EL NORTE DE CASTILLA. El reparto de tareas en el hogar, el acceso al mundo laboral, la independencia económica, la libertad social, la lucha contra la violencia de género.... todos y cada uno de los pilares en los que se sustenta la igualdad entre mujeres y hombres parecen algo más endebles cuando se trata del medio rural. El estudio de investigación Igualdad de Oportunidades en la Provincia, encargado por la Diputación Provincial a la Universidad de Valladolid, constata que, hoy por hoy, la discriminación en función de sexo está más arraigada en los pueblos, pero pone también de manifiesto que las cosas están empezando a cambiar. La raíz del problema de desigualdad se encuentra en porcentajes reflejados en el informe como el de que más del 60% de las mujeres casadas que viven en los pueblos de Valladolid de menos de 20.000 habitantes no trabajan ni lo han hecho nunca y, el resto, tienen una actividad laboral remunerada complementaria a la de sus parejas y que no les exime de sus responsabilidades familiares. El estudio provincial apunta en este sentido, que cuatro de cada cinco mujeres rurales aprecian diferencias respecto a sus parejas en lo que a las tareas domésticas se refiere. El informe, que se ha elaborado gracias a 835 encuestas presenciales, efectuadas a finales del pasado año a mujeres mayores de 16 años -el número total de las que se ajustan a ese perfil en la provincia es de 68.103- constata que continúa habiendo discriminación de sexo y que, además, son las propias féminas las que consideran que cocinar, lavar o planchar son tareas propias de la mujer y que la conciliación es más un problema de las instituciones que de las propias familias. «La falta de empleo y de independencia económica hacen que las mujeres del medio rural acepten que no haya reparto de tareas. Los maridos trabajan fuera de casa y llevan el peso de la economía y ellas son amas de casa, madres, educadoras y cuidadoras». La diputada de Acción Social, Mari Ángeles Cantalapiedra apunta, sin embargo, que la situación varia mucho cuando se trata de gente joven con mayor formación y capacitación. El jefe del servicio, Aurelio Baró, subraya en ese sentido que las conclusiones son esperanzadoras, porque ponen de manifiesto una nueva realidad con mujeres jóvenes, emprendedoras y dinamizadoras artífices, en muchos casos, del despegue del medio rural. «El machismo detectado es más económico que social y fruto de la situación de desigualdad porque, tradicionalmente, las mujeres de los pueblos no han tenido acceso a la formación y carecen de recursos propios», apunta. El objetivo del informe, que se ha complementado después con cinco mesas de trabajo con hombres y mujeres de distintas localidades y dos con políticos y técnicos de la institución provincial y de los ayuntamientos, era analizar la situación de la mujer rural en ámbitos como el sociodemográfico, la educación, la formación, el empleo, las responsabilidades familiares o los usos del tiempo, de cara a orientar las políticas desarrolladas por la institución provincial. La Diputación ha incorporado ya algunas de estas conclusiones en su cuarto Plan de Igualdad y las está teniendo en cuenta a la hora de planificar sus talleres o cursos de formación. Cerca de la mitad de las mujeres del medio rural utiliza, por ejemplo, los centros de cultura próximos a sus domicilios y un 54% consideran que los planes de igualdad son útiles. «Cuando haces cosas en el medio rural, a veces parece que no se valoran, pero estas encuestas demuestran que hay que seguir trabajando en el mismo sentido», explica Baró. Para la diputada del área, el informe no pone sobre la mesa porcentajes demasiado sorprendentes aunque, en su opinión, sirve para constatar una vez más que el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación se sustenta en dos pilares: empleo y servicios, y que las instituciones deben apostar por ellos. Aunque las mujeres entrevistadas reclaman mayoritariamente mejoras en los servicios educativos y sanitarios -un 60% afirman que no hay servicio de ambulancia y un 61% creen que no hay un sistema adecuado para atender a los niños-, la diputada considera que la solución no está en abrir colegios o centros sanitarios en todos los pueblos y que ni siquiera debe pretenderse favorecer la creación de yacimientos de empleo en los municipios más pequeños. «Lo importante -apunta- es que tanto el trabajo como los servicios de calidad estén a una distancia que les permita seguir viviendo en sus pueblos, aunque tengan que trabajar a unos kilómetros. Para ello, son imprescindibles tanto unas buenas infraestructuras como un transporte público adecuado». Los porcentajes más sorprendentes de los reflejados en el estudio son, en opinión de la diputada, los que hacen referencia a la igualdad social, es decir, los que constatan la persistencia de tareas y actividades para las que la mujer de la provincia aún tiene dificultades. Una de cada cuatro de las encuestadas, por ejemplo, no puede vestir como quiera sin sufrir alguna crítica por el hecho de ser mujer; el 16% no pueden practicar deportes que se consideran masculinos o conducir máquinas; el 15% no pueden estar en grupos donde haya más hombres que mujeres y el 12% no pueden ir solas a los bares. ´Efecto escaparate´ Es el llamado ´efecto escaparate´, o el miedo al qué dirán, un problema que sigue condicionando la participación social, laboral y económica de la mujer rural, aunque las nuevas generaciones estén dispuestas a romper moldes. «Me han sorprendido los porcentajes, porque es cierto que yo viví esa realidad de pequeña, pero creo que ahora es diferente». Cantalapiedra asegura que, por lo menos en los pueblos de tamaño medio, es muy frecuente ver a las mujeres jugando la partida en los bares y a las jóvenes vistiendo las indumentarias más modernas, pero reconoce que la situación puede todavía estar anclada en el pasado si nos referimos a la mujer mayor de un pueblo pequeño. El último apartado del estudio hace referencia a la violencia de género y, si bien subraya que el maltrato doméstico no supera los umbrales del 5%, Cantalapiedra se teme que la investigación no refleje fielmente la realidad que se vive en el medio rural. «Hay violencia de género encubierta, pero a la mujer en los pueblos es especialmente reticente a la hora de reconocerla», explica. En opinión de la diputada, la falta de independencia económica de la mujer rural es un lastre a la hora de asumir, admitir y finalmente denunciar que sufre malos tratos en el hogar. «Es un paso que muchas mujeres no se deciden a dar, porque no se ven capaces de tomar las riendas de su vida y tienen miedo a una respuesta violenta o al rechazo social», concluye.

LA RAZÓN. El pasado viernes, el joven fue sorprendido en La Latina junto a tres compinches. Iban en un todo terreno robado. «El Rafita» se hizo tristemente célebre por violar y matar a la joven Sandra Palo junto con otros tres compinches. Fue condenado, en su momento, por un juez de Menores a tres años de libertad vigilada por el crimen tras cumplir cuatro años en un centro de internamiento. Por lo tanto, el próximo 25 de junio habrá cumplido toda su condena pero, a todos ojos, su reinserción en la sociedad ha sido un fracaso. Con la de este sábado, han sido cuatro las ocasiones en las que el chico ha vuelto a cometer algún tipo de delito. El pasado viernes por la noche, uno de los asesinos de Sandra Palo, junto con tres jóvenes delincuentes, se subieron a un todo terreno robado. Parece que el plan trazado para la noche festiva era robar. Su primera parada fue en la calle Clarinetes del distrito de Latina. Allí, el cuarteto intentó cometer su primer delito. Con muy habilidad, parece que se pusieron manos a la obra. Un vecino que volvía a casa, se cruzó en su camino y le escamó el comportamiento de los jóvenes. Cuando llegó a su domicilio, avisó a la Policía. Era la una y media de la madrugada. Sin embargo, el afán por no dejarles hacer fue más lejos. Cuando reconoció el vehículo que, al parecer, «Rafita» y sus compinches habían elegido para llevarse no dudó en avisar al dueño del coche que resultó ser un vecino suyo. Ahora eran dos los pares de ojos que observaban cómo los cuatro chicos cometían el robo. De hecho, ellos mismos grabaron un vídeo de lo que estaba pasando por si acaso la Policía no llegaba a tiempo. Lo mismo en él se puede apreciar cómo utilizan lo que resultó ser una sierra para romper el volante y hacerle un puente. Los agentes acudieron al lugar y les sorprendieron. Comenzó entonces una pequeña persecución con los sospechosos que finalizó apenas unos metros más tarde. Se acababa la noche para «El Rafita» y sus amigos. Los agentes parece que ni siquiera reconocieron, en un primer momento, al joven. De hecho, los otros tres jóvenes ya habían pasado varias veces por comisaría y tenías bastantes más antecedentes que el propio «Rafita». En cuanto les pidieron la documentación y comprobaron que viajaban en un vehículo sustraído. Fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Multitud de antecedentes Su experiencia en este campo fue quizás la que les llevase a que todos se acogieron a su derecho a no declarar ante la Policía. Además de a Rafael García, los agentes detuvieron a Martín E.U, de 23 años y con ocho antecedentes por delitos contra el patrimonio; Jonatan F.P, de 21años y con cuatro antecedentes, y Eduardo G.F, de 24 años, con más de una veintena de detenciones,18 de ellas llevadas a cabo por la Policía, y cinco por la Guardia Civil. Todos ellos son españoles, según la portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Los agentes pudieron comprobar las intenciones de los detenidos al descubrir que llevaban encima linternas, guantes, un destornillador, tenazas, alicates y hasta una sierra de 35 milímetros con la que intentaban forzar el volante. En Málaga robó en una casa Al parecer y según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía podría pedir el ingreso en prisión del joven por este hecho tras quebrantar de nuevo su libertad vigilada. La idea de que Rafael García Fernández entre en prisión ya sobrevoló la primera vez que el joven delinquió por primera vez. Ocurrió en Málaga, ciudad en la que le acusaron de robar un ordenador. Se trasladó a Madrid y tardó poco en volver a las andadas. El pasado 23 de diciembre fue reconocido como el autor de un robo con fuerza en Alcorcón. La Comunidad hizo efectivo en noviembre el traspaso a Instituciones Penitenciarias de la vigilancia de «El Rafita», tras un auto de un magistrado del juez de Menores de Madrid. Hasta ese momento, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre era el que asumía la tutela del joven, ya que cuando cometió el crimen era menor de edad. Instituciones Penitenciarias Pero la Comunidad, al conocer que el chico había quebrantado la libertad vigilada, pidió al juez que terminara este periodo –que concluye en junio– bajo la supervisión estatal de Instituciones Penitenciarias, informa Europa Press. En una primera ocasión, el magistrado consideró que era mejor opción que dependiera de la entidad pública autonómica, pero posteriormente dio la razón al Ejecutivo autonómico. De hecho, el detonante de esta medida la desencadenó Bermúdez, que denunció la ausencia del joven en una vista en el Juzgado de Menores. «Sabían que es un peligro público para la sociedad y logró escapar. Y cuando sale la vista nos enteramos por el propio juez que está en la Cañada Real y que lo han estado escondiendo todo este tiempo», indicó ayer la madre de Sandra Palo, que insistió en que el proceso de reinserción de «Rafita» no ha dado sus frutos. Una idea que no es nueva y que también reconoció en su momento el propio Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda al conocer los detalles de la vida del joven tras abandonar el centro de menores. Rafita vive en la región desde entonces e incluso ha realizado declaraciones a algún programa de televisión donde aseguraba llevar una vida normal.

CÉSAR LUMBRERAS. El incumplimiento de la normativa o la falta de controles en el gasto agrario están detrás de este reembolso. España ha tenido que devolver a las arcas de la Unión Europea (UE) más de mil millones de euros en el periodo comprendido entre 1996 y 2006, por las correcciones financieras impuestas por las autoridades comunitarias, debido a los incumplimientos de la normativa o a la falta de controles en el gasto agrario. Las mayores partidas corresponden a la multa del lino, que ascendió a 130 millones de euros. En el sector del olivar también ha habido que devolver sumas importantes durante una serie de años comprendidos en ese periodo, por los errores del llamado Sistema de Información Geográfica, reconvertido después en el Sigpac. Evolución De acuerdo con los datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la corrección financiera correspondiente al ejercicio presupuestario 1996 del Feoga Garantía fue de 93 millones de euros; al año siguiente bajó hasta 69,2 millones. A partir de ese momento comenzó un repunte, ya que en 1998 ascendió a 84,7 millones y a 113,5 en el ejercicio siguiente. Las multas más importantes se produjeron en 2000, con 142,9 millones, y en 2001, con 144,7. En 2002 el organismo comunitario en cuestión reclamó 112,9 millones de euros, subiendo a 115,9 en 2003. A continuación se acentúan las caídas, con 91,5 millones en 2004; 37,8 millones en 2005 y 7,3 millones de euros en 2006. Este descenso tan brusco se debe a la entrada en vigor del Sigpac, instrumento a través del que se ejerce un mayor control en el reparto de las ayudas comunitarias. España fue durante el último ejercicio del que hay datos el segundo Estado miembro que recibió más dinero de los fondos agrarios de la UE, superando con creces los 7.000 millones de euros. Por delante figura Francia, la primera potencia agraria de la UE, y, por detrás, Alemania e Italia. Precisamente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tiene previsto estudiar esta semana un documento elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura en el que se pone de manifiesto la necesidad de apoyar la PAC como forma para garantizar el retorno de ese dinero a nuestro país, una vez que ya han comenzado a descender las cantidades que llegan por el Fondo de Cohesión y los otros Fondos Estructurales.

LA RAZÓN. Seis leyes orgánicas de educación en los últimos 25 años han desembocado en tasas de fracaso escolar del 31,9%, de las mayores de Europa; niveles de excelencia académica bajísimos (sólo el 5% de los alumnos van muy bien en clase); el deterioro de valores como la disciplina, el esfuerzo, y el trabajo; y el aumento de un clima de desorden en las clases, donde le falta autoridad al profesor, que se ve con dificultades para desarrollar sus clases y que sigue sin un estatuto docente que defina su papel. Y no sólo eso, las leyes educativas se han aplicado sin consenso, sin financiación suficiente, y son muchos los que hablan de que en España existen ya 17 sistemas educativos diferentes como consecuencia de la aplicación de la Logse, la norma que realmente ha marcado la educación en España y que condensa el modo socialista de entenderla. Nunca ha habido acuerdo en cómo debe ser la educación en nuestro país. Únicamente en 1978, con la Constitución, los partidos lograron consensuar posturas para que el artículo 27 compaginara el derecho universal a la educación con el de la libertad de enseñanza. Éstas son las seis normas que en los últimos 25 años fueron pensadas para mejorar la educación en España. Ley Villar Palasí (1970) Se puso en marcha a finales del franquismo y garantizó que hubiera una educación común idéntica para todos los alumnos entre 6 y 14 años. Creó la Educación General Básica (EGB), un Bachillerato de cuatro años (tres de BUP y uno de COU) y planteó la bifurcación del alumnado a los 14 años creando una FP con tres grados. Se introdujeron nuevos métodos didácticos y los estudios de Magisterio se incluyeron en la universidad. Para Juan Antonio Lorenzo, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense, la parte negativa de esta ley fue que «la escolaridad obligatoria se había fijado a los 14 años, pero la edad laboral estaba establecida a los 16, lo que generó un desfase. Además, la Formación Profesional se diseñó con una dimensión académica que conectaba poco con las necesidades del mercado laboral de de aquella época». LOECE (1980) La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares es la primera norma que trata de desarrollar la Constitución con UCD ya en el poder. Mantiene el sistema educativo anterior y sólo regula el derecho a la educación, establece la tipología de centros y cambia su modelo de organización de manera que los padres puedan participar más activamente. La Ley fue recurrida por los socialistas. LODE (1985) La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de Enseñanza y de Creación de Centros la puso en marcha el PSOE cuando llegó al poder. No modifica la estructura del sistema educativo, pero crea un modelo democrático de participación en el centro: nace el consejo escolar y las asociaciones de padres de alumnos (APAS). El director de los centros es elegido por la comunidad escolar (los críticos dicen que la medida debilitó su figura) y regula el régimen de conciertos para la enseñanza privada que quiere ser financiada con recursos públicos. Fue recurrida por Alianza Popular, pero finalmente entró en vigor. LOGSE (1990) La Ley Orgánica General del Sistema Educativo es una norma ambiciosa. Eugenio Nasarre, diputado el PP y ex secretario general de Educación, la define como «el gran templo educativo del PSOE, porque en ella está condensada su ideología y pretensiones». Es más, asegura que los socialistas pensaron que esta ley «transformaría España y sería la solución a los problemas educativos». Asume el modelo de «escuela comprensiva», ideado en Europa en los años 60 y 70, que no es otra cosa que intentar que haya una educación obligatoria y gratuita igual para todos, independientemente de la capacidad del alumno. Se establece la enseñanza común hasta los 16 años (la ESO actual), pero «se rebajan los contenidos de las asignaturas para facilitar la promoción automática, o el que se pase de curso, y se hace el Bachillerato más corto de Europa (dos años)», critica Nasarre. Se crean dos niveles de FP y se oficializa una filosofía pedagógica basada en una corriente que es el constructivismo (el niño debe aprender por sí mismo y el profesor debe ayudarle a descubrir esas cosas), lo que, a juicio de Nasarre, «devalúa la memoria y el profesor se convierte en una especie de auxiliar». Se propicia que las autonomías tengan su propio currículum. De este modo, «se debilita el tronco común educativo», lo que es motivo de polémica, ya que se incrementa el poder de las autonomías. El profesor Juan Antonio Lorenzo ve positivo que se ampliara la escolarización hasta los 16 años (con eso se solucionaba el desfase entre la edad escolar y la laboral) y que se aplicara la educación común de calidad para todos desde la comprensividad, aunque se hizo mal porque «se confundió con que todo el mundo tenía que aprobar». Y no sólo eso, «aunque la ley decía que la comprensividad iría acompañada con la atención a la diversidad, esto no se pudo aplicar por falta de recursos». La FP se adaptó mejor a las necesidades empresariales al establecer dos ciclos, pero se concretó mal cómo entender el currículum y no se acertó con la organización escolar. Se habló de la trasversalidad para la educación en valores, pero en la práctica cada asignatura se dedicó a lo suyo y no se tuvo en cuenta que tenía un asunto compartido. Se olvidó la formación en valores. LOPEG (1995) La Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros reforma aspectos de la Logse. Pretende reafirmar con garantías plenas el derecho a la educación sin discriminaciones, consolidar la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa. LOCE (2002) El PP ideó La Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, pero nunca llegó a aplicarse. Fue derogada cuando Zapatero ganó las elecciones. Su objetivo era logra una calidad educativa para todos. Introdujo evaluaciones del sistema, definió con claridad el tratamiento de los alumnos con necesidades especiales y cómo debía ser la formación de los profesores de Secundaria. Partía de la convicción de que los valores del esfuerzo y la exigencia personal son condiciones básicas para mejorar la calidad del sistema y se propuso elevar la consideración social del profesorado. Planteó itinerarios «flexibles y abiertos» para unos y «segregadores» para otros. Desarrolló la autonomía de los centros. El profesor Lorenzo asegura que rompió la unidad de la etapa infantil al considerar los niños de cero a tres años por un lado y de tres a seis por otro. La ley ignoró a los maestros. LOE (2006) Cuando Zapatero llegó al poder paralizó la Ley de Calidad sin alternativa inmediata, lo que generó inquietud e incertidumbre en la comunidad educativa. Viene a ser un refundido de la Logse, Lopeg y LOCE. Son dos los objetivos de esta ley: «proporcionar una educación de calidad para todos y la necesidad de que toda la comunidad educativa colabore para conseguir ese objetivo en un esfuerzo compartido», asegura Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores ANPE. Los críticos creen que no adopta medidas suficientes para mejorar el bajo rendimiento escolar y alto índice de abandono precoz del sistema educativo; no se ponen en marcha medida para paliar problemas de convivencia y el preocupante clima de violencia en algunos centros. No modifica en lo esencial la estructura de nuestro sistema, mantiene la establecida en la Logse, y permite pasar de curso con cuatro suspensos. Incorpora las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (que «roba» horas a la Filosofía) y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Ciudadanía genera una colisión entre dos derechos constitucionales: el derecho del Estado a regular la educación y el de los padres a educar a sus hijos. Se crean los programas de cualificación profesional inicial como una vía formativa para chicos a partir de los 15 años, da mucha importancia al proyecto educativo, desarrolla la educación infantil como un nivel único y las enseñanzas de régimen especial.

LA RAZÓN. «Es inexplicable lo que ha ocurrido. Ya nos habíamos quejado de que el presupuesto de la OCM del vino era muy escaso después de la reforma y encima no se aprovechan todos los fondos», insiste uno de los portavoces de Asaja. Asaja y las organizaciones de agricultores están pendientes de la primera semana de febrero, fecha en la que se termina el plazo que dieron al presidente del Gobierno para cumplir los compromisos que adquirió con ellos. Dicen que José Luis Rodríguez Zapatero les dijo a todo que sí, y que asumió «por completo la tabla reivindicativa» que le entregaron. El BOE será la prueba definitiva y el que decida, por tanto, si al jefe del Ejecutivo le conviene ir preparándose para una Presidencia española de la UE salpicada de las protestas del campo. De momento, sus representantes sindicales mantienen viva la amenaza de volver a salir a la calle, como ya hicieron en la multitudinaria manifestación que recorrió Madrid el pasado 21 de noviembre. El Grupo Popular en el Congreso registrará la solicitud de comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para que explique en sede parlamentaria las razones por las que el Gobierno ha devuelto a la UE más de 17 millones de euros que podían haber sido destinados a proyectos ligados al sector del vino y al campo. Como ayer adelantó este periódico, el Ejecutivo ha dejado de gastarse o, lo que es lo mismo, ha devuelto a la UE 17,6 millones de los 213,8 con los que contaba el programa de apoyo a la OCM del vino para 2009. El PP quiere que la ministra detalle en el Congreso cómo ha gestionado los fondos de la campaña 2008/2009 y que aclare, además, las responsabilidades políticas de esa gestión. Es decir, que señale con nombres y apellidos quiénes han sido los encargados de distribuir el presupuesto comunitario, teniendo en cuenta que la OCM del vino es una especie de OCM a la carta, en la que cada Estado tiene un amplio margen para gastar parte de los fondos entre una serie de medidas que propone Bruselas. Además, la reforma comunitaria que entró en vigor hace un año admite que los proyectos sean «vasos comunicantes», de tal manera que si un Gobierno no tiene pendientes actuaciones en un determinado capítulo, pueda dirigir los fondos sobrantes a otros. «Es inaceptable que la difícil situación que atraviesan los agricultores, como también los ganaderos, se vea agravada como consecuencia de la acción del Gobierno. Ya no pedimos que se acierte, pero sí, al menos, un minuto de competencia cuanto se trata de un asunto que afecta a miles de familias», denunció ayer el portavoz de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano. Floriano, también secretario de Comunicación, cree que el ministerio de los «medios» –irónicamente– no está siendo capaz de atender los problemas del campo y de la agricultura. «Ha hecho perder dinero a los agricultores y ganaderos en cada una de las reuniones que ha mantenido en Europa y, no conforme con eso, además ha metido la mano en sus bolsillos al aceptar fórmulas que suponen quitarles dinero que tenían ya garantizado». El diputado popular alude así a fondos que de ir dirigidos a ayudar, por ejemplo, a los cultivadores de tabaco, han pasado a quedar inscritos en proyectos genéricos de desarrollo rural, «que pueden abarcar desde la mejora de un hotel rural hasta arreglar la acera de un pueblo». «Es inexplicable» «Que el Gobierno se permita el lujo de devolver dinero que podría haber repartido entre los viticultores es una muestra de su falta de previsión absoluta y de su incompetencia y falta de interés por el sector agrario», denuncia el presidente de Apag-Extremadura Asaja, Bibiano Serrano. Todavía está por ver si los más de 17 millones no usados, según la estadística oficial, no aumentan cuando termine de ejecutarse la campaña, advierte. El Gobierno tiene dos oportunidades para modificar las fichas financieras en su relación con Bruselas: en marzo y en junio. Es decir, que si después de la primera ronda se da cuenta de que hay partidas en las que le sobra dinero, en junio puede hacer una nueva comunicación y trasvasar fondos de una a otra. «Es inexplicable lo que ha ocurrido. Ya nos habíamos quejado de que el presupuesto de la OCM del vino era muy escaso después de la reforma y encima no se aprovechan todos los fondos», insiste uno de los portavoces de Asaja. El presupuesto total de la OCM del vino que se ha asignado a España se reparte entre distintos planes de desarrollo rural, programas de arranque y lo que se denomina como «sobre nacional», es decir, una cantidad en la que cada país decide cómo gastarse sus fondos entre una serie de medidas que propone Bruselas. En relación a ese «sobre nacional», lo más significativo es que ya de partida, sin entrar a valorar el dinero que se ha devuelto a Bruselas, se ha pasado de un nivel de fondos de 450 millones a los 213 para 2009 y los 284 millones para 2010. Es decir, que ha habido un significativo recorte de ingresos.

LA RAZÓN. Carmen Morodo. El dinero se podía haber invertido en proyectos ligados al sector del vino y al campo, sin embargo han dejado sin financiar otros planes de reconversión y modernización. Hace dos meses, los agricultores y los ganaderos protestaron en Madrid por la falta de apoyo ante la crisis. Quien mucho abarca poco aprieta. Parte del problema puede tener su origen en un Ministerio desbordado tras la fusión de Agricultura y Medio Ambiente y que en teoría debe ocuparse de casi todo y que en la práctica llega a poco. También puede ser incompetencia política y mala gestión. En cualquier caso, el hecho tangible es que España ha dejado de gastarse o, lo que es lo mismo, ha devuelto a la Unión Europea 17,6 millones de euros de los 213,8 con los que contaba el programa de apoyo a la OCM del vino para 2009. De hecho, inicialmente los fondos sobrantes del programa de apoyo 2008/2009 fueron casi el doble, es decir, 32,7 millones de euros, pero se reasignaron en una segunda vuelta otros 15 millones a medidas de reestructuración del viñedo. El sector vitivinícola atraviesa posiblemente su peor momento de los últimos 20 años por una bajada importante de producción y de los precios de la uva. La situación general del campo no es menos dramática: su agonía se acelera bajo los efectos de la crisis económica. Dos meses atrás, agricultores y ganaderos llenaban las calles de Madrid, en una manifestación histórica, para protestar por la falta de apoyo del Gobierno. Sus representantes se quejan, entre otras cosas, de que España ha ido perdiendo posiciones en las reuniones que se han celebrado a nivel europeo. Dentro de esa aparente despreocupación, el Ejecutivo dejó incluso la crisis del campo fuera de la agenda de la última reunión de presidentes autonómicos, pero al final rectificó por la presión del PP. Las ayudas que se han devuelto no afectaban, además, estrictamente al campo, sino que tenían su deriva industrial y en materia de competitividad porque también pueden emplearse en la transformación industrial de la uva y en la promoción exterior del vino en terceros países. Hay que tener en cuenta que la OCM del vino es una especie de OCM a la carta,en la que cada Estado puede elegir cómo gastarse parte del presupuesto entre una serie de medidas que propone Bruselas: los países tienen mucho margen de maniobra y pueden invertir parte de los fondos según sus necesidades. Es cierto que hay cierta dificultad a la hora de aplicar, por ejemplo, los fondos de promoción, ya que se pueden caer proyectos aprobados en el último minuto y el dinero debe ser devuelto. Pero, y aunque el Gobierno se justifique con el argumento de que no se habían presentado proyectos, todas las medidas son vasos comunicantes y, por tanto, los 17,6 millones de euros se podían haber gastado sin problema en otras actuaciones que caben dentro del epígrafe de «ayuda a la hectárea» o en planes de reestructuración. De hecho, son muchos los proyectos de reestructuración y reconversión que no se subvencionaron en la última convocatoria por falta de presupuesto. El concepto de reestructuración abarca todas las actuaciones dirigidas a fomentar la modernización del viñedo español, haciéndolo más competitivo con variedades más demandadas en el mercado o estableciendo técnicas que ahorren costes de producción. Las razones del Gobierno En su defensa el Gobierno también señala que la reforma de las ayudas europeas ha entrado en vigor hace sólo un año y eso plantea problemas de organización, que han tenido otros países como Francia o Italia. La lupa mira ahora hacia la Presidencia española de la UE: la incógnita es qué repercusiones tendrá, si es que las tiene, en la crisis del campo. De momento, el Gobierno ha anunciado que sus prioridades se centran en el mantenimiento de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013, en la competitividad del sector agroalimentario y en el papel de la mujer en el medio rural.