EUROPA PRESS. Las comunidades autónomas comenzarán el próximo mes de junio el proceso de acreditación de la experiencia profesional de 60.000 personas para convalidarla por módulos de Formación Profesional (FP), según han explicado los ministros de Educación y Trabajo e Inmigración, Ángel Gabilondo y Valeriano Gómez, respectivamente. En una rueda de prensa en el departamento de Trabajo, los ministros han detallado el desarrollo del ´Programa Acredita´ para el que el Gobierno va destinar 59 millones con el objetivo de que las comunidades pongan en marcha esta iniciativa que durará entre cuatro y seis meses. Los primeros perfiles profesionales a convalidar serán los relacionados con los sectores de la Educación Infantil, Dependencia, Hostelería y Turismo y Reparación y Mantenimiento de vehículos. Los ministros han coincidido en afirmar que esta iniciativa, anunciada ya por el Gobierno en 2008, incentivará a las personas a "completar su formación" y "mejorará sus oportunidades laborales y de movilidad". Asimismo, han aclarado que las personas que participen podrán ver acreditadas ´unidades de competencia´ que constituyen una parte de un título de FP o un Certificado de Profesionalidad (acreditación oficial emitida por la administración laboral para un empleo). "Queremos hacer un único sistema de formación profesional que incluya las tres grandes formas de atender las situaciones diversas que existen en el mercado de trabajo: los jóvenes que inician su formación, los trabajadores que la quieren ir adaptando a lo largo de su vida profesional y la de los desempleados que necesitan recualificarse, como e el caso de los del sector de la construcción", ha explicado Gómez, para añadir que con este plan "se acaba con un cuarto de siglo de pretensiones". "Si eres un profesional con experiencia pero sin titulación, acredita tu experiencia laboral", ha insistido Gabilondo. Asimismo, ha indicado que si bien no reivindica la "titulitis", también ha advertido que la acreditación de la experiencia "favorece una mayor empleabilidad". "De los doctores universitarios, sólo el 0,1 por ciento está en paro", ha puesto como ejemplo. Tras el lanzamiento de la convocatoria por parte de las comunidades autónomas, la persona interesada se inscribe (www.educacion.es y www.redtrabaja.es), un asesor le aconseja para preparar la documentación necesaria y comienza la fase de evaluación, para la que se han preparado y acreditado a 3.000 evaluadores. La comisión de evaluación propone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia que la persona haya superado. Asimismo, los ministros han anunciado que este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará una orden sobre la composición de una comisión interministerial de Trabajo y Educación que dispondrá de toda la información sobre los procedimientos realizados en cada comunidad autónoma y se encargará de garantizar que cumplen los principios previstos. REQUISITOS Para participar será necesario tener la nacionalidad española, un certificado de residente comunitario o tarjeta de familiar de un ciudadanos de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor. Además, en función del nivel de las ´unidades de competencia´ a las que se aspire deberán cumplirse otros requisitos, como tener 18 años cumplidos para una cualificación profesional de nivel 1, o tener 20 para las de nivel 2 y 3. No obstante, se ha de cumplir con al menos uno de las siguientes condiciones: experiencia laboral adquirida en los últimos diez años (2 años o 1.200 horas para cualificaciones de nivel 1; 2 años o 2.000 horas para las de nivel 2 y 3); o formación no formal realizada en los últimos diez años que el candidato quiera acreditar (200 horas para el nivel 1 y 300 para los niveles 2 y 3). Las personas mayores de 25 años que no pudieran demostrar su experiencia laboral o formación podrán inscribirse de manera provisional y los asesores estudiarán su caso. Según indica el Ministerio de Educación, las cualificaciones de nivel 1 son las contenidas en Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI); las de nivel 2, las incluidas en los ciclos de Grado Medio de FP; y las de nivel 3, las propias de los ciclos de Grado Superior de FP. CANDIDATOS PARA CADA CC.AA. La distribución del número de candidatos potenciales que evaluará cada comunidad autónoma es la siguiente: Andalucía, 10.446; Aragón (1.704); Asturias (1.424), Islas Baleares (1.465); canarias (2.827); Cantabria (775); Castilla y León (3.186); Castilla la mancha (2.551); Cataluña (9.741); Comunidad valenciana (6.575); Extremadura (1.326); Galicia (3.547); Madrid (8.520); Murcia (1.828); Navarra (809); País Vasco (2.862) y La Rioja (414). El 75 por ciento de las personas participantes (45.000 personas) se corresponden con los perfiles profesionales de los sectores de la Dependencia, la Educación Infantil, Hostelería y Turismo y Reparación y Mantenimiento de vehículos. El perfil del 25 por ciento restante (15.000 personas) será determinado por cada comunidad autónoma en función de sus necesidades.

EFE. El Parlamento Europeo ha aprobado en Bruselas una estrategia global para luchar contra la violencia machista en la los 27 países de la Unión Europea, que incluye medidas como la obligación por parte de los estados miembros de garantizar la defensa legal gratuita para las mujeres maltratadas. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento ha presentado en Pleno un informe, que no tiene carácter vinculante, que insta al aumento del nivel de protección y asistencia de las mujeres que sufren violencia machista dentro de los límites de la Unión. La Eurocamara ha respaldado con amplia mayoría el texto que propone la redacción de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las víctimas de la violencia contra las mujeres, entre los que "debería" incluirse el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Además, el documento solicita que los países se aseguren de que los agresores "son castigados de acuerdo con la gravedad del delito" y que quede garantizada "la formación de funcionarios especializados" sobre este tema, así como la puesta en marcha de centros de ayuda y acogida para las mujeres maltratadas; servicios que ya existen en España. No es delito algo que no está tipificado como tal, por lo que el texto insiste en la necesidad de la tipificación propia del delito de violencia machista. Este punto ya está incluido en la legislación española, pero no está reconocido en toda la Unión ya que, en algunos países, la violencia de los hombres contra las mujeres en forma de violación "no se considera un delito perseguible de oficio". Para poder condenarlo, el texto pide que se defina la violencia contra las mujeres como "una de las formas más graves de violación de los derechos humanos" por motivos de género, y destaca la necesidad de sacar a la luz "el fenómeno oculto" de la violencia doméstica contra otras víctimas como niños, hombres y personas de edad avanzada. La formación se destaca como un elemento básico de protección y localización, por lo que se plantea el desarrollo de métodos más eficaces de detección de este tipo de violencia, y en particular, la elaboración de protocolos de investigación específicos para la policía y los profesionales del sector sanitario capaces de obtener pruebas de los abusos. En el mismo sentido, se propone la oferta de formación específica sobre violencia de género para jueces, funcionarios de la policía criminal, profesionales de la salud y la educación y personal de apoyo a las víctimas. También queda incluido en el informe la solicitud a la Comisión de poner en marcha un observatorio de la violencia contra las mujeres a nivel europeo, una medida destinada a evaluar el alcance de este problema en toda la Unión Europea y que ya han respaldado los países miembros. Según los datos que maneja el informe, la Unión Europea emplea 33.000 millones de euros anuales en los problemas derivados de la violencia machista, que afecta a una de cada cuatro mujeres.

Luis Ullán. La Coalición SI por Salamanca ha decidido apoyar a Amfar (Asociación de Mujeres y Familias del Ambito Rural) en su idea de dignificar la vida de las gentes de los pueblos. Luis Fuentes y Honorio Vega, candidatos al Ayuntamiento y a las Cortes, han debatido con varios miembros de la junta directiva las carencias que impiden un verdadero desarrollo económico en el ámbito rural. Por eso se han comprometido con la presidenta de la asociación, Encarnación Rogado, a impulsar las comunicaciones por carretera -no sólo con Salamanca, sino con los pueblos entre sí- además de la telefonía e Internet, ya que no existe banda ancha en todo el territorio. Estas medidas mejorarían considerablemente la calidad de vida, las comunicaciones, el acceso a la información y el ocio de la gente de los pueblos y servirían de un verdadero desarrollo económico del que carecen actualmente. ASOCIACIÓN AMFAR La asociación Amfar, que en el ámbito nacional cuenta con más de 85.000 mujeres afiliadas, se decanta porque exista un equilibrio ahora inexistente entre la vida en la ciudad y la zona metropolitana y la de los pueblos porque “Salamanca y la zona metropolitana no pueden vivir sin los pueblos y viceversa”, idea corroborada por la Coalición SI por Salamanca. SOLICITUD DE UN ENTE NACIONAL Además ambas agrupaciones coinciden en la necesidad de crear un único ente nacional con delegaciones provinciales para impulsar el desarrollo rural. El problema detectado es que hay cientos de entes, empresas y asociaciones que se dedican a lo mismo y no hay una única coordinación. La mayor parte del dinero que se destina al desarrollo rural procede del 10% que recibe España de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y al final éste montante se destina más a cubrir los gastos administrativos que al verdadero desarrollo.

Ante la grave crisis que está sufriendo el sector olivarero, ASAJA, junto al resto de organizaciones agrarias, las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y Centroliva, ha convocado una manifestación, que tendrá lugar mañana viernes 15 de abril, a las 11.00 horas en Toledo. El recorrido comenzará en la Puerta de Bisagra, finalizando en la Plaza de Zocodover, frente a la Delegación del Gobierno. Las principales reivindicaciones son la activación inmediata del almacenamiento privado, como solución ante la grave crisis de precios, mientras que el funcionamiento del mercado es fluido, con exportaciones récord y mostrando una fortaleza de la demanda que no tiene reflejo en los precios. También se exige la actualización del almacenamiento privado, con la elevación del umbral que permite activar este almacenamiento. La Comisión Europea sigue sin aprobar este almacenamiento demandado por el sector olivarero español, que consiste en retirar producto del mercado a cambio de una ayuda para tratar de recuperar los precios. La CE argumenta que, de momento, no se dan las condiciones para aplicar este apoyo, indicando que el aceite en España se está vendiendo a cotizaciones por encima de los niveles de referencia que marca la reglamentación de la Unión Europea para activar dicha medida. Otra de las reivindicaciones es el control de las prácticas de la distribución, con la aplicación de medidas y sanciones efectivas contra la venta a pérdidas y otras práctica abusivas de la distribución, que dañan la imagen del aceite y perjudican la rentabilidad del sector. En cuanto a los precios, en lo que va de campaña 2010/2011 están prácticamente al mismo nivel que en la campaña 2001/2002, a pesar del constante incremento de costes de producción de los últimos años. Por tercera campaña consecutiva las cotizaciones medias se encuentran por debajo de los costes de producción: El precio medio apenas ha superado en el último mes los 1,84 €/kg (según Poolred) mientras que los costes acumulados del aceite de oliva a la salida de almazara son de 2,491 €/kg (Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino). Ante este complicado panorama, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, hace un llamamiento a la participación de la manifestación en Toledo, donde los olivareros deben exponer sus reivindicaciones y dar a conocer su difícil situación. Esta actuación se engloba en el calendario de movilizaciones que se están realizando en todas las zonas productores, con cortes de carretera y manifestaciones en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. La región, con cerca de 340.000 hectáreas de olivar, es la segunda productora de España (primera productora mundial) y supone el 15% de la superficie nacional. En la pasada campaña ha producido 100.000 toneladas de aceite de oliva virgen, con Ciudad Real y Toledo como las dos principales provincias productoras.

AGENCIAS. Las mujeres españolas dedican 294 minutos al día, casi cinco horas, a actividades no remuneradas como cocinar, limpiar la casa e ir de compras, casi tres veces más que los 107 minutos dedicados por los hombres a estas labores, según los datos del estudio La sociedad de un vistazo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el análisis, la brecha media entre hombres y mujeres en labores domésticas es de 2 horas y 28 minutos en la OCDE, frente a las tres horas y siete minutos de España, lo que sitúa a España como el sexto país de la OCDE con más diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo no remunerado, por detrás de Italia, Portugal, Turquía y México y muy lejos de la marca de Dinamarca, donde la diferencia en minutos dedicados por hombres y mujeres al trabajo doméstico es de sólo 57 minutos frente a los 187 de España. Las españolas son las novenas -de un total de 25 Estados de la organización para los que hay cifras- que más tiempo dedican a esas actividades no pagadas (esencialmente tareas domésticas), por detrás de las turcas, mexicanas, portuguesas, italianas, australianas, irlandesas, polacas y neozelandesas. Los hombres españoles están entre los que menos trabajan en casa, sólo por detrás de surcoreanos, japoneses, portugueses e italianos. El estudio confirma además que España, con 81,2 años, es uno de los países con la esperanza de vida más alta, netamente por encima de la media de 79,3 años en la OCDE.

La subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Felicidad Montero, ha presidido hoy la firma de un Convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General para el Desarrollo Sostenible el MARM y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para instrumentar la subvención de avales de préstamos bonificados a favor de titulares de explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida. El objetivo de este Convenio es establecer las condiciones para que los avales concedidos por SAECA a las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida, puedan beneficiarse de la subvención nominativa prevista en el actual ejercicio económico por un importe de 20.000 euros a favor de la citada Sociedad. Así, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino subvencionará, el 1% del importe de los avales formalizados por SAECA en garantía de los préstamos concedidos a las titulares agrarias en régimen de titularidad compartida, en virtud del Real Decreto de titularidad compartida, de 6 de marzo. Se trata de una medida de acción positiva para incentivar la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias lo que redundará en la consecución de la igualdad efectiva entre las mujeres y hombres que viven en el medio rural. Partiendo de una situación de masculinización y envejecimiento de la población rural, así como de desigual reparto de oportunidades para el empleo entre mujeres y hombres, resulta necesario seguir avanzando para conseguir una mayor participación de las mujeres rurales en los ámbitos económico, social y laboral del medio donde viven, contribuyendo con ello a dignificar y profesionalizar su trabajo.