El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la generación de oportunidades para la inserción laboral de personas desempleadas. El pasado 1 de octubre se abrió la convocatoria del ‘Programa Empresa-Empleo’, cuya finalidad es crear oportunidades para facilitar el acceso al mercado de trabajo a los trabajadores desempleados en Castilla-La Mancha. A través de este programa, se concede una ayuda de 3.000 euros a las empresas que se comprometan a realizar contratos a desempleados con una duración mínima de cuatro meses, garantizando además el cobro de la ayuda en los primeros 15 días desde la solicitud de la misma. El programa nació con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Sin embargo, dado el éxito y la aceptación que éste ha tenido, se ha hecho necesaria una revisión del mismo, ya que el número de contratos bajo esta modalidad crece a diario. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una modificación de la Orden que regula este programa para ampliar su presupuesto, que pasa a estar dotado con diez millones de euros. Además, se va a dar cobertura a más empresas, generando con ello más oportunidades de empleo en nuestra región. Esta revisión va a permitir ampliar los destinatarios, ya que las entidades sin ánimo de lucro también se podrán acoger, así como las empresas mayores de 250 empleados y todas aquellas cuyo centro de trabajo se encuentra en Castilla-La Mancha, independientemente de su domicilio fiscal.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha urge a las Administraciones a avanzar en los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, tanto nacional como autonómico, si se pretende su puesta en marcha para el próximo año y, por tanto, comenzar a aplicar las nuevas medidas que impulsarán la economía de las zonas rurales. Por este motivo, la Organización Agraria considera imprescindible acelerar en el contenido de dichos Programas y comenzar con los procesos de participación, puesto que lo responsable sería tener en consideración la opinión de los representantes de los agricultores y ganaderos que, en definitiva, son los que generan la principal actividad para que el mundo rural siga vivo. Aunque todavía no se ha publicado la normativa europea relativas a las ayudas al desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas se comprometieron antes del verano a cerrar el acuerdo sobre la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en España, en el que debe recogerse todas las cuestiones relativas a la programación de desarrollo rural. Según anunciaba esta semana el Ministro Miguel Arias Cañete, entre diciembre y enero se podrá contar ya con las líneas generales. Algunas comunidades autónomas ya han iniciado procesos de participación y han puesto sobre la mesa documentos de avance sobre la próxima programación. Sin embargo, en Castilla-La Mancha se desconoce incluso si ya se ha elaborado la parte correspondiente a la evaluación previa del programa. En este sentido, la Organización Agraria lamenta la falta de información y exige a la Consejería de Agricultura que cuente con la opinión de los representantes agrarios para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural (PDR) con el fin de alcanzar la cohesión económica y social necesaria para el mundo rural de la región. A grandes rasgos, en los nuevos PDRS se eliminan los ejes y se sustituyen por una programación basada en prioridades, con medidas que pueden atender a varias de éstas. Así, hay una prioridad transversal obligatoria: transparencia de conocimiento e innovación, tres prioridades ligadas al desarrollo económico rural (competitividad de las explotaciones agrarias, cadena alimentaria y creación de empleo); y, por último, dos prioridades ambientales orientadas a la mejora de los ecosistemas. Por último, ASAJA de Castilla-La Mancha recomienda tener definidos los objetivos y estrategias a medio y largo plazo para construir un futuro sólido y evitar perder ingresos procedentes de la Unión Europea. En este sentido recuerda que Bruselas lleva meses advirtiendo a España del riesgo de pérdida de fondos FEADER en varios Programas Regionales entre los que se encuentra el de esta región, por no haber consumido dichos fondos en el plazo establecido.

Cooperativas, agricultores, almazaras, envasadores y olivareros han saludado la prohibición de las aceiteras rellenables en restaurantes, porque reforzará la trazabilidad e imagen de calidad del producto y los derechos del consumidor, y descartan que la medida perjudique al canal Horeca. El presidente de la Interprofesional del aceite de oliva y, a su vez, de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, ha agradecido al ministro "el compromiso con el sector" oleícola, al continuar adelante con la medida en España a pesar de que la Comisión Europea no quiso aplicarla, "y no entendemos por qué". Barato ha afirmado que la norma permitirá algo "tan sencillo" como que las botellas que se ofrecen al consumidor estén convenientemente etiquetadas y "con todas las garantías del mundo". Ha lanzado un mensaje a la restauración: con los precios actuales que tiene el aceite, "tienen que estar muy tranquilos" en que la iniciativa no les perjudicará por un incremento de costes. Para Primitivo Fernández, director de la patronal de envasadores Anierac, "el Gobierno ha corregido un error de Bruselas", después de que la UE rechazara un reglamento para todo su territorio, lo que "nos dejó un mal sabor de boca".

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR Valencia, celebró ayer en Alzira la XVII Jornada de la Mujer Rural dando cita a un millar de mujeres procedentes de todas las comarcas valencianas. La presidenta provincial, Marian Corbí, reivindicó el papel que desempeña la mujer en el sector agropecuario y abogó por la puesta en marcha de “políticas activas que favorezcan la creación de empresas en el medio rural”. Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, denunció la falta de sensibilidad y criterio hacia el sector agrario valenciano que exhiben las distintas administraciones, una circunstancia que resulta “inaceptable en la medida que implica una supina ignorancia sobre el valor estratégico que tiene el campo, tal como demuestra el liderazgo que ostentan las exportaciones agroalimentarias valencianas”. El máximo responsable de esta organización agraria aprovechó su intervención durante la XVII Jornada de la Mujer Rural para señalar que en el marco de esta crisis “los agricultores viajamos en el furgón de cola en materia de apoyo público. Si bien reconocemos el esfuerzo de la Consejería en materia de seguros agrarios, llevamos tres años con un presupuesto que resulta insuficiente”. La clausura del acto corrió a cargo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien dio a conocer dos proyectos importantes. Por un lado, anunció la inminente puesta en marcha de, según apuntó el propio Rus, “un plan especial, a la americana, para combatir la delincuencia en el medio rural y en el que van a emplearse helicópteros. Vamos a coordinarnos con la Delegación del Gobierno y las organizaciones agrarias y poner todos los recursos necesarios.” Por otro lado, la Diputación multiplicará por cuatro la dotación presupuestaria que destina a la mejora de los caminos rurales, que pasará de 3 a 12 millones de euros. El encuentro anual de las mujeres de AMFAR Valencia se completó con una conferencia del jefe del servicio de oncología del Hospital de La Ribera, José Miguel Cuevas, que puso el acento en la importancia de las medidas preventivas contra la enfermedad; y con la firma de un convenio de colaboración con el Grupo Cooperativo Cajamar, cuyo objeto es impulsar la actividad de sus socias con préstamos en condiciones ventajosas de financiación. El director corporativo de Cajamar Caja Rural, Bernabé Sánchez-Minguet, señaló que “como entidad colaboradora con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), hemos puesto en marcha líneas especiales de financiación para la mujer rural que les facilitará cubrir las necesidades de circulante de su negocio así como realizar nuevas inversiones destinadas a ampliar y modernizar sus activos productivos”.

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ayudar a las mujeres emprendedoras que están realizando actuaciones de innovación, modernización, renovación o consolidación de sus empresas. El convenio, auspiciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Industria, contará con 400.000 euros. Así lo anunció ayer el consejero del ramo, Leandro Esteban, durante la celebración de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes. El fin último de esta colaboración es lograr el impulso a proyectos de mujeres emprendedoras e innovadoras en Castilla-La Mancha. «Estas ayudas darán, además, independencia económica y libertad a estas mujeres y esperamos obtener resultados muy importantes».

La presidenta nacional de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Lola Merino, asiste mañana en Madrid al Pleno del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. AMFAR es la organización nacional que defiende y representa a las asociaciones de mujeres rurales españolas en este órgano consultivo adscrito a la Administración General del Estado y que preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. En el transcurso del plenario se abordará, entre otros, la aprobación y aplicación del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. Un Plan que pretende impulsar la inserción socio-laboral de los colectivos más vulnerables a través del empleo, reducir la pobreza infantil y garantizar la prestación de servicios básicos a las personas en situación de especial vulnerabilidad. El Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social es un órgano consultivo, que se constituye como órgano de asesoramiento, participación y diálogo entre el movimiento asociativo español y la Administración General del Estado. La finalidad del Consejo es propiciar la participación activa de las organizaciones sin ánimo de lucro en la elaboración de las políticas sociales, pudiendo éstas asesorar y proponer medidas al Gobierno a favor de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. AMFAR es la organización que da voz al tejido asociativo español de mujeres rurales, representada por su presidenta nacional, Lola Merino, quien ostenta además la presidencia del Grupo de Trabajo del Medio Rural. AMFAR forma parte del Consejo junto a otras 26 entidades, como es el caso de Cruz Roja Española, Cáritas, CERMI o COCEMFE y otras en representación del Voluntariado, Infancia, Juventud o Familia; así como una representación de toda la Administración General del Estado, a través de direcciones generales, subdirecciones u organismos adscritos.

La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, ofreció ayer una conferencia técnica sobre la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias en Villafranca de los Caballeros (Toledo), en el marco de unas jornadas sobre Empleo y Emprendimiento que el Ayuntamiento de este municipio ha organizado en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. En su intervención, Merino recalcó que la titularidad compartida de los cónyuges en las explotaciones agrarias ha sido una de las grandes e históricas reivindicaciones de AMFAR, ya que permite el reconocimiento del trabajo invisible realizado por las mujeres en el campo y el disfrute de sus propias prestaciones sociales. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido dos años desde la aprobación de la normativa legal que rige la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, son muy pocas las mujeres que se han dado de alta en esta nueva figura legal, tan sólo seis en Castilla-La Mancha. Según la presidenta de AMFAR, la Ley que fue publicada en el BOE de 4 de octubre de 2011, se encuentra actualmente con una serie de obstáculos que dificultan la incorporación de las mujeres rurales como cotitulares de las explotaciones agrarias. “Existen dos problemas esenciales. Por una parte, la difícil coyuntura económica, y por otra, la gran diversidad de normativa que ha generado enorme confusión en las distintas comunidades autónomas”. Hay comunidades autónomas que incentivan la incorporación de las mujeres con subvenciones, frente a las que ofrecen bonificaciones o las que no ofrecen ningún tipo de ayuda. Se recogen también diferencias muy dispares en el límite de edad de las beneficiarias, apuntó Merino. El acto contó también con la asistencia del alcalde de Villafranca de los Caballeros, Andrés Beldad, quien mostró su apoyo a este tipo de jornadas “que ayudan a potenciar no sólo la creación de empleo sino además la motivación de nuestros ciudadanos y poblaciones, tan necesario en momentos como el que nos ha tocado vivir en la actualidad”. A este encuentro de trabajo asistieron además los técnicos del Centro de la Mujer del municipio toledano, así como vecinos de ésta y otras localidades cercanas.