La tiradora española Beatriz Laparra se proclamó campeona del Mundo de Recorridos de Caza, con una brillante actuación en la final celebrada en Warnambool (Australia) este pasado fin de semana. Laparra hubo de enfrentarse a casi cincuenta tiradoras representantes de más de quince países, entre ellos, Gran Bretaña, la anfitriona, Australia; USA, Italia, Francia, Portugal, Rusia… Beatriz Laparra, que ya nos tiene acostumbrados a cosechar éxitos allí donde compite, se alzó con la victoria por una diferencia de cuatro platos respecto de su máxima competidora, la francesa Céline Rodde, que acabó subcampeona. El podio se completó con Katiuscia Spada, de Italia. El resto del equipo español de Recorridos de Caza, que estuvo arropado en todo momento por el seleccionador nacional, José Manuel Jiménez Perea, tuvo una buena actuación, pero se quedaron sin podio. El más destacado fue José Julián Moreno, en un muy meritorio sexto puesto en la categoría juniors. Sus compañeros Javier González López y Julio Javier Hervás Expósito consiguieron la décima y trigésima plazas, respectivamente.

DIARIO VASCO.- Nueve intervenciones han sido financiadas por Sanidad y el resto de las mujeres han optado por la privada. Cuando aún pervive la polémica por la puesta en marcha de la nueva Ley del Aborto, ya se han dado a conocer los primeros datos oficiales sobre su aplicación en el País Vasco. Desde que el pasado día 5 entrara en vigor la nueva legislación, 27 mujeres han interrumpido de forma voluntaria su embarazo (IVE) dentro de las primeras 14 semanas en Guipúzcoa. De estas intervenciones, 9 han sido financiadas por el Departamento de Sanidad, mientras que el resto de las mujeres, 18, han optado por la financiación privada. En el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, 93 mujeres han interrumpido el embarazo, de ellas 62 en Vizcaya y 4 en Álava. El Servicio Vasco de Salud explicó en un comunicado que durante la primera quincena 177 mujeres han sido informadas en el País Vasco, de ellas 51 en Guipúzcoa, sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. En este periodo de vigencia de la ley, se han llevado a cabo en Euskadi 93 IVEs, de las cuales 49 han sido financiadas por el Departamento de Sanidad y Consumo y 44 de forma privada. Además, de las 78 mujeres que han acudido a la consulta de la matrona o ginecología, 49 han interrumpido su embarazo en los centros Concertados para tal fin, dos en Guipúzcoa, uno en Álava y cuatro en Vizcaya. Respecto a la actividad privada, de las 99 gestantes que han recibido información, 44 han interrumpido hasta le fecha el embarazo, según los datos facilitados por las clínicas y los centros concertados. El Departamento de Sanidad y Consumo recordó que garantiza la financiación a todas las mujeres con derecho a la asistencia sanitaria pública que cumplan con las condiciones previstas en la Ley. Estos condicionantes hacen referencia a la edad, ya que con menos de 16 años es necesario que un tutor o familiar firme la petición de interrupción. Con menos de 18 años es necesaria la presencia del tutor o familiar, y sólo con más de 18 años es la mujer la única responsable para tomar la decisión. Información Antes del consentimiento, se entrega a todas las mujeres un sobre cerrado con información en la que se explican las ayudas públicas para las embarazadas y cobertura sanitaria de embarazo y parto; derechos laborales, ayudas para cuidado de hijos, beneficios fiscales y ayudas económicas; centros para información sobre anticoncepción y sexo seguro y centros para asesoramiento, antes y después de la interrupción. Una vez recibida la información, existe un plazo de tres días a partir del cual se realizará la IVE, en el cual todas las mujeres tienen derecho a la confidencialidad y protección de los datos relacionados con este proceso. El Departamento de Sanidad ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias para desarrollar proyectos en el ámbito de la promoción de comportamientos saludables relacionados con la vida afectiva y sexual de la juventud. La puesta en marcha de estos programas está prevista a lo largo del próximo curso para el alumnado de Educación Secundaria. Crítica de Rouco El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, afirmó ayer que espera que la nueva ley sea declarada «inconstitucional en algunos aspectos», aunque manifestó que los gobernantes que no lo apliquen tendrán que dimitir porque «no están por encima de la ley». Rouco Varela dijo que «un gobernante tiene que aplicar la ley y si no lo hace tendrá que renunciar a su cargo», en referencia a las reticencias iniciales de algunos presidentes autonómicos.

EUROPA PRESS.- La presidenta regional lamenta que el jefe del ejecutivo «Prohíbe los crucifijos, el tabaco, ahora las golosinas, las coca colas, todo menos el burka», una prenda que, a su juicio, «representa la sumisión de la mujer a su padre o su marido, sin tener ninguna cabida en una sociedad como la española». «Creo que, desde luego, en los espacios públicos el burka no tiene cabida. Me sorprende que Zapatero, al que tanto le gusta prohibir, lo prohíba todo menos el burka. Aguirre ha insistido en que el velo integral no tiene cabida en una sociedad "igualitaria y abierta", puesto que «encierra a la mujer a la fuerza y de ninguna manera debe aceptarse en una sociedad occidental». El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Galapagar presentará este lunes en el Pleno ordinario una moción para prohibir en edificios e instalaciones municipales el uso del velo integral por considerar que se trata «de una discriminación que no está amparada por la libertad religiosa al ser contraria a la dignidad de las personas».

EUROPA PRESS.- La eliminación del Cheque-Bebé coloca a España en el último puesto de la Unión Europea de los 27 países en prestaciones sociales y protección a las familias, según revela el Informe Evolución de la Familia en España 2010, elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF). Su presidente, Eduardo Heltfelder, explica que esta clasificación se ha hecho en función de diez indicadores básicos, tales como organismo dedicado a la familia, el tanto por ciento del PIB destinado a ella, universalidad de las ayudas, permisos de nacimiento y ayudas por nacimiento y para el cuidado de los hijos. En palabras del vicepresidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez, España es un país «mísero en cuanto a ayudas familiares se refiere y no supone una prioridad política para el Gobierno», como demuestra que sólo el 11 por ciento de las familias españolas reciben alguna prestación económica frente al 75 por ciento de media en la Unión. Es decir, 9 de cada 10 familias españolas no tienen derecho a recibir esa prestación, que casi todas las familias europeas reciben. Asimismo, ha explicado, las restricciones o límites de renta impuestos para acceder a una ayuda son «tan ridículos» que sólo se benefician aquellas familias que «prácticamente» viven en el umbral de la pobreza. Las ayudas directas por hijo a cargo para rentas inferiores a 11.262 euros anuales se elevan a 24,25 euros al mes –para los menores de 3 años se ha subido a 41 euros mensuales–, ha informado. Por contra, una familia recibiría en Luxemburgo una prestación de 216 euros mensuales por su primer hijo, en Irlanda de 116 euros, en Alemania de 164 euros y en Austria de 140 euros al mes. Pero, además, en España estas ayudas permanecen congeladas durante años. Así, mientras que el coste destinado a los hijos se ha incrementado en un 25% en los últimos seis años, por encima del IPC (22%), las prestaciones familiares por hijo a cargo y la paga de 100 euros siguen congeladas desde el año 2000 y 2003, respectivamente. El informe del IPF también critica «la concepción individualista del IRPF en España, incluida la última reforma, que discrimina y penaliza a las familias», de modo que, entre dos familias con la misma renta, una que no tenga hijos pagará menos IRPF que otra con dos hijos. Por todo ello, Mariano Martínez sostiene que se necesitan organismos adecuados y leyes marco para tener una política integral y eficaz de apoyo a la familia, en lugar de «ideas felices» como el cheque bebé de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo. Además, Martínez señala que España cuenta con un organismo de familia «de cuarto nivel» mientras que en Europa se apuesta por organismos de familia de primer nivel. Entre las propuestas para revertir la situación, Mariano Martínez ha apuntado la creación de un Ministerio de la Familia; la elaboración de la Ley de Protección a la Familia; la prestación directa por hijo a cargo universal de 125 euros al mes hasta los 18 años; la creación de Centros de Atención a la Mujer embarazada; la reducción del 50 por ciento del IBI para familias con hijos y del 75 para las numerosas; derecho de excedencia; aumento del permiso de maternidad hasta veinte semanas y el de paternidad de 4-6 semanas y el derecho a 16 horas al año de asuntos familiares sin justificación, entre otras medidas.

El comisario de Agricultura quiere conciliar los aspectos económicos, medioambientales, sociales y territoriales en la nueva PAC, que debería aplicarse a partir de 2014. Eso es lo que se deduce de su intervención durante el acto de cierre de la Conferencia celebrada en Bruselas la semana pasada, con la que se clausuró el debate público abierto meses atrás sobre esta misma cuestión. «Los apoyos públicos (ayudas) deben repartirse mejor, estar mejor orientados y ser más sencillos», señaló Dacian Ciolos, que quiere proponer «un sistema eficaz y equitativo para el conjunto de los Estados miembros, de sus regiones y sus agricultores». Asimismo, reiteró la necesidad de revisar el sistema de reparto de las ayudas, que no puede seguir basándose en referencias históricas, sino tener en cuenta otros criterios, como el tipo de explotación o las características de la zona en la que se encuentre. Estas ideas avanzadas por el antiguo ministro de Agricultura de Rumanía se concretarán más en la Comunicación que tiene previsto presentar el próximo mes de noviembre. A esta seguirán las propuestas concretas, ya el año que viene. Según los servicios de la Comisión Europea, una de las ideas que más se han repetido en las contribuciones presentadas durante el debate público ha sido la necesidad de que las llamadas agricultura y ganadería industriales tengan poco espacio en la futura PAC. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que las ayudas deberían concederse preferentemente a los beneficiarios que más se las merecen, como los agricultores de las zonas desfavorecidas, de las regiones montañosas o los que se dedican a la agricultura biológica, entre otros. «Un gran número de participantes, de todas las capas sociales, declaran que la PAC debería centrarse en mantener sistemas agrarios diversificados en toda Europa, en particular en las regiones remotas, y en garantizar la distribución de bienes públicos variados». En total se han recibido cerca de 5.700 aportaciones procedentes del gran público, de las organizaciones implicadas, de los grupos de reflexión y de institutos de investigación. En su discurso Ciolos insistió en que deben mantenerse el primer pilar de la PAC (ayudas directas y apoyo y a los mercados) y el segundo (política de desarrollo rural).

LA RAZÓN.- Los jueces adoptan las primeras medidas en la inmensa mayoría de los casos sólo con el atestado policial. «El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de Justicia organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses, de modo que cuenten con Unidades de Valoración Forense Integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género». Así se recoge, de forma taxativa, en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2004. Hoy, cinco años y medio después, esas unidades no están implantadas de forma generalizada, ni mucho menos, en el territorio nacional. Ni las comunidades autónomas con competencias en Justicia, ni el Gobierno, en las que no las tienen asumidas, las han desarrollado como prevé la ley. Esas unidades son las que deben proporcionar al juez los informes periciales sobre todas las circunstancias que rodean a una denuncia por violencia machista, la valoración de los riesgos de reiteración delictiva, el riesgo para la mujer, así como la peligrosidad del denunciado. Desde el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, «llevamos tiempo demandando que se terminen de implantar estas unidades integrales, para que los jueces dispongan de esos informes periciales en los primeros momentos, cuando debe decidir qué medidas debe adoptar respecto al acusado, o si otorga la orden de protección, alejamiento o cualquier otra medida», como la imposición de pulseras con GPS o el ingreso en prisión del denunciado, señala al respecto la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, quien preside el citado Observatorio. El magistrado debe acodar las medidas pertinentes en un máximo de 72 horas. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, deciden sólo con el atestado policial realizado tras la denuncia de la mujer, en el que se alude a una «valoración del riesgo policial», en el que, normalmente, se suele concluir que ese porcentaje es «medio-alto». Pero esa valoración se basa, fundamentalmente, en los datos aportados por la propia víctima, «donde está comprobado que muchas de ellas tienden a minimizar el riesgo». Por ello, se reclama que ese primer informe policial se complete con otros estudios periciales, realizados tanto por psicólogos como por servicios sociales sobre el denunciado, la relación con los hijos o la situación socio-cultural en que se desenvuelven, para que de esa forma se pueda realizar una «valoración más real del riesgo». Déficit educativo-cultural «A diferencia del policial, el informe pericial ofrece más datos y tiene un sentido más global para el juez que debe decidir, por lo que creemos que hay que realizar un mayor esfuerzo en desarrollar esas Unidades de Valoración Forense Integral», incide en este punto Montalbán. Junto a ello, desde el Observatorio se ha detectado otra carencia importante en el desarrollo de la ley: Lo relativo al ámbito educativo, cultural y de los medios de comunicación. El educativo, en el que la presidenta del Observatorio hace especial hincapié, alude a la relevancia de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que tiene que «implantarse con rigor, para formar a los jóvenes en valores de igualdad y en comportamientos no sexistas». 350 hombres con brazaletes electrónicos - En estos momentos hay 350 hombres denunciados por violencia contra la mujer que están obligados por orden judicial a llevar brazaletes electrónicos para conocer en todo momento su situación. El objetivo es evitar que se puedan acercar a las denunciantes. - El pasado año, los jueces acordaron 28.782 órdenes de protección. Fallecieron ocho mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, y en ninguno de esos casos se disponía de los informes de las unidades de valoración integral. - La última encuesta sobre la evolución de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, en septiembre de 2008, a los tres años de su creación, dejaba datos muy reveladores: el 84,71 por ciento de los jueces no tenía los informes periciales, sólo el policial.

LA RAZÓN.- El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha mostrado partidario de elevar la edad legal de jubilación en España desde los 65 años actuales a los 67 propuestos por el Gobierno e incluso hasta los 70 años sugeridos por Bruselas, siempre de manera progresiva y por medio de un «plan sensato». Díaz Ferrán, en una entrevista con Europa Press, defendió la subida de la edad de jubilación como una medida «imprescindible y aconsejable» para garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, dada la mayor esperanza de vida de los españoles y las expectativas de que dentro de 30 ó 40 años habrá el triple de pensionistas que en la actualidad. El dirigente empresarial consideró que el incremento de la edad de jubilación debe ser algo generalizado, con la excepción de algunos sectores, como por ejemplo la minería, donde la edad de retiro podría incluso reducirse. La CEOE también pedirá ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, así como beneficios fiscales «agresivos» para que los ciudadanos se hagan también pensiones privadas.