Con ocasión de la celebración el pasado 23 de enero del Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de ASAJA, se ha presentado el Decálogo de apoyo a los nuevos profesionales, bajo el título "Apostemos por los jóvenes agricultores, invirtamos en el futuro de nuestra agricultura". La sociedad es consciente de la necesidad de garantizar el acceso a una alimentación sana y de calidad, muestra su preocupación por la protección del medio ambiente y reclama una contribución adicional a nuestro sector agrícola. Sin el relevo generacional en el campo, la sostenibilidad en nuestra agricultura nunca será una realidad. El 6% de los agricultores españoles tiene menos de 35 años, para invertir esta tendencia es preciso sensibilización, nuevos instrumentos y una apuesta real en defensa de nuestro medio rural. Asaja, comprometida con sus jóvenes, pretende canalizar sus ideas, fomentar el debate y defender un modelo donde los jóvenes sean una prioridad. 1. LA FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS La actividad que se desarrolla en el campo es cada vez más compleja y tecnificada. La formación y las nuevas tecnologías deben ser la piedra angular a través de la cual desarrollar una mentalidad empresarial. No basta una formación técnica y desfasada. ¡Los jóvenes precisan de una formación práctica adecuada a sus necesidades reales¡. Ello es posible a través de un asesoramiento permanente y profesional. Resulta necesario mejorar los intercambios de jóvenes agricultores y en general todos aquellos instrumentos que puedan contribuir a una mejor preparación. 2. FOMENTAR LA INSTALACIÓN Y SU CONSOLIDACIÓN COMO AGRICULTOR El 6% de los agricultores tiene menos de 35 años y mientras tanto el proceso de éxodo rural parece imparable. Este alarmante dato explica la urgencia en incorporar a los jóvenes al campo. A fin de asegurar un efectivo proceso de instalación se precisa de un régimen más ágil, menos burocrático y con medidas de apoyo a largo plazo. Incentivar a los jóvenes pasa por mejorar el apoyo a la instalación y el régimen de ayudas a los planes de mejora de las explotaciones. 3. EL ÉXITO DE LOS JÓVENES NO PUEDE EXCLUIR A LOS MAYORES Apoyar a los jóvenes no implica marginar a los mayores, se trata de buscar un marco coherente de ayudas que posibilite la viabilidad de la actividad agrícola. Desgraciadamente la míseras pensiones del colectivo agro-ganadero hacen que muchos agricultores continúen con la actividad haciéndola compatible con el cobro del subsidio de la jubilación, lo que sin duda, dificulta el relevo generacional. El Estado debe equiparar las pensiones agrarias con las del resto de colectivos, incentivar el cese anticipado e incorporar medidas que garanticen la transferencia efectiva de la explotación a un agricultor en activo al llegar a la edad de jubilación. 4. LA UNIÓN HACE LA FUERZA, NO MIRES, ¡IMPLÍCATE¡ La implicación activa de los jóvenes en el seno de las organizaciones agrarias y cooperativas resulta imprescindible para dotarlas de nuevas ideas, una mayor innovación y una mejor respuesta empresarial a los retos de la comercialización. Es nuestra responsabilidad compartida promover y facilitar la participación efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones. 5. OTRA PAC ES POSIBLE, ADAPTÉMOSLA La reforma de la PAC en curso debería concretarse en nuevos elementos de apoyo hacia los jóvenes agricultores, demostrando su carácter prioritario. El apoyo de los jóvenes en el primer pilar debe tener un tratamiento prioritario y completarse con un paquete de medidas más general que incentive la actividad agrícola. En el marco del segundo pilar, el desarrollo rural debe contribuir a crear las estructuras de apoyo que los jóvenes necesitan. 6. EL ANTÍDOTO ANTE EL IMPARABLE ÉXODO RURAL Los poderes públicos no pueden evadir su responsabilidad. Especialmente en momentos de crisis debe apostarse por invertir en el campo eliminando burocracia, con incentivos fiscales, invirtiendo en infraestructuras y consolidando servicios de calidad en el medio rural. El objetivo evidente es lograr un medio rural vivo donde los jóvenes puedan vivir y trabajar sin considerarse ciudadanos de segunda categoría. 7. UNA LÓGICA ASPIRACIÓN; POR UNA RENTA DIGNA PARA NUESTROS PRODUCTORES Los jóvenes agricultores no aspiran a vivir de los subsidios sino de la venta de sus productos. Sin embargo, perciben los precios más bajos jamás pagados por sus productos y los desequilibrios en la cadena alimentaria desincentivan de forma sustancial la apuesta de los jóvenes por la actividad agrícola. Más transparencia, la eliminación de las prácticas abusivas y nuevas medidas contractuales pueden aliviar esta situación. 8. NUESTRA PRIORIDAD: ACCESO A LA TIERRA Y ACCESO AL CRÉDITO Los principales problemas de los jóvenes agricultores radican en la dificultad de acceso a la tierra y al crédito. A este respecto deben promoverse de manera urgente nuevos sistemas de acceso a la tierra y garantizar el acceso prioritario al crédito. Los jóvenes agricultores no son propietarios de la tierra que trabajan. ASAJA reclama medidas de política agraria que incentiven el arrendamiento a largo plazo y que podrían concretarse en reducciones fiscales a los propietarios. Las ordenanzas de las administraciones locales sobre adjudicación de tierras y pastos de uso común deben incentivar la incorporación al sector. 9. LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD Existen actividades alternativas o complementarias de la agricultura y ganadería “tradicionales” que deben orientarse en mayor medida a los jóvenes porque ellos son los más receptivos y mejor preparados al cambio. Energías renovables, turismo rural o conservación del patrimonio natural pueden ayudar a la necesaria diversificación de la actividad del joven agricultor. 10. RESPONSABLES DE NUESTRA ALIMENTACIÓN, EL PRIMER ESLABÓN DE LA SOSTENIBILIDAD El carácter estratégico de la agricultura no se cuestiona. Sin embargo, el proceso de abandono de la actividad agraria parece no tener fin. Si los jóvenes no encuentran un contexto favorable para desarrollar la profesión seran inútiles todas las medidas específicas y bienintencionadas que puedan proponerse. El relevo generacional en el campo no es algo marginal sino una cuestión de la que depende la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha valorado positivamente los datos del paro en el sector primario que recoge la Encuesta de Población Activa publicada ayer y que supone una bajada de 19.100 personas en 2013. En el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura) se ha producido un descenso en el número de parados de un 7,15% respecto al año anterior, debido a que la ocupación ha aumentado un 0,88%, mientras que el número de activos ha disminuido un 1,16%. Este es el tercer trimestre consecutivo con descensos en la variación interanual de parados en agricultura. Respecto al trimestre anterior, los resultados son también positivos, pues disminuye el número de desempleados un 13,88% debido al alza de la ocupación: +12,09%, cifra que supera al incremento que igualmente se ha producido en el número de activos: +4,56%. La tasa de paro en el sector primario se sitúa en el 23,89%, siendo 1,54 puntos porcentuales menor que la de hace un año y 5,11 puntos porcentuales menor que la del trimestre pasado. En elsector de la industria de alimentación, bebidas y tabaco, los ocupados han crecido respecto a 2012 un 1,72% y respecto al trimestre anterior un 1,13%. Además, los activos también se han incrementado, un 2,41% respecto a 2012 y un 1,40% respecto al trimestre anterior. La tasa de paro se sitúa en el 12,77% de la población activa. En un año, se han creado 6.900 empleos en agricultura y 7.600 en la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Estas cifras deben ponerse enrelación con los datos de estimación de renta agraria del pasado año, que supusieron un incremento, en términos corrientes, del 7,7%. Dicha Renta, medida por Unidad de Trabajo Anual (UTA), se incrementa un 10,5% en términos corrientes y un 10,0% por ciento en términos constantes.

A través de las 240 medidas contempladas en el Plan Nacional de Inclusión Social, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, “seguimos avanzando en nuestro compromiso con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Así lo ha afirmado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Pleno del Congreso de los Diputados, en su intervención en respuesta a una interpelación sobre la política del Gobierno en materia de pobreza y exclusión social. Ana Mato ha destacado que el Plan Nacional para la Inclusión Social es una herramienta necesaria, sobre todo porque el último Plan Nacional de Inclusión se aprobó en 2008, pese a que entre 2008 y 2011 se produjo “el gran salto de la desigualdad en España”. Se trata, ha explicado del “plan más ambicioso de cuantos se han puesto en marcha en España”. En primer lugar, porque se ha elaborado con el consenso de todas las Administraciones. Pero también porque, por primera vez, contempla como objetivo transversal la lucha contra la pobreza infantil, que cuenta con un fondo específico de 17 millones de euros. Además, la ministra ha destacado que “a diferencia de planes anteriores, contempla a todos los grupos que pueden estar en situación de exclusión”. De este modo, y también a diferencia de los planes anteriores, que sólo contemplaban a unos pocos colectivos, éste incorpora a las mujeres rurales, personas con discapacidad, mayores, personas en situación de dependencia, inmigrantes, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación por origen racial o étnico, personas con problemas de adicciones y a los reclusos y ex reclusos. Asimismo, y en particular, contempla a las personas sin hogar, unas 23.000 en España para las que, por primera vez, se desarrollará una Estrategia Nacional Integral. El Plan cuenta con un presupuesto de 136.000 millones de euros para cuatro años y se basa en tres ejes. El primero es el empleo, porque es “la mejor herramienta para combatir y prevenir la pobreza”. Dentro de este eje se enmarcan medidas como la colaboración entre los servicios públicos de empleo, los servicios sociales y las empresas para reforzar su papel en las labores de formación, contratación e inserción laboral de las personas vulnerables. También incluye apoyos específicos para parados de larga duración y mayores de 45 años, fomentando su reciclaje profesional. El segundo eje es la garantía de un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a las personas más vulnerables y, por tanto, asegurar unos ingresos mínimos a todas las familias. El tercer eje es garantizar la prestación de los servicios básicos. En este sentido, la ministra ha apuntado que gracias a las reformas emprendidas, la sanidad pública sigue siendo plenamente universal y gratuita. Mato ha recordado que los parados de larga duración, que antes de la reforma sanitaria tenían que pagar el 40% del precio de sus medicamentos, por primera vez están exentos de aportación. La ministra ha asegurado que, aunque el contexto actual sigue siendo difícil para muchas familias, las cifras muestran que “las reformas han empezado a dar sus frutos y permiten mirar al futuro con esperanza”.

La Asamblea General de ASAJA, celebrada ayer en el hotel Hesperia de Madrid, ha reelegido a Pedro Barato como presidente de la Organización para liderar una nueva etapa durante los próximos cuatro años. En este nuevo mandato, Barato apuesta por la renovación, la profesionalidad y la unidad del sector en un momento trascendente para el campo español. Respecto al acuerdo alcanzado sobre la aplicación de la PAC, Barato considera que es equilibrado y que se han sentado las bases de lo que puede considerarse el modelo agrario para España, que deberá verse completado con otras medidas de carácter nacional. Con las elecciones celebradazas en ayer, el máximo órgano de dirección de la Organización ha revalidado la confianza depositada en el actual presidente y en su equipo directivo formado por el Comité Ejecutivo Nacional de la Organización. Las primeras palabras del presidente tras ser elegido fueron para agradecer a los compromisarios “la confianza depositada en la actual dirección de la Organización para afrontar esta nueva etapa, una etapa que emprendemos con ilusiones renovadas, nuevos proyectos y mucha confianza en poder consolidar a ASAJA como un referente de progreso y credibilidad”. La candidatura votada mayoritariamente por los compromisarios presenta algunos cambios respecto a la composición del Comité Ejecutivo anterior. El presidente Pedro Barato ha optado por la renovación y ha agradecido a los miembros salientes su generosidad y su trabajo a lo largo de todos estos años. Durante su intervención, Barato ha hecho balance de lo que han supuesto los últimos cuatro años tanto para el sector agrario como para la Organización. Ha recordado asuntos de calado como han sido las negociaciones sobre la reforma de la PAC, con un nuevo interlocutor relevante como es el Parlamento Europeo; el acuerdo sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE o el último Acuerdo de la OCM alcanzado en Bali. Todos ellos, asuntos que se han cerrado en el último año, pero como ha recordado Barato, “las negociaciones han durado varios años y ASAJA ha desarrollado un arduo trabajo, sobre todo en lo relacionado con las negociaciones de la PAC”. El presidente Barato también ha recordado los trabajos llevado a cabo por la Organización a lo largo de los últimos cuatro años en asuntos de ámbito nacional y con especial relevancia para el sector como han sido la reforma del Código Penal para combatir la lacra de la inseguridad en el campo; las leyes de para mejorar en funcionamiento de la cadena y para la integración de cooperativas; la ordenación de los recursos hídricos a través de los planes de cuenca, las rebajas de módulos del IRPF para algunas producciones o la integración de los trabajadores por cuenta propia del REASS al régimen de autónomos y por cuenta ajena del REASS al régimen general. Otra de las preocupaciones del sector ha sido el incremento de los coses de los insumos con especial incidencia en las tarifas eléctricas para riego. Precisamente, en la asamblea de ASAJA se ha aprobado apoyar las manifestaciones que los agricultores y ganaderos regantes llevarán a cabo a finales de febrero para solicitar medidas contra la brutal y desproporcionada subida de las tarifas eléctricas que afectan a los regantes. De no conseguirse la rebaja de estas tarifas, gran parte del regadío español puede verse abocado a la desaparición. Pero sin duda, el asunto que más ha preocupado y ocupado a ASAJA en los últimos meses ha sido la aplicación de la reforma de la PAC en España. Tras meses de negociaciones y reuniones la Conferencia Sectorial de Agricultura acaba de alcanza un acuerdo al respecto y, “más allá de las valoraciones de carácter territorial, cabe destacar que se da un paso importante en la culminación de algunos de los objetivos principales de España en la negociación de la Reforma de la PAC, mediante la puesta en marcha de un Plan de Regionalización basado en la intensidad de los pagos, con 22-24 regiones, que evita el establecimiento de una tasa plana o de una convergencia de pagos que generaría grandes desequilibrios, a la vez que permite el normal desarrollo de transferencias de derechos dentro de una región”. La ganadería, que había sido mal tratada en la reforma, encuentra una respuesta a sus necesidades en los llamados pagos acoplados, - ha precisado Barato-, con casi 500 millones de euros de los 585 que se detraen del montante nacional de pagos directos para los sectores que han sufrido agravios como consecuencia de la aplicación del modelo de regionalización, o se encuentren en riesgo de abandono o reducción de la producción con importantes consecuencias socioeconómicas o medioambientales y se encuentren dentro de la categoría de derechos sin disponibilidad de tierra (Derechos especiales). Entre estos sectores se encuentran la remolacha, el arroz, los frutos con cascara, el tomate de industria, los cultivos proteicos o las legumbres de calidad. Por otra parte, la definición del agricultor activo ligado a la exigencia de una actividad agrícola y ganadera responde a la necesidad de legitimar los pagos de la PAC ante el contribuyente y la sociedad en su conjunto, dando garantías de que el dinero de la PAC se destina a aquellos que realizan una actividad productiva en el medio rural. En definitiva, ha concluido Pedro Barato “ASAJA considera que la Conferencia Sectorial ha sentado las bases de lo que puede considerarse un modelo agrario parta España, que necesariamente debe verse completado con otras medidas de carácter nacional, como las ya aprobadas en materia de cadena alimentaria o integración cooperativa, que deberían situar al agricultor y ganadero en una posición negociadora más favorable a la hora de obtener buenos precios en el mercado, que, hay que recordar, supone el 70% de sus ingresos.”

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de ayer, 21 de enero, la Resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la que se aprueba y publica el logotipo y representación gráfica del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial. El Distintivo de Excelencia fue puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en marzo del pasado año. Su objetivo es impulsar la implantación de políticas igualitarias en las empresas públicas y privadas, con domicilio social o fiscal en la región, y resaltar la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar, la integración y la protección de la maternidad. Mediante la concesión de este Distintivo, el Ejecutivo presidido por María Dolores Cospedal reconoce públicamente la labor desarrollada por estas empresas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha. El pasado 12 de diciembre, el DOCM publicó el nombre de las empresas que fueron distinguidas en 2013: Unitel, Solimat y Grupo SADA.

Agencias. El Gobierno y las Comunidades Autónomas han cerrado dos años de discusiones para la distribución de las ayudas agrícolas de 2015 a 2020. Entre las novedades, medidas para evitar a los “cazaprimas”. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha destacado el consenso “básico e importante” conseguido con las comunidades autónomas para aplicar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) entre 2015 y 2020. Gobierno y Comunidades Autónomas han pactado, tras una Conferencia Sectorial de Agricultura, las claves de distribución de los 47.000 millones de euros que llegarán a España en ese período. Entre las novedades, figura una medida calificada de “histórica” por el ministro y algunas autonomías, que consiste en definir al “agricultor activo” para frenar a los llamados “cazaprimas”, es decir beneficiarios de ayudas que no se dedican al campo. Para que un agricultor sea calificado como tal deberá obtener al menos el 20 % de sus ingresos agrícolas (incluidas ayudas) por la facturación de su actividad agraria y la venta de sus productos. Por ejemplo, si un productor percibe 100.000 euros en ayudas deberá declarar que por lo menos ingresa 20.000 euros por su trabajo agrícola. Este sistema se aplicará a agricultores que perciban más de 1.250 euros. Arias Cañete ha señalado que supondrá la detracción de 550 millones de euros a 71.466 productores que no tienen una actividad significativa para destinarlos a agricultores de la misma comarca con “actividad agraria importante”. Se crearán entre 22 y 24 regiones agronómicas (según variables como regadío o secano), de forma que el nivel de ayudas sea similar para todos los territorios Sectores sensibles Gobierno y CCAA han decidido también mantener pagos “acoplados” a la producción y no a la hectárea, para sectores con riesgo de abandono o con problemas, sobre todo en la ganadería. El montante destinado a ayudas acopladas sumará 585 millones de euros anuales desde 2014, el 12,8 de todas las ayudas directas de la UE. No obstante, en julio de 2016 se podrá revisar el alcance de este tipo de apoyos. En desarrollo y rural, Gobierno y CCAA han pactado la asignación de unos 8.053 millones de euros por autonomías. En este ámbito, el ministro ha destacado que se seguirán los mismos criterios “objetivos” que utiliza la UE para repartir los fondos entre los Estados Miembros, con lo que, a su juicio, se acabará con la distribución “injusta” del anterior Gobierno socialista durante el período 2007-2013 -en el que España perdió 956 millones-. Comunidades Autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia han valorado el acuerdo. Entre las autonomías más críticas, la consejera de Agricultura de Andalucía, Elena Víboras, ha manifestado que con ese reparto, el campo andaluz “se empobrecerá” y perderá 418 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha acordado con trece comunidades autónomas desarrollar una aplicación informática común para la gestión de las ayudas directas de la PAC y de las ayudas asimiladas a las ayudas directas del segundo pilar. Ha sido durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebra en la sede del Departamento. Con este acuerdo, las comunidades autónomas participantes contarán con una misma aplicación informática para la gestión de las ayudas directas de la PAC en 2015, a partir de la entrada en vigor de la Reforma de la PAC. De esta forma, desarrollarán con el FEGA una sola aplicación informática, evitando los sobrecostes que conlleva la puesta en marcha de aplicaciones informáticas propias. MEJORA GLOBAL DE LA GESTIÓN Desde el punto de vista económico, el desarrollo de esta aplicación informática común supondrá un ahorro presupuestario significativo para todas las administraciones participantes, tanto por la integración de numerosos costes en un único proceso, como por la reducción de futuras correcciones financieras, gracias a la mejora global de la gestión. Asimismo, la armonización de los procesos administrativos, aportará más transparencia a la gestión de las ayudas y menores costes. Para el sector en su conjunto, así como para entidades colaboradoras, supondrá una reducción de costes de gestión, dado que la tramitación de las ayudas se simplificará al utilizarse las mismas herramientas en todas las comunidades autónomas que participan en el proyecto. La propuesta constituye una apuesta estratégica que abre la puerta a iniciativas similares en otros ámbitos, mediante el desarrollo en común de herramientas de gestión que puedan ser empleadas por todas las comunidades autónomas que lo deseen, haciendo así un uso más eficaz de los recursos públicos. La aplicación informática, que se desarrolla desde 2013, tendrá un coste total de ejecución de 10 millones de euros, que sería financiado en su totalidad por el FEGA. A partir de 2015 y hasta 2020, el coste anual de mantenimiento de la aplicación se ha estimado entre 2 y 3 millones de euros, que serán financiados por las comunidades autónomas participantes y el FEGA. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN La propuesta del FEGA prevé dos modalidades de participación en el proyecto, completa y parcial. En la modalidad completa la comunidad autónoma participante tendrá acceso a la aplicación informática íntegra, mientras que en la modalidad parcial no tendrá acceso al programa de captura, siendo en este caso su participación financiera el 70 por ciento de la correspondiente a la modalidad completa. Por lo que se refiere a la participación en el proyecto, once comunidades autónomas participarán de forma completa (Extremadura a partir de 2016) y dos lo harán de forma parcial (Andalucía y Aragón). Por su parte, la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, que dispone de un régimen especial de ayudas en el marco del POSEICAN, ha solicitado poder participar para las medidas comunes con el resto de las comunidades autónomas. Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Cataluña y País Vasco, han decidido no participar en el proyecto. El acuerdo se desarrollará mediante convenios suscritos entre el FEGA y las comunidades autónomas participantes, en los que se incluirán el acuerdo de nivel de servicio en el que se detallarán los compromisos y responsabilidades de cada parte. El FEGA pondrá a disposición de los organismos pagadores un plan de versiones público con los compromisos de plazos y entregas de la aplicación informática.