La presidenta nacional de Amfar, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Lola Merino, ha contestado hoy a las acusaciones lanzadas ayer por Elisa Fernández, presidenta de Fademur en Castilla-La Mancha en una rueda de prensa celebrada en Toledo. La dirigente regional de la UPA acusaba ayer a Amfar de “desinformar” a las mujeres rurales de la región en materia de titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Merino deja claro en un comunicado de prensa emitido hoy desde la organización, que el objetivo de Amfar desde su constitución en el año 1991 es defender los intereses de las mujeres rurales en general y de las mujeres del campo en particular, frente a asociaciones jóvenes e inexpertas como Fademur, que centra más su trabajo en la defensa a ultranza de los gobiernos socialistas, guiadas por intereses particulares y económicos. Amfar lleva una trayectoria de veinte años reclamando un justo reconocimiento del trabajo que desempeñan las mujeres en el campo, gracias al cual un gran número de familias viven de una renta familiar agraria. “El trabajo de las mujeres del campo merece un respeto, un reconocimiento jurídico, unas prestaciones sociales propias y la inclusión de este colectivo en el PIB y en las estadísticas económicas”, subraya Merino. Por lo que las acusaciones formuladas ayer por la joven presidenta de Fademur en Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, resultan a todas luces improcedentes e impropias de una asociación que también se declara defensora de los intereses de las mujeres del campo. Si así fuera, “se preocuparía más de criticar la manifiesta lentitud del Ministerio del Medio Rural que lleva ya casi dos legislaturas agotadas sin ser capaz de desarrollar el Decreto de la Titularidad Compartida de la mujer en la explotación agraria, y no tanto de criticar el trabajo profesional sobradamente demostrado por Amfar en esta materia”, sentencia Merino. Según las últimas declaraciones de la ministra Rosa Aguilar sobre este asunto apuntan a que la “futura” Ley de Titularidad Compartida de la mujer en la explotación agraria podría ver la luz antes de agotar la presente legislatura. Menos de 25 mujeres reciben la subvención en Castilla-La Mancha En cuanto a la situación concreta en Castilla-La Mancha, Amfar sigue defendiendo acciones de discriminación positiva para que la mujer pueda ver reconocido su trabajo en la explotación familiar agraria. Hasta la fecha, no son más de 25 las mujeres de toda la región que se han acogido a las subvenciones de afiliación a la Seguridad Social agraria convocadas por la Junta de Comunidades hace tres años. Dichas ayudas cubren hasta el 20 por ciento de la cuota de inclusión en la Seguridad Social para las menores de 40 años y del 50 por ciento para aquellas que tengan entre 40 y 50 años. AMFAR recuerda que la anterior Consejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, cifró en 700 las posibles mujeres beneficiarias de estas ayudas cuando presentó la norma en el transcurso de unas Jornadas sobre Igualdad organizadas por el Centro de la Mujer de Cuenca en la capital conquense. Sin embargo, la aplicación de la norma exige el cumplimiento de unos requisitos tan estrictos y complejos que suponen para la mayoría de las mujeres un obstáculo a la hora de solicitar dichas ayudas.

ABC. El Tribunal de Cuentas ha puesto en uno de sus últimos informes la lupa en el extinto Ministerio de Igualdad, en concreto en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ahora integrada en el Ministerio de Sanidad. El Tribunal ha detectado múltipes «deficiencias» en los contratos del citado organismo durante 2008 y 2009, es decir, con Bibiana Aído al frente del Ministerio y Miguel Lorente como titular de la Delegación. El informe evidencia adjudicaciones directas no justificadas, exceso de contratos menores (posible fraccionamiento) para disminuir la cuantía de los mismos, incidencias en las subvenciones y los convenios de colaboración y paradójicamente desequilibrio en su personal masculino y femenino, en favor de las mujeres (se llegó a un porcentaje de 95% frente al cinco por ciento de hombres), informa Ep. Falta de transparencia Queda de manifiesto que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación del Gobierno «no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación», pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, «lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública». El informe señala dos expedientes por un importe de 5, 5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que «no estaba debidamente justificada». La «utilización reiterada» de ese trámite de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe que acaba de remitirse al Parlamento. También cita tres expedientes de 2008 que siguieron un procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido. No solo eso; se ha observado también una «excesiva acumulación de contratos menores (el 90, 12% del total), así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12. 020, 14 o 20. 880 euros). En algunos de ellos, el gasto se aprobó después de emitir la factura y en cuatro se trataba de «contrataciones de personal encubiertas al margen de los procedimientos públicos de selección de personal». Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. El Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas y no colabora con el resto de observatorios. El último varapalo se refiere a la distirbución por sexos.

EUROPA PRESS. El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, abordará el estudio de la violencia de género hacia mujeres discapacitadas, una "lacra de desigualdad" que es necesario sacar a la luz. Así lo ha manifestado la subdirectora del Instituto de la Mujer, Teresa Blanch, quien estimó oportuno "visibilizar mucho más" esta cuestión, porque hasta el momento es algo oculto y es "brutal". Al respecto, precisó que las cifras estimativas ofrecidas por el Consejo Europa revelan que el 40 por ciento de las mujeres discapacitadas ha sufrido en algún momento de su vida violencia de género. Dichos casos de violencia de género, según explicó, provienen de los entornos familiares, e incluso del círculo de amistades y, al parecer, se da una mayor incidencia de casos entre las discapacitadas intelectuales. No obstante, se producen muy pocas denuncias por parte de este colectivo, por lo que el Instituto de la Mujer tratará de sacar los casos a la luz y trabajar en este aspecto, para lo que se realizará un estudio en el ámbito nacional. En este contexto, señaló que las mujeres discapacitadas son personas "mucho más vulnerables", que en muchos de los casos padecen múltiples discriminaciones, además de tratarse de un colectivo con poca independencia y, en general, con numerosas dificultades. Teresa Blanch realizó estas declaraciones durante la inauguración de la I Jornada ´Violencia de género en la mujer con discapacidad´, que se realiza en el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Dependencia y Discapacidad de San Andrés del Rabanedo (León). En el acto también participó la representante española de Naciones Unidas en materia de Igualdad y ex secretaria de Igualdad del Gobierno, Soledad Murillo, quien apuntó que el silencio entre las mujeres discapacitadas que sufren violencia de género es habitual.

EFE. La ONU reconoció que debe redoblar sus esfuerzos para aumentar considerablemente la limitada participación de la mujer en sus misiones de paz, la negociación de acuerdos y la reconstrucción de países tras conflictos, según un informe difundido por la organización. El documento elaborado por el departamento de operaciones de paz del organismo mundial evalúa el grado de implementación de la resolución 1.325 adoptada hace diez años por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se insta a integrar a la mujer en todos los aspectos de la construcción de la paz. Una década después, según el informe, el resultado de la labor de Naciones Unidas en este terreno es "desigual" y obliga a adoptar nuevas medidas para cumplir con la voluntad expresada en la resolución por el máximo organismo de seguridad internacional. "El estudio es una llamada de atención a los altos cargos de las operaciones de paz para acelerar la implementación de la resolución 1.325", observó en un comunicado de prensa el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Alain Le Roy. Le Roy, responsable de los "cascos azules", aseguró que dará prioridad y proporcionará el liderazgo necesario para que las misiones de paz "ayuden a que las sociedades que superen un conflicto sean más justas e igualitarias". En la actualidad, el 30% de las 19.800 personas que constituyen el personal civil de las misiones de paz de la ONU son mujeres, un gran paso si se tiene en cuenta que sólo 20 mujeres participaron en las mismas entre 1957 y 1989. Además, ocho representantes especiales de la ONU y sus adjuntos son mujeres. Sin embargo, la mujer sólo representa el 9% de los agentes de policía que sirven bajo la bandera de la ONU y únicamente hay tres unidades de policía en todas las misiones de paz desplegadas por el planeta con todos sus integrantes mujeres. De acuerdo con el informe, Naciones Unidas ha desempeñado un papel importante en la mayor participación de la mujer en la vida política de países afectados por conflictos armados, ya sea como votantes, candidatas o cargos públicos. Así, asegura que se han logrado grandes éxitos particularmente en países donde se ha ayudado a instaurar sistemas de cuotas, como Timor Oriental o Burundi. También se ha conseguido impulsar reformas legales y judiciales para reforzar los derechos de la mujer en países convulsos como la República Democrática del Congo y Sierra Leona, así como dar prioridad a la protección de la mujer en las operaciones de misiones como la desplegada en la región sudanesa de Darfur. Por otro lado, el estudio constata que no se ha logrado ampliar la participación de la mujer en negociaciones de paz y pide que se preste mayor atención durante estos procesos a los grupos que representan a la mujer. También se pide que las misiones aboguen con mayor vigor a favor de una mayor representación femenina en las instituciones de seguridad, de la igualdad de géneros y de la ampliación del horizonte profesional de la mujer. El informe recomienda igualmente a Naciones Unidas que sea más firme en la lucha contra la violencia sexual en situaciones de conflicto, aumente los recursos destinados a la protección de la mujer en las poblaciones desplazadas y exija a sus directivos un mayor grado de cumplimiento de la resolución 1.325.

EFE. Los inmigrantes que tengan un hijo de nacionalidad española a su cargo podrán regularizar su situación en España gracias al nuevo "arraigo familiar" que contempla el borrador de reglamento de la Ley de Extranjería presentado hoy. Unas horas después de la presentación del borrador, el Congreso ha acordado reformar dos artículos de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social de 2009 para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista o de trata y redes de explotación sexual. La reforma de la Ley, que el PP pretende que se tramite con carácter de urgencia, podría estar concluida en dos meses, el mismo plazo que el Gobierno calcula para la aprobación definitiva del Reglamento. El borrador de Reglamento, que incluye 264 artículos, establece también que las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia por cinco años, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad. El texto también fija los requisitos para conseguir la regularización por "arraigo laboral" y "arraigo social", que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de dos años, o quienes hayan vivido en España al menos tres años. En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo. En cuanto al "arraigo familiar" -la situación de padres extranjeros de un niño español- se puede dar cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, con lo que el bebé se considera apátrida y automáticamente recibe la nacionalidad española. Este situación puede ocurrir en el caso de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Cuba, entre otros, que decidan no inscribir a sus hijos en el consulado correspondiente como nacionales de esos países. La propuesta de reglamento también establece que los informes de integración que elaboran las administraciones locales o autonómicas no serán vinculantes. El texto deberá ahora pasar 15 días de consulta pública y recibir el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que podría ser en unos dos meses. Este es el mismo plazo de tiempo que el Congreso calcula que podría llevar la reforma de dos artículos de la Ley que han acordado hoy a propuesta del Grupo Popular si se tramita con carácter de urgencia. El diputado del PP responsable de asuntos de inmigración, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de reformar los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley por considerar que no garantizan suficientemente la seguridad de las mujeres que denuncian malos tratos o explotación por lo que éstas no se atreven a denunciar. El pleno del Congreso ha acordado reformar estos dos puntos, con lo que el Reglamento también deberá ser reformado.

ABC. Los amantes del chocolate ya tienen excusa para disfrutar de su dosis diaria sin sentirse culpables. El dulce manjar contiene una alta concentración de antioxidantes, que previenen el envecimiento prematuro, incluso en mayores cantidades que los zumos de fruta. Así lo asegura una nueva investigación, publicada en la revista «Chemistry Central Journal». Los investigadores del Centro Hershey para la Salud y Nutrición compararon la capacidad antioxidante del cacao en polvo y de los polvos de frutas y encontraron que, gramo por gramo, había más antioxidantes, y un contenido total de flavonoides mayor, en el cacao en polvo. En la misma línea, cuando midieron la cantidad de antioxidantes, por porción, de chocolate negro, cacao, mezclas de chocolate caliente y zumos de frutas descubrieron que tanto el chocolate negro como el cacao tenían una mayor capacidad antioxidante, por su alta concentración de flavonoides y polifenoles, que los zumos de frutas. Sin embargo, el chocolate caliente, debido a la transformación que sufre, pierde gran parte de estas propiedades. «Las semillas de cacao son una "súper fruta" capaz de ofrecer un valor nutritivo más allá de su composición macronutriente», asegura la doctora Debra Miller, autora principal del artículo.

EUROPA PRESS. La Asamblea de Madrid tramitará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de apoyo a la mujer embarazada, en especial a las madres adolescentes, que contiene una batería de medidas para ayudar a la mujer en estado de gestación para compatibilizar su faceta de madre con su vida laboral y que busca que la mujer no vea el aborto como "la única salida posible", ya que "todo aborto es una tragedia" y "un drama". Según ha manifestado el portavoz ´popular´, David Pérez, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, se trata de una ILP presentada el 22 de febrero de 2007 con el respaldo de 76.000 firmas, que contiene una serie de ayudas a las mujeres embarazas. El texto contempla el "derecho" de la mujer embarazada "a ser asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto que le pueda suponer el embarazo" y a ser informada de forma personalizada de ayudas para "culminar su embarazo". Para ello, la Comunidad de Madrid "promoverá y apoyará la existencia de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada que proporcionen a las mujeres información detallada sobre los recursos de protección social existentes en el ámbito estatal, autonómico y local, públicos y privados, adecuados a sus necesidades y en esencial, los referentes a salarios de inserción social, ayudas a la maternidad, en materia de residencia y apoyos a la reinserción laboral". "En todas las políticas asistenciales de la Comunidad de Madrid se establecerá prioridad a las embarazadas para acceder a las prestaciones o ayudas de que se trate, siempre que sean adecuadas a su situación", señala el texto, que indica que se prestará especial atención a la embarazada adolescente. En concreto, toda embarazada menor de 30 años tendrá derecho a una asistencia específica, que incluirá al menos "prestaciones de educación para la maternidad, apoyo psicológico antes y después del parto y asistencia singular en el centro escolar para adecuar su plan de estudios al embarazo y la maternidad". La embarazada adolescente tendrá derecho a "una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante en embarazo y en los dos años siguientes al parto". Además, las autoridades educativas velarán por el "perfecto cumplimiento de esta previsión y arbitrarán los medios y medidas necesarias para hacer posible la optimización del rendimiento académico de la embarazada de forma compatible con las exigencias derivadas del embarazo y maternidad". El escrito señala que "en una sociedad desarrollada ninguna mujer debería quedar en situación de desamparo social sólo por estar embaraza y verse abocada por eso a sopesar la decisión de abortar", especialmente cuando "concurren circunstancias de falta de integración en una relación laboral estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos". Asimismo, indica que en estos casos, el aborto puede, subjetivamente, parecer como la única solución a una situación en la que la afectada no ve otra salida" más que el aborto. El texto apunta que desde 1985 en España se han producido un millón de abortos y dice que en Madrid en 2004 "se produjeron 16.228 abortos". "Es decir, cada año 16.228 mujeres en nuestra comunidad se vieron abocadas al aborto porque nuestra sociedad no fue capaz de ofrecerles alternativas reales no traumáticas", apostilla. "Todo aborto es una inmensa tragedia, para el niño que no llega a nacer, pero también para la mujer que muchas veces no es libre de verdad pues nadie le ofrece alternativas serias al aborto", destaca el escrito, que dice que el objetivo de esta ILP es "generar una red de apoyo a la mujer embarazada para que encuentre alternativas positivas frente al drama del aborto". INFORMACIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES El escrito indica que todos los centros asistenciales y sanitarios de la Comunidad tendrán obligación de informar a la mujer embarazada de esta ley, y detalla que la información que se les dé sobre el aborto se incluirá además información sobre el "síndrome post aborto". En virtud de todo esto, la Comunidad elaborará en seis meses un plan integral de apoyo a la mujer embarazada que incluya la identificación de los centros prestaciones y ayudas a las que puede acceder la embarazada para lograr el apoyo necesario para poder apostar en libertad por la vida de su hijo, campañas informativas al respecto, así como campañas para que los varones asuman su responsabilidad como causantes del embarazo. Además, hay medidas para facilitar el acceso de esta mujer embaraza al empleo, residencias o viviendas adecuadas a su situación y a servicios de guardería.. Entre las medidas, también se pondrá en marcha un teléfono y se promoverá la implicación de los ayuntamientos.