
AMFAR Socuéllamos se ha sumado a la celebración de la fiesta de La Candelaria, de gran tradición en la localidad ciudadrealeña.
Caldereta, rosquillas, y tortas de rodilla han sido las protagonistas en esta jornada gastronómica organizada por las socias de AMFAR que han querido recuperar las tradiciones culinarias de esta época del año.
Origen y significado de La Candelaria
La Candelaria es una celebración religiosa que conmemora el momento en que la Virgen María y San José presentaron al Niño Jesús en el templo a los 40 días de su nacimiento, según la costumbre judía.
La celebración consiste en la ofrenda del primogénito a Dios que se hace de forma simbólica por eso, según la tradición, las familias ofrecen como 'rescate' un cordero o dos tórtolas si la familia era humilde. "María y José llevaron dos tórtolas al templo y les recibió el anciano Simeón, que había recibido un oráculo en el que le dicen que no morirá sin ver al Salvador. Cuando ponen en sus brazos al Niño Jesús, el anciano Simeón entona un cántico que dice más o menos así: Ahora señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque sus ojos han visto a su Salvador. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De estas palabras del sacerdote Simeón 'luz para alumbrar a las naciones' viene el nombre de la celebración, La Candelaria”.
De acuerdo con este significado, la celebración de la Candelaria se inicia con la procesión de las Candelas, que da a la iglesia un aspecto muy vistoso. Los niños que han nacido el año anterior asisten a la celebración y son consagrados a Dios mediante una ceremonia en el altar, donde los sacerdotes les hacen la señal de la cruz.

La Consulta pública de la PAC bajo el lema “Modernizar y simplificar la PAC” se lanza este 2 de febrero y por un periodo de 12 semanas, hasta el 2 de mayo, para que la sociedad civil en su conjunto, pueda manifestar sus opiniones sobre el modelo que debe seguir la próxima Reforma de la PAC. Los resultados serán publicados en Internet.
Puede acceder a la consulta en: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP
Con esta consulta se formaliza el “pistoletazo de salida” de los debates sobre la reforma de la PAC que, en paralelo con las negociaciones del nuevo paquete presupuestario, y siguiendo muy de cerca importantes acontecimientos en Europa (Brexit, crisis de refugiados, crecimiento económico, elecciones en países relevantes, etc.) e internacionales (Nueva Administración USA, acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, Cumbre del Cambio Climatico, etc.), deberá desembocar en unas propuestas legislativas a finales de año.
Como ya sucedió en la reforma que actualmente está en vigor, seguiremos muy de cerca estos procesos y participaremos activamente en la formación de la toma de posición española sobre la Pac.
Se trata de un cuestionario dividido en 5 bloques:
A Datos del encuestado. Recaba, como en el resto de las encuestas de la Comisión una serie de datos, algunos voluntarios, sobre el encuestado a nivel individual o de organización.
B Agricultura y zonas rurales, HOY. Esta sección enumera: Los retos para la agricultura y las zonas rurales de la UE; las mejores herramientas políticas para hacer frente a los desafíos; la contribución de los agricultores a la sociedad, los costes agrícolas, las inversiones y los ingresos, los desafíos ambientales, las barreras a la actividad agrícola; los motores de la innovación (incluida la silvicultura); la eficacia del servicio de asesoramiento agrícola; las reformas recientes; la coherencia de las políticas (éxitos y obstáculos); y las cargas y complejidad de la PAC.
C Objetivos y gobernanza. Este apartado se basa en las 10 prioridades de la Comisión de la UE, «la mayoría» de ellas son «pertinentes» para la PAC, si bien se pide que el encuestado clasifique tres prioridades prioritarias seleccionadas:
- Inversión/Crecimiento/Empleo;
- Conectividad/Cambio climático (mitigación y adaptación);
- El mercado único/El comercio mundial/ La migración. ”Ayudar a afrontar los retos relacionados con la migración". Este punto está relacionado con la crisis de los refugiados, que sin duda estará presente en el debate sobre los presupuestos de la UE.
- Otras nos mencionadas (a rellenar por el encuestado)
También se plantea una pregunta amplia "¿Por qué tiene sentido tener una política agrícola común?", con una lista de preferencias: Normas comunes, objetivos comunes, eficiencia, cohesión y solidaridad, mejor posicionamiento internacional, un marco común para el aprendizaje mutuo, que el encuestado debe señalar.
La encuesta pregunta también a qué nivel deben tratarse ciertos ámbitos clave (áreas relacionadas con los ingresos/mercados/puestos de trabajo/competitividad, precio/calidad de los alimentos, consideraciones medioambientales, desarrollo rural y equilibrado de la UE). ¿Estos temas deberían tratarse a nivel Comunitario, a nivel nacional o regional o incluso local?
D Agricultura y zonas rurales MAÑANA. Se pide la opinión del encuestado sobre:
- La necesidad de apoyo directo a los ingresos,
- El efecto de otros impactos (no agrícolas) de las políticas sobre los ingresos;
- La política agrícola debe aportar más impacto ambiental;
- Apoyar la innovación y la reestructuración con inversiones específicas;
- Mejorar la posición de los agricultores en las cadenas de valor (incluso en relación con las prácticas comerciales desleales).
También se presenta una lista de opciones a elegir para mejorar la competitividad, o seleccionar los criterios más relevantes para la concesión de pagos directos, o para mejorar la competencia en las exportaciones.
Respecto a los consumidores y las exigencias de la sociedad, el cuestionario pregunta sobre la relación que debe tener la PAC y los estándares de producción, alimentarios, sanitarios, medioambientales y climáticos, comerciales, etc. También pregunta quien debe soportar la carga de estos elevados estándares productivos y si esta debe ser en base a sistemas voluntarios, incentivados u obligatorios.
Dentro de este capítulo también se pregunta sobre las mejoras que debe incluir la PAC para alcanzar los objetivos de protección medioambiental, los de cambio climático y en política forestal.
También pide que el encuestado establezca sus prioridades en materia de desarrollo rural (de acuerdo con los objetivos de Cork 2.0), así como en materia de innovación y apoyo a los jóvenes agricultores.
E Modernización y simplificación. En este capítulo se pide responder sobre el grado de acuerdo en la oportunidad de ciertas medidas propuestas de simplificación:
- Reducir las superposiciones entre las medidas de desarrollo rural y de la PAC;
- Reducción de las inspecciones mediante un mejor uso de los datos y la tecnología;
- Más uso del gobierno electrónico;
- Enfoques de suma global;
- Más opciones ambientales.
También se pueden añadir opiniones libres sobre la simplificación y modernización, con un límite de 15.000 caracteres para cada tema.
Por último, se ofrece la opción de cargar "un documento de posición conciso (máximo cinco páginas)
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Agroinformacion. Este 1 de febrero se abre el plazo de solicitudes de cara a la PAC 2017, aunque pasarán algunos días hasta que el programa informático y todos los detalles estén rematados. Ante este nuevo plazo el equipo técnico de ASAJA ya ha analizado los principales cambios de la campaña para poder informar y asesorar a los agricultores y ganaderos.
La PAC 2017 trae novedades en la convocatoria, como la modificación de los umbrales mínimos para percibir la ayuda asociada al ovino caprino, tanto en el caso de producción de leche como de carne, así como modificación de las fechas tope para cumplir con las ayudas de vacuno. Otro punto que varía es el referido a la ayuda de jóvenes y acceso a la reserva, puesto que a partir de ahora se apoyará más las incorporaciones a través de personas jurídicas. Además, se incorporan algunas aclaraciones relativas al ‘pago verde’.
Para ASAJA, el punto más negativo de estos cambios es el referente al tratamiento que recibe el agricultor activo. La organización recuerda que trabaja desde hace muchos años para que Bruselas “concentre el sistema de ayudas en el agricultor y ganadero verdaderamente profesional, y en la última reforma se había avanzado un poco en este sentido. Ahora, por el contrario, se flexibiliza la exigencia a los beneficiarios incluidos en la lista negativa que no cumplan el requisito de contar con unos ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, que supongan al menos el 20 por ciento de los ingresos agrarios totales; se les pasa a considerar como una situación de riesgo, exigiéndoles que demuestren que ejercen la actividad agraria y asumen el riesgo empresarial por la actividad que desempeñan”.
ASAJA HA LAMENTADO ESTE “VIRAJE HACIA LA DESPROFESIONALIZACIÓN, QUE DEFIENDEN EN OTROS PAÍSES EUROPEOS
En la misma línea, se posibilita que las personas físicas puedan recibir pagos directos de la PAC 2017, aunque desarrollen determinadas actividades excluidas en principio de la percepción de las ayudas, si están dados de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social. Igualmente, se establece que, a efectos de las actividades consideradas no agrarias, se tendrá en cuenta no solo al solicitante, sino a las entidades asociadas vinculadas con el mismo, incluyendo en la solicitud única una nueva declaración expresa por parte del solicitante, relativa a si tiene o no relación con alguna entidad asociada.
ASAJA ha lamentado este “viraje hacia la desprofesionalización, que defienden en otros países europeos y que choca frontalmente con el modelo de Castilla y León, de apuesta por los agricultores y ganaderos que se dedican al cien por cien a esta profesión”.
Mediante la solicitud única, el productor puede tramitar todas sus ayudas de una sola vez. Conviene destacar la importancia de cumplimentar correctamente la solicitud y presentarla a tiempo, para evitar posibles penalizaciones o incluso la no percepción de las ayudas por una mala declaración, o una presentación fuera de plazo. Por ello, ASAJA aconseja a todos sus socios que pidan ya cita para que comiencen a grabarse los datos y cursar la documentación sin los agobios de última hora.
CESIÓN DE DERECHOS EN CASTILLA Y LEÓN
Por otra parte, ASAJA recuerda que también a partir de mañana 1 de febrero, y hasta que finalice el plazo de solicitudes de las ayudas de la PAC, se pueden ceder derechos de pago básico a otros agricultores, bien en compraventa o en arrendamiento.
Se trata de un trámite complejo por los diversos tipos de cesiones existentes, y que precisa de un asesoramiento profesional para ser realizado correctamente.
Entre otros puntos, el equipo técnico de ASAJA advierte que cada derecho se ha generado en una región productiva determinada y que no se pueden declarar en otra, que en la mayoría de los casos las cesiones suponen la pérdida de un 20%, que salvo que vayan con tierras tributan en el IVA, y que el vendedor ha de declarar lo cobrado al hacer el IRPF.

La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, y la presidenta provincial de AMFAR Segovia, Nuria Alonso, han asistido hoy en Coca (Segovia) al 40 aniversario del Grupo Copese, en un acto que ha sido clausurado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
La cabaña de porcino de Castilla y León alcanza los 3,8 millones de cabezas de ganado, siendo Segovia la provincia con un mayor número, con 1,2 millones. En el caso del ibérico, la Comunidad supera el millón de cabezas, lo que supone el 29 % del censo nacional. El presidente ha destacado estos datos en su visita al Grupo Copese, donde ha señalado el importante salto que ha dado el sector hacia la internacionalización, ya que desde el año 2010, las exportaciones se han duplicado superando en 2016 los 257 millones de euros. En Castilla y León, el porcino supone la tercera parte de la actividad ganadera, da empleo a más de 15.000 personas y factura 800 millones de euros al año.
El presidente ha animado a insistir en los factores de diversificación, innovación y expansión de las empresas dedicadas a este sector, en el que la Junta de Castilla y León acaba de evaluar la bioseguridad de las explotaciones porcinas, con unos muy buenos resultados que señalan que el 80% de las mismas tienen un nivel de bioseguridad alto o muy alto, algo esencial para mantener su competitividad y su crecientes exportaciones.
Copese es también ejemplo de empresa transformadora de productos cárnicos. La industria agroalimentaria de Castilla y León es la tercera más potente de España, ya que representa en torno al 10 % del total nacional, tanto en número de empresas, como en cifra de negocio y en empleo. A su vez, la agroalimentación es una parte esencial del conjunto del sector industrial de Castilla y León, ya que aglutina más del 29 % tanto de su cifra de negocio (10.300 millones de euros) como del empleo total de la industria de la Comunidad, con más de 35.500 personas ocupadas. Su aportación es fundamental para explicar el éxito del conjunto del sector industrial de Castilla y León, que a nivel nacional lidera la evolución del Índice de Producción Industrial y el crecimiento de las cifras de negocio en la industria y de las entradas de pedidos en el sector.
Según ha reconocido el presidente, lo más importante de estos datos es la repercusión de estas cifras en el empleo. De los 29.000 ocupados más que ha acumulado la Comunidad a lo largo de 2016, casi 14.000 son del sector industrial. Esto supone que el crecimiento de los ocupados en la industria en Castilla y León ha sido del 8,7 % en 2016, muy por encima de la media del crecimiento de los ocupados en la Comunidad y por encima también de la media del aumento del empleo industrial en España.
El presidente ha hecho estas valoraciones durante la clausura del acto de 40 aniversario de Copese, grupo cuyo éxito responde a su apuesta por la diversificación de actividades con la fabricación de piensos y su comercialización, así como la cría de cerdos y la transformación del producto final. Otras de las claves que el presidente ha reconocido en esta industria son la innovación, calidad y productividad, así como la vinculación con la tierra.

La Razón. Tacones de «entre cinco y diez centímetros», faldas cortas, blusas desabrochadas, uñas pintadas y retoques constantes del maquillaje. Éstos son algunos de los requisitos que empresas de Reino Unido exigen a sus trabajadoras, que en ciertos casos se tienen incluso que teñir el pelo del color que demanden sus superiores. La Ley de Igualdad de 2010 se aprobó en Westminster para proteger a los empleados de la discriminación de género en su lugar de trabajo. Sin embargo, en la práctica, la normativa parece no aplicarse y es por eso por lo que los diputados exigieron ayer al Ejecutivo de Theresa May –la segunda mujer que se ha mudado a Downing Street en la historia del país– hacer cumplir la ley para acabar con comportamientos sexistas.
Las comisiones de Peticiones y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) publicaron ayer un informe donde se recogen las actitudes denigrantes que centenares de mujeres sufren cada día en sus puestos de trabajo, donde, a diferencia de sus compañeros varones, tienen que seguir unas pautas de vestimenta que sobrepasan los límites establecidos, como por ejemplo, ocultar las raíces en su cabellera si llevan algún tipo de tinte o lucir un específico color de laca de uñas.
Las dos comisiones pusieron en marcha una investigación tras la petición lanzada en 2016 por Nicola Thorp, que fue enviada a su casa –sin cobrar el sueldo correspondiente de la jornada– tras negarse a ponerse tacones «de entre cinco y diez centímetros» para desempeñar sus tareas, que consistían en acompañar a los clientes desde la recepción hasta los despachos en los que tenían cita.
Esta actriz, hoy de 28 años, fue contratada por una firma de trabajo temporal, Portico, para ejercer como recepcionista en las oficinas de PwC en Londres. Desde el primer día, manifestó sus problemas para trabajar a jornada completa con los tacones que le exigían, de entre cinco y diez centímetros. Por ello pidió que se le permitiera ir a su puesto con zapatos planos, pero cuando decidió hacerlo, la mandaron a su casa.
Su petición para que en Reino Unido se ilegalice el hecho de que los empleadores obliguen a las mujeres a llevar tacones al trabajo ha conseguido más de 150.000 firmas. Cualquier petición ciudadana que supere las 100.000 debe ser debatida en el Parlamento y la de Thorp se discutirá el próximo 6 de marzo.
Pero el problema de desigualdad no se ciñe sólo al uso de tacones, cuando las comisiones parlamentarias han estado investigando la cuestión, se han encontrado con que los zapatos son tan sólo la punta del iceberg. Centenares de mujeres confesaron haber sido víctimas de normas sexistas, como por ejemplo tener que llevar los primeros botones de sus blusas desabrochadas para aumentar determinadas ventas en Navidad. Y es que para elaborar el informe que ha hecho público el Parlamento británico se ha pedido la participación de todas las mujeres que se hayan visto afectadas por algún código machista.
El mismo código de vestimenta original –a raíz de la denuncia de Thorp lo han modificado– de la firma de trabajo temporal, Portico, que contrató a la joven, especificaba, entre otros, «reaplicación de maquillaje y lápiz labial, rímel, sombra de ojos y base; laca de uñas de una paleta de colores específica; grosor de medias; no raíces visibles en el cabello teñido».
«No es suficiente que el método de la ley sea claro, también debe funcionar en la práctica», aseguró en un comunicado la presidenta de la comisión de Peticiones, Helen Jones. «Tras haber escuchado las historias de varias personas está claro que la de Nicola no es la única», añadió. Una de las quejas que se refleja en el informe es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. «El Gobierno se comprometió a dar una respuesta en 21 días», pero «han tardado 40 días en pronunciarse», destacan los ponentes que además aseveran que la respuesta es bastante parca. Simplemente remarca que «el código de vestuario de las empresas debe ser razonable y similar tanto para hombres como para mujeres. Esto es lo que marca la ley y deben ceñirse a ella».
Los testimonios que se recogen son un reflejo de las situaciones de discriminación que deben soportar muchas mujeres de Reino Unido. Ruth Campion, azafata, afirma que el tipo de ropa que le obligan a llevar «me hace sentirme muy incómoda. Personalmente, creo que es bastante deshumanizador y humillante tener que llevar ciertas prendas para mostrar mi sexualidad. El uniforme de los hombres, sin embargo, no lo buscan. Ellos parecen muy inteligentes, con un aspecto impecable, pero sin tener que demostrar nada». Campion, además, también denuncia el acoso que sufren las azafatas más jóvenes: «El acoso que sufren algunas de mis compañeras es indignante, sobre todo a través de las redes sociales».
Otra mujer, Emma Birkett, que trabaja en ventas, asegura que «me sentí ofendida cuando me pidieron que intentara conseguir más clientes luciéndome, a pesar de que yo era muy buena comercial y sólo necesitaba utilizar mis habilidades y el conocimiento que tenía del producto para vender más. Me ofendía pensar que mi jefe confiaba tan poco en mi profesionalidad y más en la ropa que llevaba».
Por su parte, Sam Smethers, de The Fawcett Society, una sociedad benéfica que promueve los derechos de las mujeres, señaló: «Las empresas necesitan centrarse en la productividad y en hacer que su personal se sienta parte de un equipo, no en un par de tacones».

EFE. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy que ayudará a las pymes a aplicar políticas de igualdad y de conciliación, que son las empresas con una "mayor dificultad" para llevarlas a cabo.
Montserrat se ha pronunciado de esta forma en la comisión de Igualdad del Senado, donde se ha referido al Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios.
Para alcanzarlo, ha asegurado, buscará el consenso con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales con el objetivo de encontrar la forma de que en España sea más fácil compatibilizar una trayectoria profesional con la vida personal y familiar.
En este sentido ha hecho una mención especial a las pymes: en España existen más de tres millones de este tipo de empresas, y en ellas -ha incidido- es donde hay "mayor dificultad" para desarrollar la igualdad y la conciliación, de ahí que el Gobierno haya ayudado hasta el momento a 536 a diseñar un plan específico para fomentarlas, en el que profundizará.
La ministra ha subrayado la importancia del empleo, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, y por ello seguirá trabajando en el programa de inserción socio laboral para víctimas de violencia machista.
Hasta el momento, 1.200 mujeres que viven en entornos rurales han participado de estos programas y en ellas pretende centrar su atención a través de un programa llamado "Desafío Mujer Rural".
Con este programa se quiere ayudar a las mujeres que viven en entornos rurales a poner en marcha su propio negocio.
También desde el Ministerio se seguirá trabajando en el Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, que fue aprobado al final de la pasada legislatura.
En el marco de este plan, se apoyará al asociacionismo estatal de las mujeres que trabajan en la pesca, mariscadoras, rederas y trabajadoras de empresas de procesamiento.
A la ministra le gustaría también promover "un papel protagonista" de las mujeres en el ámbito de la economía digital.
Y defenderá una medida ya anunciada en la comparecencia anterior en el Congreso: el currículum anónimo o ciego, en el que no se incluirá ningún tipo de dato sobre los rasgos personales del candidato, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento o la foto, para evitar cualquier tipo de actitud discriminatoria.
De momento se hará una prueba piloto para evaluar su funcionamiento.
Durante su legislatura, la ministra ya ha anunciado que mencionará también en numerosas ocasiones la necesidad de que disminuya la brecha salarial entre hombres y mujeres, que desempeñan el mismo trabajo.
Para hacer frente a esta situación adoptará medidas en colaboración con otros ministerios. "Quiero que las mujeres tengamos la representación justa, la que nos merecemos. Representamos el 51 % de la sociedad española y en muchos ámbitos no existimos o representamos un porcentaje muy pequeño".
Montserrat -ha insistido- quiere que se visibilice más a las mujeres, "lo que somos y lo que hacemos las mujeres, las miles de mujeres diferentes que hay en España".

La Razón.es Aunque el consumo nacional de alimentos ecológicos volvió a crecer y llegó en 2015 a los 1.498 millones de euros (un aumento del 24,5% respecto a 2014), según el estudio de Prodescon, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, dado que los alimentos ecológicos suponen únicamente el 1,51 % del gasto alimentario. Saber qué certificados avalan estos productos es necesario, sobre todo si se quiere que el gasto per cápita aumente de los 32,2 euros anuales (25,9 en 2014). Pero el consumidor no sólo se enfrenta a una etiqueta que a modo de semáforo podría decir los productos más sostenibles, sino a más de una veintena de sellos.
MSC es un sello internacional creado hace 10 años que garantiza a los consumidores que los productos pesqueros que adquieren han sido capturados de forma responsable con el objetivo de preservar la vida en los océanos a largo plazo. Hoy, el 10% del volumen de capturas mundiales está certificado con este sello, cuyo logotipo es un dibujo de un pez sobre fondo azul. En concreto, 286 pesquerías cuentan con la certificación MSC en 36 países y hay 92 en evaluación para conseguirlo. Los consumidores pueden optar por más de 20.000 productos con etiqueta MSC, una variedad por la que se han consumido 659.399 toneladas de productos del mar y los consumidores han gastado 4.600 millones de dólares en estos productos (vierias, bacalaos, merluzas, langostas, salmones, truchas, crustáceos, e incluso pulpo). Y lo más importante: las poblaciones de peces con este sello en el Norte de Europa ya en 2014 eran más abundantes que en el año 2000.
En agricultura, la forma más sencilla de reconocer un producto ecológico es que cuente con el distintivo común dentro de la UE, la «euro-hoja». Es obligatoria desde julio de 2010 y va acompañada del sello del Consejo Regulador de la CC AA de origen.
El certificado FSC (Forest Stewardship Council) garantiza que los materiales y los productos con este aval proceden de bosques gestionados de forma responsable (ambiental, social y económicamente). En 2016, la superficie forestal con esta etiqueta que lleva sus siglas y el dibujo de un árbol sobre fondo verde aumentó en España en un 6,5% hasta alcanzar 251.238,56 hectáreas. Una cifra que a nivel internacional asciende hasta los 195 millones de hectáreas certificadas en 82 países.
En textil, destacan GOTS y OEKO TE. La primera avala que los productos contengan un mínimo del 70% de fibra orgánica y los colorantes y otros insumos deben cumplir requisitos ambientales y toxicológicos. El segundo, lleva 25 años velando por productos textiles sin sustancias nocivas para la salud. Y desde principios de 2017, también certifican productos confeccionados con cuero. La lista continúa.