MARM. La mujer rural, el futuro de la Política Agraria Común más allá de 2013, la contribución a la mejora de la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria como sector estratégico para Europa marcan el programa de trabajo de la Presidencia española. La Ministra española de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha presidido hoy, en Bruselas, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, donde ha presentado el programa de trabajo previsto por la Presidencia española de la UE para este semestre en estas dos materias. Bajo el lema "La agricultura y la alimentación, un sector estratégico para Europa", entre las prioridades de la Presidencia española se encuentran el debate sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, horizonte 2020; la contribución a la mejora de la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria, y el desarrollo de un medio rural dinámico y sostenible donde el papel de la mujer cobre mayor relevancia. La fortaleza del sector agrario en Europa pasa por el fomento de un medio rural dinámico y sostenible, en el que el papel de la mujer, como vertebradora del territorio y como diversificadora de las actividades tradicionales, es fundamental. Sin embargo, el medio rural europeo está marcado por la masculinización, ya que las mujeres apenas participan en la toma de decisiones y solo un pequeño número son propietarias de explotaciones agropecuarias. Por todo ello, la Presidencia española prestará un especial interés al valor de la igualdad entre hombres y mujeres, reivindicando el papel de la mujer en el mundo rural y trabajando por mejorar la concienciación y el reconocimiento de su importante labor. La PAC es una política comunitaria que ha jugado un papel fundamental en el proceso de consolidación de la UE y que beneficia a todos los europeos. Por ello, la Presidencia española concederá atención especial a los debates sobre su futuro, impulsando una política agraria fuerte, dinámica y suficientemente dotada de recursos, capaz de adaptarse a los continuos cambios y retos a los que está sometido el sector. En este sentido, se fomentarán la seguridad y la calidad agroalimentarias para seguir manteniendo en todo el territorio una actividad agraria sostenible, que sea compatible con los objetivos medioambientales de lucha contra el cambio climático, de conservación de la biodiversidad y del paisaje, y de eficiencia en la gestión del agua. La agricultura y la industria agroalimentaria son un motor importante de la economía europea y contribuyen de forma esencial a la seguridad alimentaria, por lo que mejorar su competitividad, reforzar su capacidad de crecimiento sostenible, y garantizar la integración y consolidación de todos los sectores a lo largo de la cadena alimentaria son prioridades del programa de trabajo durante este semestre. Para lograr estos objetivos, se trabajará para reforzar el esfuerzo inversor en investigación, desarrollo e innovación, aumentar la diversificación de la producción y mejorar la presencia de los productos europeos en los mercados internacionales. La demanda de igualdad de exigencias y requisitos respecto a los productos de terceros países será fundamental para garantizar unas importaciones seguras que no distorsionen el mercado, por lo que este asunto será objeto de debate en el seno del Consejo a lo largo del semestre. Asimismo, el seguimiento del mercado lácteo, el análisis sobre la gestión de los mercados en situaciones de crisis, y las negociaciones en materia agraria en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en vistas de que pudiera alcanzarse un acuerdo de la Ronda de Doha, también serán asuntos prioritarios para la Presidencia española. PRIORIDADES EN MATERIA DE PESCA En materia de pesca, la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que será abordada en dos Consejos de Ministros de Pesca y en la Reunión Informal de Ministros de Pesca el 4 y 5 de mayo en Vigo; el establecimiento de nuevos planes plurianuales para determinados stocks pesqueros; y la reforma de la Organización Común de Mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, centrarán las prioridades de la Presidencia Española de la UE este semestre. España considera que la futura Política Pesquera Común debe asegurar la sostenibilidad de la pesca y un nivel de renta digno a los pescadores, que mantenga los puestos de trabajo y que fije la población de las regiones costeras dependientes de la pesca. Por esta razón, la actividad económica debe plantearse bajo criterios de eficacia y competitividad, aunque diferenciando el papel social que juega el marisqueo y la pesca artesanal. Esta Política Pesquera Común exige un nuevo enfoque que tenga en cuenta los aspectos sociales, económicos, medioambientales y ecosistémicos, además de las políticas marítimas integradas.

La red Cáritas en Haití ha puesto en marcha una respuesta de emergencia tras el terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero. El seísmo de 7´3 grados en la escalas Richter sacudió la capital haitiana con 3 réplicas destruyendo cientos de edificios. La respuesta de la red Cáritas está siendo para dar apoyo a las víctimas de la catástrofe. Entre las acciones de emergencia se incluyen albergues temporales, distribución de alimentos y kits de higiene y apoyo espiritual. En una segunda fase se contempla la reconstrucción de infraestructuras. Teléfono información y donaciones: 902 33 99 99 Cuentas Bancarias: CÁRITAS CON HAITÍ SANTANDER 0049-1892-64-2110527931 BBVA 0182-2000-21-0201509050 POPULAR 0075-0001-81-0606839307 BANESTO 0030-1001-38-0007698271 CAJA MADRID 2038-1028-15-6000969697 LA CAIXA 2100-2208-39-0200227099 CECA 2000-0002-20-9100382307 BANCAJA 2077-1277-10-3100146740 CAM 2090-5513-07-0200186770 SABADELL–ATLANTICO 0081-0216-74-0001306932 Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

EL PAÍS. MANUEL V. GÓMEZ. Con un día de adelanto, el 5 de enero, los Reyes trajeron una pésima noticia: más de 72.000 hombres engrosaron las listas del paro en diciembre. Mejor fue el mes para las mujeres que buscaban empleo. Su número bajó, unas 17.000 menos. Las cifras ahondaban en una de las pocas estadísticas, por no decir la única, del mercado laboral en la que los hombres salen peor parados que las mujeres: en España hay más hombres que mujeres buscando un trabajo. Se vea por donde se vea, el paro registrado o la encuesta de población activa -un termómetro mucho más ajustado a la realidad laboral-, la crisis y sus nefastas consecuencias sobre el empleo han dado la vuelta a una situación que tradicionalmente, desde que la mujer se ha incorporado de forma masiva al mercado de trabajo, era la contraria. No es que el paro no haya crecido entre las mujeres. Lo ha hecho. Pero a un ritmo menor que entre los hombres. En los dos años largos que van de crisis, el paro se ha superado los cuatro millones de personas. No sólo ha duplicado su número. Ha ido más allá. Y la mayoría pertenecen al género masculino. Son más de seis de cada 10 nuevos desempleados. No hay que escarbar mucho para encontrar la causa de este sorpasso. Las mismas cifras de diciembre sobre el mercado laboral ya dan pistas claras de lo que sucede. La Seguridad Social perdió 60.000 afiliados procedentes de la construcción, un sector que emplea a hombres casi en exclusiva. "En el mayor aumento del paro masculino, hay un problema sectorial que está en la construcción", explica Valeriano Gómez, antiguo secretario general de Empleo. "Las diferencias de género en la caída de la ocupación se explican por la naturaleza de la crisis. La destrucción de empleo se concentra en el sector de la construcción y en la industria", reza un capítulo del Informe Económico del Presidente del Gobierno 2009 presentado el pasado diciembre. La primera vez que se registraron más hombres que mujeres en las listas del paro del Ministerio de Trabajo fue hace ahora un año, en enero de 2009. Pero la situación volvió a invertirse en verano. Justo cuando más se dejó notar en el mercado laboral las obras del fondo de inversión local, que en su mayor parte generaron empleo masculino. No en vano el plan tenía como primer objetivo frenar el desplome del trabajo en la construcción. Pero conforme se han diluido los efectos de los 8.000 millones que el Gobierno inyectó en este plan las cosas han vuelto por donde solían. Desde el verano de 2007, en España se han destruido más de 1,6 millones de empleos, la gran mayoría de ellos en la construcción (920.000) y en la industria (512.000). Si se tiene en cuenta la apabullante presencia de los hombres en estos sectores -después de la escabechina de estos más de dos años, un 92,5% y un 75%, respectivamente- es fácil entender que son los hombres las mayores víctimas del desplome. "Pierde más trabajo quien ya lo tenía antes, y donde lo tenía", constata Almudena Fontecha, responsable federal de Igualdad de UGT, "sí, los hombres son los que están perdiendo el trabajo". No le falta razón. Los números cantan: en estos más de dos años de hundimiento laboral, por cada mujer que ha perdido su empleo lo han hecho unos 14 hombres. No obstante, también es cierto que los sectores que mejor han resistido la recesión tienen una mayor presencia de mujeres. "La educación, la sanidad y los servicios sociales son ramas cada vez más feminizadas", recuerda Gómez, "y además, los servicios públicos, que durante la crisis han vivido una expansión en el empleo, también tienen una fuerte presencia femenina". Estas palabras se apoyan en datos como los que publicaba la Seguridad Social el pasado 5 de enero. Estos tres sectores que cita el antiguo secretario general de Empleo contaban en conjunto 140.000 afiliados más al instituto público, un número que sumaría casi 1.300 cotizantes más si se añaden las empleadas de hogar. Carmen Bravo, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, comparte la tesis de Gómez, pero recuerda que esta mala evolución no ha acabado con la primera desigualdad de género que se encuentra en el mercado laboral español. La tasa de paro femenina sigue siendo más alta que la masculina, un 18,16% frente al 17,75%. La diferencia se ha estrechado. Antes de empezar la crisis había cuatro puntos de diferencia. Ahora la distancia es de apenas unas décimas, pero no se ha eliminado. Y además, no se ha llegado por la vía deseable que sería la reducción del paro femenino, sino por el hundimiento del trabajo masculino. Éste se ha mostrado tan frágil como la economía española ante la crisis económica y financiera. La mayor fortaleza de la ocupación femenina no ha impedido que el deterioro del mercado laboral ya empiece a hacer mella entre las trabajadoras. Se dio por primera vez entre octubre y diciembre del año pasado. En los momentos más duros de la Gran Recesión. Cuando el desplome golpeó de lleno a los servicios, el sector en el que trabaja el 88% de mujeres empleadas. Y ya está igualando a los dos géneros. "Cada vez hay más destrucción de empleo femenino. Y en los últimos meses la probabilidad de que un hombre pierda su empleo es igual a la de una mujer, algo que no se observaba antes", explica Sara de la Rica, directora del Observatorio Laboral de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En su último informe, esta analista situaba en un 3,8% la posibilidad de que un hombre o una mujer con empleo lo perdieran. A pesar de esto, en el último trimestre conocido de la EPA se volvía a generar trabajo femenino. No obstante, lo evidente es que durante esta crisis el trabajo femenino se ha mostrado resistente. Y ello a pesar de que ellas están ocupadas normalmente en trabajos mucho más precarios y su relación contractual es más frágil. Basta con observar la temporalidad, la brecha que ha abierto la puerta a la fulgurante destrucción de empleo. La tasa entre las mujeres es del 27,8%, cuatro puntos superior a la de los hombres. "Es por la mayor cualificación de las mujeres que se incorporan al mercado laboral", analiza De la Rica. Algo que se constata al observar que el número de mujeres que participan en el mercado laboral y están en posesión de un título universitario supera al de hombres. Pero el aumento del paro entre las mujeres, del que no han escapado (ocho puntos durante la crisis), no ha llegado tanto por la destrucción de empleo como por su incorporación constante a la población activa (aquellos que están en edad y disposición de trabajar). En la época de expansión económica, el mercado laboral español experimentó un aumento de tamaño considerable, pasó de unos 15 millones a más de 23. Y en ese salto las mujeres y los inmigrantes han tenido un papel destacado, casi a partes iguales. Las primeras casi duplicaron su número hasta llegar a los 10 millones. Y ese ritmo se ha mantenido hasta entrada la crisis. España logró el hito de que más de la mitad de las mujeres que estaban en edad de trabajar estuvieran en disposición de hacerlo en el primer trimestre de 2008, y ese dato continuó con su tendencia alcista durante un año más. Hasta ahora, que la tasa de actividad se sitúa en el 51,51%. Así, a marchas forzadas, se ha acercado cada vez más a las tasas de las grandes potencias europeas como Alemania (53,6%) o Francia (52,3%). "Hay varios fenómenos latentes. Pero el más importante es que con la crisis no se ha detenido todavía la incorporación de la mujer al mercado laboral en términos interanuales", explica Gómez, quien sí que apunta que en los últimos trimestres el fenómeno se ha invertido. También Bravo, de CC OO, cree que en la incorporación de mujeres al mercado de trabajo en plena recesión ha desempeñado un papel importante la inercia anterior. Pero la sindicalista da más peso a lo que los académicos llaman el trabajador añadido. Éste es un fenómeno que se da en las familias cuando el cabeza pierde el trabajo, lo que motiva que otros componentes del núcleo que no se han incorporado al mercado laboral se animen a buscar trabajo para compensar así la pérdida de ingresos. "Esto ya se produjo en la anterior crisis, sobre todo entre las mujeres mayores de 45 años, y ha sido muy importante en ésta", comenta Bravo. De la Rica, de Fedea, afirma: "Aquí muchas mujeres aceptan empleos por debajo de su cualificación. Están bastante sobrecualificadas. Incluso muchas de ellas aceptan un trabajo peor: o menos remunerado o a tiempo parcial". Pero que el aumento del paro femenino se deba casi en exclusiva al aumento de la población activa es una situación que puede cambiar si prosigue la sangría de la construcción y los servicios. "Ojalá se corte pronto, porque si no continuará con los servicios", declara Fontecha. Y ahí están las mujeres. Menos paradas, pero menos protegidas Que haya menos mujeres en paro no quiere decir que ellas estén mejor protegidas contra el desempleo. Según el Ministerio de Trabajo, el número de parados que percibe prestación (1,4 millones) supera al de paradas en 400.000 personas. Esto se traduce en un número mayor de mujeres que no perciben prestación o subsidio alguno del Ministerio de Trabajo, pese a que ellas apenas son 100.000 menos en las listas del paro registrado. No es el único dato que apuntala la desigualdad. También aparece ésta cuando se observa la cuantía que perciben los parados. Hasta el pasado octubre, los hombres percibían una media de 29,3 euros al día frente a los 24,8 de las mujeres. Esta diferencia proviene de una de las desigualdades más conocidas del mercado laboral: el menor salario medio femenino. La última encuesta de estructura salarial publicada por el INE, referente a 2007, refleja que las mujeres perciben un sueldo medio al año de unos 17.000 euros; el de los hombres se acerca a los 23.000. La consecuencia es una menor cotización por desempleo y menores prestaciones cuando se quedan sin empleo. La otra brecha que separa a ambos géneros es la duración de las prestaciones. Aunque la separación no es tanta como en los otros supuestos: son 445 días en el caso de los hombres y 438 en el de las mujeres.

Sergio Alonso (LA RAZÓN). La dispensación de la píldora del día después directamente en las farmacias, sin receta médica, cumple casi cuatro meses en España. Transcurrido este plazo, el Ministerio de Sanidad mantiene su postura de que no resulta necesario adoptar cautelas especiales porque el fármaco «carece prácticamente de contraindicaciones y los datos de seguridad recabados hasta la fecha no han identificado riesgos inesperados». Así lo sostiene al menos el departamento de Trinidad Jiménez en sus respuestas parlamentarias al PP, que pidió explicaciones al Gobierno en el Congreso sobre la presunta autorización irregular del producto para su dispensación sin prescripción facultativa, recurriendo para ello a un término arcaico y obsoleto en la legislación farmacéutica como es el de «medicamento ético». Sin embargo, un estudio elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente de Sanidad, parece desmentir lo afirmado por las altas instancias del propio Ministerio. El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y cuyo título es «Informe de evaluación de medicamentos con levonorgestrel autorizados», repasa los estudios científicos que dieron pie a la llegada al mercado del principio activo a comienzos de los años 90 en todo el mundo, recuerda las reacciones adversas más frecuentes y resalta dos «problemas de seguridad» del producto detectados precisamente tras su autorización. Son el riesgo de «embarazo ectópico» o extrauterino en algunas consumidoras, que ya aparece descrito en el prospecto, y alude también a «un riesgo potencial de aparición de tromboembolismo venoso». Esta peligrosa enfermedad cardiovascular se desencadena por la presencia de un coágulo de sangre en una vena profunda y su peligro está condicionado por la posibilidad de que se desprenda y viaje a través del torrente sanguíneo, pudiendo bloquear incluso una vena de los pulmones. «En estos preparados para la anticoncepción de urgencia, la dosis que se administra es menor que la que correspondería a un ciclo de anticoncepción hormonal, pero no puede descartarse el riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres que hicieran un uso no recomendado de los preparados de anticoncepción de urgencia», remarca el informe. Uso repetido ¿Y qué entiende Sanidad por un «uso no recomendado»? Pues, de acuerdo con el mismo documento de la agencia estatal, ha de ser para ello «repetido y frecuente». Justo, precisamente, lo que no impide la dispensación directa de la píldora desde las farmacias. De acuerdo con la decisión que adoptó el Gobierno al excluir la receta médica del fármaco como requisito imprescindible, nada impide que una joven acuda durante el mismo día o días sucesivos a diferentes boticas o a la misma para llevarse libremente el anticonceptivo de urgencia. No existen barreras administrativas ni sanitarias para impedir ese «uso excesivo» del que habla el Ministerio. Pese a los riesgos enumerados, la agencia suscribe las tesis de sus superiores políticos, al subrayar al final que «en la anticoncepción de urgencia es necesario garantizar la disponibilidad del medicamento, ya que la eficacia es mayor cuanto menor tiempo haya transcurrido entre las relaciones sexuales mantenidas sin protección y la toma del medicamento». Y eso, a pesar de que los riesgos plasmados en el prospecto de la píldora del día después y que aparecen recogidos en su informe tampoco son menores. El documento hace referencia a un estudio pivotal en el que se analiza el consumo de 1.500 microgramos de levonorgestrel, justo los que tiene el fármaco de venta en farmacias. Los resultados son elocuentes: de las 1.379 mujeres que consumieron al menos una dosis, 426 sufrieron sangrados (un 30,89%); 189 náuseas (13,71%); 184 fatiga (13,34%); 183 dolor abdominal bajo (13,27%) o 142 cefalea (10,3%), entre otros trastornos como mastalgia o dolor de pecho, diarrea, vómitos y mareos. Anuncio precipitado El texto de la Agencia del Medicamento encierra otra peculiaridad: data del 7 de octubre, cinco meses después de que el Gobierno anunciara que eximiría a las pacientes del preceptivo trámite vigente hasta entonces en España de acudir al médico en busca de la receta del fármaco. Expertos farmacéuticos consultados muestran su extrañeza acerca de la fecha de elaboración, pues lo lógico –apuntan– es que la evaluación de los riesgos se haga antes del cambio de estatus de un fármaco, y no sólo después. Con respecto a dicha evaluación «a priori», a día de hoy se desconoce su existencia. La pastilla de las irregularidades El súbito cambio de estatus que aprobó el Gobierno para la píldora del día después, al convertirla en un fármaco de dispensación libre sin receta, no ha estado exento de polémica. El PP pidió en el Congreso explicaciones a Sanidad y las respuestas han sido difusas: - Publicitario que no se anuncia: al pasar su dispensación a ser libre en farmacias, el fármaco se encuadraría automáticamente dentro de la categoría de especialidad farmacéutica publicitaria. Sin embargo, el producto no se puede anunciar. A la vista de este hecho, Sanidad tuvo que inventarse una nueva categoría para autorizar el nuevo estatus. Para ello, apeló a una vieja y obsoleta figura de la legislación farmacéutica y lo catalogó como «medicamento ético». El Ministerio no ha explicado este hecho. - Cócteles hormonales que sí requieren receta: junto a la píldora, existen otros siete fármacos similares, pero con mucha menor dosis de estrógenos, a los que el Gobierno sí exige prescripción médica. Frente a ellos, la píldora del día después es de venta libre. - Sin información: a día de hoy, todavía son centenares los farmacéuticos que desconocen cuál sería su responsabilidad, si la hubiese, en caso de que la píldora provocara trastornos graves a una joven. Por este motivo, muchos boticarios se niegan aún a dispensarla.

EFEAGRO. Gobierno, patronal y sindicatos han retomado, al inicio del nuevo año, las negociaciones para avanzar en la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social (REASS) en el General, en una reunión celebrada el 11 de enero en la sede del Ministerio de Trabajo, según han informado fuentes sindicales. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, recibió en el Ministerio de Trabajo a responsables de las patronales CEOE -que integra a Asaja- y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), de un lado, y de los sindicatos UGT y CC.OO. de otro, según han informado a Efeagro fuentes de las patronales. Fuentes sindicales han explicado a Efeagro que este tipo de encuentros son bipartitos ("Gobierno-sindicatos" o "Gobierno-patronal") o tripartitos (Gobierno, patronal y sindicatos) y los han calificado de "discretos", en su objetivo de "explorar posibles acuerdos". El Secretario de Política Agraria de la Federación Agroalimentaria de UGT, Miguel Rodríguez, ha asegurado por su parte que las conversaciones "van por buen camino" y que "hay disposición" para alcanzar un acuerdo definitivo, que debería concluir en la integración del Reass en el Régimen General. Esta medida fue pactada entre Ejecutivo, empresarios y agentes sociales en 2006, para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2009, pero aún no se ha materializado por discrepancias entre patronales y sindicatos. Rodríguez ha explicado que el compromiso del Gobierno es que la medida se adopte "lo antes posible", porque "llevamos un año de retraso" sobre el calendario previsto, y ha apuntado que si no se alcanzara un entendimiento entre las partes, el Ejecutivo "debería legislar" en la materia para culminar los acuerdos de 2006. Fuentes patronales han avanzado a Efeagro que la próxima semana habrá una nueva reunión para analizar los documentos que contienen las propuestas de los distintos sectores implicados. Por su parte, fuentes sindicales han avanzado la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo en el primer semestre del año. En los últimos meses las patronales han denunciado el incremento de cotizaciones que implicaría la integración para las empresas, y los sindicatos, por su parte, han exigido nuevas mejoras sociales para los trabajadores del campo por cuenta ajena y "acercar" la base de cotización de éstos al salario real que perciben. Desde las patronales se ha asegurado que el aumento de costes que provocaría la integración del Reass no es "asumible" y es actualmente "inviable" para el empresario agrario, que sufre además los efectos de la crisis económica. Las mismas fuentes han aclarado que la patronal no se opone a la integración, tal y como fue pactada, pero ha recordado que el texto advertía de que debía llevarse a cabo "sin perjudicar la competitividad" de las explotaciones agrarias", ni provocar su "debilidad". Han advertido, asimismo, de que la integración "no se puede hacer de golpe, ni de un día para otro", y que debe contar con un "período transitorio", tal y como recogen los acuerdos de 2006 para evitar el impacto negativo sobre el tejido empresarial. Según sus cálculos, de llevarse a cabo la integración, el aumento de costes para el empresario agrario superaría, en seis años (período 2008-2014), el 16,30% por cada trabajador fijo, el 25,10% por cada empleado fijo discontinuo y el 28,4 por ciento para los trabajadores eventuales. En este sentido, los sindicatos han discrepado y han argumentado en los últimos meses que la pensión de jubilación de un trabajador agrario es un 47,5% inferior al resto, que el índice de temporalidad de los trabajadores del Reass es del 80 por ciento y el doble que en el Régimen General, y que el 90 por ciento de las contrataciones no se realizan por escrito.