EFEAGRO. El desarrollo de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias y las necesidades de formación han sido los ejes de la Reunión de la mesa de mujeres del medio rural de la que forma parte AMFAR, según informa Efeagro en nota de prensa. En la reunión se han analizado la situación de los registros necesarios para la aplicación de la ley y la elaboración de un plan de difusión de la misma. En este encuentro se ha presentado el borrador del folleto que se distribuirá para que las posibles beneficiaras se acojan a esta norma, que entró en vigor el 5 de enero. En el documento, al que ha tenido acceso Efeagro, se explica que esta norma reconoce los derechos de las mujeres del medio rural, visualiza el "largo trabajo de las mujeres en la actividad agraria" e impulsa "la actividad económica y empresarial en el medio rural". Hacer frente a las cifras También se ofrecen datos como que del total de personas titulares de explotaciones agrarias el 69,53 % son hombres y el 30,47 % son mujeres, mientras que del total de cónyuges de titulares de explotaciones agrarias, el 30,59 % son hombres frente al 69,4 % que son mujeres. Asimismo, se especifican los requisitos para acceder a la titularidad compartida, que son estar dados de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad agraria y trabajar en la explotación de forma directa y personal y residir en el mismo ámbito territorial de la explotación. Otro de los aspectos que se detalla son los beneficios de la titularidad compartida, como el reparto al 50 % de los rendimientos de la explotación, el acceso a la pensión contributiva, preferencia para acceso a la formación y asesoramiento y trato preferente en acceso a las subvenciones de la Administración General del Estado. Contactos en cada comunidad En el folleto también se facilitan los datos de los contactos para los registros en cada comunidad autónoma o las otras dos opciones que se incluyen en la ley, como las sociedades de responsabilidad limitada o la paga compensatoria. En la reunión, también se ha tratado las necesidades de formación del colectivo, una política que sufrirá un "pequeño recorte", según han señalado las mismas fuentes. Se ha subrayado la necesidad de formación en idiomas de cara al turismo rural, un sector que ha experimentado un crecimiento importante del número de viajeros foráneos. Otro de los asuntos que se ha abordado han sido los premios de excelencia a la innovación en la mujer rural y las sesiones de los grupos de trabajo de la Red Rural Nacional.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado la convocatoria de subvenciones estatales destinadas a facilitar el acceso a la financiación a los titulares de explotaciones afectadas por la sequía y otras causas extraordinarias. La Orden AAA/1096/2012, publicada el pasado sábado en el BOE, establece una carencia especial de hasta dos años para los titulares de los préstamos concedidos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio y 204/1996, de 9 de febrero, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. A esta medida podrán optar agricultores y ganaderos que no se hubieran acogido a la misma línea en 2011. Asimismo, se convocan otras dos medidas para mejorar el acceso a la liquidez de los titulares de explotaciones ganaderas de sectores extensivos, incluidos el cerdo ibérico, el equino extensivo, la apicultura, el ovino, el caprino y el vacuno de leche: 1ª.- Subvenciones destinadas a financiar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a nuevos préstamos, de hasta 40.000 euros. La medida se amplía hasta los 30 millones de euros. 2º.- Subvenciones para ampliar el periodo de amortización de los préstamos suscritos al amparo del Capítulo I de la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo. Las ayudas financiarán el coste adicional del aval concedido. Además de estas tres medidas financieras, desde el Ministerio se impulsan las siguientes acciones: -ajuste de módulos y del coeficiente corrector por piensos en el régimen de estimación objetiva, devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos en grupos electrógenos y otras como el adelanto en el pago de las indemnizaciones del seguro de sequía en pastos. -Se ha solicitado a la Comisión Europea el adelanto de las ayudas PAC. -Se ha propuesto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la Agencia Tributaria que se flexibilicen los límites aplicables a las operaciones con terceros no socios de aquellas cooperativas que se hayan visto afectadas. El plazo de solicitud de las medidas es de tres meses a partir de su entrada en vigor, por lo que finaliza el día 27 de Agosto de 2012.

La Directora de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, ha resaltado la necesidad de “extraer de los proyectos en marcha las ideas capaces de crear una realidad de futuro en el medio rural, centrada en la diversificación económica, la modernización y la mejora de la calidad de vida”. Así ha resumido el objetivo de la I Jornada sobre proyectos piloto y de cooperación de la Red Rural Nacional que, organizada por el Ministerio, se celebra hoy en la sede del Departamento. En la inauguración de la Jornada, la Directora General ha hecho también hincapié en las posibilidades que ofrece este foro para “conocer, difundir y debatir proyectos innovadores de Red Rural Nacional, conscientes de que estos proyectos tienen gran cantidad de experiencias e información que podría ser utilizada e implementada no solo donde se ha desarrollado, sino en todo el territorio”. Sobre estos proyectos impulsados y cofinanciados al 50 por ciento por el Ministerio y los fondos FEADER en el caso de los proyectos piloto, y con subvenciones nacionales para los proyectos de cooperación, Begoña Nieto ha indicado que “actualmente están vigentes 101 proyectos, que han contado con una financiación desde 2009 a 2011 de 43.781.400 euros para proyectos piloto, de 38.638.762 euros para cooperación y de 4.525.245 euros para proyectos de innovación”. Sobre su temática ha recordado que abarcan varios sectores y ámbitos desde la gestión, creación de empresas, comercialización de productos agrarios, energía, ecología, cambio climático, recursos forestales o igualdad de género. Begoña Nieto ha finalizado su intervención instando a todos los sectores implicados a participar en las cinco jornadas que se van a organizar sobre esta temática, de las cuales esta es la primera, bien de forma presencial, o a través de la plataforma Web de Internet http://chil.org. En la Jornada de hoy participan 25 miembros de las Grupos de Acción Local (GAL) que desarrollan sus trabajos en el ámbito local, y por videoconferencia aquellos miembros de los GAL que así lo han solicitado a través de las redes que les representan.

Agencias La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, clausuró en Madrid la jornada "El futuro pasa por la Economía Social" que ha puesto fin a la Asamblea de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Se trata de un acto que ha tenido lugar en el marco del Año Internacional del Cooperativismo que se celebra en 2012 a instancia de Naciones Unidas. En la actualidad, en España hay más de 35.000 cooperativas y sociedades laborales que dan empleo directo a más de 355.000 personas. Unas cifras a las que, según datos del sector, hay que sumar más de 6.000 asociaciones y fundaciones, cerca de 500 centros especiales de empleo, alrededor de 200 empresas de inserción, 400 mutualidades y cerca de un centenar de cofradías de pescadores hasta superar las 42.000 entidades que hacen que la Economía Social represente el 10% del PIB de nuestro país. Durante su intervención, Báñez señaló la apuesta del Gobierno de España por la Economía Social ya que "es fuente indiscutible de oportunidades y de creación de empleo estable y además contribuye a crear tejido social, tan necesario en estos tiempos de dificultades". En este sentido, puso de manifiesto que la destrucción de empleo durante la crisis ha sido seis puntos inferior en las cooperativas que en el resto de las empresas. Igualmente señaló que, según los últimos datos correspondientes al mes de marzo de 2012, casi el 75% de los contratos que se encuentran en vigor, tanto en las cooperativas como en las sociedades laborales, tienen carácter indefinido. Además, en el primer trimestre de este año, se ha incrementado el número de cooperativas por primera vez desde mediados de 2007. La jornada contó también con la presencia del presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño y del director general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel García Martín, entre otros. Entre las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha para apoyar la Economía Social, Fátima Báñez destacó la inversión de más de 940 millones de euros que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y que se destinarán al fomento del emprendimiento, a los autónomos y a la Economía Social. Una cifra que supone un aumento del 12% sobre el presupuesto inicial de 2011 y que beneficiará directamente a más de 400.000 personas. La ministra de Empleo y Seguridad Social recordó además las medidas que incluye la reforma laboral para apoyar a los autónomos y a los emprendedores entre las que destacó la creación del Contrato Indefinido de Apoyo Emprendedores de los que se ya se han formalizado 20.910, un 52% con jóvenes. También destacó la posibilidad de capitalización del 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes que quieran constituirse como autónomos. Báñez se refirió además a futuros desarrollos normativos de apoyo a los Emprendedores "que incorporarán medidas para facilitar que aquellos que tienen una idea puedan llevarla a cabo" e hizo alusión al Plan de Pago a Proveedores que el Gobierno ha puesto en marcha "para que las Administraciones Públicas puedan hacer frente al pago de las facturas pendientes con aquellos que les ayudan a prestar su servicios, especialmente autónomos y pequeñas y medianas empresas". Fátima Báñez valoró la Economía Social porque "crea empleo estable y de calidad, promueve la igualdad de género en el ámbito laboral, da oportunidad a los jóvenes, contribuye de forma muy efectiva al desarrollo local y es un referente de la responsabilidad social". Y añadió, "Se trata de una fórmula de emprendimiento basada en los principios de participación, cooperación, sostenibilidad, integración y confianza en las personas". Por último, Báñez aprovechó para anunciar que, con el objeto de conmemorar el Año Internacional del Cooperativismo, "durante el último trimestre de este año tendrán lugar unas jornadas internacionales sobre cooperativismo que organizaremos con el sector para poner en valor esta forma de hacer empresa".

La presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy asignará a la región la cantidad de 9,2 millones de euros, destinados a las zonas rurales deprimidas, creando con ellos casi 3.000 puestos de trabajo. Según ha dado a conocer la presidenta del Gobierno regional, tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, serán 305 las localidades de la comunidad las que se beneficien de estas medidas, incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Deprimidas. Tal y como ha señalado la presidenta Cospedal, estas ayudas fueron creadas por el anterior Gobierno del Partido Popular en 1997 y están destinadas a reducir los desequilibrios en las zonas rurales más desfavorecidas, impulsando el empleo agrario y eliminando los desajustes comparativos, en una región eminentemente agrícola como es Castilla-La Mancha. Por estas razones, María Dolores Cospedal se ha congratulado, dado que en medio de una crisis como la que atravesamos, y tras la situación que nos ha venido dada tras la mala gestión de los anteriores Gobiernos, se ha conseguido mantener para Castilla-La Mancha la misma cantidad invertida el año pasado, conservando el mismo presupuesto y realizando una gestión eficaz y real de los fondos públicos. Según ha detallado la presidenta, los programas comenzarán a funcionar el próximo mes de julio y la distribución de los fondos se ha basado en la coordinación y colaboración entre el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante unas comisiones de distinto ámbito y competencias, en las que también participan representantes de corporaciones locales, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. De ahí que, según la presidenta, ha quedado meriadianamente clara la cooperación entre las distintas administraciones públicas, agentes sociales y asociaciones empresariales, de cara a distribuir de forma justa, real y transparente los fondos que el Gobierno destina al fomento del empleo en las zonas rurales deprimidas. Los proyectos que se llevarán a cabo incluidos en estos programas pasan por el desarrollo del medio rural, la conservación del patrimonio forestal o la creación de infraestructuras para la mejora de la calidad de vida del entorno en el que se realizan.

Europa Press. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Cataluña, Josep Maria Pelegrí, ha retocado la normativa que regula las explotaciones agrarias prioritarias para incluir a unas 5.000 en el grupo y facilitarles beneficios fiscales y darles prioridad en las ayudas y en la adjudicación de cuotas de producción. Con los cambios introducidos en la normativa, la Consejería calcula que pasarán de 11.000 a 16.000 las explotaciones prioritarias. "Hemos aprovechado el decreto para flexibilizar estas condiciones de cara a que pueda acceder más gente a las condiciones de explotaciones prioritarias", ha asegurado este martes en Lérida el director general de Desarrollo Rural del Govern, Jordi Sala. La finalidad es, según Sala, poder consolidar una serie de explotaciones que están a veces en el límite de ser viables o no y que gracias a tener estas ayudas pueden pasar a ser viables. Los retoques afectan a la ley española y catalana y la interpretación es atrevida: "Creo que en esta vida si no eres un poco atrevido no avanzas mucho, y es lo que hemos intentado", ha reconocido Sala, que ha hecho estas declaraciones acompañado de la directora, Cristina Bosch. Desde el punto de vista territorial, antes se podían acoger todas las explotaciones que tuvieran una unidad de trabajo, lo que el sector conoce como UTA y en la práctica supone 1.920 horas semanales, y en las zonas de montaña las que tuvieran un 0,8. La Consejería ha añadido a las características de zonas de montaña las desfavorecidas y las incluidas en la Red Natura 2000: "Es un retoque, a nivel territorial prácticamente el 40% del territorio se puede acoger", ha apuntado Sala. Otro requisito era el rendimiento en sus ingresos de renta, para que puedan entrar más agricultores, y lo que ha hecho el departamento es considerar los ingresos brutos y no los netos, como hasta ahora. "SUTIL PERO IMPORTANTE" "Es una modificación sutil pero importante", según Sala, para quien muchos agricultores estaban excluidos porque ganaban muy poco. Una de las limitaciones que tenían las explotaciones prioritarias era la exigencia de cotizar en la Seguridad Social en el régimen agrario, y el decreto permite a titulares de explotaciones agrarias estar afiliado a cualquier régimen de la Seguridad Social. El decreto da facilidades a la mujer para incorporarse como titular en el medio rural: "Hemos introducido una cláusula de discriminación positiva, si antes se pedía una UTA, si se incorpora una mujer lo pasamos a 0,8, lo hemos bajado", ha explicado el director. La Consejería ha puesto en marcha un sistema integrado de datos de explotaciones con el que quiere dar la vuelta a su relación entre agricultores y ganaderos. "Hasta ahora pedíamos mucha información (a los agricultores y ganaderos) y no dábamos nada. A partir de ahora ofreceremos porque consolidaremos todos sus datos y ellos podrán tener acceso", ha contado Sala. Ha agregado que, a largo plazo, la Consejería aspira a funcionar como la Agencia Tributaria, que tiene de antemano todos los datos del contribuyente. En la presentación del sistema, Sala ha avanzado que este año la Consejería ha recibido 60.000 expedientes de la Declaración Única Agraria (DUN), 2.000 menos que el año pasado. A la espera de que se agoten plazos de alegaciones, el Govern tiene pendiente analizar las circunstancias que han llevado al descenso.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado en el Senado que “desde 1996 hasta 2003, con gobiernos del Partido Popular, la renta agraria se incrementó en 9.000 millones de euros, y también tuvimos que afrontar políticas de estabilidad presupuestaria”. Por el contrario, ha añadido el ministro, de 2004 a 2011, con presupuestos expansivos del gobierno socialista, “la renta agraria experimentó una reducción de 3.500 millones de euros”. El ministro respondía así a una pregunta del senador Manel Plana, de Convergencia i Unió, a quien aseguraba que “el Gobierno está buscando alianzas con nuestros socios europeos “para que las ayudas que se deriven de la PAC reformada, que actualmente suponen un 30% de la renta de los agricultores españoles, como promedio, se mantengan y adapten a la realidad productiva nacional”. Arias Cañete ha indicado que, para incrementar el otro 70% que supone la renta de los agricultores españoles y que depende del mercado, el Ministerio está trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley de medidas para el mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria. Asimismo, el titular de Agricultura ha apuntado que su Departamento está preparando una serie de propuestas para modificar la Ley de cooperativas y su régimen fiscal, y la definición de cooperativa prioritaria, en el marco de un plan de integración cooperativa. Todo ello, ha dicho el ministro, con el objetivo de “favorecer la concentración de la oferta y obtener así mejores márgenes a favor de los agricultores”. Al mismo tiempo, Arias Cañete ha avanzado que se trabaja en un plan de internacionalización para reforzar la imagen y la confianza en los mercados internacionales de los productos españoles, “y aprovechar así las oportunidades que dichos mercados nos ofrecen”. “También estamos trabajando en un Programa de Innovación tecnológica en los procesos de producción, comercialización y transformación industrial, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de la producción agroalimentaria”, ha completado el ministro. Asimismo, Arias Cañete ha explicado que también se aborda “el análisis de la carga administrativa que conlleva el desarrollo habitual de la actividad agraria, con el fin de aligerarla, mediante supresión o modificación, reduciendo, así, los gastos de funcionamiento de las explotaciones agrarias”. Por último, Arias Cañete se ha referido a la política de Seguros Agrarios, “que contribuye de manera directa a mantener la renta de los agricultores en caso de adversidades climáticas”. En este terreno, ha asegurado el ministro, “hemos realizado un esfuerzo muy importante en los presupuestos para mantener el respaldo al sistema de seguros agrarios”. Concretamente, “hemos previsto para ello una dotación de 246,13 millones de euros, con el objetivo claro de poder mantener los niveles de subvención a la contratación”, ha finalizado.