Agencias La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, clausuró en Madrid la jornada "El futuro pasa por la Economía Social" que ha puesto fin a la Asamblea de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Se trata de un acto que ha tenido lugar en el marco del Año Internacional del Cooperativismo que se celebra en 2012 a instancia de Naciones Unidas. En la actualidad, en España hay más de 35.000 cooperativas y sociedades laborales que dan empleo directo a más de 355.000 personas. Unas cifras a las que, según datos del sector, hay que sumar más de 6.000 asociaciones y fundaciones, cerca de 500 centros especiales de empleo, alrededor de 200 empresas de inserción, 400 mutualidades y cerca de un centenar de cofradías de pescadores hasta superar las 42.000 entidades que hacen que la Economía Social represente el 10% del PIB de nuestro país. Durante su intervención, Báñez señaló la apuesta del Gobierno de España por la Economía Social ya que "es fuente indiscutible de oportunidades y de creación de empleo estable y además contribuye a crear tejido social, tan necesario en estos tiempos de dificultades". En este sentido, puso de manifiesto que la destrucción de empleo durante la crisis ha sido seis puntos inferior en las cooperativas que en el resto de las empresas. Igualmente señaló que, según los últimos datos correspondientes al mes de marzo de 2012, casi el 75% de los contratos que se encuentran en vigor, tanto en las cooperativas como en las sociedades laborales, tienen carácter indefinido. Además, en el primer trimestre de este año, se ha incrementado el número de cooperativas por primera vez desde mediados de 2007. La jornada contó también con la presencia del presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño y del director general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel García Martín, entre otros. Entre las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha para apoyar la Economía Social, Fátima Báñez destacó la inversión de más de 940 millones de euros que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y que se destinarán al fomento del emprendimiento, a los autónomos y a la Economía Social. Una cifra que supone un aumento del 12% sobre el presupuesto inicial de 2011 y que beneficiará directamente a más de 400.000 personas. La ministra de Empleo y Seguridad Social recordó además las medidas que incluye la reforma laboral para apoyar a los autónomos y a los emprendedores entre las que destacó la creación del Contrato Indefinido de Apoyo Emprendedores de los que se ya se han formalizado 20.910, un 52% con jóvenes. También destacó la posibilidad de capitalización del 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes que quieran constituirse como autónomos. Báñez se refirió además a futuros desarrollos normativos de apoyo a los Emprendedores "que incorporarán medidas para facilitar que aquellos que tienen una idea puedan llevarla a cabo" e hizo alusión al Plan de Pago a Proveedores que el Gobierno ha puesto en marcha "para que las Administraciones Públicas puedan hacer frente al pago de las facturas pendientes con aquellos que les ayudan a prestar su servicios, especialmente autónomos y pequeñas y medianas empresas". Fátima Báñez valoró la Economía Social porque "crea empleo estable y de calidad, promueve la igualdad de género en el ámbito laboral, da oportunidad a los jóvenes, contribuye de forma muy efectiva al desarrollo local y es un referente de la responsabilidad social". Y añadió, "Se trata de una fórmula de emprendimiento basada en los principios de participación, cooperación, sostenibilidad, integración y confianza en las personas". Por último, Báñez aprovechó para anunciar que, con el objeto de conmemorar el Año Internacional del Cooperativismo, "durante el último trimestre de este año tendrán lugar unas jornadas internacionales sobre cooperativismo que organizaremos con el sector para poner en valor esta forma de hacer empresa".

La presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy asignará a la región la cantidad de 9,2 millones de euros, destinados a las zonas rurales deprimidas, creando con ellos casi 3.000 puestos de trabajo. Según ha dado a conocer la presidenta del Gobierno regional, tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, serán 305 las localidades de la comunidad las que se beneficien de estas medidas, incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Deprimidas. Tal y como ha señalado la presidenta Cospedal, estas ayudas fueron creadas por el anterior Gobierno del Partido Popular en 1997 y están destinadas a reducir los desequilibrios en las zonas rurales más desfavorecidas, impulsando el empleo agrario y eliminando los desajustes comparativos, en una región eminentemente agrícola como es Castilla-La Mancha. Por estas razones, María Dolores Cospedal se ha congratulado, dado que en medio de una crisis como la que atravesamos, y tras la situación que nos ha venido dada tras la mala gestión de los anteriores Gobiernos, se ha conseguido mantener para Castilla-La Mancha la misma cantidad invertida el año pasado, conservando el mismo presupuesto y realizando una gestión eficaz y real de los fondos públicos. Según ha detallado la presidenta, los programas comenzarán a funcionar el próximo mes de julio y la distribución de los fondos se ha basado en la coordinación y colaboración entre el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante unas comisiones de distinto ámbito y competencias, en las que también participan representantes de corporaciones locales, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. De ahí que, según la presidenta, ha quedado meriadianamente clara la cooperación entre las distintas administraciones públicas, agentes sociales y asociaciones empresariales, de cara a distribuir de forma justa, real y transparente los fondos que el Gobierno destina al fomento del empleo en las zonas rurales deprimidas. Los proyectos que se llevarán a cabo incluidos en estos programas pasan por el desarrollo del medio rural, la conservación del patrimonio forestal o la creación de infraestructuras para la mejora de la calidad de vida del entorno en el que se realizan.

Europa Press. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Cataluña, Josep Maria Pelegrí, ha retocado la normativa que regula las explotaciones agrarias prioritarias para incluir a unas 5.000 en el grupo y facilitarles beneficios fiscales y darles prioridad en las ayudas y en la adjudicación de cuotas de producción. Con los cambios introducidos en la normativa, la Consejería calcula que pasarán de 11.000 a 16.000 las explotaciones prioritarias. "Hemos aprovechado el decreto para flexibilizar estas condiciones de cara a que pueda acceder más gente a las condiciones de explotaciones prioritarias", ha asegurado este martes en Lérida el director general de Desarrollo Rural del Govern, Jordi Sala. La finalidad es, según Sala, poder consolidar una serie de explotaciones que están a veces en el límite de ser viables o no y que gracias a tener estas ayudas pueden pasar a ser viables. Los retoques afectan a la ley española y catalana y la interpretación es atrevida: "Creo que en esta vida si no eres un poco atrevido no avanzas mucho, y es lo que hemos intentado", ha reconocido Sala, que ha hecho estas declaraciones acompañado de la directora, Cristina Bosch. Desde el punto de vista territorial, antes se podían acoger todas las explotaciones que tuvieran una unidad de trabajo, lo que el sector conoce como UTA y en la práctica supone 1.920 horas semanales, y en las zonas de montaña las que tuvieran un 0,8. La Consejería ha añadido a las características de zonas de montaña las desfavorecidas y las incluidas en la Red Natura 2000: "Es un retoque, a nivel territorial prácticamente el 40% del territorio se puede acoger", ha apuntado Sala. Otro requisito era el rendimiento en sus ingresos de renta, para que puedan entrar más agricultores, y lo que ha hecho el departamento es considerar los ingresos brutos y no los netos, como hasta ahora. "SUTIL PERO IMPORTANTE" "Es una modificación sutil pero importante", según Sala, para quien muchos agricultores estaban excluidos porque ganaban muy poco. Una de las limitaciones que tenían las explotaciones prioritarias era la exigencia de cotizar en la Seguridad Social en el régimen agrario, y el decreto permite a titulares de explotaciones agrarias estar afiliado a cualquier régimen de la Seguridad Social. El decreto da facilidades a la mujer para incorporarse como titular en el medio rural: "Hemos introducido una cláusula de discriminación positiva, si antes se pedía una UTA, si se incorpora una mujer lo pasamos a 0,8, lo hemos bajado", ha explicado el director. La Consejería ha puesto en marcha un sistema integrado de datos de explotaciones con el que quiere dar la vuelta a su relación entre agricultores y ganaderos. "Hasta ahora pedíamos mucha información (a los agricultores y ganaderos) y no dábamos nada. A partir de ahora ofreceremos porque consolidaremos todos sus datos y ellos podrán tener acceso", ha contado Sala. Ha agregado que, a largo plazo, la Consejería aspira a funcionar como la Agencia Tributaria, que tiene de antemano todos los datos del contribuyente. En la presentación del sistema, Sala ha avanzado que este año la Consejería ha recibido 60.000 expedientes de la Declaración Única Agraria (DUN), 2.000 menos que el año pasado. A la espera de que se agoten plazos de alegaciones, el Govern tiene pendiente analizar las circunstancias que han llevado al descenso.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado en el Senado que “desde 1996 hasta 2003, con gobiernos del Partido Popular, la renta agraria se incrementó en 9.000 millones de euros, y también tuvimos que afrontar políticas de estabilidad presupuestaria”. Por el contrario, ha añadido el ministro, de 2004 a 2011, con presupuestos expansivos del gobierno socialista, “la renta agraria experimentó una reducción de 3.500 millones de euros”. El ministro respondía así a una pregunta del senador Manel Plana, de Convergencia i Unió, a quien aseguraba que “el Gobierno está buscando alianzas con nuestros socios europeos “para que las ayudas que se deriven de la PAC reformada, que actualmente suponen un 30% de la renta de los agricultores españoles, como promedio, se mantengan y adapten a la realidad productiva nacional”. Arias Cañete ha indicado que, para incrementar el otro 70% que supone la renta de los agricultores españoles y que depende del mercado, el Ministerio está trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley de medidas para el mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria. Asimismo, el titular de Agricultura ha apuntado que su Departamento está preparando una serie de propuestas para modificar la Ley de cooperativas y su régimen fiscal, y la definición de cooperativa prioritaria, en el marco de un plan de integración cooperativa. Todo ello, ha dicho el ministro, con el objetivo de “favorecer la concentración de la oferta y obtener así mejores márgenes a favor de los agricultores”. Al mismo tiempo, Arias Cañete ha avanzado que se trabaja en un plan de internacionalización para reforzar la imagen y la confianza en los mercados internacionales de los productos españoles, “y aprovechar así las oportunidades que dichos mercados nos ofrecen”. “También estamos trabajando en un Programa de Innovación tecnológica en los procesos de producción, comercialización y transformación industrial, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de la producción agroalimentaria”, ha completado el ministro. Asimismo, Arias Cañete ha explicado que también se aborda “el análisis de la carga administrativa que conlleva el desarrollo habitual de la actividad agraria, con el fin de aligerarla, mediante supresión o modificación, reduciendo, así, los gastos de funcionamiento de las explotaciones agrarias”. Por último, Arias Cañete se ha referido a la política de Seguros Agrarios, “que contribuye de manera directa a mantener la renta de los agricultores en caso de adversidades climáticas”. En este terreno, ha asegurado el ministro, “hemos realizado un esfuerzo muy importante en los presupuestos para mantener el respaldo al sistema de seguros agrarios”. Concretamente, “hemos previsto para ello una dotación de 246,13 millones de euros, con el objetivo claro de poder mantener los niveles de subvención a la contratación”, ha finalizado.

Europa Press. La pequeña localidad segoviana de Navares de las Cuevas, perteneciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda y distante alrededor de 90 kilómetros de la capital, ha decidido obsequiar con un cochinillo a cada habitante que se empadrone en el municipio como fórmula para garantizar su supervivencia. Con 24 vecinos censados, esta villa del nordeste ocupa el segundo lugar por la cola en cuanto a padrón en la provincia segoviana. Gracias a dos o tres jóvenes que equilibran la balanza, sus residentes, más de un centenar durante los fines de semana y periodos vacacionales, alcanzan una media de edad de 60 años. El pueblo, muy rico en patrimonio y de gran belleza, ofrece un bar que sirve de centro social y un albergue juvenil. El médico acude a él una vez por semana y periódicamente acuden en sus furgones el panadero, el frutero o el pescadero para proveer de alimentos. Para cualquier otro menester, los residentes deben acercarse a Bodeguillas o Sepúlveda, e incluso a Aranda de Duero, en Burgos. En la última asamblea vecinal —Navares opera con el sistema de concejo abierto—, su alcalde, Vicente Robisco (PP), "angustiado" por la merma general del censo en el medio rural, propuso regalar un cochinillo para impulsar los empadronamientos. Además, igual que se hace en consejos y reuniones administrativas, propuso pagar 15 euros de dieta a cada habitante que asistiera al concejo, que hace las veces de pleno del ayuntamiento, con la opción de que lo pudieran ahorrar o reservarlo para celebrar una comida vecinal. "Se trata de fomentar la unión en el pueblo", explica a Europa Press el primer edil, quien con estas acciones trata de atajar la emigración de sus gentes a la ciudad, "signo de los tiempos" que se ha cebado en un territorio que, como dice, "desde siempre ha sido no muy rico". 400 Vecinos en los años 60 En los años 60 Navares de las Cuevas llegó a tener 400 habitantes censados. Con la centralización de los servicios en las ciudades, sus vecinos fueron poco a poco alejándose del medio rural, hasta el punto de perderse el 94 por ciento del padrón, que tampoco se vio favorecido por la tasa de envejecimiento de la población. Robisco, que suma su tercera legislatura al frente del Consistorio, lamenta que las administraciones no hayan puesto solución a un problema que ya se veía venir hace 40 años. El regidor se reconoce enemigo de la concentración de servicios en las grandes ciudades, lo que para él supone un alejamiento de la naturaleza y la consiguiente pérdida de calidad de vida. Según reconoce, aunque el nuevo sistema de ordenación territorial en Castilla y León no parece que conlleve la supresión de ayuntamientos, teme que el de Navares termine desapareciendo y que se ponga fin con ello a la identidad del pueblo. De ahí su propuesta de regalar tostones, que ya ha dado sus primeros frutos. Ayer, con motivo de la festividad de la Virgen de Hortezuela, y para evitar agravios comparativos, se quiso obsequiar del mismo modo a los vecinos ya empadronados. Durante el acto, se entregó un cochinillo al primer habitante que ha dado el paso para engrosar el registro. Para atraer nuevos habitantes, el alcalde, propietario del albergue que funciona en Navares con éxito desde hace 16 años, esgrime algunas claves del futuro que el pueblo podría deparar, entre ellas su potencial turístico, la actividad ligada al medio ambiente o las ventajas de las nuevas tecnologías, que permiten trabajar desde casa. "Hay que echar mano de la imaginación. Sólo hace falta creer en algo y ponerlo en práctica", exclama.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado hoy que el Gobierno repartirá a las Comunidades Autónomas un total de cinco millones de euros para desarrollar planes de asistencia social a las víctimas de violencia de género y a los menores expuestos a dichos casos. A estos últimos, el Ejecutivo, en coordinación con las CC AA, dedicará 1,5 millones de euros. Así se ha acordado en la primera Conferencia Sectorial de Igualdad de la presente legislatura, en la que se han reunido los representantes de las Comunidades Autónomas con la ministra, el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, la delegada del Gobierno para Violencia de Género, Blanca Hernández y la directora general para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, entre otros cargos. Uno de los puntos principales de la Conferencia Sectorial ha sido la distribución de créditos para asistencia social a las víctimas de violencia de género y a los menores expuestos, para lo que se ha fijado el criterio de reparto y la cuantía. Este presupuesto se destinará a financiar programas de prestación de servicios que garanticen una asistencia social integral a las víctimas de esta lacra. En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, Ana Mato ha hecho un llamamiento a la denuncia de posibles casos de violencia de género y ha puesto énfasis en el empeño del Gobierno por romper “el muro de silencio”, toda vez que hasta la fecha ninguna de las 18 mujeres asesinadas en lo que va de año había presentado denuncia previa. Con el fin de armonizar ahorro y eficiencia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha decido activar el diseño de campañas de sensibilización procedentes de la legislatura anterior. Son campañas que ya estaban hechas y de las que sólo faltaba su distribución por los medios de comunicación. El Secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, avanzó esta iniciativa en su comparecencia parlamentaria del pasado mes de marzo, y ha sido en la Sectorial de Igualdad de hoy cuando se ha decidido ponerla en marcha por todo el territorio nacional, ya que las CC AA podrán hacer uso de la misma. Tal y como ha precisado la ministra, en la Conferencia Sectorial de hoy se ha acordado entregar a las Comunidades Autónomas el material creativo de la campaña, que lleva por lema “No te saltes las señales del maltrato; elige vivir”. Con ella el Gobierno incide en la necesidad de sensibilización ante esta lacra. “Es fundamental –ha afirmado Mato- para que esta lacra que es la violencia de género salga de los muros del hogar; éste es un problema de toda la sociedad”. RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además, ha anunciado la creación de dos grupos de trabajo en los que la administración central y las administraciones autonómicas efectuarán diversas propuestas para redactar una Estrategia Nacional contra la violencia de género. Otro grupo de trabajo se encargará de canalizar del modo más coordinado posible las actuaciones que se deriven de dicho Plan. La coordinación es clave, según ha destacado Mato, para mejorar en la prevención y detección de los casos de violencia de género, y así, la Estrategia persigue un diálogo fluido no sólo entre las administraciones central, autonómica y local, sino también entre los agentes sociales implicados, desde los docentes, toda vez que la educación en Igualdad juega aquí un papel esencial, al personal sanitario, pasando por los miembros de la Policía, a los que se les seguirá dando formación, y los magistrados. El objetivo, en palabras de la ministra, consiste en incidir en una atención personalizada de las víctimas. CONCILIACIÓN El Gobierno y las Comunidades Autónomas, asimismo, trabajarán a partir de ahora en la elaboración de un Plan Integral para la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. Para ello, como paso previo, se va a efectuar un estudio exhaustivo sobre las necesidades de tiempo de los trabajadores y se pondrá el acento en la conveniencia de ultimar un Plan Nacional de Guarderías y centros de atención a la infancia en las empresas.

EFE. Los niños son el colectivo más afectado por la crisis económica en España. Según ha revelado este lunes un informe de Unicef, casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país en 2012. Esto significa, según Unicef, que en tan solo dos años la cifra de niños pobres ha aumentado en casi 205.000 menores. "En España, la pobreza tiene rostro de niño", ha asegurado la directora ejecutiva de Unicef en España. En la actualidad, la pobreza infantil ha superado el 26% después de llevar años estabilizada en torno al 24%, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional ese mismo año y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la Encuesta de Condiciones de Vida —desde 2004—. Entre los datos que recoge dicho informe, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares. Este dato demuestra que el impacto de la crisis es más fuerte en las familias con niños, detectándose casos de un empeoramiento de las condiciones de vida, que puede afectar a la calidad de la alimentación, a la convivencia y a las relaciones entre padres e hijos. En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53% en tres años. Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7% de los niños vivía en hogares con un nivel de pobreza alta, siendo la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y solo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27.