EUROPA PRESS.-El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde defendió hoy que la prostitución "es un fenómeno social complejo que necesita también respuestas complejas", por lo que "no se puede tratar únicamente como un problema de orden público prohibiendo su ejercicio en los espacios públicos, tal como se está planteando hacer a través de ordenanzas municipales en distintos municipios de la Comunidad Autónoma vasca". En un comunicado, Emakunde afirmó que considerar la prostitución únicamente como un problema de seguridad "impide entrar en consideraciones fundamentales" como la defensa de los derechos de las mujeres que la ejercen y "dificulta" reflexionar sobre otros aspectos que "influyen decisivamente" en su existencia y subsistencia como son las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y la pobreza que se deriva de dichas relaciones desiguales. Por ello, consideró que "en lugar de multar a quienes ejercen la prostitución en la calle, lo prioritario y urgente es mejorar la calidad de vida de las mujeres que aquí y ahora ejercen la prostitución y que se encuentran en una situación de exclusión social". "Es necesario establecer acciones de regulación en el ámbito de la salud, formación, empleo, servicios sociales y seguridad ciudadana para la mejora de la situación de estas mujeres", subrayó. Asimismo, recordó que hasta la fecha, la intervención de las administraciones públicas en esta materia se ha venido articulando, básicamente, mediante la concesión de ayudas y subvenciones a "agentes sociales más o menos especializados en el trabajo con el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución". En este sentido, Emakunde defendió que se plantea la necesidad de un "salto cualitativo" para configurar una actuación pública "estructurada, coordinada y eficaz", que, desde una perspectiva de servicio público, "garantice unos umbrales mínimos de calidad y estabilidad en la intervención a lo largo del tiempo". "Estas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución no nos deben hacer olvidar que, aunque existen personas que de modo voluntario deciden dedicarse a esta profesión, en muchos casos lo hacen de forma forzada, lo que supone uno de los ejemplos más dramáticos de la anulación de la dignidad humana", concluyó.

ABC.- La senadora del PP, María Jesús Sáinz, anunció ayer que su grupo parlamentario remitirá al Gobierno central una petición a través de la que solicitan que las ayudas que las víctimas por violencia de género reciben queden exentas de la tributación del IRPF. Para argumentar su toma de postura, Sáinz recordó que ya existen otras ayudas a las que se les aplica este recurso fiscal, como por ejemplo las orientadas a las víctimas del terrorismo o a las personas con sida. En esta línea, la popular remarcó que este tipo de ayudas van dirigidas a personas «con escasos recursose inhabilitadas para acceder en condiciones normales al trabajo». Al hilo de esta cuestión, la popular hizo pública también una reclamación a propósito de la Ley de Planta y Demarcación, que busca favorecer la creación de juzgados de violencia contra la mujer, en aquellas ciudades donde «no se cumplen los ratios de litigiosidad exigidos» por el Consejo General del Poder Judicial. Por último, Sáinz también consultará al Gobierno las razones por las que «sólo hay 370 policías en las Unidades de Policía Autonómica en Galicia», cuando éstos son precisamente los organismos que se encargan de proteger a las víctimas.

LA VERDAD. El gobierno valenciano impulsa este proyecto para fomentar la maternidad coincidiendo con la modificación de la ley del aborto. El anuncio de este programa coincidió con el que hizo el Gobierno de modificar la ley del aborto. Ahora, poco después de la aprobación de la norma en el Congreso, la Comunidad Valenciana impulsa nuevas ayudas de su proyecto Provida, que también ofrece una red de familias de acogida para menores embarazadas que quieran seguir adelante con su gestación. La idea del programa es ofrecer información y orientación para que la mujer tome una decisión libre. Es decir, y aunque no se comenta abiertamente, una consecuencia directa es la reducción del número de abortos, ofreciendo recursos sociales a las mujeres embarazadas con carencias económicas o de apoyos familiares. Tal y como explicaron desde la Consejería de Bienestar Social, ya hay mujeres que han podido acceder a las ayudas, a través de la renta garantizada de ciudadanía, que se trata de una cuantía económica que puede llegar a 600 euros y que se podrá percibir durante tres años. Como condición, deben ser menores de 25 años y cumplir los requisitos para acceder a esta ayuda. En la actualidad cuentan con una red de 60 familias especializadas en el acogimiento de menores desamparados y en situaciones especiales, desde discapacidades, enfermedades o grupos de hermanos, por ejemplo. También se incluyen menores embarazadas, y desde la Consejería aseguran que ya han sido varias las que se han acogido a este recurso, aunque reconocen que es necesario ampliar su difusión. Las familias acogedoras reciben una contraprestación económica por el servicio prestado. La orden que regula estas subvenciones ha sido modificada para 2010, de manera que en casos de menores embarazadas «se computará como miembro de la unidad familiar al menor o menores no nacidos desde el momento de la fecundación». Este cambio viene motivado por la herramienta legal que desarrolla el proyecto Provida, la ley de Protección a la Maternidad, aprobada en junio. La normativa ampara numerosas ayudas, algunas ya vigentes. En materia de vivienda, el embarazado también computa, y las gestantes tienen derecho preferente a las ayudas públicas. En educación, para el curso que viene el hijo en gestación será uno más de la familia a la hora de la matrícula de los hermanos y para optar a la gratuidad de los libros de texto. La ley incluye supuestos de atención educativa domiciliaria para la gestante menor de edad. En breve, las embarazadas en riesgo de exclusión tendrán subvencionado el gasto farmacéutico de sus hijos. El 2010 será el año de consolidación del proyecto, con todas las medidas puestas en marcha. De las más inmediatas, destacan las de carácter informativo. En el plazo de dos semanas se firmará un convenio con el colegio de farmacéutico para la difusión de información y recursos de programa Más Vida, y se prevé, «en breve», habilitar un teléfono de atención y los centros especializados en las tres provincias, primera puerta de las mujeres interesadas en continuar su embarazado con las ayudas puestas a su disposición.

El importe de las ayudas asciende a 492.893 euros y aparecen publicadas desde hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El plazo de presentación de las solicitudes es de 30 días naturales, tal y como se recoge hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Las ayudas dirigidas a Asociaciones de Mujeres y Federaciones de Asociaciones de Mujeres sin ánimo de lucro ascienden a 298.961 euros y la cuantía máxima de subvención por asociación, federación o por proyectos o actividades coorganizadas por más de una asociación es de 30.050 euros. El objetivo de estas ayudas es hacer efectivo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, así como impulsar y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Para ello, la convocatoria diferencia cuatro tipos de actividades subvencionables: -Las dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del análisis de la realidad, la elaboración de propuestas y/o la difusión de experiencias. -Las dirigidas a desarrollar la capacidad de gestión y dirección de las mujeres que participan en el movimiento organizado de mujeres -Las actividades y talleres dirigidos a aumentar los niveles de bienestar y la participación de las mujeres. -Las actividades que sirvan para generar redes de mujeres y asociaciones de mujeres, especialmente a través de los mecanismos de la Web 2.0. Entidades Locales La convocatoria dirigida a entidades locales está dotada económicamente con 193.932 euros, que tienen como finalidad subvencionar la ejecución de programas o actividades organizadas por los Ayuntamientos encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia de género, y más concretamente aquellos que respondan a las siguientes características: -Su fin sea la difusión y el conocimiento público de los programas y servicios que existen en el término municipal o en la comarca, dirigidos a proporcionar apoyo de distinta índole a las mujeres. -Estén dirigidos a favorecer la progresiva implantación de un uso no sexista del lenguaje administrativo en la corporación local o la formación del personal de la corporación local en relación con la aplicación práctica del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. -Proporcionen formación a las mujeres integrantes de las organizaciones de mujeres implantadas en el ámbito local, a coordinar sus esfuerzos o a proporcionarles apoyo en el cumplimiento de sus fines. -Foros o seminarios en los que se aborden actuaciones dirigidas a favorecer la efectiva igualdad de mujeres y hombres en las materias que son de competencia municipal, o aquellas dirigidas a favorecer la coeducación tanto en el ámbito educativo, en colaboración con los centros educativos del municipio o de las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), como en el ámbito de la familia o en la sociedad

ANDALUCÍA.- Las mujeres interesadas en acogerse a estas ayudas deberán tener hijos exclusivamente a su cargo, residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como tener una renta no superior al salario mínimo interprofesional. El Instituto Andaluz de la Mujer ha abierto el plazo de solicitud de concesión de ayudas del Programa de estancia de Tiempo Libre para mujeres con hijos exclusivamente a su cargo. A través de este programa se facilita un grupo de mujeres disfrutar de la estancia en una localidad costera, y participar en actividades complementarias y de ocio acompañadas de sus hijas e hijos. Asimismo, los hijos que pueden beneficiarse de esta estancia deben tener una edad comprendida entre dos y doce años. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 10 de abril.

PERIODISTA DIGITAL.- Este organismo será presentado en abril o mayo. El Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído no escatima en dispendios para hacer de esta materia motivo de confrontación política. La titular de uno de los departamentos cuya supresión ha reclamado el Congreso de los Diputados en varios ocasiones considera insuficiente las encuestas que sobre cuestiones de igualdad de género realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Al margen de este órgano, adscrito al Ministerio de la Presidencia que gestiona María Teresa Fernández de la Vega, Aído ha orquestado un CIS paralelo que envuelve bajo la nomenclatura Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG). A través de la Secretaría General del Instituto de la Mujer, el Ejecutivo adjudicó hace unos meses por cerca de 50.000 euros a una conocida consultora el diseño de este elemento demoscópico. Según declaró recientemente la directora del mencionado Instituto, Laura Seara, el SEIG, que “estará listo en abril o mayo”, será una herramienta estadística online que con más de 200 indicadores servirá para que los ciudadanos “conozcan de primera mano el grado de igualdad presente en cualquier ámbito de la sociedad”, apuntó. Asimismo, Seara, que ha puesto especial interés en relanzar esta iniciativa tras su aterrizaje en esta competencia, en sustitución de Rosa Peris, explicó que dicho instrumento permitirá al internauta elaborar “estadísticas a la carta” seleccionando los distintos indicadores que quiere cruzar para acceder a determinados datos. Entre ellos puso el ejemplo de la presencia de la mujer en los puestos de dirección de empresas. En la elaboración de este proyecto ha participado, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EUROPA PRESS. El Ministerio de Igualdad ha elevado a 15 la cifra de mujeres muertas por violencia en lo que va de año, tres más que en el mismo periodo de 2009. El recuento se produce tras la confirmación de que los asesinatos ocurridos este fin de semana en Burgos y Valladolid respondían a crímenes de estas características. En ambos casos, las víctimas fueron atacadas por sus parejas, quienes posteriormente se suicidaron. Así, de los 15 agresores, cuatro se quitaron la vida (26,7 por ciento) y tres lo intentaron, aunque sin llegar a consumar el suicidio (20 por ciento). Según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del total de fallecidas sólo dos habían presentado denuncia previa (13,3 por ciento) y tenían en consecuencia una orden de protección vigente en el momento del asesinato. De ellas, diez eran de nacionalidad española y cinco extranjeras, con edades comprendidas entre 51 y 64 años (cinco víctimas), 31 y 40 años (cuatro víctimas), 21 y 30 años (tres víctimas), 41 y 50 años (tres víctimas). En diez de los casos, las mujeres convivían con su agresor, en cinco vivían separados, eran expareja o se encontraban en fase de ruptura. Por comunidades autónomas, los crímenes machistas se reparten de la siguiente manera: cuatro en Andalucía; tres en Castilla y León; dos en Cataluña; dos en Madrid; uno en Asturias; uno en Baleares; uno en Canarias y uno en la Comunidad Valenciana. Respecto al perfil de los agresores, once de ellos eran españoles y cuatro extranjeros, con una media de edad que se eleva oscilando entre 51 y 64 años (40 por ciento); 31 y 40 años (33,3 por ciento), 41 y 50 años y más de 64 años (13,3 por ciento en ambas franjas de edad).