Solamente el 25% de las mujeres que residen en la capital y tienen una orden de protección dictada por los jueces en casos de violencia de género reciben ayuda por parte del Ayuntamiento de Madrid, que está obligado legalmente a proporcionarla. Una cifra tan baja llama la atención, pero sorprende aún más porque son las propias mujeres las que rechazan esta ayuda a pesar de estar en una situación de necesidad en muchos casos. En 2010 solo 595 mujeres (un 26,8%) aceptaron recibir asesoramiento laboral o ayuda psicológica de las 2.223 que tenían derecho a ello. La Ley contra la Violencia de Género establece en su artículo 19 que todas las mujeres que han sido agredidas por su pareja tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y encarga a las comunidades y a los Ayuntamientos la organización de estos servicios. Para que se cumpla la ley, los juzgados de Madrid envían a la Comunidad las órdenes de protección. Esta, a su vez, en virtud de un acuerdo firmado en 2005, deriva al Ayuntamiento las de las mujeres que viven la capital. Y ahí comienza el proceso de contacto. "Estamos a disposición de las mujeres", afirma Rocío de la Hoz, directora general de Igualdad de Oportunidades de la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales. Lo primero que se hace es intentar contactar con ellas por teléfono para ofrecerles el apoyo necesario en los dos ámbitos que suelen ser más habituales: tratamiento psicológico y asesoramiento laboral, que normalmente se traduce en darles pautas para buscar empleo. También, por supuesto, asesoramiento jurídico. El Consistorio llama por teléfono a las mujeres para ofrecerles estas ayudas. Si no contacta con ellas, les envía una carta certificada.Una vez se ponen en contacto con ellas, algunas aceptan la ayuda que les ofrece la Administración local y otras la rechazan. "No se les puede obligar. Son mayores de edad y tienen plena soberanía de tomar sus decisiones", dice De la Hoz, que matiza: "La orden de protección es un instrumento muy bueno, pero debemos transmitir a las mujeres que una orden de protección no deja de ser un papel. La principal medida de protección son ellas mismas y los recursos que desplegamos las diferentes Administraciones públicas para poder protegerlas". En algunos casos es imposible dar con ellas, por diversos motivos, como que han cambiado de domicilio o de localidad. La Ley contra la Violencia de Género establece claramente el tipo de ayudas que deben prestar las Administraciones: información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de la igualdad y apoyo a la formación e inserción laboral. Hay que señalar que estas ayudas que ofrecen las Administraciones se producen una vez dictadas las órdenes de protección y son distintas a las que se dan en el momento de la agresión, como plazas de alojamiento en pisos o centros de emergencia y que llevan un trámite distinto. Establecido -o no- el contacto, el Ayuntamiento hace un seguimiento de todos los casos a los 15 días de la primera llamada, a los tres meses y a los seis meses. Y en estos plazos, asegura, se vuelve a poner en contacto con las mujeres que han rechazado la ayuda municipal por si han cambiado de opinión. Los datos que aporta el Consistorio no han variado demasiado desde 2005, año en el que se firmó el convenio con la Comunidad: alrededor del 75% de las mujeres rechaza cada año las ayudas que se les ofrece. En cuanto al número de expedientes que recibe con órdenes de protección, han pasado de 1.968 en 2005 a 2.223 en 2010, con un máximo de 2.350 en el año 2008. El grupo socialista en el Ayuntamiento considera, sin embargo, que no se está haciendo lo suficiente. Para la concejal Ángeles Álvarez, "este es un aspecto que pone en evidencia las lagunas de atención social y apunta espacios de vulnerabilidad". La edil asegura que "el principal problema estriba en que el Ayuntamiento de Madrid no da cumplimiento al seguimiento y valoración a que está obligado por ley de cara a identificar los motivos por los que un número tan importante de mujeres se retracta de recibir apoyo". Y apunta a las posibles consecuencias de la falta de ayuda en los casos de violencia de género: "Sin recuperación psicológica el problema se enquista, el proceso de recuperación se paraliza y en los casos más graves se deja muy expuestas a personas con dependencias". "La Administración tiene que tener capacidad para establecer un vínculo con la persona que no quiere la ayuda. Y el Ayuntamiento debe evaluar por qué un número tan importante de mujeres la rechaza", concluye Ángeles Álvarez.

E.L. Palomera. LA RAZÓN. Jubilación a los 67 sí o sí. El Gobierno ya lo ha dicho, lo ha escrito y está a punto de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros: la edad legal de jubilación de los españoles se extenderá dos años más. Y en medio de esta medida, impopular donde las haya pero entendida para garantizar las pensiones de las generaciones venideras, llega la clase política y hace una de las suyas cuando surge una voz desde dentro –la de la diputada de UPyD, Rosa Díez–, que pide un ejercicio de responsabilidad para que las Cortes Generales revisen el privilegiado sistema de protección social y de pensiones que rige en exclusiva para diputados y senadores. ¿Recuerdan? Dos legislaturas en un escaño y uno ya tiene garantizada cuando se retire la pensión máxima de jubilación. Bueno, ya habíamos contado, el pasado diciembre, que ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo. Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen». Y dos: que las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que «ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión». El Lertrado Mayor apela a las jubilaciones de parlamentarios italianos, británicos, franceses y alemanes para justificar las que tienen los diputados españoles y defiende también la indemnización por cese de actividad parlamentaria ya que sus señorías no tienen derecho al subsidio por desempleo. Conclusión: las Mesas del Congreso y del Senado consideran que el acuerdo unánime de todos los partidos alcanzado en 2006 para aprobar el Reglamento de Pensiones de sus señorías «establece un tratamiento digno para quienes han sido representantes de los españoles» y lo consideran «económicamente moderado», además de «viable» en comparación con las previsiones establecidas en otros «parlamentos o instituciones públicas». Es más, defienden que las prestaciones que reciben los parlamentarios nacionales se pueden situar en un perfil «medio/bajo» si se comparan con las prestaciones fijadas para quienes fueron, por ejemplo, eurodiputados o miembros de Gobiernos autonómicos. Lo mismo podrán decir los pensionistas españoles cuando se apruebe la extensión de la edad de jubilación a los 67 en relación con los pensionistas italianos, franceses o británicos. Pero como ningún partido invocará el Derecho comparado en relación con las pensiones del común de los mortales, al menos la diputada de UPyD sí ha hecho saber que «es una escandalosa falta de respeto a los ciudadanos que quienes van a legislar sobre las condiciones exigibles a todos los españoles para acceder a una pensión se nieguen a tocar las propias». «Es una vergüenza –añade Díez– que para mantener una situación privilegiada apelen al derecho comparado con otros países o que, en el colmo de la hipocresía, terminen justificándose en pretendidos privilegios mayores en otras instituciones de nuestro país». Es más, aunque se diera por bueno que el sistema es económicamente sostenible, la diputada de UPyD, sostiene que es «políticamente inaceptable el mantenimiento de un sistema de pensiones excepcional para aquellos que legislan sobre el interés general». UPyD no se rendirá y su siguiente paso será volver a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados dentro del voto particular que esta formación presentará al dictamen que el Pacto de Toledo elevará al pleno del Congreso sobre la reforma de las pensiones. Como se sabe, el modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el sistema, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados de losmás de 3.600 que ha habido en democracia la han solicitado. ¿Y CUÁNTO COBRAN EN EUROPA? FRANCIA En época de austeridad, hasta los parlamentarios franceses tienen que ajustarse el cinturón. Tras la reforma de su sistema de pensiones, aprobada este otoño, un diputado jubilado cobra actualmente una pensión media mensual de 2.700 euros y un senador cerca de los 4.500 euros, informa Álvaro del Río. ITALIA Los parlamentarios italianos necesitan completar sólo una legislatura completa, que dura cinco años, para beneficiarse de una pensión vitalicia cuyo importe mínimo es de poco más de 3.000 euros mensuales. En caso de completar más de un lustro como parlamentario puede llegar a los 10.000, informa Darío Menor. REINO UNIDO En Reino Unido, el sueldo anual de un diputado es de 65.738 libras. El «speaker» –que pone orden en la Cámara de los Comunes– y los diputados que son ministros de gabinete reciben un sueldo extra de 68.827 libras. Además, sus señorías pueden solicitar para sus gastos un máximo de 19.900 libras, informa Celia Maza. 209 parlamentarios tienen ya asegurada la máxima Los privilegios de los diputados en lo que a pensiones se refiere les permite, principalmente, recibir un subsidio de la Cámara para que, a la hora de jubilarse, perciban la pensión máxima. Así, cobrarán el 80% de lo que les falta para alcanzarla con sólo ejercer su actividad en la Cámara siete años (25 años para el resto de trabajadores) y el 100 cuando ya han cumplido 12 años (35 trabajados para cualquier ciudadano que, además, haya cumplido 65 años). Unas ventajas que ya tienen aseguradas (siempre en el momento en el que se jubilen y si así lo solicitan) 209 de los 350 diputados actuales (el 59,7% de sus señorías) y que se alejan mucho de la realidad que viven el resto de españoles. Eso sí, han de cumplir ciertos requisitos (ver gráfico superior). En el caso de los parlamentarios (sólo del Congreso, aunque en el Senado se aplica el mismo modelo), hay 96 que cumplen la condición de haber ejercido como diputados de siete a nueve años y, por tanto, el día en el que se jubilen podrán solicitar, siempre que así lo deseen, ese 80% que les garantizará la pensión máxima. Del PSOE son 58, como por ejemplo su portavoz en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, con 7 años como diputado. Del PP, 28, entre ellos también su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, con otros 7 años en el Congreso. Del Grupo Vasco, por su parte, hay dos en esta situación, como José Ramón Beloki, secretario segundo de la Cámara. En el Mixto, mientras, hay otros cuatro, siendo una la portavoz de NaBai, Uxue Barkos. Y otros cuatro hay entre los grupos de Esquerra y CiU. En el segundo escalón de los priviliegios se encuentran 37 diputados que llevan de 9 a 11 años ejerciendo como tal y que, por ello, optarían al 90%. En el grupo socialista son 13, entre los que se encuentra José Bono, el presidente del Congreso, con 11 años en la Cámara. En el popular hay 20, con ejemplos como el de Gustavo de Arístegui, portavoz en la Comisión de Exteriores, con 11 años de diputado. En el grupo vasco encontramos dos casos más, como es el del portavoz del PNV, Josu Erkoreka (11 años también). Por su parte, ERC-IU-ICV albergan a uno, Gaspar Llamazares (11 años), y en la bancada de CiU hay otro más. Y, por último, hay un total de 76 diputados que llevan ejerciendo más de 11 años, por lo que en el momento de jubilarse percibirían el 100%. Aquí encontramos 25 del PSOE, con ejemplos como el del ministro de Fomento, José Blanco, con 15 años de ejercicio (un trabajador normal cobraría el 50% con los mismos años cotizados). En el PP se cuentan otros 46, como Mariano Rajoy, con 27 años de diputado (un ciudadano normal se haría con el 84 por ciento de su base). En el resto de los grupos sólo hay 5.

EUROPA PRESS. La presidenta de AMFAR Cataluña, Rosa Pruna, encabeza la candidatura de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) por Barcelona en las elecciones a cámaras agrarias que se celebrará el próximo 20 de febrero, según ha informado la asociación en un comunicado. Pruna ha destacado que la lista mezcla la experiencia con la juventud, ya que ésta está formada por un 80% de jóvenes, mientras que también ha destacado la presencia femenina, que alcanza un 30%. Ha recalcado la presencia de personas procedentes de todos los sectores como los cárnicos, los cereales y el vino, entre otros, con el objetivo de dar una imagen de empresarios, productores y comerciantes en un momento en que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o las nuevas normas de bienestar animal requieren la defensa de los agricultores y ganaderos.

EL PAÍS. ES "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Esto es lo que dice el artículo 14 de la Constitución y lo que pretende garantizar la nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación debatida hoy por el Consejo de Ministros y presentada por la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín. En cuanto al punto más polémico incluido en el borrador avanzado en septiembre por EL PAÍS, el que supone que sea el demandado quien tenga que demostrar que no discriminó, lo que en jerga judicial se conoce como "inversión de la carga de la prueba", el Gobierno ha asegurado que no lo mantiene, al menos "en esos términos". En todo caso, Pajín ha subrayado el carácter provisional del anteproyecto de ley. "Es la intención del Gobierno que el texto definitivo cuente con el máximo consenso y la máxima participación", ha dicho Leire Pajín. Es un proyecto de ley que "pretende sacar a la luz los casos de discriminación (...) y crear una sociedad que no humille a nadie", ha añadido. El anteproyecto pasará ahora por los distintos órganos consultivos (el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social...). También está pendiente del trámite parlamentario, por lo que su redactado final sufrirá previsiblemente modificaciones. Respecto a los motivos de discriminación se incluyen, además de los motivos recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española, los seis motivos de discriminación recogidos en la normativa comunitaria, incorporando dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad. Así, los motivos de discriminación que se recogen en esta Ley son: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La ley contempla además un sistema propio para establecer sanciones y la creación de una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato. Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. También ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato. La Autoridad concentrará varias de las funciones y recursos de otros organismos mediadores que existen actualmente, según indican fuentes del Gobierno en una nota de prensa. Ejemplos de discriminación Así, si una persona (física o jurídica) considera que ha sido objeto de discriminación, podrá acudir ante dicha autoridad, que pondrá en marcha el mecanismo para que el demandado demuestre que actuó bien y que no se guió por prejuicios discriminatorios. Situaciones habituales en las que suelen darse casos de presunta discriminación son los procesos de contratación laboral, la concesión de créditos bancarios, la firma de contratos de arrendamiento, etcétera. Un "avance" La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha valorado mediante un comunicado el anteproyecto: "La ley es un avance para perseguir a quienes discriminan y proteger a quienes son discriminados pero va más allá porque busca acabar con la discriminación y pone las herramientas legales para ello", ha afirmado Desirée Chacón, Secretaría General de la FELGTB. Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado la importancia de seguir trabajando con los partidos políticos: "queremos que haya consenso en la aprobación de esta ley tan necesaria para toda la ciudadanía, porque todo el mundo antes o después puede ser discriminado por quien es o por su situación, fija o transitoria, y la lucha por la igualdad y contra la discriminación nos beneficia a todas y a todos y debe ser una tarea asumida por todos los partidos políticos".

Este año ha comenzado con un notable incremento en los precios del gasóleo y el suministro eléctrico. ASAJA alerta de que este encarecimiento de productos básicos para el desarrollo de las explotaciones agropecuarias, junto al aumento de precio de otros, como los fitosanitarios, están “ahogando a miles de agricultores y ganaderos de la provincia, que ven como sus gastos aumentan sin parar mientras cada vez reciben menos dinero por sus productos”. La organización indica que la prolongación de esta situación conllevará la desaparición de muchas explotaciones, incapaces de asumir unos gastos crecientes frente a unos cada vez más bajos beneficios. En el caso del gasóleo B, en estos primeros días del año el precio se sitúa en una media de 0,80 céntimos el litro frente a los 0,61 del año pasado. Es decir, repostar gasóleo agrícola es hoy un 30% más caro que el año pasado, con un incremento de casi 20 céntimos (32 pesetas) por litro. Este precio era de 0,30 céntimos en el año 1999; de 0,45 en el 2000 y de 0,60 en el año 2005. Desde ASAJA lamentan que los precios del barril Brent de petróleo y del gasóleo agrícola sólo experimentan una evolución paralela en periodos de subida, y no cuando la tendencia es a la baja. Tarifas eléctricas En cuanto a las tarifas eléctricas han aumentado también considerablemente su precio, pese a la liberalización del mercado. En algunos casos estos incrementos superan el 100 por cien, subiendo enormemente el importe de las facturas. Además, ASAJA traslada las innumerables quejas recibidas por parte de sus asociados por las carencias en la prestación del servicio de suministro eléctrico, con retrasos de varios meses en la facturación eléctrica; existencia de facturas cobradas en cuentas no pertenecientes a los clientes; incumplimiento de las solicitudes de modificación demandadas por los consumidores en cuanto a la reducción de potencia según los periodos de consumo o errores en la facturación. También han aumentado considerablemente sus precios los fertilizantes. Uno de los más empleados, la urea, está a 0,36 céntimos el kilo, frente a los 0,27 del año pasado, o lo que es lo mismo, 15 pesetas más caro.

EUROPA PRESS. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha convocado subvenciones para el año 2011, con una dotación económica de 96.000 euros, dirigidas a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad. Según ha informado Emakunde, se subvencionará la contratación de consultoras homologadas a fin de que presten asistencia a la empresa o entidad para la realización de diagnósticos sobre la igualdad de mujeres y hombres en su organización interna y en la prestación de servicios o productos, un mínimo de 10 horas de sensibilización o formación sobre la igualdad de mujeres y hombres en el mundo laboral y su reflejo en los principales resultados del diagnóstico, y diseño de un plan de igualdad para su organización interna y para la prestación de servicios o productos. La cuantía de la subvención no podrá superar el 50 por ciento del coste de la actividad objeto de subvención y no podrá exceder por entidad beneficiaria la cantidad de 10.000 euros. La limitación del 50 por ciento no se aplicará a aquellas entidades sin ánimo de lucro cuya producción o distribución de bienes y servicios no tenga por objetivo principal la obtención de un excedente o ganancia. El plazo de presentación de solicitudes para poder acceder a estas ayudas del Instituto Vasco de la Mujer finalizará el próximo 10 de febrero de 2011.

Marcelino Ollé. La Razón.- Una ayuda de 1.200 euros, pisos protegidos de alquiler o un profesor a domicilio para las menores, son algunas de las ayudas que la Junta de Extremadura destinará a las mujeres embarazadas de la región.