El Cabildo de La Palma en colaboración con la Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica de la isla de La Palma SODEPAL, y bajo el convenio que se mantiene con el Instituto Canario de Igualdad, ha puesto en marcha el Proyecto "Mujer Cultívate", posibilitando la incorporación de un total de quince mujeres en un itinerario formativo sobre agricultura con el objetivo principal de promover una formación ocupacional que permita posteriormente la inserción laboral. Durante los próximos cinco meses las alumnas adquirirán formación práctica en agricultura y desarrollarán de manera paralela un itinerario formativo personalizado de inserción laboral, arbitrando las medidas complementarias oportunas en cada caso en materias como habilidades sociales, informática y emprendeduría o búsqueda de empleo. Todo ello encaminado a dotar de nuevas herramientas personales que les permitan manejar mejor su vida laboral y social. "Mujer Cultívate" se enmarca en el Plan Insular de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, constituyendo la idea de partida del Proyecto el trabajar el crecimiento integral de las alumnas beneficiarias. Para el Cabildo de La Palma, el reto se centra en el fomento y la promoción de iniciativas de autoempleo en estas quince mujeres. Las alumnas beneficiarias de esta acción son mujeres de diferentes nacionalidades con la característica común de que todas ellas mantienen responsabilidades familiares no compartidas y el reto del crecimiento personal. Durante todo el proceso formativo las alumnas estarán acompañadas de un equipo multidisciplinar integrado por el monitor responsable de la formación en agricultura, el Equipo de Mujer del Cabildo, responsable de las funciones de tutoría y seguimiento; y la presencia de técnicos de Sodepal, para el ejercicio de funciones más específicas de formación y asesoramiento en emprendeduría o autoempleo.

EFE. El 70 por ciento de los menores que no reciben educación básica en el mundo son niñas, denunció hoy en México la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, quien pidió impulsar para ellas una mayor inclusión en programas de enseñanza primaria. Durante la inauguración de la XXX Conferencia de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW, sigla en inglés), la alta funcionaria dijo que, al ritmo de los últimos años, no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de lograr la enseñanza primaria universal. La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Unhchr, sigla en inglés) sostuvo que la ONU pretendía "asegurar que para el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria". "De acuerdo con las estimaciones de la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef) la cifra de niños sin escolarizar está entre 70 y 100 millones. Y de ellos, el 70% son niñas", dijo Kyung-wha. "En el África Subsahariana 12 millones de niñas podrían no ir nunca a la escuela", advirtió. Su intervención, en un foro trianual convocado con el lema "Educación, empoderamiento y desarrollo", también sirvió para recordar que probablemente tampoco se logrará "eliminar la desigualdad entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria" en 2015, como pretendía el ODM número tres. "La reciente crisis económica y su reflejo en el bienestar de las niñas de muchos países ha hecho que la igualdad de género, incluyendo el acceso a la educación, se haya alejado aún más de ser una realidad", dijo Kyung-wha. Recordó que, en coyunturas de crisis, "muy a menudo son las niñas las primeras que dejan la escuela para ayudar a las familias a superar las dificultades económicas". "Esto es una tragedia inaceptable, más aún a la luz de la clara evidencia de que hay un enorme impacto de la educación básica en la vida de una niña", recalcó. Explicó que si una niña completa siete años o más de educación se sabe que por lo general se casa "cuatro años después, en promedio, que otra sin educación". Dijo que es más probable que una joven educada "tenga dos hijos menos (que las otras) en su vida", y también, "que evite complicaciones o muertes durante el embarazo y al nacer sus hijos", mismas que producen el fallecimiento de 500.000 mujeres cada año en el planeta. En el mismo acto la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN), Olga Sánchez Cordero, dijo que en su país "existe una importante brecha de género en la educación, el desarrollo y los espacios de poder", donde "los hombres continúan, en muchos espacios, ocupando mayoritariamente los cargos públicos y tomando las decisiones políticas más importantes". Consideró "fundamental" para que el país cambie de rumbo "que esa realidad revierta", incluso dentro del Poder Judicial, donde en los puestos de primer nivel "la proporción de las mujeres se encuentra por debajo del 30%" respecto a la de los varones. La conferencia inaugurada hoy cuenta con la participación de unas 300 representantes de los cinco continentes, y durará hasta el próximo 9 de agosto. A la inauguración asistieron también Patricia Galeana, presidenta-fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), Louisse Croot, presidenta de la IFUW, Luis Raúl González Pérez, abogado mayor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Mirelle Feingold, directiva de FEMU.

diariovasco.com La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, y la asociación Francisco de Vitoria, acusaron ayer al Ministerio de Igualdad de cargar sobre sus espaldas los crímenes machistas al haber sugerido de manera «confusa» que la Administración de Justicia no siempre impone con celeridad las pulseras electrónicas localizadoras a los maltratadores particularmente peligrosos. Ambas organizaciones profesionales salieron al paso de unas manifestaciones del delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en las que éste puso de relieve «la falta de equiparación» entre el medio millar de mujeres que sufren en España un «riesgo alto o extremo» de agresión y las 369 pulseras que han sido activadas, una medida que depende de «la valoración de las sedes judiciales». La APM calificó las palabras de Lorente de «demagógicas», «gratuitas» y «carentes de argumentos». Según su portavoz, Antonio García, «decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es como decir que los jueces no están haciendo lo que deben, trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco». García indicó que, cuando los juzgados no adoptan ese tipo de medidas es porque, tras el análisis de las circunstancias, «no resultan justificadas». «No se puede pretender -prosiguió- que se obligue a un individuo a portar una pulsera sobre la base de cualquier tipo de denuncia», ya que está en juego la limitación de un derecho. Por su parte, el portavoz del colectivo Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, recalcó que los juzgados han aprobado «todas las pulseras que se podían conceder» tras estudiar los informes de cada caso. Rapidez en los informes Jueces para la Democracia admitió que el problema de la Ley de Violencia de Género es que «no diferencia entre supuestos concretos». Según explicó el portavoz de la asociación, José Luis Ramírez, mientras los casos leves son «los que mayoritariamente se tramitan en los juzgados de violencia de género», los más graves, sin denuncia interpuesta, «no suelen investigarse». La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, rompió una lanza en favor de los jueces y subrayó que el debate «no puede girar» sobre las pulseras, sino sobre la manera «de crear seguridad para la víctima». El Observatorio intentará que se «aceleren los informes periciales» para «ayudar» a los jueces a valorar el riesgo de las mujeres. Precisamente, la Ertzaintza informó ayer del último caso de violencia doméstica ocurrido en Gipuzkoa. Un hombre de 48 años fue detenido en Errenteria acusado de agredir a su pareja durante una discusión y a una hija de ésta que intentó mediar en el altercado.

LA RAZÓN. Se supone que era la gran alternativa a la interrupción del embarazo que promovía la Ley del Aborto, que entró en vigor hace poco más de un mes. Una información que, durante tres días de reflexión, tenía que hacer recapacitar a las mujeres interesadas en abortar acerca de las consecuencias de esta intervención, así como de otras opciones disponibles. Un sobre cerrado con información sanitaria y social, con derechos y ayudas. Sin embargo, a día de hoy, no todas las mujeres tienen acceso a la misma información. «En Cataluña son una barbaridad de páginas, cerca de 40. En Asturias son unas 17. Y en Andalucía apenas es un folleto de dos páginas », afirma Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). En el caso de Madrid, se entregan dos sobres: uno de la Comunidad de seis páginas, y otro del Ministerio de Igualdad, de 19. Ambos están centrados en las ayudas disponibles a la maternidad. Y así, cada Consejería de Sanidad autonómica. «El contenido varía enormemente de una comunidad a otra», sostiene Barambio. Y «lo normal es que las mujeres lean un tríptico con informaciones concretas, pero no 40 páginas». Además, según denuncian las ONG de apoyo a la maternidad, los textos están escritos con terminología legal, lo que provoca que sean de difícil comprensión. Es más: en el caso de Cataluña, como reconoce Barambio, son las propias clínicas las que tienen que «bajar» de la web «la información de las ayudas estatales y meterlas en los sobres» correspondientes. Éste es sólo uno de los factores por los que el presidente de ACAI considera que «los dos decretos ley han sido elaborados apresuradamente» por el Ejecutivo central. Luego están las peculiaridades de cada comunidad. En Valencia, el Gobierno autonómico quiere incluir en estos sobres imágenes de fetos en las diferentes semanas de gestación. Desde ACAI afirman que esta medida aún no se aplica en las clínicas de la región. «El tema está en el aire y la pelota, en el tejado de las comunidades autónomas», afirma José Jara, presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid. Los sobres «incluyen un mínimo que marca la ley, como son los recursos económicos y las ayudas públicas, aunque éstas son tan escasas que hacen parecer que el embarazo sea un problema». De hecho, recuerda Jara, «el Consejo de Estado llamó la atención sobre el tema de los sobres: no es algo normal en la relación médico-paciente. Ha de ser una atención personalizada. Así, «no se informa de las ayudas de iniciativas privadas, ni de las diferentes ayudas diversificadas». Este tipo de ayudas las ofrece, por ejemplo, la Línea de Atención de la Mujer, uno de los servicios privados de apoyo a la maternidad más solicitados en nuestro país. «Cuando las mujeres acuden a nosotros, vienen con el sobre cerrado. Muchas ni lo abren. Otras lo miran y no entienden ni les interesa el contenido, escrito con términos legislativos. Muchas al final lo acaban tirando a la basura», asegura Sonsoles Alonso, ginecóloga de la Línea de Atención a la Mujer. «Muchas de las que vienen nos dicen: “No entendemos nada”», afirma. Así, «las chicas llegan después de hacerles en las clínicas una entrevista mínima, les entregan un sobre sin preguntarles nada y las den cita para abortar tres días después». «Los sobres no contienen ni alternativas ni ayudas. Son ayudas que ya existían. Por ejemplo, te informan del cheque-bebé de 2.500 euros. A una embarazada de 14 semanas no le vale de nada», afirma la ginecóloga. Y es que las familias que tengan un bebé a partir del 1 de enero de 2011 ya no podrán optar a esta ayuda, eliminada por el Gobierno. Otros países europeos La clave, dice Alonso, está en personalizar el problema. «Una mujer no podrá tener a su hijo por un problema económico, otra porque esté estudiando, otra por malos tratos... Hay que reforzar la figura del asistente social», afirma. De hecho, esto ocurre en otros países. Como recuerda la ONG Derecho a Vivir, en Alemania la mujer debe acreditar, mediante un certificado de un asistente social del Servicio Público, que conoce las alternativas al aborto. También están notando en la Línea de Atención de la Mujer que esos sobres sólo los están entregando las clínicas acreditadas para el aborto, pero no los ginecólogos de la Seguridad Social ni los médicos de cabecera. «Hay más menores que han abortado» LA RAZÓN adelantó el pasado mes de julio que una joven de 17 de años de Barcelona se había convertido en la primera menor que había abortado sin conocimiento de sus padres. Aquella joven alegó un «grave conflicto familiar» para poder interrumpir su embarazo sin permiso paterno, una de las novedades estipuladas en la nueva Ley. El presidente de las clínicas afirma que desde entonces «ha habido más casos», si bien es cierto que no pudo confirmar una cifra aproximada de las menores que han podido abortar un mes después de aplicarse la nueva legislación. «En esos casos, el médico decide conforme a la información que tenga», apuntó Santiago Barambio. Así, para tomar la decisión, el médico puede solicitar informes a otros profesionales, como trabajadores sociales –como ocurrió en el caso de Barcelona– o psicólogos.

EFE. Los trabajadores autónomos de la UE y sus cónyuges tendrán, por primera vez, derecho de recibir prestaciones y permiso de maternidad, dentro de una nueva directiva europea que entra hoy en vigor y que pretende reforzar la capacidad empresarial femenina, según informó la Comisión Europea. Esta nueva legislación de la Unión Europea mejora los derechos a la protección social de millones de mujeres en el mercado laboral, ya que en la actualidad sólo uno de cada tres empresarios es mujer. La comisaria europea de Justicia, y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, afirmó hoy que con esta nueva ley "Europa da un paso importante para mejorar la protección social y ofrecer unos derechos económicos y sociales iguales a los hombres y mujeres". Asimismo, la comisaria pidió a los Estados miembros que comiencen a aplicar rápidamente la directiva para que los ciudadanos "puedan apreciar sus beneficios en sus vidas cotidianas". La normativa, que ofrece una prestación por maternidad y un permiso de al menos 14 semanas a las mujeres que trabajan como autónomas y a sus parejas, fue aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de mayo y refrendada por los Estados miembros de la UE el 7 de junio. La protección social para los cónyuges colaboradores y las parejas de hecho de los trabajadores autónomos también se ve mejorada con esta nueva ley ya que tendrán las mismas pensiones que los trabajadores por cuenta propia, siempre que el Estado miembro ofrezca dicha protección a los trabajadores autónomos. Los Estados miembros de la UE deberán incorporar la directiva a sus legislaciones nacionales en un plazo máximo de dos años, un período que sólo podrá prolongarse si el país aduce dificultades particulares.

LA RAZÓN. Las mujeres y los jóvenes son el futuro del campo de Castilla y León. Por este motivo, la Consejería de Agricultura y Ganadería, que lidera Silvia Clemente, va a conceder ayudas a la afiliación de mujeres del medio rural -aquella que resida en municipios con una población inferior a 10.000 habitantes-, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Así podrán recibir subvenciones con un máximo de doce meses por cada convocatoria, con un límite de tres años por beneficiaria, con el fin de compensar las cuotas satisfechas. Las ayudas se destinarán, en primer lugar, para las mujeres de entre 41 y 45 años, a las que se aportará hasta la mitad de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada en función de la base mínima de cotización y el tipo que establezca la legislación estatal. A las menores de 41 años se les aportará el 20 por ciento de esa cuota. Las subvenciones prevén promover la afiliación de las mujeres del medio rural con la finalidad de incentivar la creación del empleo femenino y la mejora laboral del colectivo de referencia en Castilla y León, facilitando mediante incentivos su alta en la Seguridad Social. Por lo que podrán ser beneficiarias las que soliciten su incorporación en el periodo subvencionable establecido en cada convocatoria, que tengan 45 o menos años de edad, estar empadronada en un municipio de nuestra Comunidad, y que la actividad se desarrolle dentro del territorio autonómico. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo normalizado que figura en la página web de la Junta www.jcyl.es. Agricultura ecológica Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería concederá un máximo de 514 euros por hectárea a las explotaciones que se ubiquen bajo el régimen de las ayudas correspondientes a las actuaciones agroambientales incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. La iniciativa pretende regular y fomentar la agricultura ecológica, los agroecosistemas extensivos de secano, el mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción, la producción integrada, la ganadería ecológica y el cultivo de girasol en secano en zonas Red Natura 2000.