El Parlamento Europeo ha aprobado hoy miércoles la nueva Política Agraria Común para el periodo 2014-2020, pactada con los Estados miembros. La nueva PAC, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero, tiene por objetivo asegurar una distribución más equitativa de los fondos entre los Estados miembros y los agricultores. El PE ha conseguido que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores activos y que haya una mayor flexibilidad en los pagos directos condicionados a medidas medioambientales. Se trata de la primera vez que el Parlamento Europeo decide la nueva política agraria en pie de igualdad con los países de la UE. "Hoy hemos aprobado la primera reforma de la política agraria de la UE decidida en pie de igualdad entre los ministros y los eurodiputados. Durante este largo viaje el Parlamento ha conseguido mejoras importantes. La nueva PAC mantendrá el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, preparará mejor a los agricultores a afrontar los retos del futuro y será más justa y legítima", ha subrayado el presidente de la comisión de Agricultura, el socialista italiano Paolo de Castro. Por su parte, el ponente de los informes sobre desarrollo rural y pagos directos, el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos ha destacado que, "además de destinar a los jóvenes y pequeños agricultores los fondos hasta ahora dedicados a las grandes explotaciones, hemos garantizado una distribución mejor de los fondos en toda la UE. En 2020, los agricultores de distintos Estados miembros deberían recibir, al menos, el 72 por ciento de la media comunitaria de los pagos directos". Distribución más justa de las ayudas El sistema de distribución de las ayudas basado en criterios históricos desaparecerá progresivamente y se introducirán nuevas alternativas. El texto aprobado flexibiliza el plazo para la "convergencia interna" de las ayudas (dentro de un Estado o en una región). La nueva política agraria establece que, para 2019, los pagos a los agricultores que reciban menos del 90 por ciento de la media nacional o regional se incrementarán al menos un tercio de la diferencia entre el 90 por ciento de la media nacional o regional y los pagos recibidos en 2014. Además, los eurodiputados han asegurado que para 2019 ningún agricultor europeo reciba menos de un 60 por ciento de ayudas de la media nacional o regional. Sin embargo, con el fin de evitar caídas drásticas en el nivel de las ayudas que puedan poner en peligro la permanencia de algunas explotaciones, el Parlamento ha insistido en que ninguna explotación pierda más del 30 por ciento de las ayudas en comparación con el primer año de vigencia de la nueva política agraria. Agricultores activos La nueva PAC especifica que los pagos directos irán dirigidos a "agricultores activos". Asimismo, los Estados miembros tendrán que elaborar una lista de entidades, como aeropuertos, clubes deportivos o empresas públicas de transporte o construcción, que quedarán excluidas automáticamente de los fondos comunitarios, a no ser que demuestren que la agricultura representa una parte sustancial de sus ingresos. Los Estados miembros podrán ampliar la lista sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, después de haberlo notificado a la Comisión y una vez que las tres instituciones (Parlamento, Comisión y Consejo) hayan dado su visto bueno. "Greening" más flexible La Eurocámara y el Consejo han respaldado la propuesta de la Comisión de destinar el 30 por ciento de los sobre nacionales a pagos directos dirigidos a los agricultores que cumplan tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente: la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de "áreas de interés ecológico" en al menos el 5 por ciento de la superficie agrícola (para las explotaciones que tienen, como mínimo, 15 hectáreas de superficie agrícola). Sin embargo, estas medidas se aplicarán con cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo, las explotaciones con menos de 10 hectáreas de superficie agrícola quedarán exentas de la obligación de rotar los cultivos. Las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar dos cultivos y a partir de las 30 hectáreas se rotarán tres cultivos. El acuerdo también prevé el incremento, hasta el 85 por ciento, de la financiación comunitaria para los proyectos de desarrollo rural en regiones desfavorecidas y ultraperiféricas. Techo de las ayudas El texto prevé un recorte de al menos el 5 por ciento en las ayudas a las grandes explotaciones que reciban más de 150.000 euros. Más fondos para jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones Con el fin de atraer a las personas jóvenes a la agricultura, la Eurocámara y los Estados miembros han acordado un 25 por ciento extra de ayudas a los jóvenes agricultores (hasta 40 años) con explotaciones de entre 25 y 90 hectáreas. Además, los países de la UE estarán obligados a utilizar el 2 por ciento de su sobre nacional en ayudas a los jóvenes agricultores. Los Estados miembros también decidirán si desean establecer un mecanismo de apoyo a los pequeños agricultores. En caso afirmativo, los agricultores que reciban menos de 1.500 euros en ayudas directas serán incluidos automáticamente en este régimen. Los pequeños agricultores recibirán un mínimo de 500 euros y un máximo de 1.500 (200 como mínimo y 500 como máximo en el caso de Croacia, Chipre y Malta). Mejor gestión de riesgos El texto acordado incluye un instrumento de estabilización de ingresos para compensar los daños a los agricultores por la caída repentina en la demanda de sus productos. La Comisión evaluará esta herramienta y, en caso necesario, presentará antes de finalizar 2018 una propuesta legislativa para mejorar su funcionamiento. Un papel más activo de las organizaciones de productores Como norma general, los Estados miembros decidirán si reconocen a las organizaciones de productores. No obstante, sí estarán obligados a reconocerlas en sectores específicos, como es el caso del aceite de oliva y el tabaco. De esta forma, las organizaciones de productores tendrán un papel más activo en la negociación de los términos de los contratos de suministro con transformadores y distribuidores (cadenas de supermercados, por ejemplo). Azúcar El Parlamento y el Consejo han acordado la extensión, hasta septiembre de 2017, del régimen existente de cuotas en el sector del azúcar (la Comisión propuso 2015). Este es un objetivo prioritario para el campo español. Vino Los derechos de plantación de viñedos se mantendrán hasta 2030 (frente a la propuesta de la CE que marcaba 2016 como fecha límite). El sistema actual de derechos de plantación de viñedo será reemplazado por un sistema de autorizaciones, que podría ponerse en marcha en 2016, aunque la validez de los derechos de plantación vigentes se mantendría entre 3 y 5 años más. Según el texto de compromiso, los Estados miembros tendrían que poner un uno por ciento del total de la superficie plantada a disposición del nuevo sistema de autorizaciones. Leche España ha pedido en varias ocasiones prolongar el régimen de cuotas del sector lechero, que expirará en 2015. Sin embargo, el texto acordado no modifica este plazo. Los eurodiputados habían propuesto la concesión de ayudas durante al menos 3 meses a los productores que redujesen voluntariamente su producción al menos un 5 por ciento, pero esta iniciativa no recibió el apoyo del Consejo y la Comisión. Tabaco Los eurodiputados no han conseguido mantener las ayudas acopladas al tabaco. Sin embargo, sí han logrado que la Comisión se comprometa a ayudar a los Estados miembros a mantener el nivel de producción en sectores que atraviesen dificultades, como es el caso de la producción del tabaco. Contexto Los negociadores del Parlamento, el Consejo y la Comisión alcanzaron en junio un acuerdo político sobre la práctica totalidad de la nueva política agraria. El pleno ha dado el visto bueno a la totalidad de los textos acordados. Resultado de las votaciones El informe sobre los pagos directos ha sido aprobado por 440 votos a favor, 238 en contra y 10 abstenciones. El informe sobre la OCM única ha sido aprobado por 426 votos a favor, 253 en contra y 8 abstenciones. El informe sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC ha sido aprobado por 500 votos a favor, 177 en contra y 10 abstenciones. El reglamento sobre las normas de transición para 2014 ha sido aprobado por 592 votos frente a 81.

“Las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que establecen los jóvenes con otros chicos y chicas”. Esto las convierte “en un instrumento de doble filo: por un lado, son una herramienta de sensibilización eficaz frente a la violencia de género, pero por otro facilitan nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento y repetida de la intimidad de la víctima”. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha expresado de este modo la preocupación de su departamento por el uso de Internet y las tecnologías entre los jóvenes como forma de ejercer la violencia. Lo ha hecho en la presentación de los dos últimos estudios elaborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2012 y 2013: “El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento”, elaborado por Cristóbal Torres, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y “La Evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género”, dirigido por la catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense María José Díaz-Aguado. Entre las principales conclusiones de los estudios, en los que han participado más de 8.000 adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años, destaca el hecho de que las nuevas tecnologías facilitan a los agresores alcanzar a sus víctimas sin tener contacto directo con ellas, suponen también una dificultad para cerrar una relación de pareja y que los estereotipos tradicionales que siguen existiendo en las relaciones entre hombres y mujeres se proyectan en Internet y las redes sociales. De hecho, el estudio sobre el ciberacoso señala que Whatsapp, Tuenti y las llamadas al móvil son los medios más frecuentes para enviar y recibir mensajes insultantes o amenazantes, como forma de ejercer la violencia de género. En paralelo, la juventud “nativa digital” tiene una percepción del riesgo muy baja. Así lo demuestra el hecho de que más de uno de cada cuatro adolescentes (el 28,1%) no consideren conducta de riesgo responder a un mensaje en el que le insultan. Una proporción similar asegura que colgaría una fotografía suya que sus padres no autorizarían. Y son muchos los que los reciben, especialmente las mujeres. De las jóvenes han sido víctimas de violencia de género a través de las nuevas tecnologías, hasta el 61,7% asegura haber recibido mensajes con insultos Además, el 36% ha recibido algún mensaje que les ha hecho “sentir miedo”. El 14,7% de las chicas que han sufrido esta violencia, por otra parte, asegura haber recibido algún mensaje para presionarlas a participar en actividades de tipo sexual. Y hasta un 16,6% de las jóvenes asegura que han visto difundidas imágenes suyas comprometidas o de carácter sexual sin su consentimiento. No obstante, un tercio de los jóvenes, chicos y chicas, aseguran haber respondido en dos o más ocasiones a un mensaje en el que le insultan u ofenden. El estudio sobre el ciberacoso también revela otras conductas de riesgo en ambos sexos: el 25% de las adolescentes y el 36% de los chicos no consideran muy o bastante peligroso responder a un mensaje en el que alguien que no conoce le ofrece cosas. Además, el 5% de las chicas y el 16% de los chicos no creen peligroso colgar una foto suya de carácter sexual; de hecho, el 1,1% de las jóvenes y el 2,2% de los chicos reconocen haberlo hecho en alguna ocasión. Estos datos revelan, para la ministra, la necesidad de actuar. “La juventud y la adolescencia tienen una importancia vital en el desarrollo de la persona. Es el momento en el que se establecen relaciones humanas y se dibuja el proyecto de vida. Por ello actuar en esta etapa es fundamental”, ha asegurado. Por ello, y porque “queremos acabar con este tipo de violencia”, Mato ha anunciado una batería de medidas dirigidas a combatir los nuevos delitos relacionados con las nuevas tecnologías, y también en el ámbito educativo. A las medidas penales, como la tipificación del acoso como delito, con agravante en caso de que el autor sea cónyuge o ex cónyuge, se suman las medidas de formación, como el fomento de la igualdad efectiva en todas las etapas educativas. También durante este curso el Ministerio apoyará el Plan de Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, que se reforzará en 2014 con la inclusión de otras formas de violencia contra la mujer. Asimismo, se proporcionarán “herramientas a profesores y padres para complementar su labor educativa en este ámbito”, como la Red de Buenas Prácticas 2.0 para luchar contra el ciberacoso, o el Proyecto Plurales, de educación en igualdad. La ministra también ha recordado que, haciendo uso del potencial que ofrecen las tecnologías y las redes sociales, se ha lanzado la aplicación para smartphones “Libres”, para detectar los signos de la violencia de género y ofrecer herramientas para salir de ellas. En este sentido, la ministra ha aprovechado su intervención para recordar a las 44 mujeres y a los 5 menores fallecidos en lo que va de año por esta lacra, así como a los 40 que han quedado huérfanos y al medio millón de niños que vivieron situaciones de violencia en España durante el último año Mato ha reiterado su llamamiento a la denuncia dirigido a las víctimas: “Es la llave de vuestra libertad y de la de vuestros hijos”, ha dicho. DECÁLOGO DE CONDUCTAS QUE REVELAN CIBERACOSO De los estudios presentados por la ministra se puede extraer un decálogo de las formas en las que se puede expresar el ciberacoso: 1. Distribuir en Internet una imagen (sexting) o datos comprometidos de contenido sexual (reales o falsos). 2. Dar de alta a la víctima en un sitio web donde puede estigmatizarse o ridiculizar a una persona. 3. Crear un perfil falso en nombre de la víctima para, por ejemplo, realizar demandas u ofertas sexuales. 4. Usurpar la identidad de la víctima para, por ejemplo, hacer comentarios ofensivos sobre terceros. 5. Divulgar por Internet grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede, persigue, etc. a una persona. 6. Dar de alta el email de la víctima para convertirla en blanco de spam, contactos con desconocidos, etc. 7. Acceder al ordenador de la víctima para controlar sus comunicaciones con terceros. 8. Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a la víctima. 9. Perseguir e incomodar a la víctima en los espacios de Internet que frecuenta de manera habitual. 10. Presentarse en un perfil falso ante la víctima con el fin de concertar un encuentro digital para llevar a cabo algún tipo de chantaje on-line (por ejemplo, el “grooming”: acoso sexual a menores).

El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la generación de oportunidades para la inserción laboral de personas desempleadas. El pasado 1 de octubre se abrió la convocatoria del ‘Programa Empresa-Empleo’, cuya finalidad es crear oportunidades para facilitar el acceso al mercado de trabajo a los trabajadores desempleados en Castilla-La Mancha. A través de este programa, se concede una ayuda de 3.000 euros a las empresas que se comprometan a realizar contratos a desempleados con una duración mínima de cuatro meses, garantizando además el cobro de la ayuda en los primeros 15 días desde la solicitud de la misma. El programa nació con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Sin embargo, dado el éxito y la aceptación que éste ha tenido, se ha hecho necesaria una revisión del mismo, ya que el número de contratos bajo esta modalidad crece a diario. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una modificación de la Orden que regula este programa para ampliar su presupuesto, que pasa a estar dotado con diez millones de euros. Además, se va a dar cobertura a más empresas, generando con ello más oportunidades de empleo en nuestra región. Esta revisión va a permitir ampliar los destinatarios, ya que las entidades sin ánimo de lucro también se podrán acoger, así como las empresas mayores de 250 empleados y todas aquellas cuyo centro de trabajo se encuentra en Castilla-La Mancha, independientemente de su domicilio fiscal.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha urge a las Administraciones a avanzar en los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, tanto nacional como autonómico, si se pretende su puesta en marcha para el próximo año y, por tanto, comenzar a aplicar las nuevas medidas que impulsarán la economía de las zonas rurales. Por este motivo, la Organización Agraria considera imprescindible acelerar en el contenido de dichos Programas y comenzar con los procesos de participación, puesto que lo responsable sería tener en consideración la opinión de los representantes de los agricultores y ganaderos que, en definitiva, son los que generan la principal actividad para que el mundo rural siga vivo. Aunque todavía no se ha publicado la normativa europea relativas a las ayudas al desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas se comprometieron antes del verano a cerrar el acuerdo sobre la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en España, en el que debe recogerse todas las cuestiones relativas a la programación de desarrollo rural. Según anunciaba esta semana el Ministro Miguel Arias Cañete, entre diciembre y enero se podrá contar ya con las líneas generales. Algunas comunidades autónomas ya han iniciado procesos de participación y han puesto sobre la mesa documentos de avance sobre la próxima programación. Sin embargo, en Castilla-La Mancha se desconoce incluso si ya se ha elaborado la parte correspondiente a la evaluación previa del programa. En este sentido, la Organización Agraria lamenta la falta de información y exige a la Consejería de Agricultura que cuente con la opinión de los representantes agrarios para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural (PDR) con el fin de alcanzar la cohesión económica y social necesaria para el mundo rural de la región. A grandes rasgos, en los nuevos PDRS se eliminan los ejes y se sustituyen por una programación basada en prioridades, con medidas que pueden atender a varias de éstas. Así, hay una prioridad transversal obligatoria: transparencia de conocimiento e innovación, tres prioridades ligadas al desarrollo económico rural (competitividad de las explotaciones agrarias, cadena alimentaria y creación de empleo); y, por último, dos prioridades ambientales orientadas a la mejora de los ecosistemas. Por último, ASAJA de Castilla-La Mancha recomienda tener definidos los objetivos y estrategias a medio y largo plazo para construir un futuro sólido y evitar perder ingresos procedentes de la Unión Europea. En este sentido recuerda que Bruselas lleva meses advirtiendo a España del riesgo de pérdida de fondos FEADER en varios Programas Regionales entre los que se encuentra el de esta región, por no haber consumido dichos fondos en el plazo establecido.

Cooperativas, agricultores, almazaras, envasadores y olivareros han saludado la prohibición de las aceiteras rellenables en restaurantes, porque reforzará la trazabilidad e imagen de calidad del producto y los derechos del consumidor, y descartan que la medida perjudique al canal Horeca. El presidente de la Interprofesional del aceite de oliva y, a su vez, de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, ha agradecido al ministro "el compromiso con el sector" oleícola, al continuar adelante con la medida en España a pesar de que la Comisión Europea no quiso aplicarla, "y no entendemos por qué". Barato ha afirmado que la norma permitirá algo "tan sencillo" como que las botellas que se ofrecen al consumidor estén convenientemente etiquetadas y "con todas las garantías del mundo". Ha lanzado un mensaje a la restauración: con los precios actuales que tiene el aceite, "tienen que estar muy tranquilos" en que la iniciativa no les perjudicará por un incremento de costes. Para Primitivo Fernández, director de la patronal de envasadores Anierac, "el Gobierno ha corregido un error de Bruselas", después de que la UE rechazara un reglamento para todo su territorio, lo que "nos dejó un mal sabor de boca".

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR Valencia, celebró ayer en Alzira la XVII Jornada de la Mujer Rural dando cita a un millar de mujeres procedentes de todas las comarcas valencianas. La presidenta provincial, Marian Corbí, reivindicó el papel que desempeña la mujer en el sector agropecuario y abogó por la puesta en marcha de “políticas activas que favorezcan la creación de empresas en el medio rural”. Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, denunció la falta de sensibilidad y criterio hacia el sector agrario valenciano que exhiben las distintas administraciones, una circunstancia que resulta “inaceptable en la medida que implica una supina ignorancia sobre el valor estratégico que tiene el campo, tal como demuestra el liderazgo que ostentan las exportaciones agroalimentarias valencianas”. El máximo responsable de esta organización agraria aprovechó su intervención durante la XVII Jornada de la Mujer Rural para señalar que en el marco de esta crisis “los agricultores viajamos en el furgón de cola en materia de apoyo público. Si bien reconocemos el esfuerzo de la Consejería en materia de seguros agrarios, llevamos tres años con un presupuesto que resulta insuficiente”. La clausura del acto corrió a cargo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien dio a conocer dos proyectos importantes. Por un lado, anunció la inminente puesta en marcha de, según apuntó el propio Rus, “un plan especial, a la americana, para combatir la delincuencia en el medio rural y en el que van a emplearse helicópteros. Vamos a coordinarnos con la Delegación del Gobierno y las organizaciones agrarias y poner todos los recursos necesarios.” Por otro lado, la Diputación multiplicará por cuatro la dotación presupuestaria que destina a la mejora de los caminos rurales, que pasará de 3 a 12 millones de euros. El encuentro anual de las mujeres de AMFAR Valencia se completó con una conferencia del jefe del servicio de oncología del Hospital de La Ribera, José Miguel Cuevas, que puso el acento en la importancia de las medidas preventivas contra la enfermedad; y con la firma de un convenio de colaboración con el Grupo Cooperativo Cajamar, cuyo objeto es impulsar la actividad de sus socias con préstamos en condiciones ventajosas de financiación. El director corporativo de Cajamar Caja Rural, Bernabé Sánchez-Minguet, señaló que “como entidad colaboradora con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), hemos puesto en marcha líneas especiales de financiación para la mujer rural que les facilitará cubrir las necesidades de circulante de su negocio así como realizar nuevas inversiones destinadas a ampliar y modernizar sus activos productivos”.

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ayudar a las mujeres emprendedoras que están realizando actuaciones de innovación, modernización, renovación o consolidación de sus empresas. El convenio, auspiciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Industria, contará con 400.000 euros. Así lo anunció ayer el consejero del ramo, Leandro Esteban, durante la celebración de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes. El fin último de esta colaboración es lograr el impulso a proyectos de mujeres emprendedoras e innovadoras en Castilla-La Mancha. «Estas ayudas darán, además, independencia económica y libertad a estas mujeres y esperamos obtener resultados muy importantes».