EFE. La Federación de Empresarias de Galicia (FEGA) ha denunciado la escasez de las ayudas autonómicas y estatales para el cuidado de los hijos y reclaman medidas "al estilo europeo". La presidenta de la FEGA, Irene Bonet, recuerda en un comunicado que la Xunta sólo tiene establecidas deducciones en el tramo autonómico del IRPF por nacimiento o adopción por hijo menor de 3 años y familia numerosa y, el Estado, 1.200 euros anuales por cada niño menor de 3 años. La empresaria le recuerda a los responsables políticos que "los menores a partir de los 3 años no se cuidan solos". "Nuestros gobernantes -añade- deberían mirar hacia las ayudas que tienen otros países de la UE en este aspecto, con ayudas económicas mensuales por hijo tanto a las familias numerosas como a las que no lo son y bonificaciones a los productos infantiles: ropa, alimentación o apoyo con cuidadores". La dirigente empresarial apunta en el escrito que en las medidas del Pacto Social de la Consejería de Trabajo acordadas a finales del pasado mes de julio y en la Reforma Laboral de junio "hay una ausencia total de posibles ayudas a la contratación y bonificaciones de cuotas de seguridad social para los cuidadores infantiles para el hogar". Bonet demanda que se potencie la figura de estos cuidadores, que están sujetos al Régimen Especial de Empleados del Hogar, cuando todas las ayudas previstas ahora, tanto autonómicas como estatales, son para la contratación de trabajadores en el Régimen General o subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo de programas de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión gestantes y/o lactantes con hijos menores de 3 años, "única y exclusivamente".

aviladigital.com La Junta de Castilla y León ha otorgado 56.599,28 euros a entidades privadas sin ánimo de lucro y asociaciones de mujeres de Ávila para la realización de foros sobre la mujer y la organización de cursos de formación profesional ocupacional. Del total de las subvenciones concedidas, 42.039 euros se destinan a entidades privadas sin ánimo de lucro de la provincia para la realización de foros sobre la mujer del siglo XXI. El resto, 14.560 euros, se dirige a asociaciones de mujeres abulenses para llevar a cabo cursos de formación profesional ocupacional. La Administración regional pretende, con estas ayudas incluidas en el Programa de Fomento de la Igualdad de Oportunidades y de Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género, “financiar políticas dirigidas a la promoción de la igualdad y la asistencia a las mujeres”, así como lograr una “igualdad real” y “efectiva” entre mujeres y hombres. Una de las beneficiarias de esta ayuda será la delegación de AMFAR en Arévalo, para la ejecución de un foro sobre mujeres rurales, juventud y violencia de género; así como ASAJA de Arévalo para organizar un foro sobre mujer emprendedora y abordar el futuro del medio rural.

El Cabildo de La Palma en colaboración con la Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica de la isla de La Palma SODEPAL, y bajo el convenio que se mantiene con el Instituto Canario de Igualdad, ha puesto en marcha el Proyecto "Mujer Cultívate", posibilitando la incorporación de un total de quince mujeres en un itinerario formativo sobre agricultura con el objetivo principal de promover una formación ocupacional que permita posteriormente la inserción laboral. Durante los próximos cinco meses las alumnas adquirirán formación práctica en agricultura y desarrollarán de manera paralela un itinerario formativo personalizado de inserción laboral, arbitrando las medidas complementarias oportunas en cada caso en materias como habilidades sociales, informática y emprendeduría o búsqueda de empleo. Todo ello encaminado a dotar de nuevas herramientas personales que les permitan manejar mejor su vida laboral y social. "Mujer Cultívate" se enmarca en el Plan Insular de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, constituyendo la idea de partida del Proyecto el trabajar el crecimiento integral de las alumnas beneficiarias. Para el Cabildo de La Palma, el reto se centra en el fomento y la promoción de iniciativas de autoempleo en estas quince mujeres. Las alumnas beneficiarias de esta acción son mujeres de diferentes nacionalidades con la característica común de que todas ellas mantienen responsabilidades familiares no compartidas y el reto del crecimiento personal. Durante todo el proceso formativo las alumnas estarán acompañadas de un equipo multidisciplinar integrado por el monitor responsable de la formación en agricultura, el Equipo de Mujer del Cabildo, responsable de las funciones de tutoría y seguimiento; y la presencia de técnicos de Sodepal, para el ejercicio de funciones más específicas de formación y asesoramiento en emprendeduría o autoempleo.

EFE. El 70 por ciento de los menores que no reciben educación básica en el mundo son niñas, denunció hoy en México la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, quien pidió impulsar para ellas una mayor inclusión en programas de enseñanza primaria. Durante la inauguración de la XXX Conferencia de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW, sigla en inglés), la alta funcionaria dijo que, al ritmo de los últimos años, no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de lograr la enseñanza primaria universal. La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Unhchr, sigla en inglés) sostuvo que la ONU pretendía "asegurar que para el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria". "De acuerdo con las estimaciones de la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef) la cifra de niños sin escolarizar está entre 70 y 100 millones. Y de ellos, el 70% son niñas", dijo Kyung-wha. "En el África Subsahariana 12 millones de niñas podrían no ir nunca a la escuela", advirtió. Su intervención, en un foro trianual convocado con el lema "Educación, empoderamiento y desarrollo", también sirvió para recordar que probablemente tampoco se logrará "eliminar la desigualdad entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria" en 2015, como pretendía el ODM número tres. "La reciente crisis económica y su reflejo en el bienestar de las niñas de muchos países ha hecho que la igualdad de género, incluyendo el acceso a la educación, se haya alejado aún más de ser una realidad", dijo Kyung-wha. Recordó que, en coyunturas de crisis, "muy a menudo son las niñas las primeras que dejan la escuela para ayudar a las familias a superar las dificultades económicas". "Esto es una tragedia inaceptable, más aún a la luz de la clara evidencia de que hay un enorme impacto de la educación básica en la vida de una niña", recalcó. Explicó que si una niña completa siete años o más de educación se sabe que por lo general se casa "cuatro años después, en promedio, que otra sin educación". Dijo que es más probable que una joven educada "tenga dos hijos menos (que las otras) en su vida", y también, "que evite complicaciones o muertes durante el embarazo y al nacer sus hijos", mismas que producen el fallecimiento de 500.000 mujeres cada año en el planeta. En el mismo acto la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN), Olga Sánchez Cordero, dijo que en su país "existe una importante brecha de género en la educación, el desarrollo y los espacios de poder", donde "los hombres continúan, en muchos espacios, ocupando mayoritariamente los cargos públicos y tomando las decisiones políticas más importantes". Consideró "fundamental" para que el país cambie de rumbo "que esa realidad revierta", incluso dentro del Poder Judicial, donde en los puestos de primer nivel "la proporción de las mujeres se encuentra por debajo del 30%" respecto a la de los varones. La conferencia inaugurada hoy cuenta con la participación de unas 300 representantes de los cinco continentes, y durará hasta el próximo 9 de agosto. A la inauguración asistieron también Patricia Galeana, presidenta-fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), Louisse Croot, presidenta de la IFUW, Luis Raúl González Pérez, abogado mayor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Mirelle Feingold, directiva de FEMU.

diariovasco.com La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, y la asociación Francisco de Vitoria, acusaron ayer al Ministerio de Igualdad de cargar sobre sus espaldas los crímenes machistas al haber sugerido de manera «confusa» que la Administración de Justicia no siempre impone con celeridad las pulseras electrónicas localizadoras a los maltratadores particularmente peligrosos. Ambas organizaciones profesionales salieron al paso de unas manifestaciones del delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en las que éste puso de relieve «la falta de equiparación» entre el medio millar de mujeres que sufren en España un «riesgo alto o extremo» de agresión y las 369 pulseras que han sido activadas, una medida que depende de «la valoración de las sedes judiciales». La APM calificó las palabras de Lorente de «demagógicas», «gratuitas» y «carentes de argumentos». Según su portavoz, Antonio García, «decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es como decir que los jueces no están haciendo lo que deben, trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco». García indicó que, cuando los juzgados no adoptan ese tipo de medidas es porque, tras el análisis de las circunstancias, «no resultan justificadas». «No se puede pretender -prosiguió- que se obligue a un individuo a portar una pulsera sobre la base de cualquier tipo de denuncia», ya que está en juego la limitación de un derecho. Por su parte, el portavoz del colectivo Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, recalcó que los juzgados han aprobado «todas las pulseras que se podían conceder» tras estudiar los informes de cada caso. Rapidez en los informes Jueces para la Democracia admitió que el problema de la Ley de Violencia de Género es que «no diferencia entre supuestos concretos». Según explicó el portavoz de la asociación, José Luis Ramírez, mientras los casos leves son «los que mayoritariamente se tramitan en los juzgados de violencia de género», los más graves, sin denuncia interpuesta, «no suelen investigarse». La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, rompió una lanza en favor de los jueces y subrayó que el debate «no puede girar» sobre las pulseras, sino sobre la manera «de crear seguridad para la víctima». El Observatorio intentará que se «aceleren los informes periciales» para «ayudar» a los jueces a valorar el riesgo de las mujeres. Precisamente, la Ertzaintza informó ayer del último caso de violencia doméstica ocurrido en Gipuzkoa. Un hombre de 48 años fue detenido en Errenteria acusado de agredir a su pareja durante una discusión y a una hija de ésta que intentó mediar en el altercado.

LA RAZÓN. Se supone que era la gran alternativa a la interrupción del embarazo que promovía la Ley del Aborto, que entró en vigor hace poco más de un mes. Una información que, durante tres días de reflexión, tenía que hacer recapacitar a las mujeres interesadas en abortar acerca de las consecuencias de esta intervención, así como de otras opciones disponibles. Un sobre cerrado con información sanitaria y social, con derechos y ayudas. Sin embargo, a día de hoy, no todas las mujeres tienen acceso a la misma información. «En Cataluña son una barbaridad de páginas, cerca de 40. En Asturias son unas 17. Y en Andalucía apenas es un folleto de dos páginas », afirma Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). En el caso de Madrid, se entregan dos sobres: uno de la Comunidad de seis páginas, y otro del Ministerio de Igualdad, de 19. Ambos están centrados en las ayudas disponibles a la maternidad. Y así, cada Consejería de Sanidad autonómica. «El contenido varía enormemente de una comunidad a otra», sostiene Barambio. Y «lo normal es que las mujeres lean un tríptico con informaciones concretas, pero no 40 páginas». Además, según denuncian las ONG de apoyo a la maternidad, los textos están escritos con terminología legal, lo que provoca que sean de difícil comprensión. Es más: en el caso de Cataluña, como reconoce Barambio, son las propias clínicas las que tienen que «bajar» de la web «la información de las ayudas estatales y meterlas en los sobres» correspondientes. Éste es sólo uno de los factores por los que el presidente de ACAI considera que «los dos decretos ley han sido elaborados apresuradamente» por el Ejecutivo central. Luego están las peculiaridades de cada comunidad. En Valencia, el Gobierno autonómico quiere incluir en estos sobres imágenes de fetos en las diferentes semanas de gestación. Desde ACAI afirman que esta medida aún no se aplica en las clínicas de la región. «El tema está en el aire y la pelota, en el tejado de las comunidades autónomas», afirma José Jara, presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid. Los sobres «incluyen un mínimo que marca la ley, como son los recursos económicos y las ayudas públicas, aunque éstas son tan escasas que hacen parecer que el embarazo sea un problema». De hecho, recuerda Jara, «el Consejo de Estado llamó la atención sobre el tema de los sobres: no es algo normal en la relación médico-paciente. Ha de ser una atención personalizada. Así, «no se informa de las ayudas de iniciativas privadas, ni de las diferentes ayudas diversificadas». Este tipo de ayudas las ofrece, por ejemplo, la Línea de Atención de la Mujer, uno de los servicios privados de apoyo a la maternidad más solicitados en nuestro país. «Cuando las mujeres acuden a nosotros, vienen con el sobre cerrado. Muchas ni lo abren. Otras lo miran y no entienden ni les interesa el contenido, escrito con términos legislativos. Muchas al final lo acaban tirando a la basura», asegura Sonsoles Alonso, ginecóloga de la Línea de Atención a la Mujer. «Muchas de las que vienen nos dicen: “No entendemos nada”», afirma. Así, «las chicas llegan después de hacerles en las clínicas una entrevista mínima, les entregan un sobre sin preguntarles nada y las den cita para abortar tres días después». «Los sobres no contienen ni alternativas ni ayudas. Son ayudas que ya existían. Por ejemplo, te informan del cheque-bebé de 2.500 euros. A una embarazada de 14 semanas no le vale de nada», afirma la ginecóloga. Y es que las familias que tengan un bebé a partir del 1 de enero de 2011 ya no podrán optar a esta ayuda, eliminada por el Gobierno. Otros países europeos La clave, dice Alonso, está en personalizar el problema. «Una mujer no podrá tener a su hijo por un problema económico, otra porque esté estudiando, otra por malos tratos... Hay que reforzar la figura del asistente social», afirma. De hecho, esto ocurre en otros países. Como recuerda la ONG Derecho a Vivir, en Alemania la mujer debe acreditar, mediante un certificado de un asistente social del Servicio Público, que conoce las alternativas al aborto. También están notando en la Línea de Atención de la Mujer que esos sobres sólo los están entregando las clínicas acreditadas para el aborto, pero no los ginecólogos de la Seguridad Social ni los médicos de cabecera. «Hay más menores que han abortado» LA RAZÓN adelantó el pasado mes de julio que una joven de 17 de años de Barcelona se había convertido en la primera menor que había abortado sin conocimiento de sus padres. Aquella joven alegó un «grave conflicto familiar» para poder interrumpir su embarazo sin permiso paterno, una de las novedades estipuladas en la nueva Ley. El presidente de las clínicas afirma que desde entonces «ha habido más casos», si bien es cierto que no pudo confirmar una cifra aproximada de las menores que han podido abortar un mes después de aplicarse la nueva legislación. «En esos casos, el médico decide conforme a la información que tenga», apuntó Santiago Barambio. Así, para tomar la decisión, el médico puede solicitar informes a otros profesionales, como trabajadores sociales –como ocurrió en el caso de Barcelona– o psicólogos.