El Consejo de Gobierno conoció este jueves el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, presentado ante el Ejecutivo por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. El texto, que reconoce al sector como estratégico, se adapta ante el reto de la nueva Política Agrícola Común, apuesta por los jóvenes y las mujeres para rejuvenecer el campo y fijar población en el ámbito rural, presenta un Banco de Tierras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales, abre la colaboración público privada en obras de concentración parcelaria y crea un defensor para denunciar prácticas abusivas de precios. Así lo explicó la consejera tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde aseguró que se trata de un anteproyecto de ley "muy ambicioso" que pretende dar respuesta a todas las necesidades del sector agrario y agroalimentario y con el que se crea "un solo cuerpo normativo". Asimismo, insistió en que tiene como "ejes transversales" la incorporación de jóvenes al campo y la defensa de la igualdad de las mujeres, colectivos que también tendrán prioridad en las políticas de Desarrollo Rural, así como las políticas de I+D+i, ya que se contempla la creación de una Estrategia Agraria y Agroalimentaria de I+D+i La futura norma reconoce y potencia el carácter estratégico de la actividad agraria y agroalimentaria, por ser los pilares fundamentales del desarrollo del medio rural de Castilla y León y por su incidencia en la actividad económica, en la creación de empleo y en la fijación de población. Sus objetivos son dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de una nueva regulación legal destinada a dar una respuesta a los nuevos retos en un mundo cada vez más global y liberalizado y la adaptación a los distintos marcos de la Política Agrícola Común. También incide en la exigencia de una gestión sost enible de los recursos, las presiones de otras actividades o actuaciones sobre el suelo agrario, la aparición de desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de establecer una regulación de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios. Además, esta ley también busca dar al sector una mayor seguridad jurídica, agrupando en un solo cuerpo normativo de rango legal la regulación más sustancial del conjunto del sector, hoy dispersa en numerosas normas de diverso rango. Así, la ley se estructura en cinco libros. El primero recoge los objetivos y las actuaciones transversales dirigidas a fomentar la incorporación de jóvenes, la promoción de la mujer y la estrategia de I+D+i en materia agraria y agroalimentaria. El segundo, el más extenso, se centra en las condiciones de la producción agraria y el tercero a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y a la comercialización agraria. En el cuarto, se regulan los aspectos relacionados con la participación e interlocución con el sector agrario y por último se recogen las infracciones y sanciones en el sector. Se potencian las actuaciones de fomento a la incorporación de jóvenes al sector agrario para asegurar el relevo generacional. Entre las novedades, figura el tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Banco de Tierras o a los pastos, hierbas y rastrojeras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales. En este sentido, Clemente aseguró que esta medida tratará de dar respuesta a aquellos jóvenes que quieren acercarse al sector pero que no disponen de tierras para su cultivo y que, en general, las que compongan este Banco serán algunos sobrantes de concentraciones parcelarias. En el ámbito de la política de desarrollo rural, la futura norma prevé la obligatoria inclusión de actuaciones dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes en la actividad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así establece medidas para para favorecer la participación de la mujer tanto en el sector agrario como en la industria agroalimentaria. La Ley Agraria establece, de forma expresa, el carácter estratégico de la I+D+i en la política agraria de Castilla y León. En el sector agrario, la investigación se orientará a garantizar una producción suficiente, competitiva y adaptada a los requerimientos de la industria agroalimentaria. Y en esta última, la investigación debe servir para identificar las demandas del sector agroalimentario y posibilitar su transformación en productos al alcance del mercado. Explotaciones agrarias En materia de explotaciones agrarias, busca fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación, al objeto de conseguir su eficiencia y máxima rentabilidad y garantizar su viabilidad y competitividad. Se trata de que, por ejemplo, según dijo la consejera, se adapten las ayudas de maquinaria a las necesidades de la superficie real del agricultor. Por primera vez, se creará un registro único en explotaciones agrarias, que unificará el elevado número de registros parciales que actualmente existen y que hará que los agricultores no tengan que presentar la documentación existente en dicho registro para otras cuestiones, según incidió Clemente. Según la normativa, el Registro se configura como un servicio público y gratuito y la inscripción en él de todas las explotaciones agrarias de Castilla y León será obligatoria por razones de interés general, vinculadas a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad de las producciones agrícolas y ganaderas. Considera la Consejería que se facilita y reduce la carga burocrática, pues los agricultores y ganaderos, una vez inscritos, quedarán exentos de presentar la misma documentación en cualquier procedimiento administrativo y la Administración dispondrá de datos integrales y actuales. También modifica el actual régimen jurídico de la concentración parcelaria, introduce una profunda renovación y simplifica el procedimiento. Se incorpora, por primera vez en el Derecho Autonómico la colaboración público-privada para planes de concentración que lleven aparejadas obras de infraestructuras. La ley introduce también la novedad de los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario, que tienen por objeto ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad. Estos Planes de Ordenación serán vinculantes en su ámbito de aplicación para los planes, programas de actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de los particulares. El Banco de Tierras de Castilla y León, gestionado por la Consejería, se concibe como un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables, ubicadas en la Comunidad. Ello permitirá, según la Junta, recuperar tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario. De esta manera, el Banco de Tierras se configura como un registro administrativo de carácter público, que tendrá únicamente carácter informativo, sin que produzca ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas que lo integran, ni sobre el derecho de propiedad sobre estas. La procedencia de las parcelas agrarias que formarán parte del Banco es muy variada, destacando los suelos cuyos propietarios hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo, los procedentes de agricultores que hayan optado por ayudas a la prejubilación y así lo soliciten, los que hayan sido objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización o las masas comunes y fincas sobrantes en las concentraciones parcelarias. Una de las novedades más importantes en este ámbito es la modificación del sistema de adjudicación de los aprovechamientos sometidos a ordenación común, estableciéndose un nuevo régimen de prioridades en el acceso a dichos recursos, en el que se prima a los jóvenes agricultores y a las explotaciones prioritarias ubicadas en el ámbito territorial correspondiente. Fomento de la agroalimentación Para fomentar los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de las figuras de Calidad Alimentaria Diferenciadas, establece las normas necesarias para garantizar la calidad, da por primera vez reconocimiento con rango de Ley a la marca de garantía ´Tierra de Sabor´, recogiendo expresamente su incuestionable vinculación con la producción primaria de Castilla y León. Además, se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos, mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación. También se regula por primera vez en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la figura de "mercado de productos agrarios en origen". Una parte de esta regulación consistirá en la creación del Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León, de carácter público en el que se inscribirán obligatoriamente todos los mercados de productos agrarios ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad. También, introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico de la Comunidad la figura de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de ámbito autonómico, que tienen peso y funcionan bien, según Clemente, en Francia. Estas organizaciones serán entidades de naturaleza jurídico-privada, cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad de Castilla y León e integrada por organizaciones representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización agroalimentaria. Defensor Igualmente, se crea la nueva figura del defensor del equilibrio de la cadena alimentaria, que tendrá entre sus funciones el control y denuncia de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores, cuyos contenidos podrán hacerse públicos. Asimismo, podrá elevar a los órganos que corresponda las recomendaciones que estime oportunas relacionadas con las materias objeto de su competencia. La Ley Agraria reconoce el cooperativismo agroalimentario en la Comunidad y el movimiento cooperativo agrario como canal de participación de los productores agrarios en los procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos con el objetivo de incrementar el nivel de renta en el medio rural. También se reconoce a las organizaciones profesionales agrarias como cauce formal de interlocución y participación del sector agrario. Con la finalidad de impulsar las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y comercializadores de un determinado sector, promover el establecimiento de contratos tipo homologados y proponer medidas para mejorar la competitividad del sector productivo, se regulan diversos órganos colegiados de asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas bien con el sector en su conjunto -el Consejo Regional Agrario, y los Consejos Provinciales, de nueva creación- bien con un determinado subsector productivo. La Consejería de Agricultura y Ganadería presentará la ley al sector, a través de la Comisión Permanente del Consejo Regional Agrario, para su estudio, análisis y recibir las aportaciones que consideren oportunas. Además, la futura norma se presentará a los partidos políticos con representación en las Cortes y a otras organizaciones sociales vinculadas con el medio rural de Castilla y León. También puede ver esta información en video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k0W50Mvx494

Efeagro. Los hogares españoles pueden llegar a reducir en un 70 % sus desperdicios si planifican, prestan atención a la hora de conservar la compra (-40 %), planifican los menús (-10 %) y aprovechan las promociones y ofertas ajustadas al consumo de su hogar, según ha indicado hoy la patronal de supermercados ACES. La Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES) ha realizado una serie de recomendaciones prácticas para gestionar mejor la compra de alimentos y la despensa en el hogar, que según distintas fuentes es donde se produce el 45 % del desperdicio alimentario en la cadena de valor. Otra medida es elaborar una lista de la compra, acompañada de una revisión de la despensa cada quince días, para evitar almacenar en exceso, quedarse sin alguno de los productos que necesitamos y comprobar si ha caducado alguno de ellos. Esta actuación, junto con la elaboración de menús semanales o quincenales, supondría evitar que el 10 % de los alimentos que compramos en el hogar acabe en el contenedor. Aprovechar las promociones y los descuentos, sobre todo en el caso de productos de larga duración, también puede permitir ahorros significativos, de hasta un 20 % en la cesta de la compra. En sus consejos, ACES recuerda la necesidad de escoger el tamaño de los productos envasados ajustado a las necesidades del hogar, aprovechar las ofertas en frescos de productos de temporada, comprar en sistema de autoservicio las cantidades que se van a precisar y cuidar el proceso de colocación en el carro y embolsado de productos para que no se deterioren por aplastamiento.

La valenciana Marian Corbí Copovi resultó reelegida como máxima responsable de AMFAR Valencia durante la Asamblea General celebrada el 6 de febrero en la capital del Turia. Decenas de asociadas votaron por unanimidad la candidatura encabezada por esta vecina de Carcaixent que viene presidiendo la asociación desde 1996. La Junta Directiva mantiene a varias figuras históricamente comprometidas con la defensa de la mujer rural, pero añade caras jóvenes que a buen seguro aportarán savia nueva a la entidad. La vicepresidenta es Yolanda Morant del Villar (Valencia) mientras que la secretaría recae en Amparo Biot Casares (Burjassot) y la tesorería en Mª Pilar Baviera Barbeya (Picanya). Las vocales son Teresa Sanchis Llidó (Oliva), Raquel Gallach Quiles (Pedralba), Concepción Vera Greus (Alginet), Mª Jesús Escrivá Castillo (Pego) y Pilar Mínguez Real (Valencia). Casada y con un hijo, Marian Corbí es miembro del Comité Ejecutivo de AMFAR Nacional, del Consejo Valenciano de la Mujer de la Consejería de Bienestar Social y forma parte de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Comercio de Valencia. Ha organizado durante 16 años de manera ininterrumpida la Jornada de la Mujer Rural en distintas poblaciones de la provincia de Valencia con más de mil mujeres como asistentes.

Mar Díaz. La Vanguardia. El gobierno subvencionará con 500 euros durante tres años la “primera experiencia laboral” de los jóvenes menores de 30 años sin experiencia profesional. La ayuda se elevará a 700 euros si se contrata a una mujer. La empresa podrá suscribir un contrato eventual que podrá ser a jornada completa o al menos al 75%. Esta es una de las principales subvenciones introducidas en el Plan para fomentar el Empleo Juvenil. El objetivo es reducir su tasa de paro que supera el 55%, a pesar de que en los últimos doce meses el número de jóvenes registrados en el viejo INEM se ha reducido en 13.117. La segunda subvención de relevancia que se incluye entre las medidas de choque es la bonificación de los contratos a tiempo parcial. La subvención será del 75% de las cotizaciones sociales durante un año para las empresas de más de 250 trabajadores y del 100% para el resto. La tercera bonificación es la reducción a la mitad de las cotizaciones en los contratos en prácticas, que se podrán hacer a los jóvenes menores de 30 años aunque hayan acabado sus estudios hace más de cinco años. Estas subvenciones se completan con una reducción en la cuota de autonómos del 50% durante seis meses, que ya anunció hace una semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Para fomentar el autoempleo podrán compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con el alta en el RETA (autónomos) durante seis meses como máximo. Además, se ampliarán las posibilidades de capitalización del desempleo: para hacer una aportación al capital social de una sociedad mercantil, con vinculación laboral o profesional; adquirir servicios de asesoramiento, formación e información; iniciciativas de seguimiento y apoyo por los Servicios Públicos de Empleo. También se ampliará el periodo para la reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia (de dos años en la actualidad a cinco años). El objetivo es evitar que pierdan el paro si encuentran un trabajo temporal. Empleo estudia la viabilidad del “pasaporte al emprendimiento” para inversiones extracomunitarias. Así como medidas para mejorar la financiación para emprendedores (fondos de capital semilla, Business angels, préstamo participativo …). Estas medidas se completan con mejoras en la orientación profesional de los jóvenes, de forma que se estudia crear un Portal Único de Empleo. Además, se implementarán otras actuaciones para facilitar la obtención del título de secundaria a los jóvenes que abandonaron sus estudios para incorporarse al mercado de trabajo. Los alumnos que obtengan la titulación obtendrán una ayuda o beca. Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) deberán ofertar un programa específico de formación profesional para el empleo para los menores de 30 años que contemple acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad y acciones formativas que incluyan compromiso de contratación. El Ministerio de Empleo, que aún no ha concretado la financiación de estas iniciativas, discutió ayer mismo los detalles de las quince medidas de choque que incluirá en el Programa de Emprendimiento Juvenil. A pesar de su empeño y de las más de veinte reuniones que ha mantenido con los agentes sociales, tanto los sindicatos como la patronal, aunque por diferentes razones, lo consideran insuficiente y existen enormes dudas sobre la posibilidad de que lo suscriban en su totalidad. Este Plan contará con fondos europeos. La canciller alemana, Angela Merkel, que se mostró "entristecida" por el elevado nivel de paro juvenil, lunes "entristecida" por el alto nivel de paro juvenil en España anunció que los líderes europeos adoptarán medidas para combatirlo en el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2014-2020 que tienen previsto aprobar en la cumbre del 7 y 8 de febrero.

Elconfidencial. Los datos de afiliación de autónomos no han parado de caer, en términos generales, desde que comenzó la crisis. Sin embargo, esta nueva situación nos va descubriendo pequeños nichos que, pese a las circunstancias, están en auge. Y uno de ellos está muy relacionado con las mujeres. Según el estudio elaborado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) a partir de los datos oficiales, de las 12.347 bajas en el número de autónomos propiamente dichos en el pasado trimestre, tan solo 1.449 las protagonizaron mujeres. Concretamente, las mayores de 50 años. Según las cifras oficiales, las mujeres mayores de esta edad que se han lanzado al autoempleo suponen nada menos que un 40% de todas las mujeres autónomas. Los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran comunidades como País Vasco o Castilla-La Mancha, donde, a pesar de haber caído el número de autónomos en general, se determina un aumento en el número de trabajadoras autónomas de 261 y 78, respectivamente. Se aferran al autoempleo como única alternativa Para María José Landaburu, secretaria general de Uatae, estos datos "indican, por un lado, que las mujeres suportan mejor la crisis en términos de supervivencia de las actividades que emprenden, y ello pese a que las dificultades del entorno tanto desde la perspectiva de la financiación como de la brecha en la percepción de retribuciones en caso de las profesionales, como en barreras para emprender, sigue siendo mayor que las que tienen los hombres". Por otro lado, esto demuestra también "que las mayores de 50, para las que el trabajo asalariado resulta casi imposible, se aferran al autoempleo como única alternativa. Por tanto, no podemos olvidarnos de ellas, sino al contrario: promover su salida profesional por esta vía". Las jóvenes, el otro lado de la moneda Para Landaburu, el dato negativo de estas estadísticas lo protagonizan las jóvenes, que "no tienen aun una presencia activa dentro de la actividad emprendedora". Así, "hay que hacerles ver el autoempleo como una opción, pero además tenemos que facilitarles una financiación mínima suficiente y la formación y el asesoramiento adecuados para que puedan emprender. La estrategia de empleo joven tiene que ir decididamente en esta dirección".

EFE. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado la convocatoria para 2013 de ayudas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. Según publica el Boletín Oficial del Estado en su edición de hoy, martes 5 de febrero, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de dos meses contados a partir de mañana, y la cuantía total máxima estimada se establece en 2.552.000 euros, condicionada a la existencia de crédito adecuado. Entre los aspectos que se valorarán a la hora de conceder las ayudas, figura que la integración resulte de la fusión de dos o más entidades, tener como objetivo la innovación de procesos de producción y de comercialización, fomentar la participación de la mujer, o incluir alguna zona rural para revitalizar, entre otros.

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha clausurado siete cursos online impartidos a través de su plataforma de formación www.plazasenred.es Plazas en Red es la red social del mundo rural creada por AMFAR. Esta red social cuenta en la actualidad con 1.300 usuarios, 3.840 amistades y más de 1.100 comentarios. “Una red social que se completa con una plataforma de formación on-line y que permite a todos los usuarios cursar de forma totalmente gratuita la actividad formativa que deseen, a la hora y desde el lugar que ellos mismos elijan”, según explica la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino. Con este sistema de formación, AMFAR pretende eliminar las barreras geográficas de las zonas rurales y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, ya que, en palabras de Merino “la incompatibilidad de horarios impiden en muchos casos el acceso de la mujer a la formación y por tanto, mejorar sus oportunidades de acceso al mundo laboral”. En esta última convocatoria de cursos, que ha finalizado el pasado 15 de enero, AMFAR ha impartido siete cursos a un total de 238 alumnas, procedentes de 36 provincias españolas. Para Merino, estos datos “ponen en evidencia el cumplimiento del objetivo de este proyecto, que es llevar la formación a todos los rincones de la geografía española”. Los cursos han abordado las siguientes materias: Legislación Ambiental; Liderazgo y equipos de trabajo; Gestión de residuos agrícolas; E-comerce; Introducción a la agricultura ecológica; Sistema de gestión de calidad en la empresa y Responsabilidad social corporativa. Profundizando en el perfil del alumnado, la presidenta de AMFAR ha recalcado que en esta ocasión, el 100% de las 238 beneficiarias han sido mujeres. Además, destaca la juventud de las alumnas de Plazas en Red, ya que el 54% de era menor de 35 años y otro 27 % tenía entre 36 y 45 años de edad. En cuanto al ámbito geográfico, destaca la participación de alumnas de las provincias de Toledo, con un 26,5% del total, seguido de Ciudad Real con un 20%, además de Almería, León, Salamanca o Cuenca, entre otras. Por último, ha señalado que de las 238 participantes, el 91% superaron satisfactoriamente los cursos con el certificado de “apto”, recibiendo todas ellas el diploma acreditativo correspondiente.