LAGACETA. Intereconomia. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León resolvió el pasado 14 de enero adjudicar a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid”. Aunque es habitual que las comunidades autónomas acuerden con las clínicas abortistas el pago de los abortos que se acogen a uno de los tres supuestos despenalizados, la “resolución de adjudicación definitiva” a favor de Ginemédica, a la que ha tenido acceso LA GACETA, especifica los abortos que se han de ejecutar entre los años 2010 y 2012 y constituye, por ese motivo, algo insólito. Además, mientras que la Comunidad de Castilla y León presupuesta lo que va a gastar en abortos en los próximos tres años, aún no ha presupuestado ni un euro para cumplimentar la Ley 14/2008 de 18 de diciembre de Apoyo a la Mujer Embarazada. Transparencia Consultada la Consejería de Sanidad castellanoleonesa sobre la particularidad de que la resolución (expediente número 001/2010/8000) detalle el número y precio de los abortos que se van a pagar en el futuro, su responsable de prensa, Teresa Zurro, aseguró que “cumplimos con la transparencia” y que, en otras comunidades, o en la propia Castilla y León, “antes se hacía de otra forma que era menos transparente; se pagaba igual, pero sin haberlo concertado”. El sentido del proceso administrativo seguido en Castilla y León sería, según Zurro, “que nadie nos llame la atención de hacerlo ilegalmente. Se ha pasado a hacerlo como lo pide la administración”. En un comunicado oficial enviado ayer a LA GACETA, la Consejería de Sanidad castellanoleonesa asegura que desde 2007 concierta “esta prestación” con entidades privadas y que “hasta ese momento el proceso se pagaba mediante abono directo. Este concierto se ajusta a la legislación vigente, que es la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y la Ley 2/2006 de la Hacienda y el Sector Público de Castilla y León”. El concurso de licitación ganado por Ginemédica ha supuesto un ahorro de 39.350,98 euros para las arcas castellano-leonesas, según la resolución de 14 de enero, publicada el día 28 en el Boletín Oficial de la Comunidad. Así, en lugar del importe de 789.813,98 euros establecido como base para la licitación, Ginemédica se ofreció a ejecutar 1.179 abortos (352 en 2010, 393 en 2011 y 434 en 2012) por 750.463 euros, es decir, a un precio medio de 636,5 euros por intervención. La Consejería de Sanidad explica que se presupuesten cantidades a pagar por delitos supuestamente despenalizados, pero que aún no se han cometido, porque se trata de “hacer frente a los posibles casos que puedan surgir, exigencia que viene determinada en las leyes citadas". "Este número de procesos tiene la consideración de máximo y estimado, estando la realización de los mismos sujeta a las necesidades de la demanda en cada momento”. Obligatoriedad Respecto a la peculiaridad de que ésta sea la primera vez que una comunidad publica la previsión de abortos que va a financiar, la consejería asegura, en su escrito a LA GACETA, que “las resoluciones de adjudicación de estos conciertos son de publicación obligatoria desde la aprobación de la normativa antes citada (y, por tanto, a partir de 2007)”. La Junta castellanoleonesa presupuesta los abortos con tres años de antelación y, en cambio, no ha presupuestado ayudas para que las mujeres en situaciones problemáticas puedan seguir con sus embarazos. La Consejería de Sanidad no ve contradicción en ello. Asegura que “la voluntad política de la Junta de Castilla y León en esta materia ha quedado clara con la aprobación de una normativa específica, como es la Ley 14/2008 de 18 de diciembre de Apoyo a la Mujer Embarazada, única región con una normativa así”. Sin ginecólogos La Consejería de Sanidad no comentó en su escrito a LA GACETA la pregunta sobre si constituye una objeción a la firma de un concierto el hecho de que Ginemédica sea una clínica ginecológica que no emplea a ningún ginecólogo. Aunque en ella se realizan abortos desde 1987 y en su web asegura contar “con los mejores ginecólogos en Valladolid”, está probado que, al menos hasta 2006, no empleó a ningún ginecólogo. El propietario al 80% de Ginemédica, el ginecólogo Ángel Santaolaya Gallardo, cuida su fama y no se mezcla en otras empresas con los gestores de su clínica de abortos, que son los cirujanos Juan Carlos Rodríguez Seoane y Guillermo Nalda Page. En las informaciones disponibles en el Registro Mercantil, Santaolaya sólo aparece como gestor de empresas de otros ramos: Es presidente de la empresa Fecundación in vitro Valladolid, administrador de Fecundación in vitro Recoletos, del Grupo Clínico Recoletos (del que también es accionista), de Recoletos Medicina Estética (todas ellas con sede en Valladolid), de la Policlínica San Mauricio (Cádiz) y de la inmobiliaria Nuevo Tordesillas, también vallisoletana.

COPE. Enrique Perez. El Partido Popular ha presentado en las Cortes una proposición de ley de medidas de apoyo y asistencia a la maternidad con el fin de garantizar a las mujeres embarazadas, sobre todo a aquellas con menos recursos económicos, un mínimo de protección y la posibilidad de elegir libremente el poder seguir adelante con ese embarazo a pesar de las dificultades que puedan sufrir. En su propuesta el PP pide a la administración regional que es la que tiene competencias en materia de servicios sociales y familia, que garantice una adecuada atención social y sanitaria a la mujer embarazada así como la puesta en marcha de programas y mecanismos que le ayuden a llevar a buen termino su gestación, creando por ejemplo una red que de cobertura sobre todo económica, para aquellas mujeres que se encuentren en riesgo de exclusión social. Ayudas que incluso podría pasar por bonificaciones fiscales durante el periodo de gestación. También proponen la creación de centros de apoyo a la mujer embarazada, de equipos multidisciplinares de asistencia y de un teléfono gratuito de información. El objetivo es garantizar el derecho a la gestación y que la mujer embarazada se encuentre apoyada social y económicamente a la hora de tomar la decisión de seguir adelante con su maternidad. Los populares piden la colaboración de todas las administraciones que tengan competencias en materia de atención social a la mujer embarazada, en la puesta en marcha de medidas de apoyo en materia de vivienda, formación e inserción socio-laboral.

HERALDODESORIA. Cabe destacar que la mitad de los centros públicos, 12, se encuentran en localidades menores de 3.000 habitantes. Precisamente esta red del proyecto Alejandra de guarderías, promovido por el Patronato para el Desarrollo Integral (PDI) de Soria y ahora integrado en el programa Crecemos de la Junta de Castilla y León, ofrece 202 plazas en el medio rural, de las que están cubiertas 154. La provincia cuenta con 23 centros públicos infantiles, de los que 20 son de titularidad municipal y tres de la Junta de Castilla y León inscritos en el Registro de Centros Infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral. Un total de 847 plazas para 2.950 niños de cero a tres años según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística, y cuya convocatoria pública volverá a salir a finales del mes de marzo o principios de abril. Esto supone una plaza por cada 3,4 niños, una cifra que se reducirá a tres con la apertura del centro infantil de Eduardo Saavedra, con 61 plazas, a la que se sumarán otras 61 que ofrecerá la guardería del polígono industrial Las Casas. Se trata de la mejor media con respecto a otras provincias de Castilla y León, como Valladolid, con una plaza por cada cinco niños, e incluso comparándola con otras comunidades, como Galicia o Extremadura, con una plaza por cada 5,5, Valencia, con una vacante por cada ocho, o Cataluña y Aragón, con una para cada cuatro pequeños, y sólo mejorada por País Vasco o Navarra, con una plaza para cada 2,3 niños. Pero si además se incluyen los nueve centros privados que hay en la provincia, con más de 200 plazas y 30 empleos generados, todo ello indica que Soria goza de un buen servicio de guarderías. En la actualidad en la capital hay cuatro centros infantiles públicos, tres de ellos de titularidad de la Junta de Castilla y León y el cuarto del Ayuntamiento. En total, 268 plazas y 61 trabajadores. Sin olvidar la guardería para los hijos de los empleados de la Administración regional en Soria con capacidad para otros 61 niños, cuyo inmueble lleva ya construido desde hace meses y está a la espera de su amueblamiento para poder empezar a funcionar, y la del polígono industrial Las Casas, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades adjudicó provisionalmente el pasado 11 de enero a la empresa Edhinor SA por un importe total de 816.952,17 euros (IVA incluido), las obras de construcción del edificio por un plazo de nueve meses y que tendrá cabida también para 61 pequeños. Además de estas guarderías se integran en la red de centros públicos otros siete, todos ellos de titularidad municipal: Ágreda con 61 plazas, Almazán con 60, El Burgo de Osma con 41, San Leonardo con 41, Golmayo con 41, Ólvega con 74 y San Esteban de Gormaz con 41. El proyecto Alejandra comenzó a funcionar en mayo de 2002 a iniciativa de la Diputación Provincial de Soria, a través del PDI (Patronato para el Desarrollo Industrial) y desde entonces se ha consolidado plenamente en la provincia facilitando el acceso de la mujer rural al mercado laboral. En concreto, en torno a 150 mujeres se han incorporado al mundo laboral. En estos centros trabajan 37 personas, tres por cada guardería (dos empleados a jornada completa y un auxiliar a media jornada), salvo en la de Arcos de Jalón, donde hay un trabajador más a media jornada. El único ‘pero’ de los centros públicos son los horarios, más orientados a la gente que trabaja en jornada continua y por ello menos favorecedores para aquellos que tienen jornadas ‘partidas’. A este respecto, ganan terreno las guarderías privadas, dado que muchas de ellas cierran más allá de las 20.00 horas. Nuria Ovejero, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Soria, integrada a su vez en FOES, indicó que los cuatro centros agrupados en la entidad superan las horas de apertura de las guarderías públicas, que en su mayoría no superan las ocho horas, mientras que las privadas están incluso hasta 13 horas en activo, como es en su caso, que regenta la guardería Querubines. Sólo se ‘salva’ la guardería del Ayuntamiento de Soria, que abre de 7.45 a 20.00 horas. El resto de los centros tienen horarios de apertura de 7.45 a 8.30 horas (como es el caso de los centros de Ágreda y San Leonardo) y cierran de 17.00 a 18.00 horas. En el caso de las guarderías del programa Crecemos los horarios son independientes en cada centro porque se adaptan más a las necesidades de los padres. Los más madrugadores son los de Almarza, Covaleda y Langa de Duero, que abren sus puertas a las 7.45 horas. Los demás van abriendo desde las 8.00 hasta las 9.00 horas, con el de Duruelo de la Sierra. Y la guardería que más tarde cierra es la de Arcos de Jalón, a las 18.45 horas. El calendario vacacional viene marcado en el mes de agosto, y los festivos, Semana Santa y Navidades según acuerdo con los padres. La última guardería del proyecto Crecemos en ponerse en marcha fue la de Medinaceli, que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre con siete niños. Cuenta con un director, un técnico y un auxiliar, éste a media jornada. Por el contrario, la falta de niños impidió este curso la apertura del centro de Gómara. “Nos quedábamos en el pueblo con dos niños y tampoco había en las localidades de alrededor, dado que el resto ya se encuentran escolarizados”, señaló la concejal María Jesús del Castillo. Lo cierto es que esta guardería, que abrió sus puertas en 2007 con seis niños, peligró ya el año pasado porque sólo había cuatro niños inscritos y las bases del proyecto, la apertura de un centro infantil requiere, como mínimo, de cinco niños inscritos. Cabe destacar que el coste del proyecto Crecemos en 2009 rondó los 700.000 euros. De esta cantidad, el PDI aportó 200.000 euros, la Junta de Castilla y León a través del Ecyl para la realización de los contratos, 168.364,26 euros; los ayuntamientos, 76.000 euros (a razón de 6.000 euros cada uno salvo Arcos de Jalón, que aportó 10.000 euros) y las cuotas de los padres que utilizan el servicio (a 100 euros al mes) rondó los 154.000 euros.

EL PAÍS. CARMEN MORÁN. Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla. Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso. Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses. Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley. Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos. Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración. "La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade. "En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga. El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".

En su intervención en el Congreso,la Ministra Elena Espinosa ha recordado que se están manteniendo reuniones con OPAS y Cooperativas Agroalimentarias a través de las mesas de financiación, fiscalidad, biocombustibles, política agroalimentaria y de competencia, futuro de la PAC y concentración cooperativas. También ha destacado Elena Espinosa otras medidas que van a favorecer al sector para 2010 como la devolución permanente de IEH, la reducción de módulos ó la subida de la compensación del IVA en la agricultura y la ganadería. La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha intervenido hoy en el Congreso donde ha destacado la labor del Gobierno en la aplicación de medidas de carácter sectorial y horizontal, dirigidas al mantenimiento de la renta de agricultores y ganaderos y la capacidad financiera e inversora de sus explotaciones. En este sentido Elena Espinosa ha recordado que se están manteniendo, en el marco de unas nueva etapa de dialogo con las Organizaciones Profesionales Agrarias y las cooperativas agroalimentarias, reuniones a través de las seis mesas de trabajo recientemente creadas sobre financiación, fiscalidad, biocombustibles, política agroalimentaria y de competencia, futuro de la PAC y concentración cooperativa. Tras puntualizar que si bien la renta de los agricultores españoles ha tenido una bajada en 2009 de -1,6, este descenso está muy alejado de la media de los países de la Unión Europea que fue del -12,2 y de otros países con un fuerte peso agrícola como Italia -25,3, Alemania -21, Francia -19,8, ó los Países Bajos -15,5, la Ministra ha resaltado alguna de las medidas que favorecerán de manera inmediata al sector en 2010 como la devolución permanente de Impuesto Especial de Hidrocarburos, la reducción de módulos; ó la subida de la compensación del IVA en la agricultura y la ganadería. En esta línea también ha recordado que se están negociando otras cuestiones en respuesta a las demandas de los agricultores, como el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, el apoyo a las energías renovables, el control de las importaciones ó los planes de activación de la demanda. Elena Espinosa ha finalizado su intervención subrayando que desde el MARM se seguirá trabajando, en colaboración, coordinación y diálogo con las OPAS y las CCAA, por un sector primario y una industria agroalimentaria fuerte y competitiva, con capacidad de desarrollo y perspectivas de futuro.

NORTECASTILLA. Sonia Andrino. El documento incide en la mejora de los servicios y en el desarrollo de las tecnologías. Luchar contra las mentalidades es, sin duda, una de las labores más complicadas, pero también más necesarias, cuando se pretende trabajar por la mujer en el medio rural, donde la mentalidad patriarcal sigue escribiendo parte del día a día de los municipios. Sin embargo, a pesar del reto, este es el objetivo del plan de apoyo a la mujer rural que ha elaborado la Consejería de Familia y que ha repartido ya a todas las consejerías de la Administración. Y es que es imprescindible la colaboración de todos los departamentos para conseguir los dos objetivos que pretende el plan y que son: actuar sobre las condiciones materiales que favorezcan el arraigo de las mujeres en los espacios rurales, en especial de las jóvenes; y crear las condiciones más subjetivas y perceptivas, que faciliten la legitimación de los nuevos perfiles sociales y profesionales del medio rural. Y todo esto teniendo en cuenta que se ha constatado un «cambio de mentalidad en las jóvenes rurales» que no admiten diferencias con las que viven en el medio urbano y que «exigen un nivel de independencia y opciones de ocio y servicios» similares a estas últimas, según el documento al que ha tenido acceso este periódico. Para actuar sobre las condiciones materiales es necesario que se den mejoras en las condiciones que el mercado laboral ofrece a las mujeres en los espacios rurales y se tiene que trabajar además en la mejora de las dotaciones de servicios a la población. De esta forma se conseguirá, según el plan, «la integración laboral de las jóvenes y unas formas de ocio en pie de igualdad con las mujeres urbanas». Por otro lado, la otra prioridad del departamento, tiene que ver con la subjetividad. El trabajo en este sentido será más profundo porque el objetivo es crear condiciones que «faciliten la legitimación de los nuevos perfiles sociales y profesionales» o lo que es lo mismo, superar los viejos estereotipos sobre los roles de género mantenidos aún con fuerza en los espacios rurales regionales. Esto último supondría poco menos que una revolución de las conciencias aunque, también es cierto, que hay mucho trabajo ya hecho. No obstante, la Consejería de Familia se ha organizado la tarea en dos direcciones: por un lado sensibilizar en todos los ámbitos y colectivos sociales sobre la necesidad de asumir la igualdad y, sobre todo, los cambios legítimamente reivindicados por las jóvenes sobre sus modelos de vida que, según el texto del plan, son muy diferentes a los de la generación de sus padres. El segundo va dirigido a hacer posibles esos nuevos modelos favoreciendo la participación social y la presencia de las mujeres del medio rural en puestos de representación pública y de dirección. 67 medidas Para conseguir estos objetivos, el plan se estructura en seis ejes, 20 subejes y 67 medidas. Entre ellas, los «caballos de batalla» son el desarrollo de las nuevas tecnologías y la mejora de los servicios a la población. Atendiendo al primero de los casos, la Junta es consciente de que la conectividad se ha convertido en «un servicio imprescindible» tanto desde el punto de vista del ocio como de herramienta de mejora profesional, pero «sigue siendo una de las asignaturas pendientes» para las mujeres de los espacios rurales. Por otro lado, en lo que se refiere a la mejora de los servicios, el documento reconoce que se ha caído en «círculo vicioso» en el que «cuanta menos población, menos servicios, y cuanto menos servicios, menos atractivo es el territorio para el arraigo de la población». Por eso, los servicios en el medio rural constituyen «elementos fundamentales para evitar el despoblamiento y promover el desarrollo rural» y hay que apoyar también a las mujeres en este sentido puesto que «en el orden jerárquico para el uso de los coches familiares, los hombres suelen tener prioridad y las mujeres tienen que amoldarse a las disposiciones de los vehículos». Otro de los problemas que se plantea afrontar la Consejería de Familia con este plan es el de la lucha contra la violencia de género. El documento reconoce que «los vínculos afectivos y familiares y las estrechas relaciones vecinales parecen ser un factor muy importante para la invisibilidad» de este tipo de tratos. Aunque ya existen distintos planes de igualdad en la comunidad, la consejería propone como «necesario» un plan específico para estas situaciones. Este tema tiene que ser tratado desde una perspectiva de «planificación estratégica a nivel territorial regional» y las medidas que se contemplan tienen que tener muy en cuentan las condiciones «particulares» de los núcleos rurales y por eso promueven la «visibilización del problema en contextos sociales que siguen valorándolo en parte como privado, a la promoción de servicios de atención especialmente diseñados para contextos espaciales dispersos». Por último, el documento recoge una serie de iniciativas dirigidas a las personas mayores y con discapacidad, en gran medida «feminizado» debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres y a la emigración de los hijos e hijas hacia las áreas urbanas, que les priva de la atención en redes familiares ubicadas en los núcleos de origen. De ahí se desprende además la necesidad de facilitar formación de cuidadores y la inversión en servicios cercanos de atención.