L. Ruiz Simón. EFEAGRO. El papel de la mujer como elemento clave para fijar la población rural es indiscutible, pero en los últimos tiempos, además, profesionales muy jóvenes, con ganas y sin miedo están asumiendo el liderazgo en una parcela hasta hace poco muy reservada a los hombres: la defensa de los intereses del campo. Adoración Blanque ya conocía el sector agrícola -por ser hija de productor y por haber trabajado en el asesoramiento de empresas del sector- cuando entró como técnica en la Asociación de Jóvenes Agrarios (Asaja) en Almería en 2002. Poco después, asumió el cargo de secretaria general de la organización donde empezó a conocer el sector desde el punto de vista de las necesidades del productor, por lo que se afana en "mejorar la vida de los agricultores". Al principio "da reparo", reconoce, porque es "un mundo de hombres y son ellos los que han llevado siempre el peso de las explotaciones y en los órganos de representación". Blanque es además la presidenta provincial de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) Almería. En el caso de Amparo Villamayor a sus 38 años ha dedicado los últimos once a dirigir la Cooperativa de Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), donde unos 2.800 socios producen aceite de oliva y vino. Destaca que son pocas las mujeres que tienen cargos de responsabilidad en cooperativas del mundo agrario, "donde los hombres siempre han estado al mando". Poco a poco, "todos nos hemos ido acostumbrando", con "trabajo y responsabilidad". Es el caso de Carmen Quintero, una cordobesa de 28 años que hace solo unos días asumió la representación de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en su provincia, en la que ingresó en 2008. Hija y nieta de agricultores, ha alternado sus estudios de Trabajo Social con el trabajo en la explotación familiar, en la que se recolectan aceitunas y se cultivan habas, alcachofas, patatas, melones, sandías y algodón. Lidia Gómez tiene 34 años, es ganadera desde hace trece años y dirige en la comarca de Terra Cha (Lugo) la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una organización en la que entró para "poder ayudar a los demás a ver las expectativas del campo". Hace dos años que tomó las riendas de esta asociación y ahora sus objetivos los tiene claros: informar a sus compañeros para que vean todas las posibilidades y no abandonen el campo, donde se puede vivir muy bien, siempre y cuando "empiecen a valorarnos de verdad y también los alimentos que producimos".

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) han firmado un acuerdo para mejorar el acceso a la financiación por parte de las pymes del sector primario. Se trata del segundo año en que el ICO pone en marcha la línea de financiación ICO-Garantía SGR, dotada con 200 millones de euros e incluida en la línea general de crédito a empresas y emprendedores, aunque por primera vez cuenta con el apoyo de Saeca como avalista. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha afirmado en el acto de la firma que este acuerdo permitirá a las empresas del sector agroalimentario encontrar la financiación necesaria para llevar a cabo sus iniciativas, lo que contribuirá "a generar riqueza y empleo, más necesarios que nunca en este momento". El ministro ha recordado que el ICO concedió en 2012 al sector más de 18.700 créditos por importe de 1.600 millones de euros, en forma de circulante y créditos a la inversión, que representaron un 13 % y un 17 %, respectivamente, de las líneas generales que concede el instituto para estas finalidades. El presidente del ICO, Román Escolano, ha precisado durante el mismo acto que los principales beneficiarios de estos créditos fueron en ese ejercicio los autónomos y las pequeñas empresas, con un 78 % de las operaciones realizadas en empresas con menos de 10 empleados, y un 48 % por menos de 60.000 euros. "Aun en estos momentos, apoyos como este pueden potenciar y ampliar el tejido empresarial español, lo que nos anima a continuar con esta tarea", ha añadido Escolano, quien ha precisado que aunque la dotación inicial de esta línea de crédito es de 200 millones de euros, la cifra es "ampliable en función de la demanda". Saeca colaborará como avalista "lo que contribuirá a un aumento de la financiación en el sector", ha afirmado. Para el presidente de Saeca, José Ramón Bujanda, la "firma de este acuerdo supondrá un paso más para alcanzar la necesidad de recuperación económica de España". Bujanda ha recordado que, desde su creación, en 1978, Saeca ha concedido 63.000 avales, por un montante de 1.200 millones de euros, con el objetivo de "paliar situaciones difíciles" que sufren los agricultores y ganaderos, provocadas por impactos climatológicos, descensos de ventas o incrementos de costes de producción, entre otros factores. Ha añadido que, recientemente, ha abierto una nueva línea de avales para las comunidades de regantes, destinada a impulsar la modernización de sus infraestructuras. En su intervención, el ministro ha recordado que el sector agroalimentario, que representa un 7,6 % del producto interior bruto (PIB) español y genera 1,8 millones de puestos de trabajo, "está dando una respuesta muy positiva a la difícil situación que atraviesa el país". Ha destacado la importancia de las exportaciones para el sector, con una cifra superior a los 35.000 millones de euros y que en el último año se ha incrementado un 9 %.

La Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto, ha señalado que, las medidas de componente verde contempladas en la reforma de la PAC “deben proporcionar beneficios medioambientales, sin que por ello los agricultores tengan que incurrir en mayores costes o en pérdidas de ingresos, que pongan en peligro la competitividad y la viabilidad de sus explotaciones”. Nieto ha recordado que en esas negociaciones, España ha defendido una flexibilización de la propuesta de greening inicial, tanto en la negociación que ha tenido lugar hasta alcanzar el Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado mes de marzo, como a nivel del Parlamento Europeo. “Esta flexibilización resultaba necesaria para que el impacto de la aplicación del greening sea asumible por una agricultura tan diversa como es el caso de España”, ha apuntado la Directora General. También ha destacado la introducción en el Acuerdo de Consejo de Ministros del concepto de “equivalencia”, que reconoce la contribución al medio ambiente que realizan los agricultores a través de los compromisos agroambientales y climáticos de desarrollo rural, así como con la implantación de sistemas de certificación medioambiental en sus explotaciones. Su aplicación, ha indicado, se realizará bajo dos condiciones: que las medidas equivalentes cuenten con la aprobación previa de la Comisión y que aporten un beneficio medioambiental y climático equivalente o superior comparado con una o varias de las prácticas de greening. En cuanto a los cultivos permanentes, Nieto ha señalado que “era imprescindible que se establecieran opciones que tuvieran en cuenta las peculiaridades de estos cultivos, que tienen ya en sí un elevado valor medioambiental”. En este sentido ha recordado sus aportaciones como sumideros de carbono, su contribución al paisaje, a la biodiversidad y como alternativa a las terrazas en zonas de pendiente. En el Acuerdo del Consejo, ha añadido, se han flexibilizado las condiciones que permitirán el cumplimiento del greening. “Así, las plantaciones de cultivos permanentes con menos de 250 árboles por hectárea y las situadas en zonas con una pendiente igual o superior al 10% tendrán la consideración de superficies de interés ecológico”. “Todos estos elementos deben permitir que la Unión Europea cuente con una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como se propone, pero también capaz de cumplir su principal papel de suministrador de alimentos de calidad y de competir en condiciones, al menos, equivalentes en un mundo cada vez más globalizado”, ha concluido la Directora General

La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha subrayado que “todas las actuaciones emprendidas por el Ministerio persiguen un objetivo común: impulsar las reformas estructurales necesarias para abordar un futuro con garantías de éxito”. Bajo este principio, la Secretaria General ha explicado las líneas de trabajo en el marco de un encuentro con ASAJA-Aragón, que se ha celebrado en Huesca. García Tejerina ha abordado los logros conseguidos en las negociaciones de la reforma de la PAC. Ha señalado que, “gracias al esfuerzo realizado”, España va a disponer dentro del marco financiero plurianual 2014-2020 de 35.705 millones de euros en ayudas directas y 8.291 millones de euros para desarrollo rural para todo el periodo. “Esto supone, incluso, un pequeño incremento sobre las ayudas directas pagadas en el periodo anterior”. En este sentido, ha recordado que las ayudas directas a agricultores y ganaderos procedentes de la UE “representan, de media, entre el 25% y el 30% del conjunto de las rentas de las explotaciones españolas y, para algunos cultivos, llega a representar incluso el 40%”. ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UE También se ha referido al acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura de la UE el pasado 19 de marzo, que, en lo relativo a los pagos directos, supuso conseguir que se limitara la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011 “evitando la dilución desproporcionada de los importes unitarios de ayuda”. Otros puntos del acuerdo destacados por la Secretaria General han sido los relativos a la eliminación de la obligatoriedad de que en 2019 hubiera un mínimo importe de ayudas o “tasa plana”; y la flexibilización del componente verde. ”Las condiciones para el cumplimiento del greeening, ha señalado García Tejerina, no serán tan duras como propuso la Comisión. Se han introducido modificaciones para considerar superficies de interés ecológico las de cultivos leñosos con menos de 250 árboles por hectárea”. A este respecto, ha recordado que ese tipo de plantación representa el 71% en olivar y el 60% de los árboles de frutos de cáscara que hay en España. En cuanto a los pagos directos, la secretaria general ha resaltado la posibilidad de que los Estados miembros puedan aplicar, de oficio, el régimen simplificado para pequeños agricultores, cuyos importes de ayuda estén comprendidos entre los 500 y los 1.000 euros. MEJORAS EN EL MARCO DE LOS TRILOGOS García Tejerina ha planteado también las cuestiones a mejorar en el marco de los trílogos. “Como nuestro Ministerio no se caracteriza precisamente por ser conformista, apreciamos que hay una nueva oportunidad para mejorar algunos aspectos”, ha indicado la Secretaria General. Por ello, ha señalado que se tratará de introducir una serie de enmiendas, que han sido aprobadas por el Parlamento, para facilitar la aplicación de la reforma en el sector de la ganadería sin tierras. Estas enmiendas estarán orientadas a conseguir que se pueda conceder un apoyo a los titulares de derechos especiales, independientemente de que dispongan o no de base territorial, y que se pueda conceder un apoyo acoplado a los ganaderos que no sean propietarios de la mayor parte de las tierras que explotan. En cuanto al sector del vino, García Tejerina ha apuntado que, puesto que España es el único país que optó por desacoplar parte del sobre del sector, con posibilidad de devolverlo de nuevo al programa de apoyo, “habrá que analizar los ajustes técnicos para determinar la nueva asignación de derechos y hacer bien el proceso de convergencia”. Además, ha añadido, se defenderán las enmiendas que permitan acciones de promoción del vino dentro de la UE y las inversiones en terceros países. Para el sector de frutas y hortalizas, la Secretaria General ha explicado que se tratará de mejorar el régimen de precio de entrada y recuperar la referencia al “valor de importación a tanto alzado” y la garantía automática. De la misma manera, García Tejerina ha planteado mejoras para la red de seguridad señalando, en concreto, la posibilidad de introducir el queso dentro de los productos elegibles para el almacenamiento privado y, por otro lado, la revisión de los precios de referencia que desencadenan las medidas de la red. García Tejerina ha expuesto también en este encuentro las actuaciones del Ministerio en apoyo del sector agroalimentario, entre las que ha citado la Ley de fomento de la integración cooperativa, o la de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria. También se ha referido al programa nacional de innovación e investigación del sector agroalimentario, destinado a “promover un sector agrícola productivo, que utilice los recursos de manera eficiente, que sea respetuoso con el medio ambiente y establezca vínculos entre los conocimientos y las tecnologías punteras y los productores, las empresas y los servicios de asesoramiento”. Mención aparte han merecido los nuevos proyectos del Ministerio, entre los que ha citado la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, el Plan de diversificación económica del medio rural, la modificación de la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural y de la Ley de Montes, o el anteproyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito supra-autonómico.

Efeagro. Las mujeres que trabajan en España en la venta al por menor de pescado afrontan "riesgos" laborales muy específicos, que pueden repercutir en su salud, como las largas jornadas de trabajo, la humedad o las cargas de producto, según un informe. El estudio, realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), examina las condiciones de trabajo y salud de las mujeres que ejercen su actividad en las pescaderías. Incluye entrevistas a empresas en varias autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco). Señala que estas trabajadoras comparten las mismas responsabilidades que los hombres y suponen el 60 % del personal ocupado y remunerado (por cuenta ajena) en esta clase de comercio alimentario, pero hay "cierta invisibilidad" en cuanto a su reconocimiento socioeconómico. Esto se debe, según el estudio, a que en muchas ocasiones su actividad se desarrolla "como ayuda familiar" y a tiempo parcial. La venta de pescado al por menor en establecimientos especializados, como las pescaderías, genera en España unos 21.636 empleos, de los que el 53,26 % son femeninos, según datos de 2011.La media de edad de estas trabajadoras es de 45 años, con una antigüedad de 16 años. Entre los riesgos, Fedepesca destaca que los negocios constan de "plantillas pequeñas", como máximo de cuatro trabajadores que atienden como mínimo a 50 clientes por día, lo que supone un "elevado índice de trabajo".

ABC. La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, destacó «la enorme importancia de que las principales regiones vitivinícolas de Europa hayamos hecho escuchar nuestra voz junto al propio sector del vino, para dar un horizonte de estabilidad al sector, que veía con incertidumbre la liberalización». La consejera asistió ayer en Stuttgart (Alemania) a la Asamblea de las Regiones Vitícolas Europeas (AREV), en la que las principales zonas vitivinícolas del continente debaten sobre la futura reforma del sector del vino, que en un principio contemplaba la liberalización de los derechos de plantación de viñedo a partir de 2015. A finales del pasado mes de marzo, durante las negociaciones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), finalmente la Comisión Europea aceptó el mantenimiento de los derechos de plantación de viñedo hasta el año 2019, fecha a partir de la cual se mantendrá un sistema de autorizaciones -aún por definir- que limite la producción. Con esta decisión se atienden las demandas de la Junta y, en general, de las regiones que componen la AREV, «evidenciando una vez más la importancia que tienen las alianzas, el diálogo y el trabajo constante de las administraciones para influir de forma positiva en decisiones que afectan a miles de viticultores», dijo Soriano.

Agroinformación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en el BOE la orden que introduce mejoras fiscales para los agricultores por adversidades climáticas y también para los ganaderos que han sufrido el incremento de los costes de los piensos. De esta forma, la Orden HAP/660/2013 de 22 de abril -en vigor desde el martes día 23- reduce para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. El BOE detalla las zonas geográficas que pueden beneficiarse de la reducción y los índices de rendimiento neto aplicables por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas, un listado en el que figuran términos municipales de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, entre otros. En el caso de la ganadería, el índice corrector aplicable en 2012 por piensos adquiridos a terceros quedará fijado, para el período impositivo 2012, en el 0,65, puntualiza el BOE. El Reglamento del IRPF establece que, cuando el desarrollo de actividades económicas -a las que se aplica el método de estimación objetiva- se viera alterado "por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada", el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos. A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) emitió informe en el que confirma que durante 2012 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de esas mejoras fiscales. Satisfacción en ASAJA Sevilla ASAJA-Sevilla se congratula de esta publicación al recordar que esta reducción fiscal qla solicitó oficialmente ASAJA-Sevilla el pasado mes de febrero por lo que será de aplicación en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 que deberán presentar los agricultores y ganaderos en las próximas semanas. Tal como manifestó ASAJA-Sevilla en los diversos informes que remitió a la Consejería andaluza de Agricultura, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Hacienda, “no se puede tributar por unos ingresos que no se han obtenido”, por lo que en un año como el de 2012 en el que la mayoría de las explotaciones han estado en pérdidas a consecuencia de las heladas y la sequía, agravadas por el incremento de los costes de los insumos -un 5% los fertilizantes, el 7,8% la energía y los lubricantes y el 9,8% los piensos- y por el conocido desequilibrio en la cadena de valor, han sido muchos los sectores y cultivos que no han obtenido beneficios. Ante este panorama, en una nota y en su página web, se destaca que "es de agradecer la sensibilidad mostrada por el Ministerio de Hacienda que ha reducido los índices de rendimiento neto en el Régimen de Estimación Objetiva de IRPF de 2012 para los cereales, las leguminosas y las oleaginosas, que en el caso de Sevilla pasan del 0,26 al 0,13; para los cítricos, que pasan del 0,26 al 0,13, para el melocotón y la nectarina, que pasan del 0,37 al 0,26 y para el olivar, que si bien, ya había obtenido una reducción estructural del módulo por el que tributa del 0,32 al 0,26, tal como venía defendiendo ASAJA, esta reducción para el presente ejercicio será aún mayor y pasará al 0,18, puesto que el olivar ha sido sin duda, uno de los cultivos que ha sufrido una merma más importante de producción a causa de la sequía". Por su parte, la ganadería se verá también beneficiada de esta reducción impositiva, así con carácter general y para toda la cabaña se reduce el índice corrector de los piensos adquiridos a terceros, que pasa al 0,65. Además en el caso del ovino y el caprino extensivo de carne y el porcino extensivo de carne el índice en Sevilla pasa del 0,13 al 0,09; el ovino y caprino de leche y el porcino de cría extensivo pasan del 0,26 al 0,18; mientras que el bovino de leche pasa del 0,26 al 0,16. Se beneficiarán también con carácter general de esta reducción de módulos las flores y plantas ornamentales, la apicultura, la cunicultura, y en el caso de la provincia de Sevilla, la lechuga de la comarca de La Vega y la uva de mesa. Almería, contenta y enfadada a partes iguales Nada más hacerse pública la orden, ASAJA-Almería ha informado de su publicación y valora que los agricultores y ganaderos del Levante almeriense afectados por las lluvias torrenciales hayan sido incluidos en esta rebaja fiscal, "si bien echamos en falta la inclusión del sector porcino", señala en una nota de prensa. Por otro lado, destacan que sectores afectados gravemente por la sequía como el olivar, la apicultura, ovino y caprino o los cereales y los frutos secos obtienen reducciones fiscales para esta campaña de la renta. En cambio, lamentan que "el sector hortícola del Poniente, Almería y Campo de Níjar han quedado fuera de esta Orden, a excepción de la lechuga en esta zona". Por este motivo desde ASAJA-Almería "nos hemos dirigido por escrito a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación, y a los Ministerios de Agricultura y de Hacienda para que se reconsidere esta decisión y se autorice la inclusión del sector hortícola en el Poniente y en el campo de Almería y Níjar, que recordemos obtuvieron pérdidas debido al temporal de bajas temperaturas que tuvo lugar a principios de año".