ABC El colectivo de empleadas de hogar es casi el único que desde que comenzó el proceso de integración en enero pasado mantiene de manera sostenida una clara tendencia de crecimiento en la afiliación. Una tendencia que mantiene un importante ritmo de incremento incluso en fechas en las que a priori se podría considerar alejadas ya del calendario originalmente previsto para finalizar el proceso de integración en junio pasado, según ha explicado Carlos Bravo, secretario confederal de CC.OO., en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso. Así, por ejemplo, el último dato correspondiente al mes de octubre ha seguido registrando 14.920 nuevas altas netas, que suponen un incremento del 3,88% respecto del mes anterior, en un contexto en el que la media del sistema ha registrado una pérdida del 0,43%. Hay que subrayar que el incremento en el número de afiliados ha supuesto también un aumento en el número de relaciones laborales que han «aflorado», de modo que en octubre era de 521.000, frente a las 294.916 que había en diciembre pasado. Esto supone que han aparecido 226.084 nuevas relaciones laborales que antes no figuraban registradas, lo que supone un incremento del 76,66%. El proceso de integración ha supuesto pasar de 294.916 personas afiliadas al antiguo régimen especial a fecha 31 de diciembre de 2011, a 401.921 afiliadas el 31 de octubre, lo que representa un incremento de 107.005 nuevas altas que equivalen a un crecimiento del 36,28%. A estos datos hay que sumar las 1.870 empleadas de hogar que aún constan oficialmente en las estadísticas como afiliadas al extingo régimen especial y que aún no han transitado al régimen general por encontrarse en situación de incapacidad temporal.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha puesto en valor la fuerza del campo como “soporte de nuestra prestigiada alimentación y uno de los principales motores de la recuperación económica de España, en particular, a través de las exportaciones, tanto a Europa como a países que demandan cada vez más nuestros productos y elaboraciones”. Durante la entrega de los galardones anuales de ASAJA-Ciudad Real, en un acto al que también han asistido la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el presidente de ASAJA, Pedro Barato, el titular de Agricultura ha destacado que la capacidad del sector agroalimentario puede ser aun mayor si, entre todos, “ponemos en marcha las reformas que estamos promoviendo desde el Gobierno, conforme a los compromisos que adquirimos, con el objetivo de que los beneficios que se generan en todo el proceso de abastecimiento de los mercados se distribuyan de forma más equitativa”, ha añadido. LEY DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA En esta tarea, Arias Cañete ha asegurado que “no estamos solos”, y tanto la Comisión como el Parlamento europeo han alertado de la necesidad de revisar el funcionamiento de las cadenas de los países de la UE. No obstante, en España el problema se manifiesta con “especial agudeza”, por la escasa organización en el sector de la producción. Por eso, el ministro ha indicado que su Departamento, además de promover la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, ha puesto en marcha una ley “con la que queremos favorecer la integración cooperativa y de otras figuras asociativas”, ha señalado. El ministro ha explicado que el principal objetivo de esta ley es el de configurar grandes cooperativas nacionales que puedan “defenderse mejor, negociar sus intereses en mejores condiciones y salir al exterior con mayor competitividad”. Pero Arias Cañete ha recordado que son los agricultores y ganaderos quienes tendrán que poner en práctica esta normativa y fomentar las organizaciones de productores. “Si cada uno cumplimos con la parte que nos corresponde, la potencia del sector agroalimentario español se multiplicará por muchos enteros”, ha asegurado. AYUDAS DE LA PAC Además, Miguel Arias Cañete ha mostrado su empeño en lograr que se siga percibiendo “los importantes apoyos que llegan al campo español procedentes de la PAC”, cerca de 7.500 millones de euros en la actualidad, (6.000 millones en ayudas directas: 847 a Castilla La-Mancha. 251 a Ciudad Real, en 2011). Para lograrlo, el ministro se ha referido a la postura común alcanzada con todas las Comunidades Autónomas que se ha llevado a Bruselas como postura nacional. También se han establecido “importantes alianzas con los países con los que coincidimos en la necesidad de corregir determinados aspectos de la reforma”, ha indicado. En particular, Arias Cañete ha mostrado su compromiso para mantener los derechos de plantación de viñedo, “tan importante para esta Comunidad de Castilla-La Mancha”. Aunque en el seno de la Unión hay posturas encontradas, el ministro está convencido de que “saldrá adelante nuestro planteamiento, que trata de salvaguardar el comportamiento del mercado, que ahora vive un buen momento”. A este respecto, Arias Cañete ha puesto en valor el esfuerzo realizado en los últimos años en los procesos de reestructuración y reconversión, en los que participan todas las Comunidades Autónomas. Así, entre 2000 y 2012, se han destinado a esta tarea, en el ámbito nacional, un total de 1.665 millones de euros, de los que 841 han correspondido a Castilla-La Mancha. De todas formas, el ministro ha precisado que es necesario rentabilizar este esfuerzo mediante los controles que sean precisos, para evitar el deterioro de los mercados por exceso de oferta. AGUA En relación con el tema del agua, Miguel Arias Cañete ha lamentado el retraso de España en el cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas europeas. Ante esta situación, el ministro ha expresado el “firme compromiso” del Gobierno para ponerse al día y “dotar a cada Comunidad Autónoma de los recursos precisos para su desarrollo económico y social”. En este sentido, “frente a la situación de práctico incumplimiento total que nos encontramos, hoy ya hemos aprobado 4 planes hidrológicos de cuatro demarcaciones de las Comunidades de Galicia (1) y Andalucía (3)”, ha asegurado el ministro, quien espera que, antes de que acabe el año, puedan estar aprobados los planes de 4 demarcaciones más: Cantábrico occidental y oriental, Guadiana y Guadalquivir. También se espera, para los primeros meses de 2013, los correspondientes al Ebro y Duero y, a finales de año, los de Tajo, Segura y Júcar. “Contaremos así con la información que permita llegar a un Pacto Nacional del Agua, que defina el marco en el que materializar un nuevo Plan Hidrológico Nacional”, ha concluido.

Efeagro. El Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición no de ley (PNL) del PP en la que insta al Gobierno a tipificar como delito en el Código Penal el "furtivismo reincidente en el marisqueo". La comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado una PNL en la que pide las modificaciones legislativas necesarias para "aumentar el reproche penal" del furtivismo reincidente en el marisqueo. Esta iniciativa ha salido adelante con 24 votos a favor, 15 en contra y sólo 2 abstenciones; ha sido rechazada por el PSOE y por Izquierda Plural. El portavoz de pesca del PP en el Congreso, Joaquín García, ha defendido esta PNL que aboga por poner en marcha medidas más eficaces contra el fraude porque "no valen ya medias tintas", ni permitir que el 1 % de los furtivos "acabe con el futuro" del 99 % restante, que sí paga sus impuestos y acata la ley.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de elecciones de los vocales de varios Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supra-autonómico dependientes del Departamento. Se abre así el proceso electoral para la DOP “Guijuelo”; DOP “Calasparra”; DOP “Idiazábal”; DOP “Cava”; IGP “Carne de Ávila” e IGP “Espárrago de Navarra”. Para la organización de este proceso electoral se establece una Comisión Electoral Central, cuyo presidente es el Director General de la Industria Alimentaria, y las Comisiones electorales de los Consejos Reguladores, en la que actúa como presidente el Director de Área de Agricultura o Jefe de Dependencia de la provincia en la que se ubica la sede del Consejo Regulador. Asimismo se incluye tanto a representantes nombrados por las Comunidades Autónomas afectadas, como en el caso de Comisiones electorales de los Consejos Reguladores de los diferentes intereses económicos y sectoriales implicados. Las funciones de la Comisión Electoral Central contemplan la coordinación y supervisión del proceso electoral y la resolución de los recursos presentados frente a las Comisiones electorales de los Consejos Reguladores, que a su vez son los encargados de la organización de todo el proceso en el ámbito de su Denominación de Origen (censos, candidaturas, mesas electorales y votación). Se establece un calendario electoral que determina todas las fechas del proceso y que se inicia el 22 de enero de 2013, con la constitución de la Comisión Electoral Central y apertura de plazo de presentación de candidatos de los representantes sectoriales, para participar en las Comisiones electorales de los Consejos Reguladores.

Efeagro. La industria alimentaria prevé cerrar 2012 con una facturación de 82.886 millones de euros, lo que supone un "ligero descenso" del 0,35 % con respecto a 2011, que corrobora "el mantenimiento del sector" a pesar de la crisis, ha informado hoy la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). La federación ha destacado en un comunicado que mantener el nivel de ventas ha sido "en parte posible gracias a las exportaciones", que este año alcanzarán los 21.848 millones de euros, un 12,5 % más que en 2011, lo que supone el 26 % del volumen total del sector. Unas cifras que son resultado de un crecimiento de las ventas en el extranjero entre enero y junio (del 11,4 %) y una previsión de un descenso entre julio y diciembre (7,21 %). Sin embargo, "2012 ha sido un año difícil para el sector de la alimentación, que ha visto que se sigue erosionando la confianza de los consumidores debido al agravamiento de la situación económica y a las medidas de ajuste que han reducido la renta disponible", señaló el director general de Faib, Horacio González Alemán, en el comunicado. Fiab prevé un descenso interanual de la producción de alimentos (5,78 %) y de bebidas (1,62 %), lo que "contrasta con los incrementos de costes" que han obligado a muchas empresas a hacer frente a una reducción de sus márgenes. En cuanto al empleo, Fiab prevé que caiga un 1,15 % este año, con una tasa de paro del 12,3 %. González Alemán ha anunciado que la federación propondrá al Gobierno "medidas para reactivar el consumo doméstico" centradas en impulsar la alianza entre alimentación, gastronomía y turismo, que junto con medidas como la Ley de Cadena Alimentaria "permitirá contribuir a una expansión del sector de alimentación y bebidas y a la creación de empleo".

Cinco Días. El Banco de España constata en su último boletín económico que España está sufriendo desde mediados de 2011 una nueva fase de "recaída" del empleo, que está teniendo una mayor incidencia en mujeres, trabajadores de mediana edad, de educación media y de nacionalidad española. La institución que preside Luis María Linde analiza en su boletín la evolución del paro durante la crisis, desde los dos millones de desempleados existentes a finales de 2007 a los casi 5,8 millones del tercer trimestre de 2012. El Banco de España sostiene que desde el inicio de la crisis se han vivido tres fases en el empleo: la primera abarca desde mediados de 2008 hasta mediado el ejercicio 2009; la segunda alcanza hasta mediados de 2011, y la tercera arranca a mitad del año pasado y llega hasta el momento actual. En la primera fase, correspondiente a los primeros compases de la crisis, el Banco de España subraya que el aumento intertrimestral del paro, en términos desestacionalizados, mostró un "crecimiento extraordinario", superior a las 500.000 personas en algunos trimestres, explicado fundamentalmente "por la intensidad de la pérdida de empleo". En esta primera fase, precisa, se incrementó la incidencia del desempleo entre los hombres, principalmente de 35 a 44 años, de educación baja o media y de nacionalidad extranjera. También esta primera etapa de la crisis afectó en mayor medida a los más jóvenes (de 16 a 24 años), que experimentaron un "fuerte repunte" de la tasa de salida del empleo hacia el paro, que ha continuado en el periodo reciente, hasta alcanzar el 12,5% este año. A su vez, este grupo de edad es, según el Banco de España, el que más ha reducido la probabilidad de salir del paro hacia el empleo, desde el 38,4% de 2007 al 14%. Asimismo, el Banco de España explica que en los primeros momentos de la crisis se incrementaron de "forma notable" las entradas al paro como resultado de la intensidad del recorte de puestos de trabajo, duplicando prácticamente los datos anteriores a la crisis, hasta alcanzar cerca del 5% del empleo en cada trimestre. El "efecto del trabajador adicional". También en esos primeros movimientos de la crisis, las entradas al desempleo desde la inactividad mostraron una tendencia creciente. Esto puede reflejar, en opinión del organismo emisor, lo que se conoce como el "efecto del trabajador adicional": aquellos que desde la inactividad se incorporan a la búsqueda de empleo para ayudar económicamente a sus familias ante diversas situaciones, como la entrada en el paro de otro miembro del hogar. En el caso de los flujos de salida del paro, la tasa de salida se redujo "notablemente" en esta primera fase, desde el 35% observado en 2007 hasta cerca del 20% en 2009, sin que, según el Banco de España, se apreciara un "efecto desánimo" entre los desempleados que les llevara a la inactividad tras permanecer un tiempo en el paro. La tasa intermedia de la crisis (desde mediados de 2009 a mediados de 2011) se caracterizó, en opinión de la institución, por la moderación en el crecimiento del paro, debida en este caso a que la caída neta del empleo fue "menos intensa" y a que la población activa hizo menores aportaciones. La tasa de salida del paro en esta segunda etapa mantuvo una tendencia decreciente "relativamente suave", con el número de parados aumentando, lo que implicó un repunte de las salidas del paro. En la tercera fase, la del momento actual, denominada por el Banco de España como "de recaída", el paro ha vuelto a repuntar hasta el entorno de las 200.000 personas por trimestre, un dato que la institución explica en un nuevo incremento de la pérdida neta de empleo, pues la población activa está teniendo una contribución "nula". En esta etapa, que comienza a mediados de 2011, se ha producido un nuevo repunte de las salidas del empleo hacia el desempleo, hasta niveles "algo por encima de los observados al inicio de la crisis", así como por un descenso adicional de las tasas de salida del paro hacia el empleo, hasta situarse en el 15%. El Banco de España precisa que el aumento del desempleo no está siendo en la fase actual tan acusado como en la primera etapa de la crisis porque el nivel de salidas del paro, aunque a la baja, todavía supera al registrado a comienzos de la crisis. Mientras que en la primera fase de la crisis se incrementaron notablemente las incorporaciones al paro desde la inactividad en la franja de 35 a 44 años, en esta fase de recaída esto también se está detectando en el colectivo de 45 a 54 años. Por su parte, los trabajadores de mayor edad han mantenido a lo largo de la crisis un mejor comportamiento relativo, a pesar de que su probabilidad de salir del paro es la más baja entre todos los grupos de edad.

Luis Ángel Sanz. El Mundo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Pleno del Congreso que todas las víctimas de violencia de género y de maltrato infantil podrán tener abogado y procurador gratuitos independientemente de sus ingresos tanto en la vía penal como en la civil. Además, tampoco tendrán que abonar ningún tipo de tasa en los procesos derivados de la situación que sufren. Gallardón respondía así en la sesión de control del Congreso a la diputada del PSOE Carmen Montón, que reclamaba que las víctimas de malos tratos estén exentas de pagar tasas judiciales en la vía civil. El titular de Justicia ha acusado a Montón de ser "profundamente insolidaria" con las víctimas porque está reclamando que se les exima del 10% de los gastos, con las tasas, pero no reclama que dejen de pagar abogado y procurador. "¿Por qué no pide que no paguen a esos profesionales?", la espetó. Gallardón ha anunciado que la nueva Ley de Justicia Gratuita, que ampliará los beneficiarios de este servicio, llegará al Congreso de los Diputados en dos semanas y beneficiará, entre otros colectivos, a las víctimas de la violencia de género. El Gobierno ha venido respondiendo a las movilizaciones contra las tasas asegurando que gracias a ellas se financiaciará la justicia gratuita ampliada que el Ejecutivo quiere sacar adelante en el menor plazo posible. Los delitos cometidos contra las víctimas de violencia de género corresponden a la vía penal, a la que pertenece el 72% de los asuntos que ingresan anualmente en los juzgados, según fuentes de Justicia. La nueva Ley de Tasas no prevé el pago de ninguna tasa en la vía penal y cuenta con varias exenciones en los procesos civiles. Entre ellas, los procesos de capacidad, filiación y menores, así como la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos. Divorcios y separaciones Sí hay tasas en los divorcios y separaciones. Pero el anteproyecto de Justicia Gratuita que está ultimando el Ministerio de Justicia exime a las víctimas de violencia de género y a las del maltrato infantil, según ha anunciado Gallardón, de pagarlas. Como ha dicho el ministro en el Pleno del Congreso, "el objetivo es que ninguna mujer deje de recurrir al amparo de la justicia, ni se abstenga de interponer una demanda de divorcio que la saque de la pesadilla de los malos tratos". También el diputado del Grupo Socialista Àlex Sáez ha preguntado al ministro por "la reacción social" contra la Ley de Tasas. Ante esta cuestión, Gallardón ha asegurado que "no ha habido una reacción social" contra las tasas, sino "una reacción corporativa, como siempre que se aprueban cambios en este país". La Ley de Justicia Gratuita que el Ministerio espera aprobar en Consejo de Ministros antes de que acabe 2013 ampliará el número de beneficiarios de la justicia gratuita al bajar el umbral de renta para ser beneficiario de ella.