EFE. "Contra el atraco en el precio de la luz", "contra la impunidad ante los errores intencionados de facturación" o "Eléctricas, peligro de ruina para el campo" han sido algunos de los lemas de las pancartas que han llevado los agricultores y ganaderos durante su recorrido por varias calles del centro de la ciudad. Tres tractores han sido los encargados de iniciar el desfile, que ha estado animado con música popular y que ha contado con la presencia de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR). Los Reyes Magos, precedidos por seis niños que conducían sus tractores de juguete, han llevado dos sacos de carbón hasta la sede de Iberdrola, donde el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido al Gobierno que se vuelvan a restablecer las tarifas especiales de riego que se suprimieron en 2008. "La liberalización del mercado eléctrico se ha iniciado en plena campaña de riego, sin información, sin ofertas de las empresas eléctricas y, en muchos casos, con sanciones mensuales acumulativas de un cinco por ciento", ha precisado a los periodistas. El representante de Asaja ha recordado que en diciembre de 2008, la orden ministerial que revisaba las tarifas eléctricas aprobó un cambio de los horarios de los períodos tarifarios, lo que ha supuesto una adaptación de los contadores por parte de las empresas suministradoras. Debido a esta medida, los agricultores han tenido que cambiar sus turnos de riego y trabajar durante las noches y los festivos para evitar el gasto de energía en horas punta, que son las más caras. Asimismo, el presidente de Asaja ha criticado la subida "indiscriminada" de los costes de producción y la bajada en el precio de los productos. Como ejemplo, ha mencionado que el coste medio de una explotación de remolacha, maíz, patata y cereal de cuarenta hectáreas se ha incrementado en cerca de 12.000 euros. EFE src/mr

EUR0PA PRESS. La Comunidad Valenciana es la autonomía con más mujeres dadas de alta en el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de malos tratos, con un total de 2.604 usuarias, según los datos del Ministerio de Igualdad de cierre del mes de noviembre, a los que ha tenido acceso Europa Press. El número de mujeres dadas de alta a finales de noviembre en toda España era de 13.837. La cifra más elevada de usuarias de este servicio correspondía a la Comunidad Valenciana (2.604 usuarias), seguida de Madrid (2.355), Cataluña (2.308) y Andalucía (2.289). De hecho, estas cuatro comunidades agrupan casi al 70 por ciento de las usuarias. A continuación se sitúan Canarias (962), Asturias (648), Castilla La Mancha (568), Galicia (464), Cantabria (361), Castilla y León (330), Baleares (277), Extremadura (241), Murcia (158), País Vasco (133), Aragón (76), Melilla (36), Ceuta (15), Navarra (10) y La Rioja (2). El servicio de teleasistencia móvil permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales. El contacto con el Centro de Atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo apretando un botón. Este dispositivo de comunicación y localización tiene entre sus objetivos proporcionar tranquilidad a la mujer al saber que cuenta con un equipo humano y técnico capaz de resolver las incidencias que puedan sobrevenir.

NORTECASTILLA.ES. Aunque ya ha habido indicios de debate sobre el futuro de la política agraria comunitaria (PAC) más allá del 2013 -momento en el que caduca el periodo del presente marco financiero iniciado en el 2007- no será hasta la actual presidencia española de turno de la Unión Europea cuando se empiece a entrar de lleno en el asunto. Francia puso sobre la mesa el tema en septiembre del 2008 (antes incluso de haberse aprobado la última revisión conocida como ´chequeo médico´) y después hicieron lo mismo las presidencias checa y sueca, que sustituyeron a la francesa. Pero aún así, no será hasta finales del primer semestre del 2010 cuando se hayan prácticamente definido las líneas generales de la nueva PAC. Este hecho ha llevado a la presidencia española a plantearse como una prioridad el futuro de la PAC más allá del 2013, según un documento con carácter de borrador que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y que ha repartido entre el sector para su análisis y reflexión. La idea de España es ligar el futuro de la PAC al carácter estratégico de la agricultura. Esto significa dar prioridad absoluta en toda su gestión política a este sector por su «capacidad para abastecer de alimentos sanos, seguros y de calidad» y por su «potencial para promover el empleo y favorecer el crecimiento económico en el nuevo modelo de economía sostenible». Nuevo modelo Con estas premisas, el Gobierno español propondrá al resto de los miembros de la Unión Europea la creación de un nuevo modelo de ayudas directas denominada «ayuda común de base a la agricultura». Se trata de una subvención uniforme por superficie agraria útil (SAU) que ascenderá a cien euros por hectárea y que, según el documento del Ministerio, sería «aplicable por igual a todos los agricultores que ejerzan su actividad sobre esa superficie y que cumplan unos criterios de condicionalidad (ligado al cuidado del Medio Ambiente)». Inicialmente se concibe como una ayuda desacoplada, es decir, que no está ligada a la producción, pero el Ejecutivo considera «interesante» estudiar la posibilidad de exigir alguna actividad agraria que vaya más allá del mantenimiento de la tierra en buenas condiciones medioambientales. En cuanto a la financiación de esta medida, España propone que proceda de las arcas de la UE para que se aplicase en todo el territorio comunitario. Esta nueva ayuda podría ir acompañada de otra subvención para zonas de montaña o afectadas por ´handicaps´ naturales «que sustituyera a las actuales Indemnizaciones Compensatorias». Además, la propuesta española contempla abrir una línea «más singularizada» para los agricultores y explotaciones que deseen acogerse a compromisos o contratos adicionales, fundamentalmente ligados al cuidado del medio ambiente, que es una de las prioridades de la futura PAC. Esta medida se conseguiría reagrupando las ayudas del artículo 68 y las ayudas agroambientales de base territorial relacionadas con la actividad agraria. Igual que las anteriores, la financiación de esta subvención correría a cargo de los recursos comunitarios. Y por último, en lo que tiene que ver con las ayudas, España insistirá en que se mantenga con carácter permanente a los Estados Miembros la posibilidad de conceder subvenciones a los sectores en dificultades, limitadas por un techo del 3,5% de sus ayudas directas. Por otro lado, en su propuesta, España considera necesario mantener los instrumentos actuales de intervención y gestión de los mercados para evitar situaciones de crisis de precios como la que ha escrito el pasado 2009. Por eso propone llevar a cabo intervenciones públicas, ayudas al almacenamiento privado y «otras medidas especiales de intervención», así como instrumentos aplicables a la comercialización de la producción. Igualdad de condiciones En referencia a los intercambios comerciales con terceros países, es preciso «avanzar el concepto de reciprocidad» para garantizar que los productores europeos estén en igualdad de condiciones, según el borrador. Sobre el intento de nacionalizar distintas medidas para solucionar problemas del mercado, la propuesta española es muy concreta: «Podría ser una solución puntual para pequeños problemas, pero no para afrontar graves situaciones de crisis en el mercado comunitario». Por eso, teniendo en cuenta que, en la PAC después del 2013, el margen para las medidas de intervención de mercado «será probablemente bastante reducido», propone «la creación de un fondo de reserva en las perspectivas financieras y en el presupuesto comunitario para atender las crisis graves de mercados agrarios». Por último, y en cuanto a las medidas de desarrollo rural, España entiende que deben ir ligadas a la figura del agricultor. Con todas estas propuestas sería necesaria una reforma en profundidad de la legislación correspondiente al régimen de ayudas directas, al desarrollo rural y a los fondos agrarios. Eso ocurriría si se aprobaran todas las medidas propuestas por España y cuyo debate comienza ahora en un primer nivel, es decir, entre las comunidades autónomas y el resto del sector. Ya en un segundo nivel, el Gobierno pretende plantear en una sesión del Consejo de Europa (órgano en el que participan los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE) el análisis de los instrumentos de gestión de la PAC y dedicar una reunión informal a una revisión global de cuanto se haya ido debatiendo sobre el futuro de la PAC más allá del 2014, algo que muchos han empezado a llamar ´Horizonte 2020´.

EFE. Podrá verse desde el 5 de Enero en la sede del Consejo de la UE, el edificio Justus Lipsius de Bruselas. La exposición muestra la evolución de la mujer española en el último siglo y medio a partir del fondo de imágenes de la agencia EFE. La muestra estará instalada en la planta 5 del edificio, que es el escenario reservado para las reuniones de ministros y jefes de Estado y de Gobierno europeos, un espacio exclusivo para las delegaciones de los Estados miembros. Protagonistas en la sombra, exhibición organizada con motivo de la presidencia semestral española, cuenta con 160 ampliaciones fotográficas de originales del fondo gráfico de esta institución y se acompaña de paneles explicativos y pies de foto en español, francés e inglés. La muestra servirá para difundir el amplio fondo fotográfico de la Agencia Efe, que cuenta con 15 millones de documentos gráficos. Efe, con más de 70 años de historia, es la mayor agencia de noticias_ant en español y está considerada la cuarta más importante del mundo. La muestra refleja a "las mujeres anónimas, las verdaderas protagonistas en la sombra de la gran transformación que ha tenido lugar en la sociedad española", explica la comisaria de la exposición, la ensayista Cristina Zelich. La muestra pretende "contraponer a la imagen tópica difunda en Europa por determinadas representaciones culturales como, por ejemplo, (la opera) ´Carmen´ de Bizet, una imagen mucho más compleja y llena de matices" que ha sido retratada por la fotografía de cada época, explica Zelich. Se quiere dar testimonio "del verdadero papel desempeñado por la mujer como pieza fundamental del cambio que se ha vivido en España y de su propia evolución". La muestra se verá en tres fases, con distintos hilos temáticos: durante los primeros dos meses se centra en la mujer en el entorno laboral; a partir de marzo, la evolución en la vida doméstica y política; y, finalmente, en mayo, se mostrarán imágenes del cambio femenino en los sectores del ocio, el deporte, la ciencia, la cultura y los espectáculos. La exposición será inaugurada mañana junto a una vídeo-instalación del artista Daniel Canogar, que sobrevolará el atrio público del Justus Lipsius, y a cuyo acto asistirá la ministra de Cultura Ángeles González Sinde y el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido. En el catálogo de Protagonistas en la sombra ha participado la catedrática de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona, Mary Nash, quien explica que "la desigualdad legal y las prácticas discriminatorias no impidieron el protagonismo histórico de las españolas" en la historia reciente de España. La exposición la organiza la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), con la colaboración de la alta representación para la Presidencia Española de la UE y el Ministerio de la Presidencia, además de Efe.

EFE. Andalucía ostenta el mayor número de víctimas por este delito, con 14. Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Melilla no registraron muertes. El 43,6% de los agresores y el 36,4% de las víctimas son extranjeros. Una joven lituana de 24 años no ha podido celebrar las campanadas de Fin de Año en Coín (Málaga) porque su pareja la asfixió el lunes pasado. El homicida, de 27 años, y de su misma nacionalidad, tampoco lo hará. Tras matarla, se ahorcó. Ambos tenían una hija en común de un año que esperaba en su país la llamada de sus progenitores para vivir con ellos en España. Ya no vendrá. Cuatro días antes, en Nochebuena, era R.M.T., cubano de 21 años, quien acababa con la vida de su novia, A.H.G., colombiana de 42, a la que tiró por la ventana del quinto piso que ambos compartían en Huelva. La mujer deja huérfano a un menor de 12 años. Las dos últimas víctimas de la violencia de género de 2009 forman parte del 36,4% de mujeres extranjeras que han sido asesinadas por sus parejas. Y sus agresores pertenecen al 43,6% de extranjeros que han acabado con sus parejas. En todo el año 2009, ha habido 55 víctimas mortales por crímenes machistas, según el último informe del Ministerio de Igualdad. Y aunque la frialdad de las cifras oculta el drama personal de cada una de ellas, hay motivo para pensar en que puede una lucecita al final del túnel: el año ha acabado con el menor número de fallecidas por esta causa desde 2003, cuando hubo 71 muertas. La cifra de 2009 se aproxima a la de 2005, el primer año en que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero también ha quedado por debajo, porque entonces hubo 57 fallecidas. En 2006 hubo 68, en 2007 llegó a 71 y 2008 fue el peor de todos: acabó con 76 muertas. 2009, no obstante, no es el ´mejor´ año de la década: en 2001 hubo 50 asesinadas. Las comunidades con más y menos muertas Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja, junto a la ciudad autónoma de Melilla, tienen el privilegio de no haber contado con ningún asesinato machista en este año. Por el contrario, el mayor número se ha concentrado en Andalucía, con 14 muertas, seguida de Cataluña, con 10, y la Comunidad Valenciana, con nueve. La Comunidad de Madrid, que en 2008 acumuló el mayor número de fallecidas por este motivo, ha pasado en 2009 al cuarto puesto de este triste ranking, con cinco muertas. La edad de las víctimas y los agresores La franja entre los 31 y los 40 años es la más peligrosa. En ese tramo estaban 16 de las 54 muertas de 2009. Y 15 de los homicidas, el 27,8% del total, también contaban con esa edad. Curiosamente, la tercera edad no es precisamente la de la tranquilidad y el sosiego: 11 de los autores de los crímenes tenían más de 64 años, así como siete de las víctimas. Denuncia previa El Ministerio de Igualdad destaca que la Ley Integral "ha supuesto un despliegue institucional de medidas y acciones sin precedentes y la movilización de una importante cantidad de recursos", entre otros, las diversas medidas de protección con que cuentan las víctimas. Ello no ha impedido, sin embargo, que dichas medidas de protección fallaran en el 11,1% de los casos, que no evitaron la muerte de seis mujeres. En conjunto, el 25,5% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores. De las 55 fallecidas, 13 habían solicitado medidas de protección, 11 las obtuvieron y tres renunciaron a ellas. Relación asesino-víctima Según el informe de Igualdad, en el 36,4% de los casos no existía convivencia entre agresor y agredida. La mayor parte de las agresiones se produce en plena convivencia: 31 fallecidas (el 56,4% de los casos) estaban unidos a sus asesinos en el momento del crimen, mientras que en 24 casos se estaba produciendo una ruptura de la relación o ya eran ex pareja. Suicidio consumado y tentativa Tras cometer el asesinato, el agresor ha optado, en un 61,8% de los casos, por seguir viviendo. La tentativa del suicidio alcanzó al 14,5% de los homicidas, mientras que el suicidio consumado llegó al 23,6% de los agresores (murieron por esta causa 13 hombres). La ley 2010 será el quinto año de aplicación efectiva de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El Gobierno aprobó esta normativa el 25 de junio de 2004, y pasó su visto bueno en el Congreso el 22 de diciembre de 2004. Entró en vigor en 2005. La valoración del Ejecutivo En su última evaluación sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género, fechado en noviembre de 2009, el Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído recordaba los tres primeros años (hasta junio de 2008) de aplicación de dicha ley. Asumía que "tres años es un tiempo demasiado corto para hacer una valoración de su impacto", aunque destacaba que "las mujeres están ahora más protegidas, disponen de más información y recursos para salir del problema de la violencia, cuentan con derechos sociales y económicos para abordar el futuro y, de manera paralela, se ha trabajado contra la impunidad del agresor". En concreto, "más de 53.000 hombres han sido condenados a penas de prisión por violencia de género en estos años". Las críticas a la Ley En todo este lustro, la Ley Integral ha estado en el ojo del huracán. Ha recibido las críticas de varias ONG y ha sido cuestionada desde la judicatura. Precisamente desde este ámbito, una de sus voces más destacadas ha sido la del titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, quien aseguró a ELMUNDO.es que "miles de hombres" han sido detenidos "por el hecho de serlo, tras una denuncia falsa por maltrato". A Serrano, que aseguró que la Ley contra la Violencia de Género es "discriminatoria" y fruto "de la dictadura del feminismo radical", le han llovido multitud de críticas, aunque también algún apoyo.

EL PAÍS. Las empleadas de hogar equipararán pronto sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores. El Gobierno pretende desterrar el régimen anacrónico que las regula actualmente y que exime de la obligación de cotizar a la Seguridad Social si la jornada es inferior a 72 horas mensuales. Con la nueva norma, empleadores y empleadas estarán obligados a cotizar "desde la primera hora", según el documento que el Ministerio de Trabajo ha remitido a los sindicatos y la patronal. Tras un intento fallido a finales de 2007, el Ejecutivo pretende retomar ahora su intención de integrar a este colectivo -cada vez más numeroso- en el régimen general de la Seguridad Social. Oficialmente hay casi 300.000 personas afiliadas al régimen especial del hogar, pero los expertos creen que la cifra real al menos duplica ese registro. Con la idea de que el nuevo marco legal esté listo para este año, los agentes sociales han pedido al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, liquidar esta tarea pendiente antes de avanzar en otros cambios relativos al sistema de pensiones. Éstas son las novedades: - Contrato de trabajo. La regulación desincentiva el contrato verbal, el más común hasta ahora. Si el empleador opta por esa modalidad, "el contrato se presumirá concertado por tiempo indefinido y a tiempo completo". Además, cualquiera de las partes "podrá exigir que el contrato se formalice por escrito" y el empleador estará obligado a comunicar su contenido a la Seguridad Social. En el lado negativo, el periodo de prueba podrá durar dos meses, frente a los 15 días que establece la norma actual. - Despido. Se unifica en 20 días por año trabajado la indemnización prevista, tanto si es improcedente como si no (antes esa cuantía sólo se reservaba para los despidos improcedentes). El empleador deberá depositar el dinero al comunicar la decisión a la trabajadora y tendrá que avisarla con 20 días de antelación si ha prestado sus servicios durante más de un año. En ese periodo, la empleada tendrá derecho a una "licencia de seis horas semanales" para buscar trabajo. - Salario. Al igual que hasta ahora, el salario mínimo (624 euros al mes en 2009) seguirá rigiendo esa relación laboral. El texto propuesto por Trabajo mantiene la discutible fórmula de poder detraer del sueldo el alojamiento o la manutención, aunque se introducen dos requisitos que limitan mucho su aplicación. En primer lugar, se rebaja del 45% al 30% el porcentaje que puede representar ese salario en especie. Además, el descuento estará prohibido si la empleada elabora los alimentos que ella misma consume y si el alojamiento en el domicilio es una condición impuesta por el empleador. Las dos medias pagas extraordinarias a las que la trabajadora tiene ahora derecho se convertirán en pagas completas en un plazo de cinco años. - Jornada. El tiempo máximo ordinario será de 40 horas semanales. Podrá haber horas extraordinarias, pero se pagarán aparte. Entre una y otra jornada deberán transcurrir al menos 12 horas (ahora son 10). El descanso semanal será de 36 horas, que comprenderán el domingo completo y la tarde del sábado o la mañana del lunes. - Vacaciones. No hay cambios. Las trabajadoras dispondrán de 30 días naturales, de los que al menos 15 se disfrutarán seguidos. - Seguridad Social. Es el capítulo más novedoso del documento.Todos los empleadores deberán inscribirse en el Registro de Empresarios de la Seguridad Social. Además, se suprime el límite de 72 horas al mes por debajo del cual no había obligación de cotizar y se obliga a las dos partes a hacerlo "desde la primera hora". Aunque la empleada seguirá pagando parte de esa cantidad, la obligación de ingresar la cuota será del empleador (ahora la familia sólo tiene que hacerlo si precisa del servicio más de 80 horas al mes). El tipo de cotización será, en principio, el 22% vigente, pero irá subiendo hasta llegar al del resto de trabajadores por cuenta ajena (28,30%). - Enfermedad y accidentes. Pagar más implicará también ampliar los derechos en caso de baja. Las empleadas cobrarán de la Seguridad Social a partir del 16º día como el resto de trabajadores (ahora la persona que contrata debe hacerse cargo hasta el día 29º). Se obligará, además, a cotizar por accidentes laborales.