NOTÍCIAS AMFAR
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18/10/2010
AMFAR se presenta en Chantada (Lugo) con un curso de cocina para celebrar el Día Mundial de la Mujer Rural
lavozdegalicia.com Chantada ya tiene su propia asociación local de Mujeres Rurales (AMFAR). Un grupo de socias acudieron al colegio Eloísa Rivadulla para estrenar la primera actividad que organiza este nuevo colectivo, un curso de cocina. La siguiente será otro curso, esta vez de restauración. La presidenta, Yolanda Páz Diéguezexplica que eligieron esta fecha para presentarse en público porque es la de la conmemoración en todo el mundo del Día de la Mujer Rural. «Trátase de una celebración -afirma- necesaria porque en muchas ocasións la mujer de las áreas rurales no tenemos ni los mismos derechos ni las mismas posibilidades que los hombres". Con su presentación, las promotoras de la asociación pretenden dejar claro su reconocimiento público «a todas as mulleres rurais chantadinas, que co seu traballo e esforzo constante están contribuíndo ao mantemento e supervivencia do sector agrario, estratéxico para o noso municipio». Los objetivos de esta nueva asociación pasan por representar los intereses de este colectivo en Chantada, impulsar el desarrollo de la mujer y la familia en el ámbito rural y su equiparación con quienes viven en el medio urbano, contribuir a la formación profesional, social y cutlural de la mujer y la familia y concienciar sobre la importancia del asociacionismo en este ámbito. El curso de cocina terminará el día 25. El de restauración empezará a impartirse el día 26 y terminará el 5 de noviembre.
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18/10/2010
El Gobierno crea un Grupo Interministerial para dar cumplimiento a la titularidad compartida
agrodigital.com El Consejo de Ministros acordó el viernes pasado la creación del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias (GITIC), cuyo objetivo final será la elaboración de un proyecto de ley específico para dar cumplimiento al mandato legal de regulación de esta figura jurídica. El GITIC estará presidido por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y elevará al Gobierno un borrador de propuesta legislativa para el desarrollo de la titularidad compartida, así como las recomendaciones y propuestas sobre medidas que considere necesario llevar a cabo para desarrollar y promocionar la figura de la titularidad compartida. El Consejo ha tomado también conocimiento de un estudio del Consejo de Estado presentado por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para acometer la regulación completa de la figura la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer en el ámbito rural y lograr un reconocimiento pleno de su trabajo en el seno de las explotaciones familiares en términos jurídicos, económicos y sociales. La realidad social de la mujer en el mundo rural, principalmente en el ámbito de la explotación familiar, le impide participar en los derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria en condiciones de igualdad, ya que comparte las tareas agrícolas, aportando tanto trabajo como bienes, pero habitualmente sólo una persona física aparece como titular de la explotación, quedando su labor sin suficiente reconocimiento. La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural han desarrollado la figura de la titularidad compartida y el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones, así como la correspondiente protección de la Seguridad Social. Posteriormente, el Decreto 297/2009 ha supuesto un importante avance en esta materia, pero no puede dar pleno cumplimiento a los mandatos de ambas leyes, que pretenden establecer un régimen mucho más amplio, por lo que es preciso que le acompañen otras medidas o que incluso que se plantee la posible modificación de leyes civiles, mercantiles, fiscales, de derecho notarial y registral, o laborales, para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario. En este sentido, el informe del Consejo de Estado elevado hoy al Consejo de Ministros propone diversas medidas de modificación legal para adecuar la normativa vigente, adaptándola al impulso que se pretende dar a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, como modificaciones en la normativa de ayudas, en la normativa reguladora del censo agrario. En su informe, el Consejo de Estado también recoge varias medidas de actuación y programáticas, como la creación de un carné de cotitular, el establecimiento de una instrucción que permita que se valore e impulse el efecto de los planes, programas y normas en el ámbito de la titularidad compartida, al objeto de hacer visible esta situación.
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18/10/2010
AMFAR Alicante visita Riegos Levante para celebrar el Día Mundial de la Mujer Rural
laverdad.es Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, una representación de mujeres rurales de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) de Elche, encabezadas por su presidenta provincial, Tere Antón, visitó la sede de la Comunidad de Riegos de Levante, en el Parque Agroalimentario La Alcudia, para conocer el funcionamiento de la misma. La ingeniero Clara Ortega les fue dando las explicaciones pertinentes, mientras que el biólogo José Antonio Sánchez les habló de El Hondo. El jefe de ingenieros, José Pagés, expuso el proceso de modernización y el presidente de la comunidad, Manuel Serrano, cerró el acto. Para el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, fue «un honor» la visita de la asociación. Entrevista a Tere Antón. diarioinformación.com ¿A quién representa AMFAR? Representa a la mujer del mundo rural, pero no sólo a las que cultivan, sino también a todas aquellas que quieran pertenecer, puesto que todos vivimos de los alimentos que nos da el campo. Además también incluimos a sus familias. AMFAR nació en 1995 en Ciudad Real y se asentó en la provincia en 2001. ¿Con cuántas personas cuentan? A nivel provincial, con más de 300. Elche y Villena son los núcleos donde más personas asociadas tenemos. En Elche contamos con un centenar de integrantes. ¿Permanece una imagen trasnochada acerca de la mujer que trabaja en el campo? Sí, sobre todo en las grandes ciudades. Permanece esa imagen estereotipada, como si la mujer rural no hubiera evolucionado. La mujer del campo conduce el tractor, se hace cargo de la maquinaria, del invernadero, de cualquier tipo de riego, etcétera. La mujer siempre ha estado a la par que el hombre en el campo, lo que ocurre es que eso no se ve. Nosotras no queremos ser más que el hombre, pero sí iguales, que se reconozcan nuestros derechos. ¿Qué responden cuando les dicen que los tomates o las alcachofas están muy caros en el supermercado? Estamos en contra. Pagamos el pato los agricultores y los que consumimos los productos por culpa de los intermediarios. Pero claro, ahora el producto se quiere calibrado, en bandeja, plastificado y transportado, y eso cuesta dinero. Nosotros cultivamos las cosas y las vendemos sin precio, no lo ponemos los agricultores. ¿Qué reivindican ustedes? Queremos que se nos vaya teniendo en cuenta y seguir luchando por nuestros derechos, no estar ahí detrás, en la sombra.
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18/10/2010
AMFAR Ávila se vuelca en la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural
amfar/nortecastilla.es AMFAR Ávila celebró el Día Mundial de la Mujer Rural el pasado viernes 15 de octubre en la localidad de Fontiveros con un rotundo éxito de participación. Alrededor de 200 mujeres rurales de toda la provincia se dieron cita en la localidad abulense para participar en la Jornada "La Mujer, Eje y Motor del medio rural". La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, presente en el acto, instó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a que “de una vez por todas se materialicen los compromisos alcanzados en tantas ocasiones en materia de mujer rural, y se lamentó de que la presidencia española de la UE, no haya servido más que para redactar infinidad de documentos sobre esta materia que hasta la fecha no se han concretado”. Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, exigió a las administraciones autonómica y central políticas que incentiven mejoras económicas y sociales de las mujeres en el medio rural, para equipararlas con las que viven en el medio urbano. Para Donaciano Dujo, “la mujer y el hombre tienen que tener por ley y por derecho propio igualdad de condiciones económicas, sociales y de todo género”, aunque “desgraciadamente” esa igualdad “no se da en muchos casos” y se ve, sobre todo, en el medio rural. “Hay una diferencia aún mayor entre las condiciones económicas y sociales que tiene la mujer en el medio rural que en el urbano”, añadió, incidiendo en que aún hay cuestiones que son “lógicas y normales en el día a día” en el medio urbano, pero que son “imposibles” en el medio rural, informa. Por ello, desde Asaja y, en concreto, desde Amfar, se exige a la Junta de Castilla y León y también al Gobierno de la nación una política “que incentive mejores económicas y sociales para el medio rural y, sobre todo, para la mujer del medio rural”, que es la base del crecimiento y de la sostenibilidad del medio rural de Castilla y León. Si esta región sufre una despoblación y un envejecimiento importantes, eso solo se arregla teniendo unas condiciones positivas para la mujer y que pueda compaginar sus labores familiares y empresariales”. Compromiso Alrededor del 52% de la población femenina de Castilla y León vive en el medio rural, razón por la que el mundo asociativo y el desarrollo «equilibrado» del medio rural debe venir, según el consejero de Familia de la Junta de Castilla y León, César Antón, aprovechando el «potencial» del papel «tan importante» de la mujer. En este sentido, se refirió a las empresas que están surgiendo alrededor de la agroalimentación y de la artesanía y que, en el caso de la Red Mujer Empleo, ha permitido que el 42% de las empresas creadas por mujeres estén en el medio rural. En su intervención, Antón destacó la importancia de celebrar en Fontiveros la jornada regional de AMFAR de potenciación de la mujer en el mundo rural, porque «estos encuentros desarrollan funciones muy importantes de sensibilización sobre el potencial de las mujeres en el medio rural». El consejero subrayó el «compromiso» de la Junta de Castilla y León con ese potencial, algo que se hace con el «apoyo de servicios básicos» en el medio rural, como acercar la sanidad, el transporte o la educación, pero también con servicios «cercanos» como centros de día, de los que el 65% se encuentran en el medio rural.
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14/10/2010
AMFAR celebra el Día Mundial de la Mujer Rural con 14 actos centrales en el territorio nacional
Toledo.- La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, ha recordado esta mañana en rueda de prensa en Toledo, que esta organización que fue pionera en España en la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural en el año 1.997, celebra por décimo cuarto año consecutivo esta efeméride con un total de 14 actos centrales en diferentes provincias del territorio español. Ávila, Segovia, Soria, Palencia, Huesca, Zaragoza, Guipúzcoa, Alicante, Valencia, Almería, Sevilla, Granada, Toledo y Ciudad Real son las provincias en las que Amfar hará un reconocimiento público y rendirá un merecido homenaje a los más de cinco millones de mujeres rurales españolas que con su trabajo y esfuerzo constante están contribuyendo a la supervivencia del mundo rural. Un colectivo que además, garantiza el mantenimiento de la renta familiar y de un sector estratégico para nuestro país, como es el agrario. La mujer rural emprendedora, su participación en la toma de decisiones, la autoestima, la mujer en el desarrollo rural, el mantenimiento de la biodiversidad, su papel ante la crisis económica, la igualdad de oportunidades, el papel de la Familia en el Territorio Rural o su implicación en el Sector Agrario serán algunas de las temáticas abordadas por AMFAR en la presente edición para la celebración de este Día Mundial. Además, Amfar aprovechará estos actos para poner de relieve la importancia del trabajo desarrollado por las mujeres en el campo español. Un sector económico que es el motor económico y medioambiental de las zonas rurales y el principal instrumento de fijación de población, empleo y biodiversidad. Un trabajo que merece del reconocimiento mínimo de cualquier trabajador, pero que por desgracia a día de hoy el gobierno español sigue sin desarrollar y dotar de presupuesto tanto el Plan Estratégico de la Mujer Rural contemplado por el Ministerio del Medio Rural en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una Ley que fue aprobada el 29 de noviembre de 2007. Así como el Real Decreto de la titularidad compartida de la mujer en la explotación agraria, aprobado el 5 de marzo de 2008, con el objetivo de que la mujer rural española disfrute de sus derechos y prestaciones sociales propias y que aún sigue sin desarrollarse por completo su contenido. Por otra parte, la propia ministra Espinosa presume de haber priorizado el debate del papel de la mujer en el medio rural durante la reciente Presidencia Española de la Unión Europea. Espinosa sostiene que es la primera vez que este tema llega al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, y que el propio Comisario Dacian Diolos, ha considerado oportuno que las políticas de género se introduzcan en la próxima reforma de la PAC. Sin embargo, desde AMFAR recordamos que los retos en esta materia marcados por el propio Gobierno español durante su mandato no se han alcanzado. Ni la recuperación de las ayudas que recibían las mujeres al darse de alta como titulares de la explotación agraria, ni el reconocimiento del trabajo de estas mujeres a través del Real Decreto de titularidad compartida. Podemos afirmar, por tanto, que nuestro Gobierno ha dejado escapar una oportunidad única para mejorar la situación personal y profesional de cinco millones de mujeres de este país. CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE Por otra parte, Merino ha presentado la batería de cursos de formación on-line que comenzarán a impartirse a partir del mes de noviembre a través de PlazasenRed.es, la única red social del mundo rural. “Con esta iniciativa, AMFAR pretende suplir la carencia formativa que existe en los núcleos rurales y las dificultades de acceso al mundo laboral”, ha señalado Merino. Los cursos siguen una metodología de e-learning, con la que los participantes podrán realizarlos desde cualquier lugar con acceso a internet las 24 horas del día. La duración prevista para los cursos será de 2 meses y de 25 horas lectivas. Según Merino, con este sistema se consiguen eliminar las barreras geográficas de las zonas rurales y la incompatibilidad de horarios que en muchos casos impiden el acceso de la mujer a la formación. La temática de los cursos será: Ofimática, Creación de Empresas, Aptitudes ante la crisis en la empresa, Habilidades de comunicación y Prevención de riesgos laborales en el sector agrario.
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07/10/2010
Inscribir niños de madres de alquiler requerirá de resolución judicial previa
EFE. El Ministerio de Justicia ha dictado una instrucción que fija los criterios para permitir la inscripción en el Registro Civil de niños nacidos en el extranjero de madres de alquiler y establece como requisito previo la presentación de una resolución judicial del país de origen. Dicha exigencia, según informa el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, dota de plena protección jurídica el interés superior del menor y de la madre gestante y, además, permitirá controlar el cumplimiento de los requisitos del contrato de gestación por sustitución respecto al marco legal del país donde se ha formalizado. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado esta instrucción después de que un juzgado de Valencia anulara la inscripción en el Registro Civil de dos bebés como hijos de un matrimonio entre dos hombres, ya que fueron concebidos por una «madre de alquiler» en San Diego (EEUU), método de gestación prohibido por la legislación española. El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia argumentó que la ley de técnicas de reproducción asistida señala en su artículo 10 que será nulo de pleno derecho «el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». La nueva instrucción, que será remitida hoy mismo al Boletín Oficial del Estado, fija como requisito previo para el registro de los niños nacidos de madres de alquiler, que han renunciado a su filiación materna, la presentación ante el Registro Civil de una resolución judicial que haya dictado un tribunal competente del país de origen. Con ello -subraya la instrucción- se constatará «la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante, la eficacia legal del consentimiento prestado por no haber incurrido en error sobre las consecuencias y alcance del mismo, ni haber sido sometida a engaño, violencia o coacción». Además, permitirá verificar que no existe simulación en el contrato de gestación por sustitución que encubra el tráfico ilegal de menores, así como la eventual previsión y posterior respeto a la facultad de revocación del consentimiento u otros requisitos previstos en la normativa legal del país de origen. Justicia asegura que de esta forma se arbitran también los instrumentos necesarios para que el menor tenga acceso al Registro Civil español cuando uno de los progenitores sea de nacionalidad española, y se impide que la inscripción registral dote de apariencia de legalidad supuestos de tráfico internacional de menores. Por último, el Ministerio indica que debe evitarse también la vulneración del derecho del menor a conocer su origen biológico.
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07/10/2010
El PSOE incumple su anuncio: las empleadas de hogar no se acercan al Régimen General
Periódico Diagonal.- Actualmente el 65% de las trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social son extranjeras. En 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció que se iba a llevar a cabo la reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el proyecto para modificar la Ley General de la Seguridad Social, sin embargo la última reforma del mercado de trabajo no modifica la situación de precariedad en la que están instaladas las trabajadoras del sector doméstico. La reforma laboral ha modificado levemente algunos puntos sin tocar lo esencial, es decir, sin alterar la invisibilidad de un trabajo que se relaciona directamente con la migración femenina, los cuidados y, en definitiva, la propia organización de la sociedad. Si la crisis económica ha aumentado los índices de desempleo, no ha ocurrido así en el trabajo doméstico, donde el número de afiliaciones se ha mantenido estable o incluso en aumento en este sector claramente feminizado. Unas 800.000 personas, más del 90% mujeres, trabajan como empleadas del hogar en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De ellas, se calcula que 280.000 están dadas de alta en la Seguridad Social y el resto forman parte de la economía sumergida. Sin embargo, cotizar en este sector no supone un reconocimiento de derechos laborales equiparable a los del Régimen General, regulado desde 1985 por el Régimen Especial de Empleados del Hogar (REEH). Arantxa Zaguirre, del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid, recuerda que en 2006 el Ejecutivo se comprometió a integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General pero este compromiso nunca ha llegado a cumplirse. Durante este tiempo, sostiene que se ha producido una “simbiosis perversa” entre el Régimen Especial de Empleados del Hogar (REEH) y la Ley de Extranjería a medida que se masificaba la incorporación de las españolas al mercado laboral y las tareas domésticas de las que se encargaban en casa se transmitían a mujeres migrantes. Hoy, el 65% de las trabajadoras del hogar afiliadas son extranjeras, muchas de ellas “capaces de aguantar condiciones que una trabajadora autóctona no soportaría” por miedo a perder los permisos de trabajo y de residencia, precisa Zaguirre. “La ausencia de prestaciones por desempleo puede llevar a la aceptación de situaciones inaceptables, como en el caso de empleadas internas sin red social o familiar en el Estado español, que saben que un despido supone quedarse sin trabajo, sin ingresos y sin casa en un mismo día”, explica esta abogada. El REHH no reconoce cotizaciones y prestaciones por desempleo, de ahí que –según Zaguirre– muchas extranjeras en paro paguen de su bolsillo la cotización a la Seguridad Social –160 euros mensuales– para poder renovar sus tarjetas de residencia. Por otro lado, “a muchas españolas no les importa trabajar en negro porque la regulación es tan cutre que apenas les compensa estar dadas de alta”, agrega la abogada. Por su parte, la antropóloga social Silvina Monteros incide en la necesidad de “abolir el régimen de internas” y que se fije una jornada máxima de 40 horas semanales, excepto en la regulación del trabajo nocturno, que debe fijar también una duración determinada. "800.000 personas trabajan como empleadas del hogar en España, de ellas, 280.000 están dadas de alta en la Seguridad Social" “Vivir con la familia da un toque de servilismo y el trato personal en esta convivencia dificulta que se defina la situación profesional”, subraya Monteros. Respecto a las consecuencias de la Ley de Extranjería, coincide con Arantxa Zaguirre en que las reformas de la norma (la última se llevó a cabo en 2009) dificultan la reagrupación familiar e impiden a las migrantes tanto contar con un entorno que les ayude a conciliar su vida personal y profesional, como no ejercer su derecho a la maternidad. Efectos de la reforma laboral La reforma laboral aprobada por el Gobierno no mejora la situación del trabajo doméstico. Arantxa Zaguirre lamenta que “hacia donde vamos no es a que las trabajadoras del hogar se acerquen a conseguir los derechos del Régimen General, sino que el Régimen General se está acercando al de las trabajadoras del hogar”. Las novedades se basan en reducir del 45% al 30% el máximo del salario que se puede percibir en especie y establecer que no pueda cobrarse en metálico un salario inferior al mínimo interprofesional, fijado en 633 euros. Para Silvina Monteros, estas medidas son insuficientes porque la mayoría de las trabajadoras están sin contrato y, por tanto, no se puede asegurar el salario mínimo interprofesional; además, siempre cobran menos que el resto porque sólo se les reconocen dos pagas extraordinarias anuales de 15 días cada una. Asimismo, la reforma contempla la contratación a través de entidades intermediarias que, a juicio de Monteros, favorecen la precariedad, a no ser que se llegue a un acuerdo de mínimos por debajo de los cuales no se permita contratar. Una de las causas de la ausencia de mejoras en la regulación del sector es que sus representantes, las asociaciones de trabajo doméstico, nunca se han sentado a la mesa de la negociación colectiva junto a la CEOE, CEPYME y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. Arantxa Zaguirre considera que la posición sindical “no está clara” y reconoce que la negociación es “difícil” porque “defienden a las empleadoras, que son trabajadoras normales que tienen salarios normales; la mayoría mileuristas”. Por eso, apuesta por una “negociación diferente” para el caso de las trabajadoras del hogar que cuente con la postura de las asociaciones que las representan. En este sentido, Monteros critica la parálisis parlamentaria para mejorar las condiciones laborales del sector pero resalta que “a nivel cívico, las empleadas del hogar se están moviendo muchísimo y esto es muy positivo”. Muestra de ello son los encuentros promovidos por el Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Promoción y Capacitación de la Mujer (UN-INSTRAW) en 2009, que reunieron en Madrid a más de 30 entidades sociales de todo el Estado que elaboraron un pliego de propuestas para acabar con las discriminaciones del REEH. “A nivel cívico, las empleadas de hogar se están moviendo mucho y esto es muy positivo”, recalca Monteros Este año, la experiencia se repite en Granada, Albacete y Pamplona. Las tareas de cuidado Las deficiencias en la regulación del trabajo doméstico repercuten de forma negativa en las tareas de cuidado. Raúl Beltrán, colaborador de la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia, declara que en aplicación de esta ley, “las administraciones públicas están recurriendo de forma abusiva a las prestaciones económicas por personas cuidadoras en el entorno familiar”. Según sus datos, el 49% de las prestaciones son de este tipo y las relativas a la contratación de personal asistente, que se corresponde con la contratación particular del trabajo doméstico, representan el 0,1%. En su opinión, estos porcentajes derivan, en parte, del hecho de que muchas personas dependientes no tienen ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades elementales (viviendas adaptadas, equipamientos, cuidados personales, movilidad, etc.). Beltrán añade que cuando no se cuenta con ayudas públicas, quienes no pueden hacer frente a los gastos que necesitan, “tampoco están en disposición de afrontar el pago de un salario justo para trabajadoras domésticas, con lo que se extienden las situaciones de exclusión social y precariedad entre ambos colectivos”. Para Beltrán, la Ley de Dependencia debería ser “una buena oportunidad” para hacer emerger la economía de los cuidados que se encuentra al límite de la legalidad. No obstante, “la escasez de las ayudas económicas, así como la falta de servicios sociales públicos encargados de prestar servicios de apoyo a la autonomía personal, contribuyen a la situación de precariedad de las trabajadoras domésticas”, concluye Beltrán.
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