Europa Press. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un "sistema de indicaciones", en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", ha añadido. En el Foro de La Razón, Gallardón ha expresado su malestar con la actual Ley del Aborto y ha adelantado que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados. Según ha recordado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el nasciturus es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", ha dicho. En esta línea, ha avanzado que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", ha remachado. Aborto eugenésico por discapacidad Ha aludido a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y ha adelantado que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es "incompatible" con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas. "La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", ha señalado. El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos. Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la titular de Sanidad Ana Mato. Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, va a promover el impulso de medidas de flexibilidad y conciliación a las empresas, especialmente cuando se trate de empleados padres y madres de niños menores de tres años. Se trata de una de las medidas incluidas en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, dentro del objetivo de Apoyo a la Familia. Dentro del mismo objetivo, además, se recogen medidas para optimizar la oferta de escuelas infantiles durante la jornada laboral de los padres, acercando ambos parámetros a las directrices de la Unión Europea. Asimismo, el Plan prevé incrementar la vigilancia del cumplimiento de las empresas de los derechos de los progenitores a la conciliación de la vida personal y familiar. La ministra, Ana Mato, ha podido comprobar cómo estas medidas ya están en marcha en algunas empresas, durante su visita, esta mañana, al Bloque Logístico de Mercadona, en la localidad madrileña de Ciempozuelos. La ministra ha hecho un recorrido por las instalaciones, en el que ha visitado a algunos de los trabajadores y ha observado el proceso de suministro de unidades y montaje, y también se ha acercado a la escuela infantil que la empresa ha habilitado para los hijos de los empleados. Mato ha recorrido las aulas, el patio y el comedor, donde los niños pueden permanecer durante la jornada laboral de sus padres de forma gratuita. Se trata de una de las medidas puestas en marcha por esta empresa en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación. La empresa ya cuenta con centros similares en Barcelona, Alicante y Sevilla, y el año que viene prevé la apertura de un nuevo centro en Cataluña que también contará con este servicio. Mato ha animado a los responsables de Mercadona a continuar poniendo en marcha medidas orientadas a facilitar la conciliación. Desde 2005, Mercadona prolongó a 30 días el permiso de maternidad, y en 2009 firmó un Plan de Igualdad a través del cual materializa la apuesta a favor de la igualdad de oportunidades, con campañas informativas sobre la importancia de la corresponsabilidad en el reparto de tareas. La ministra también ha enviado un mensaje a todas las empresas para que sigan estos ejemplos, porque “la conciliación, aún hoy, sigue dependiendo más de las mujeres. Y es fundamental contar con medidas en el lugar de trabajo, que además dan buenos resultados a quienes las han puesto en marcha”. La ministra también se ha interesado por otras iniciativas sociales de Mercadona, como la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, que mantiene la cadena de supermercados desde diciembre de 2012 y sus políticas de integración de las personas con discapacidad intelectual, así como su colaboración con la Fundación Reina Sofía de lucha contra el Alzheimer.

La Asamblea anual de AMFAR Soria, encabezada por la presidenta provincial de la organización, Adelina Gil, ha reunido en las localidades de Medinaceli y Barahona a más de un centenar de mujeres rurales de distintos puntos de la provincia. La jornada, en la que se ha debatido la programación de actividades de los próximos meses, ha sido clausurado por el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo. Igualmente han asistido al encuentro la vicepresidenta de la Diputación, Ascensión Pérez; y los diputados provinciales Martín Casado y Utrilla, alcaldes de Barahona y Medinaceli, respectivamente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un presupuesto de 39,4 millones de euros destinados a grupos de desarrollo rural para financiar su actividad en la diversificación de actividades económicas en zonas rurales. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado que la presentación de proyectos por parte de estos grupos de desarrollo tiene un plazo hasta 2015. Según ha dicho, hasta ahora estos grupos han contado con 96 millones de euros para este fin y se han desarrollado 958 proyectos que han creado 541 nuevos puestos de trabajo y han consolidado otros 410. PROMOCIÓN DEL VINO FUERA DE LA UE Por otro lado, ha anunciado además que se ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para la promoción del vino de Castilla-La Mancha en países que no forman parte de la Unión Europea. De esta manera, las bodegas, cooperativas y consejos reguladores podrán presentar proyectos para esta convocatoria de ayudas, que abarcará un plazo desde el mes de julio hasta el año 2014. Soriano ha recordado que en la campaña actual se ha tenido un presupuesto de más de 8,2 millones de euros para estas ayudas, y se espera que para la próxima “se pueda mantener el mismo presupuesto”. Por último, Soriano ha avanzado que se convocarán ayudas por valor de 600. 000 euros para industrias agroalimentarias, cooperativas y centros de investigación para que pongan en marcha nuevos proyectos, dinero que será cofinanciado por la Unión Europea y que se aporta con el objetivo de “hacer una industria más competitiva”.

elEconomista.es El director general de Industria y de la Pyme, Manuel Valle, ha dicho que la Ley de Emprendedores que prepara el Gobierno incluirá la posibilidad de constituir una empresa por vía telemática en 24 horas con un coste de 40 euros. En un debate organizado por la iniciativa "¡¡España Emprende!!", en la que participa el Círculo de Empresarios y más de 100 empresas y particulares, Valle ha explicado también que el último borrador del anteproyecto de la ley prevé un mecanismo de resolución extrajudicial como vía alternativa al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en la línea de facilitar la segunda oportunidad empresarial. Para que el proceso de liquidación sea más rápido y sencillo, según el director general, la nueva norma permitirá a los emprendedores que hayan fracasado un sistema al margen de los tribunales, basado en la negociación con los proveedores. Responsabilidad limitada Asimismo, el representante del Gobierno ha destacado la creación de la figura del empresario de responsabilidad limitada, una medida pensada sobre todo para que los autónomos no tengan que constituir una sociedad limitada para "salvar la casa y el coche". Respecto a las medidas fiscales, Valle ha dicho que el último borrador incorpora incentivos a la I+D, a la internacionalización y a los conocidos como "business angels" (inversores que apuestan por nuevos proyectos). Según ha explicado, el anteproyecto de la ley podría aprobarse a finales de abril o en mayo. "Tenemos claro quién paga los impuestos y quién nos paga los sueldos, al contrario que otros gobiernos", ha comentado Valle tras reafirmar la voluntad del ejecutivo de apoyar a la empresa y a los emprendedores. Visado para emprendedores Por su parte, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha repasado las principales medidas propuestas por la iniciativa "¡¡España Emprende!!" para su inclusión en la futura ley, como un visado para emprendedores, el fomento de la cultura emprendedora o un fondo de capital público-privado para los emprendedores. "Tenemos que evitar que nuestros emprendedores se nos escapen a Silicon Valley o a Londres", ha dicho De Oriol, que ha urgido al Gobierno a bajar los impuestos al trabajo. De Oriol ha asegurado que lo que necesitan los empresarios es que se acabe con la suma de regulaciones, "una maraña que impide que fluyan las medidas emprendedoras", del mismo modo que ha comentado que "en España no hay miedo al fracaso, sino realismo" en referencia a la parálisis en la que se sumen los emprendedores que fracasan.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, destacó ayer el «compromiso firme» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el campo, como un mayor castigo. Barato y los responsables autonómicos de Asaja se reunieron con el titular de Justicia y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para pedirles actuaciones ante la «alarmante situación» por el incremento de robos en las explotaciones rurales. El presidente de Asaja mostró su satisfacción, en declaraciones a la prensa, por el apoyo de los ministros. Explicó que Ruiz-Gallardón se comprometió a responder en 15 días, por escrito, a las demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete. Según Barato, el titular de Justicia está «muy de acuerdo» con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la «multirreincidencia» o como la posibilidad de que se incluyan «no solo los robos», sino los daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas. Insistió en que hay una respuesta favorable a un endurecimiento de las penas. Tres años de cárcel En este sentido, señaló que en el nuevo Código Penal «se va a hacer una redacción más amplia de todas aquellas zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, y tengan un artículo específico y ahí se podría llegar a (una pena) de tres años de privación de libertad». Barato explicó que los ministros hablarán con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, para «incentivar» una protección por parte de las Fuerzas de Seguridad en áreas rurales. El responsable de Asaja insistió en que la situación es muy «alarmante» y ha habido «muertes por robar un móvil y 50 euros». Como ejemplo, detalló que entre los dirigentes que han asistido a la reunión de ayer a alguno «le habían robado esta semana dos veces» y a otro le sustrajeron hace 20 días «unos 5.000 postes». «Cuando va a empezar una campaña en el campo —ya sea de melones o de cultivos permanentes, como los leñosos— y empieza el riego ya estamos temblando», remarcó Asaja, por el temor del agricultor a que los cultivos se pierdan o a los daños en las fincas. Recordó que el futuro Código Penal está en el Consejo de Estado y después tiene que pasar el trámite parlamentario.

Agencias. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado "inconstitucional y nulo" el sistema que la Ley General de la Seguridad Social establece para el cálculo de los periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los contratos a tiempo parcial. En una sentencia publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el TC afirma que ese sistema de cómputo vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, "tanto por lesionar el derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo". El pasado 22 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya advirtió en una resolución de que la ley española que regula la pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son mujeres, era "discriminatoria", al exigírseles un periodo de cotización más elevado. El caso analizado por el TC a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es el de una mujer -que trabajó durante 18 años, 11 de ellos con una jornada parcial de cuatro horas a la semana- a la que en 1999 le fue denegada la pensión de jubilación por no reunir el periodo mínimo de cotización de quince años exigido. Para acreditar el periodo de cotización, el precepto ahora anulado prevé el cómputo de las cotizaciones efectuadas "en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización", para lo que el número de horas se divide por cinco, "equivalente diario del cómputo de1.826 horas anuales". Después, a esa cifra se le aplica un coeficiente multiplicador de 1,5, "resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización". Tendría que trabajar 100 años En la situación de la demandante, sin embargo, la aplicación de ese sistema daba como resultado que "tendría que trabajar cien años para acreditar la carencia mínima necesaria de quince años que le diera acceso a una pensión de jubilación de 112,93 euros al mes", tal y como subrayó el Juzgado de lo Social de A Coruña que examinó su caso. Para el Constitucional, sí está justificado que las cotizaciones ingresadas por los trabajadores a tiempo parcial determinen la cuantía de su prestación contributiva de jubilación, no lo está en cambio que "el criterio seguido en el cómputo de los períodos de carencia necesarios para acceder a dicha prestación resulte diferente al establecido para los trabajadores a tiempo completo". Ni siquiera las reglas correctoras, dice el alto tribunal, evitan que a los primeros "se les exijan periodos cotizados de actividad más amplios, con los efectos gravosos y desproporcionados a que la norma cuestionada puede dar lugar". Por ello, concluye que "las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa, se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida". Además, para explicar por qué considera la existencia de discriminación por razón de sexo, la resolución -de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos- recuerda que según las estadísticas del Instituto de la Mujer, las mujeres representaban el 78,7% de los trabajadores a tiempo parcial en el primer trimestre de 2012.