La Razón. Tacones de «entre cinco y diez centímetros», faldas cortas, blusas desabrochadas, uñas pintadas y retoques constantes del maquillaje. Éstos son algunos de los requisitos que empresas de Reino Unido exigen a sus trabajadoras, que en ciertos casos se tienen incluso que teñir el pelo del color que demanden sus superiores. La Ley de Igualdad de 2010 se aprobó en Westminster para proteger a los empleados de la discriminación de género en su lugar de trabajo. Sin embargo, en la práctica, la normativa parece no aplicarse y es por eso por lo que los diputados exigieron ayer al Ejecutivo de Theresa May –la segunda mujer que se ha mudado a Downing Street en la historia del país– hacer cumplir la ley para acabar con comportamientos sexistas.

Las comisiones de Peticiones y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) publicaron ayer un informe donde se recogen las actitudes denigrantes que centenares de mujeres sufren cada día en sus puestos de trabajo, donde, a diferencia de sus compañeros varones, tienen que seguir unas pautas de vestimenta que sobrepasan los límites establecidos, como por ejemplo, ocultar las raíces en su cabellera si llevan algún tipo de tinte o lucir un específico color de laca de uñas.

Las dos comisiones pusieron en marcha una investigación tras la petición lanzada en 2016 por Nicola Thorp, que fue enviada a su casa –sin cobrar el sueldo correspondiente de la jornada– tras negarse a ponerse tacones «de entre cinco y diez centímetros» para desempeñar sus tareas, que consistían en acompañar a los clientes desde la recepción hasta los despachos en los que tenían cita.

Esta actriz, hoy de 28 años, fue contratada por una firma de trabajo temporal, Portico, para ejercer como recepcionista en las oficinas de PwC en Londres. Desde el primer día, manifestó sus problemas para trabajar a jornada completa con los tacones que le exigían, de entre cinco y diez centímetros. Por ello pidió que se le permitiera ir a su puesto con zapatos planos, pero cuando decidió hacerlo, la mandaron a su casa.

Su petición para que en Reino Unido se ilegalice el hecho de que los empleadores obliguen a las mujeres a llevar tacones al trabajo ha conseguido más de 150.000 firmas. Cualquier petición ciudadana que supere las 100.000 debe ser debatida en el Parlamento y la de Thorp se discutirá el próximo 6 de marzo.

Pero el problema de desigualdad no se ciñe sólo al uso de tacones, cuando las comisiones parlamentarias han estado investigando la cuestión, se han encontrado con que los zapatos son tan sólo la punta del iceberg. Centenares de mujeres confesaron haber sido víctimas de normas sexistas, como por ejemplo tener que llevar los primeros botones de sus blusas desabrochadas para aumentar determinadas ventas en Navidad. Y es que para elaborar el informe que ha hecho público el Parlamento británico se ha pedido la participación de todas las mujeres que se hayan visto afectadas por algún código machista.

El mismo código de vestimenta original –a raíz de la denuncia de Thorp lo han modificado– de la firma de trabajo temporal, Portico, que contrató a la joven, especificaba, entre otros, «reaplicación de maquillaje y lápiz labial, rímel, sombra de ojos y base; laca de uñas de una paleta de colores específica; grosor de medias; no raíces visibles en el cabello teñido».

«No es suficiente que el método de la ley sea claro, también debe funcionar en la práctica», aseguró en un comunicado la presidenta de la comisión de Peticiones, Helen Jones. «Tras haber escuchado las historias de varias personas está claro que la de Nicola no es la única», añadió. Una de las quejas que se refleja en el informe es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. «El Gobierno se comprometió a dar una respuesta en 21 días», pero «han tardado 40 días en pronunciarse», destacan los ponentes que además aseveran que la respuesta es bastante parca. Simplemente remarca que «el código de vestuario de las empresas debe ser razonable y similar tanto para hombres como para mujeres. Esto es lo que marca la ley y deben ceñirse a ella».

Los testimonios que se recogen son un reflejo de las situaciones de discriminación que deben soportar muchas mujeres de Reino Unido. Ruth Campion, azafata, afirma que el tipo de ropa que le obligan a llevar «me hace sentirme muy incómoda. Personalmente, creo que es bastante deshumanizador y humillante tener que llevar ciertas prendas para mostrar mi sexualidad. El uniforme de los hombres, sin embargo, no lo buscan. Ellos parecen muy inteligentes, con un aspecto impecable, pero sin tener que demostrar nada». Campion, además, también denuncia el acoso que sufren las azafatas más jóvenes: «El acoso que sufren algunas de mis compañeras es indignante, sobre todo a través de las redes sociales».

Otra mujer, Emma Birkett, que trabaja en ventas, asegura que «me sentí ofendida cuando me pidieron que intentara conseguir más clientes luciéndome, a pesar de que yo era muy buena comercial y sólo necesitaba utilizar mis habilidades y el conocimiento que tenía del producto para vender más. Me ofendía pensar que mi jefe confiaba tan poco en mi profesionalidad y más en la ropa que llevaba».

Por su parte, Sam Smethers, de The Fawcett Society, una sociedad benéfica que promueve los derechos de las mujeres, señaló: «Las empresas necesitan centrarse en la productividad y en hacer que su personal se sienta parte de un equipo, no en un par de tacones».

EFE. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy que ayudará a las pymes a aplicar políticas de igualdad y de conciliación, que son las empresas con una "mayor dificultad" para llevarlas a cabo.

Montserrat se ha pronunciado de esta forma en la comisión de Igualdad del Senado, donde se ha referido al Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios.

Para alcanzarlo, ha asegurado, buscará el consenso con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales con el objetivo de encontrar la forma de que en España sea más fácil compatibilizar una trayectoria profesional con la vida personal y familiar.

En este sentido ha hecho una mención especial a las pymes: en España existen más de tres millones de este tipo de empresas, y en ellas -ha incidido- es donde hay "mayor dificultad" para desarrollar la igualdad y la conciliación, de ahí que el Gobierno haya ayudado hasta el momento a 536 a diseñar un plan específico para fomentarlas, en el que profundizará.

La ministra ha subrayado la importancia del empleo, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, y por ello seguirá trabajando en el programa de inserción socio laboral para víctimas de violencia machista.

Hasta el momento, 1.200 mujeres que viven en entornos rurales han participado de estos programas y en ellas pretende centrar su atención a través de un programa llamado "Desafío Mujer Rural".

Con este programa se quiere ayudar a las mujeres que viven en entornos rurales a poner en marcha su propio negocio.

También desde el Ministerio se seguirá trabajando en el Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, que fue aprobado al final de la pasada legislatura.

En el marco de este plan, se apoyará al asociacionismo estatal de las mujeres que trabajan en la pesca, mariscadoras, rederas y trabajadoras de empresas de procesamiento.

A la ministra le gustaría también promover "un papel protagonista" de las mujeres en el ámbito de la economía digital.

Y defenderá una medida ya anunciada en la comparecencia anterior en el Congreso: el currículum anónimo o ciego, en el que no se incluirá ningún tipo de dato sobre los rasgos personales del candidato, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento o la foto, para evitar cualquier tipo de actitud discriminatoria.

De momento se hará una prueba piloto para evaluar su funcionamiento.

Durante su legislatura, la ministra ya ha anunciado que mencionará también en numerosas ocasiones la necesidad de que disminuya la brecha salarial entre hombres y mujeres, que desempeñan el mismo trabajo.

Para hacer frente a esta situación adoptará medidas en colaboración con otros ministerios. "Quiero que las mujeres tengamos la representación justa, la que nos merecemos. Representamos el 51 % de la sociedad española y en muchos ámbitos no existimos o representamos un porcentaje muy pequeño".

Montserrat -ha insistido- quiere que se visibilice más a las mujeres, "lo que somos y lo que hacemos las mujeres, las miles de mujeres diferentes que hay en España".

La Razón.es Aunque el consumo nacional de alimentos ecológicos volvió a crecer y llegó en 2015 a los 1.498 millones de euros (un aumento del 24,5% respecto a 2014), según el estudio de Prodescon, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, dado que los alimentos ecológicos suponen únicamente el 1,51 % del gasto alimentario. Saber qué certificados avalan estos productos es necesario, sobre todo si se quiere que el gasto per cápita aumente de los 32,2 euros anuales (25,9 en 2014). Pero el consumidor no sólo se enfrenta a una etiqueta que a modo de semáforo podría decir los productos más sostenibles, sino a más de una veintena de sellos.

MSC es un sello internacional creado hace 10 años que garantiza a los consumidores que los productos pesqueros que adquieren han sido capturados de forma responsable con el objetivo de preservar la vida en los océanos a largo plazo. Hoy, el 10% del volumen de capturas mundiales está certificado con este sello, cuyo logotipo es un dibujo de un pez sobre fondo azul. En concreto, 286 pesquerías cuentan con la certificación MSC en 36 países y hay 92 en evaluación para conseguirlo. Los consumidores pueden optar por más de 20.000 productos con etiqueta MSC, una variedad por la que se han consumido 659.399 toneladas de productos del mar y los consumidores han gastado 4.600 millones de dólares en estos productos (vierias, bacalaos, merluzas, langostas, salmones, truchas, crustáceos, e incluso pulpo). Y lo más importante: las poblaciones de peces con este sello en el Norte de Europa ya en 2014 eran más abundantes que en el año 2000.

En agricultura, la forma más sencilla de reconocer un producto ecológico es que cuente con el distintivo común dentro de la UE, la «euro-hoja». Es obligatoria desde julio de 2010 y va acompañada del sello del Consejo Regulador de la CC AA de origen.

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) garantiza que los materiales y los productos con este aval proceden de bosques gestionados de forma responsable (ambiental, social y económicamente). En 2016, la superficie forestal con esta etiqueta que lleva sus siglas y el dibujo de un árbol sobre fondo verde aumentó en España en un 6,5% hasta alcanzar 251.238,56 hectáreas. Una cifra que a nivel internacional asciende hasta los 195 millones de hectáreas certificadas en 82 países.

En textil, destacan GOTS y OEKO TE. La primera avala que los productos contengan un mínimo del 70% de fibra orgánica y los colorantes y otros insumos deben cumplir requisitos ambientales y toxicológicos. El segundo, lleva 25 años velando por productos textiles sin sustancias nocivas para la salud. Y desde principios de 2017, también certifican productos confeccionados con cuero. La lista continúa.

Elindependiente.com La desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres no se acaba con la jubilación, sino que incluso aumenta. Durante la vida activa, ellas cobran un 23,2% de salario menos que ellos, pero esta brecha alcanza el 37,95% cuando se accede a la pensión.

Son cifras que muestran el camino que aún queda por recorrer en lo que se refiere a la igualación de las condiciones laborales entre mujeres y hombres, y cómo ello se traslada al sistema público de pensiones.

Por ello, algunos analistas han puesto el foco en la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en los puestos de dirección y sus salarios como fórmula para incrementar los ingresos por cotizaciones del sistema público de pensiones. En consecuencia, ellas también podrán acceder a un retiro más digno.

Según un informe presentado este lunes por UGT, la diferencia entre la pensión de jubilación que cobra un hombre y una mujer es la que existe entre ser mileurista con más de 60 años o no.  Mientras unos ingresan de media casi 1.200 euros al mes, ellas tienen que subsistir con unos 743 euros.

No obstante, se trata solo de una media, porque el 72% de las mujeres que han accedido a una pensión de jubilación, alrededor de 1,5 millones, reciben cantidades inferiores a 700 euros brutos mensuales. Visto de otro modo, la presencia de mujeres que cobran una pensión de jubilación de entre 150 y 500 euros mensuales es un 330% superior a la de los hombres.

Estas cifras son herencia de unas décadas pasadas en las que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo era aún incipiente y sus salarios mucho más bajos. Ello se refleja en que el número de jubiladas es un 41,5% inferior a la de hombres, con alrededor de dos millones de mujeres en esta situación.

Además, las mayores brechas de género en las pensiones se concentran en los tramos de edad entre los 70 y los 79 años, con porcentajes que superan el 35%.

En el caso del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA), estas diferencias se ven con más claridad. Además, las cuantías de las pensiones medias descienden en ambos casos puesto que alrededor del 80% de los autónomos cotizan por las bases mínimas.

Concretamente, la pensión media de un trabajador por cuenta propia es de 781,9 euros, un 36,3% superior a la de las mujeres que abren su propio negocio, que es de 573,6 euros. Sin embargo, el número de mujeres que cobran un pensión en el RETA es un 17,1% superior.

Las pensionistas son mayoría

Y es que hay un indicador en el que ellas salen ganando, el número total de pensionistas -ya sea por incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad o en favor de familiares-. En España hay más de 4,8 millones de mujeres que cobran una pensión, frente a 4,5 millones de hombres.

Esto es así porque, además del RETA, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) presenta una mayoría aplastante de mujeres (319.041) frente a los hombres (39.634).

Pero una vez más, el SOVI es un régimen residual al que se pueden acoger aquellos trabajadores que no tienen derecho a pensión del actual sistema de la Seguridad Social, con excepción de las de viudedad. Por tanto, se considera más una prestación de carácter más asistencial que contributivo y cuenta con una escasa cuantía.

Un 20% de los socios de las cooperativas extremeñas socias de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura son mujeres, llegando a la cifra total de 7.371 mujeres. Así se desprende de los datos de la última actualización del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario (OSCAE) recogidos en el último número de la revista de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que refleja otros datos como que sólo el 1% de esas mujeres ocupan cargos de consejeras. Concretamente, se contabilizan 92 consejeras, 87 en cooperativas de primer grado y 5 en cooperativas de segundo o ulterior grado.

Por otro lado, la presencia de trabajadoras sí que es mayor llegando al 40% del total de los trabajadores de las cooperativas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

Son datos que avalan la apuesta que viene realizando desde hace años Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura por fomentar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

Así, la federación que aglutina a las cooperativas agroganaderas extremeñas ha dado un paso más en esa apuesta al ser una de las entidades firmantes del convenio que se suscribió en Madrid, en presencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, entre Cooperativas Agro-alimentarias España, cinco federaciones y uniones regionales y 16 cooperativas y dicho organismo, para trabajar la Igualdad de Oportunidades en el sector cooperativo agroalimentario.

El objetivo fundamental de este convenio es fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de gestión, equipos de dirección y consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias.

En definitiva, es ratificar y reforzar el trabajo que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura viene desarrollando desde hace años con sus cooperativas socias, impulsando la concienciación en materia de igualdad de oportunidades y la realización de acciones formativas e informativas al respecto.

Y es que desde la federación extremeña de cooperativas se es muy consciente de que no se puede remar a contracorriente y que, por tanto, es necesario trabajar en la igualdad de oportunidades para conseguir que todos estos términos dejen de ser noticia y la igualdad sea una realidad.

De este modo, a través de este convenio firmado Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se compromete a trabajar aún más para identificar y formar a futuras candidatas a miembros del consejo rector, equipos de dirección y puestos de gestión, y en materia de Igualdad de Oportunidades con las cooperativas socias, acompañándolas en cuantas actuaciones en esta materia nos demanden, procurando aumentar la presencia de las mujeres en los órganos de gestión y decisión de las cooperativas, y, en caso de que no se logre, analizando las causas por las que éstas no están en dichos cargos. Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha clausurado hoy el acto de entrega de los Diplomas a los Mejores Trofeos de Caza de 2015 y Premio de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, donde ha puesto en valor la contribución del sector cinegético español al desarrollo rural y la conservación de la naturaleza.

En su intervención, Cabanas ha señalado que la actividad económica de este sector se sitúa en torno a los 3.600 millones de euros anuales y genera alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Además, cuenta con una base medioambiental de 43 millones de hectáreas, lo que hace de España una de las regiones de Europa más ricas en biodiversidad cinegética.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAZA

En este contexto, Cabanas se ha referido a la decisión del Ministerio de elaborar una Estrategia Nacional de Caza en esta Legislatura que establezca el marco orientativo y de coordinación para la ordenación, a nivel nacional, del aprovechamiento cinegético.

En concreto, el Secretario General ha apuntado que dicha estrategia abordará cuestiones como las vedas y su coordinación entre comunidades autónomas colindantes, los recursos genéticos, las licencias, la regulación de métodos de caza y la definición de los aspectos sanitarios.

Según ha subrayado Cabanas, el principal objetivo es lograr la diversificación y la mejora de las rentas del medio rural, para lo que será precisa la colaboración de todas las comunidades autónomas. Para Cabanas, se trata de lograr mayor dinamismo económico y social para el conjunto del sector, como sucedió cuando las comunidades autónomas materializaron un convenio para la creación de la licencia de caza interautonómica.

A fecha de hoy, Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Madrid han emitido más de 40.000 de estas licencias, lo que significa que estos cazadores tienen mayor movilidad en estas comunidades, además de favorecer la presencia en el territorio de una actividad rural estratégica.

Por otra parte, Cabanas ha tenido una mención especial a los agentes rurales muertos el pasado fin de semana, y ha expresado el apoyo a sus familias.

Por último, el Secretario General ha trasladado su enhorabuena y agradecimiento a los diplomados, cazadores y titulares, por su colaboración para una correcta gestión cinegética. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. El documento establece las medidas previstas hasta 2020 para reforzar el papel de la población femenina en la revitalización y diversificación económica del medio rural y de las zonas litorales con presencia de la pesca. Asimismo, amplía las políticas autonómicas de apoyo al emprendimiento y al empleo con el fin de evitar los riesgos de envejecimiento en unos sectores clave de la economía regional. Actualmente, más de 2,24 millones de mujeres viven en la Andalucía rural, que concentra casi el 55% del total de habitantes de la comunidad autónoma.

La nueva estrategia, que consolida la perspectiva de género en el ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se dirige a mejorar el arraigo de las mujeres, especialmente de las más jóvenes, eliminando los obstáculos que lo dificultan. La mayor parte de sus medidas se desarrollarán en los ámbitos del acceso al empleo, la conciliación laboral y familiar, la profesionalización del trabajo, el apoyo a la iniciativa empresarial y la mejora del reconocimiento social.

Las iniciativas previstas se agrupan en tres bloques: fomento de la igualdad en el sector; reforzamiento de la participación de las mujeres y de su posición en las organizaciones profesionales, y medidas específicas para la Consejería.

En el primer bloque los objetivos se dirigen a impulsar la figura de la titularidad compartida de explotaciones agrarias; respaldar la profesionalización de las actividades tradicionales realizadas por mujeres, con especial atención a la artesanía agroalimentaria, y desarrollar programas formativos de capacitación con perspectiva de género.

Respecto a la participación, el plan incluye disposiciones para asegurar la representación equilibrada y fomentar la igualdad de género en entidades como las organizaciones profesionales agrarias y pesqueras o las federaciones de cooperativas.

Por su parte, las medidas específicas para la Consejería incluyen formación para el personal y equipos directivos; desagregación por sexo de todas las estadísticas y registros oficiales; proyectos de difusión y comunicación, y refuerzo de la presencia de las mujeres en las actividades de promoción que impulsa la Administración autonómica.

El plan aprobado por el Consejo enlaza con las actuaciones del marco 2007-2013 del Programa Lidera Andalucía, cofinanciado por la Unión Europea y gestionado a través de los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de las ocho provincias. Esta iniciativa permitió generar y consolidar unos 7.500 empleos para mujeres, además de respaldar la actividad empresarial iniciada por las 300 que se dieron de alta como trabajadoras por cuenta propia. Los nuevos GDR que operarán en el marco 2014-2020 contarán con un presupuesto de 248 millones para impulsar iniciativas emprendedoras y un compromiso de inversión con perspectiva de género de al menos el 20%.

Diagnóstico

El plan incluye el diagnóstico que por primera vez se realiza en Andalucía sobre la situación de las mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera. Entre otros datos que avalan la necesidad de las medidas propuestas, destacan la baja ocupación femenina en el sector agrario, con un 26% del total y un 11% entre las personas asalariadas que trabajan a jornada completa, y en el pesquero (cinco de cada 20 empleos). Además, tan sólo el 30% de titulares de explotaciones agrarias son mujeres, proporción que baja al 13,7% en la ganadería.

En líneas generales, el diagnóstico subraya como principales problemas, la masculinización y envejecimiento de la población rural, la falta de relevo generacional, la falta de oportunidades para las mujeres y su concentración en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral, la mayor intensidad de los roles y estereotipos sexistas en la asignación de los trabajos y la falta de concienciación sobre estas desigualdades.

La nueva estrategia de igualdad, la tercera de tipo sectorial que impulsará el Gobierno andaluz junto con las ya implantadas en la educación y la sanidad, se ha elaborado con las aportaciones de los principales agentes económicos y sociales del sector, así como de las asociaciones de mujeres representativas en el medio rural.