El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Canarias contra uno de los artículos de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. La sentencia del TC, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla que el Gobierno de Canarias presentó el recurso contra el artículo 6 que señala que "para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca todos sus efectos jurídicos será precisa su inscripción previa en el Registro Constituido al efecto por la correspondiente Comunidad Autónoma". Entre los motivos del recurso, según aparece en los fundamentos jurídicos, Canarias exponía que "el legislador estatal invade el ámbito competencial", pues "sobre el sector agrario las comunidades autónomas ostentan competencias exclusivas reconocidas constitucional y estatuariamente". Ya el Gobierno de Canarias señaló al presentar el recurso que, a su juicio, correspondía a la comunidad autónoma, en virtud de su competencia en materia de agricultura, "la decisión de crear o no un registro administrativo de titularidad compartida, su carácter -declarativo o constitutivo- y su regulación". Aún así, mostró su apoyo a esta iniciativa legal, porque ofrece "una nueva figura jurídica de carácter voluntario que persigue promover esta modalidad de explotación agraria como vehículo para alcanzar la verdadera equiparación de las mujeres y hombres en esta actividad". Para la Abogacía del Estado, el artículo impugnado era "plenamente conforme a la Constitución", por encontrarse amparado en el título competencial recogido en el artículo 149.1.13 de la Carta Magna, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Los magistrados del Tribunal Constitucional llegan a la conclusión de que el citado artículo y los registros autonómicos que establece no sobrepasan los "límites competenciales". La Ley de Titularidad Compartida, de la que se estimaba que se podrían beneficiar unas 100.000 mujeres, fue aprobada en octubre de 2011 con un amplio consenso en el Parlamento y entró en vigor el 5 de enero de 2012, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado. Sin embargo, esta norma ha apenas ha tenido repercusión, hasta el punto que algunas organizaciones de mujeres rurales han pedido que se le dé un nuevo impulso desde las instituciones.

La Ley Agraria de Extremadura aprobada en el Parlamento autonómico regula las necesidades de agricultores y ganaderos adaptándolas al siglo XXI, garantiza máximo presupuesto anual para el sector en las cuentas públicas y facilita la celebración de elecciones al campo, entre otras cuestiones. También incluye esta ley un texto (artículo 34) para fomentar la participación de la mujer en el campo, para favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en el sector, regular el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; y la constitución de la mujer como titular de una explotación agraria de titularidad compartida. Así, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha agradecido el trabajo de todos los que han hecho posible esta Ley y ha destacado algunas novedades de la misma como la mejor regulación de las elecciones al campo, la obligatoriedad de reconocimiento de los seguros agrarios, la apuesta por la integración cooperativa y las mejoras que hace para facilitar la incorporación de los jóvenes y la mujer al campo. La ley deroga un conjunto de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; la mayoría de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea. Y lo hace respetando las competencias establecidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía; el Estado y la UE. Entre esas normativas autonómicas derogadas están la ley 4/1984, de Mercados; la Ley 3/1987, de Tierras de Regadío; la Ley 4/1992, de Financiación Agraria Extremeña; la Ley 5/1992, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias; la Ley 6/1992, de Fomento de la Agricultura Ecológica; o la Ley 12/1997, de Elecciones al Campo. Se trata de una situación legislativamente indigna para el sector, que ahora tiene una ley única adaptada a la nueva realidad del campo. Entre los objetivos que persigue la Ley Agraria de Extremadura destacan el de fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria de calidad; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación en la agricultura, ayudar a las nuevas generaciones a incorporarse al campo; garantizar un modelo de crecimiento sostenible; simplificar la burocracia; y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria extremeña. 25% DEL PRESUPUESTO REGIONAL Asimismo, la ley fija que, gobierne quien gobierne, se destine el 25% de las cuentas autonómicas a todo lo que supone el sector agrario. Este año ya se destina el 22,1% solo en la Consejería de Agricultura; y se alcanza ese 25% con inversiones al sector procedentes de otras áreas de Gobierno. Inversión histórica en Extremadura. Pero esta ley es, sobre todo, innovadora. Entre las novedades, destacan la configuración de un marco legal que permitirá a nuestros agricultores y ganaderos adecuar sus producciones a las necesidades del mercado, la regulación por primera vez en Extremadura todo lo relativo a la calidad agroalimentaria, la simplificación de los Consejos Reguladores de las DO y de las IGP; el reconocimiento del carácter fundamental de los seguros agrarios; además de permitir la transformación en regadío de las Zonas de Interés Regional y Zonas Regables singulares que se declaren, simplificar el procedimiento de concentración parcelaria y amplía la de red primaria de caminos públicos; y regular montes y aprovechamientos forestales, el proceso de consulta para determinar la representatividad de las OPAS, y las Entidades Agroalimentarias Prioritarias. ELECCIONES AL CAMPO Por otro lado, la ley también sienta las bases para regular las elecciones al campo (que no se celebran desde el año 2002) con todas las garantías, para medir la representación de las organizaciones agrarias en el Consejo Asesor Agrario. Antes se elegían a representantes en la Cámaras Agrarias, ya extinguidas. En este nuevo modelo de consulta no se eligen a representantes sino derecho a “sillas” en el Consejo Asesor Agrario. Además, actualmente el censo lo constituyen afiliados a la Seguridad Social Agraria. A partir de ahora, se amplían a perceptores de ayudas PAC que superen los 5.000 euros anuales o los que acrediten que, al menos, el 25% de sus rentas provienen del sector agrario. Se trata de un modelo más democrático, porque no se trata de derechos a subvenciones públicas, que podrían tener criterios más limitados, sino de derecho a votar. Además, copia el modelo nacional de representatividad de organizaciones y de censo porque, tanto la ley nacional como la Ley Agraria, permite que se celebren al unísono. Así, se podría garantizar que se realizasen cada cinco años, aprovechando los medios y logística del Estado. Es un modelo más sostenible. Otra cuestión importante que recoge la nueva ley es la regulación para la incorporación de jóvenes al campo. El artículo 33 contempla acciones como el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; el tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario, a las parcelas del Fondo de Tierras, a los cursos y programas de formación agraria; y para la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, cuotas y otros derechos que genere la PAC de acuerdo con la normativa agraria comunitaria.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, expresa su satisfacción por los datos del Informe de Comercio Exterior agroalimentario 2014, que sitúan el pasado año como récord absoluto en exportaciones agroalimentarias y pesqueras. De esta manera, las exportaciones agrarias, pesqueras, alimentarias y forestales de enero a diciembre de 2014 han mantenido la tendencia creciente y han alcanzado el valor de 40.830 millones de euros, un 3% superior al mismo periodo anterior. Mientras, el valor de las importaciones fue de 31.087 millones, un 1% superior a dicho periodo. Por lo tanto, el saldo interanual se situó en los 9.742 millones de euros, con una mejora del 9%. Con estas cifras, el sector agroalimentario y pesquero se consolida como segundo sector en importancia dentro del comercio exterior español, tras las semimanufacturas y bienes de equipo, y por delante del sector del automóvil y el sector de industria química, con el 17 por ciento del total. Dentro de la serie histórica, durante la presente legislatura, en el trienio 2012-2014, España exporta de media 12.428 millones de euros más que de 2004 a 2011.

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR La Solana, ha reunido en su sede local a más de un centenar de afiliadas en una Jornada informativa sobre la enfermedad del Alzheimer. Esta actividad, organizada por AMFAR en colaboración con AFA Valdepeñas (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias) fue impartida por el presidente y responsable de esta organización, Vicente Salas. En el transcurso de su intervención, Salas abordó entre otros asuntos, algunos de los síntomas que pueden alertar sobre el Alzheimer, así como indicaciones y consejos para atender a las personas que lo padecen. Por su parte, la responsable local de AMFAR, Dolores Manzano, destacaba la gran expectación que ha despertado esta jornada en la localidad, y recordaba que la charla ha sido ofrecida por AFA de forma gratuita y desinteresada. “Nos sentimos orgullosas de ver las instalaciones de nuestra sede abarrotadas de socias, familiares y amigos que se han interesado por conocer de cerca esta enfermedad”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer, de primera mano, los testimonios de algunas personas con familiares que sufren Alzheimer. “Nos han trasladado sus experiencias para indicarnos cómo afrontar una situación de este tipo en el entorno doméstico”, explicaba Manzano.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se ha celebrado en la sede del Departamento con la asistencia de los Consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. En esta reunión se ha aprobado la distribución de 71.554.843 euros para los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Este reparto corresponde al periodo de programación 2007–2013, cuya aplicación finaliza este año. La cantidad hoy asignada supone el 30 por ciento del total de la cofinanciación nacional a la aportación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que, para 2015, asciende a un techo de 271,5 millones de euros. En próximas Conferencias Sectoriales se procederá a la distribución de la cantidad restante. En los fondos hoy distribuidos se han deducido las cantidades anticipadas a algunas Comunidades Autónomas, así como otras pendientes de justificación. Las cantidades serán abonadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas. COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPORTE A TERRITORIALIZAR (€) ANDALUCÍA 12.810.588,47 ARAGÓN 3.137.684,17 ASTURIAS 7.153.722,52 BALEARES 2.612.760,71 CANARIAS 0,00 CANTABRIA 3.775.185,20 CASTILLA-LA MANCHA 10.450.221,31 CASTILLA Y LEÓN 8.728.229,73 CATALUÑA 1.877.254,64 EXTREMADURA 4.910.440,54 GALICIA 5.586.207,28 MADRID 0,00 MURCIA 285.767,75 LA RIOJA 1.318.907,66 C. VALENCIANA 8.907.873,61 TOTAL 71.554.843,59

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR Ballesteros de Calatrava, ha colaborado de forma activa en el Mercadillo Solidario organizado por Manos Unidas este fin de semana en el municipio. Las socias de AMFAR Ballesteros, encabezadas por su presidenta local, Blanca Nieves Sánchez, han sido las encargadas de elaborar café y dulces artesanos como bizcochos, rosquillas y flores, que han ofrecido al público asistente al precio simbólico de un euro. La totalidad de la recaudación obtenida con esta “merienda solidaria” ofrecida por AMFAR ha sido entregada íntegramente a Manos Unidas para colaborar con los colectivos más desfavorecidos.

Agroinformacion. El Pleno del Senado ha aprobado una moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno adopte medidas que impulsen el papel de la mujer en el sector agroalimentario tras la inclusión de una modificación que también han suscrito otros tres grupos parlamentarios. La propuesta de modificación de la moción presentada por los populares, que ha contado con 147 votos a favor y 63 en contra, ha sido respaldada por los senadores de Convergencia y Unión, el Grupo Vasco y el Grupo Mixto y rechazada por el Grupo Socialista y el de Entesa pel Progrés de Catalunya. El texto original de la moción popular insta al Gobierno a impulsar campañas de apoyo al emprendimiento por las mujeres en el sector agroalimentario y de actividades complementarias de la actividad agraria para la mejora del desarrollo rural de los municipios españoles. También demanda campañas de apoyo para el desarrollo y valorización del patrimonio natural e histórico, la realización de estudios para conocer la situación de las mujeres rurales y diversificar a través de ellas la economía en ese medio e impulsar su incorporación en la industria alimentaria. El apoyo de CiU, PNV y Grupo Mixto se ha traducido en una mención a que dichas iniciativas se hagan sin perjuicio de las competencias de protección del mundo rural y marítimo y de las políticas de género que corresponden a las comunidades autónomas y a la valorización de programas para la mujer. Preocupación por "el sangrado del medio rural, que ya es una hemorragia" En defensa del contenido de la moción, la senadora popular María del Carmen Leyte ha mostrado su preocupación por "el sangrado del medio rural, que ya es una hemorragia", pero también su "esperanza" porque dicha situación se frene con el impulso del papel de la mujer en el campo, que son las que más "apuestan por la sociedad rural". Ha afirmado que "el sector agroalimentario es clave para España y representa el 8% del PIB" y que las mujeres son, sin lugar a dudas, una mano de obra imprescindible en un medio rural en el que hay gran "riesgo de despoblación" y una "gran tasa de envejecimiento". En concreto, ha asegurado que la industria agroalimentaria da trabajo a un total de 135.000 mujeres, el 27% del total de féminas que trabajan en una actividad industrial. Leyte ha confirmado que el Gobierno aprobará este año el Plan Especial de Protección de las Mujeres Rurales, una normativa que "ayudará a aumentar el número de negocios en el sector".