina, Rosé Bombardó y Mónica Vergès. Se conocieron en un curso organizado por el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y decidieron dejar sus empleos y crear esta empresa de consultoría ambiental. Ahora también ejecutan algunos de los proyectos sobre los que asesoran. Aún no hay beneficios, pero "nos podemos dedicar a lo que más nos gusta", explican. Sus principales clientes son los ayuntamientos, pero con la crisis y el estrangulamiento del pago de las Administraciones quieren ampliar el negocio a clientes particulares. El protagonista Olea Cosméticos. Un curso del Ayuntamiento de Pegalajar, un pueblo de 3.000 habitantes en la provincia de Jaén, dio como resultado la creación de Olea Cosméticos. Sus fundadoras son cinco mujeres, que pasaron así de ser amas de casa a empresarias medioambientales. Llevan diez años mezclando aceite de oliva con esencias como lavanda o tomillo para sus geles, cremas y jabones. "Ahora otras empresas hacen esta mezcla, pero nosotras fuimos las primeras", explica orgullosa Manuela Herrera, de 53 años y gerente de la compañía. El último paso de la empresa ha sido la inversión del patrimonio personal de las cinco para crear su propio laboratorio, una planta de 1.300 metros cuadrados. Después empezarán a vender por internet.