EL PAÍS. CARMEN MORÁN. Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla. Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso. Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses. Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley. Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos. Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración. "La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade. "En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga. El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".

En su intervención en el Congreso,la Ministra Elena Espinosa ha recordado que se están manteniendo reuniones con OPAS y Cooperativas Agroalimentarias a través de las mesas de financiación, fiscalidad, biocombustibles, política agroalimentaria y de competencia, futuro de la PAC y concentración cooperativas. También ha destacado Elena Espinosa otras medidas que van a favorecer al sector para 2010 como la devolución permanente de IEH, la reducción de módulos ó la subida de la compensación del IVA en la agricultura y la ganadería. La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha intervenido hoy en el Congreso donde ha destacado la labor del Gobierno en la aplicación de medidas de carácter sectorial y horizontal, dirigidas al mantenimiento de la renta de agricultores y ganaderos y la capacidad financiera e inversora de sus explotaciones. En este sentido Elena Espinosa ha recordado que se están manteniendo, en el marco de unas nueva etapa de dialogo con las Organizaciones Profesionales Agrarias y las cooperativas agroalimentarias, reuniones a través de las seis mesas de trabajo recientemente creadas sobre financiación, fiscalidad, biocombustibles, política agroalimentaria y de competencia, futuro de la PAC y concentración cooperativa. Tras puntualizar que si bien la renta de los agricultores españoles ha tenido una bajada en 2009 de -1,6, este descenso está muy alejado de la media de los países de la Unión Europea que fue del -12,2 y de otros países con un fuerte peso agrícola como Italia -25,3, Alemania -21, Francia -19,8, ó los Países Bajos -15,5, la Ministra ha resaltado alguna de las medidas que favorecerán de manera inmediata al sector en 2010 como la devolución permanente de Impuesto Especial de Hidrocarburos, la reducción de módulos; ó la subida de la compensación del IVA en la agricultura y la ganadería. En esta línea también ha recordado que se están negociando otras cuestiones en respuesta a las demandas de los agricultores, como el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, el apoyo a las energías renovables, el control de las importaciones ó los planes de activación de la demanda. Elena Espinosa ha finalizado su intervención subrayando que desde el MARM se seguirá trabajando, en colaboración, coordinación y diálogo con las OPAS y las CCAA, por un sector primario y una industria agroalimentaria fuerte y competitiva, con capacidad de desarrollo y perspectivas de futuro.

NORTECASTILLA. Sonia Andrino. El documento incide en la mejora de los servicios y en el desarrollo de las tecnologías. Luchar contra las mentalidades es, sin duda, una de las labores más complicadas, pero también más necesarias, cuando se pretende trabajar por la mujer en el medio rural, donde la mentalidad patriarcal sigue escribiendo parte del día a día de los municipios. Sin embargo, a pesar del reto, este es el objetivo del plan de apoyo a la mujer rural que ha elaborado la Consejería de Familia y que ha repartido ya a todas las consejerías de la Administración. Y es que es imprescindible la colaboración de todos los departamentos para conseguir los dos objetivos que pretende el plan y que son: actuar sobre las condiciones materiales que favorezcan el arraigo de las mujeres en los espacios rurales, en especial de las jóvenes; y crear las condiciones más subjetivas y perceptivas, que faciliten la legitimación de los nuevos perfiles sociales y profesionales del medio rural. Y todo esto teniendo en cuenta que se ha constatado un «cambio de mentalidad en las jóvenes rurales» que no admiten diferencias con las que viven en el medio urbano y que «exigen un nivel de independencia y opciones de ocio y servicios» similares a estas últimas, según el documento al que ha tenido acceso este periódico. Para actuar sobre las condiciones materiales es necesario que se den mejoras en las condiciones que el mercado laboral ofrece a las mujeres en los espacios rurales y se tiene que trabajar además en la mejora de las dotaciones de servicios a la población. De esta forma se conseguirá, según el plan, «la integración laboral de las jóvenes y unas formas de ocio en pie de igualdad con las mujeres urbanas». Por otro lado, la otra prioridad del departamento, tiene que ver con la subjetividad. El trabajo en este sentido será más profundo porque el objetivo es crear condiciones que «faciliten la legitimación de los nuevos perfiles sociales y profesionales» o lo que es lo mismo, superar los viejos estereotipos sobre los roles de género mantenidos aún con fuerza en los espacios rurales regionales. Esto último supondría poco menos que una revolución de las conciencias aunque, también es cierto, que hay mucho trabajo ya hecho. No obstante, la Consejería de Familia se ha organizado la tarea en dos direcciones: por un lado sensibilizar en todos los ámbitos y colectivos sociales sobre la necesidad de asumir la igualdad y, sobre todo, los cambios legítimamente reivindicados por las jóvenes sobre sus modelos de vida que, según el texto del plan, son muy diferentes a los de la generación de sus padres. El segundo va dirigido a hacer posibles esos nuevos modelos favoreciendo la participación social y la presencia de las mujeres del medio rural en puestos de representación pública y de dirección. 67 medidas Para conseguir estos objetivos, el plan se estructura en seis ejes, 20 subejes y 67 medidas. Entre ellas, los «caballos de batalla» son el desarrollo de las nuevas tecnologías y la mejora de los servicios a la población. Atendiendo al primero de los casos, la Junta es consciente de que la conectividad se ha convertido en «un servicio imprescindible» tanto desde el punto de vista del ocio como de herramienta de mejora profesional, pero «sigue siendo una de las asignaturas pendientes» para las mujeres de los espacios rurales. Por otro lado, en lo que se refiere a la mejora de los servicios, el documento reconoce que se ha caído en «círculo vicioso» en el que «cuanta menos población, menos servicios, y cuanto menos servicios, menos atractivo es el territorio para el arraigo de la población». Por eso, los servicios en el medio rural constituyen «elementos fundamentales para evitar el despoblamiento y promover el desarrollo rural» y hay que apoyar también a las mujeres en este sentido puesto que «en el orden jerárquico para el uso de los coches familiares, los hombres suelen tener prioridad y las mujeres tienen que amoldarse a las disposiciones de los vehículos». Otro de los problemas que se plantea afrontar la Consejería de Familia con este plan es el de la lucha contra la violencia de género. El documento reconoce que «los vínculos afectivos y familiares y las estrechas relaciones vecinales parecen ser un factor muy importante para la invisibilidad» de este tipo de tratos. Aunque ya existen distintos planes de igualdad en la comunidad, la consejería propone como «necesario» un plan específico para estas situaciones. Este tema tiene que ser tratado desde una perspectiva de «planificación estratégica a nivel territorial regional» y las medidas que se contemplan tienen que tener muy en cuentan las condiciones «particulares» de los núcleos rurales y por eso promueven la «visibilización del problema en contextos sociales que siguen valorándolo en parte como privado, a la promoción de servicios de atención especialmente diseñados para contextos espaciales dispersos». Por último, el documento recoge una serie de iniciativas dirigidas a las personas mayores y con discapacidad, en gran medida «feminizado» debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres y a la emigración de los hijos e hijas hacia las áreas urbanas, que les priva de la atención en redes familiares ubicadas en los núcleos de origen. De ahí se desprende además la necesidad de facilitar formación de cuidadores y la inversión en servicios cercanos de atención.

LARIOJA2.COM. Con esta nueva normativa, aún por desarrollar, se reconoce el trabajo de las mujeres en el medio rural. Se dan de alta en la Seguridad Social y pueden ser perceptoras de ayudas y subvenciones. El trabajo de la mujer, históricamente, ha sido invisible. Si así ha sido en la sociedad en general, en el medio rural mucho más. Hasta hace a penas un año, la explotación agraria y ganadera sólo podía tener una titularidad. En la mayoría de los casos era el hombre el que ostentaba dicho poder y la mujer, aunque ayudaba o incluso muchas veces trabajaba en igual medida que su marido en el negocio familiar, no era dada de alta generalmente en la Seguridad Social porque no era rentable económicamente, ni podía constar como titular de la explotación. A parte de que social y administrativamente no se percibía el trabajo que estaba desempeñando la mujer, el mayor problema procedía, sobre todo, cuando los cónyuges decidían divorciarse. Aunque se repartieran las tierras o el ganado, el derecho para recibir las ayudas sólo lo podía tener uno, el titular. El año pasado se aprobó el Real Decreto de Titularidad Compartida, que aunque según los sindicatos agrarios todavía está por desarrollar, permitirá a las mujeres, además de que su trabajo sea visible social y administrativamente, percibir las ayudas que les corresponden por la mitad de la explotación. Por el momento, en La Rioja ya se puso en marcha en enero el registro de Titularidad Compartida, que ha recibido 10 solicitudes para percibir estas ayudas de concesión directa, la mayoría a través de las Oficinas Comarcales Agrarias.

AVILA DIGITAL. Pablo Garciñuno. Las organizaciones Asaja y Amfar de la provincia de Ávila visitaron la XXXVI edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola ‘Fima 2010’ de Zaragoza, una de las citas más importantes del sector a nivel mundial. Algo más de medio centenar de agricultores y ganadores abulense pudieron conocer así las últimas novedades en maquinaria y equipos dentro del sector agroalimentario: tractores de última generación, sistemas de guiado GPS que facilitan el trabajo, sembradoras de precisión, remolques, una amplia variedad de arados o formulaciones para el abonado, entre otros avances. En este sentido, Asaja considera “necesario modernizar y profesionalizar el sector”, pero señala que “para ello necesitamos que nuestros productos valgan”. “No podemos estar con precios de los años 80 en lo que nosotros vendemos y, sin embargo vivamos y compremos a precios del siglo XXI –continúa-. Ningún sector, ninguna empresa, ninguna familia podría soportar lo que le está tocando al sector agrícola y ganadero. “Necesitamos ayudas que de verdad nos faciliten el acceso a estos innovadores y modernos equipos, a la vez que apoyen el asentamiento de jóvenes y mujeres y fijen población al medio rural”, añaden desde Asaja. Además, exigen al Gobierno que “atienda de una vez por todas la tabla reivindicativa que llevó el campo unánimemente el pasado 21 de noviembre a Madrid, ya que, de lo contrario, tendremos que radicalizar nuestras protestas porque el sector ya no aguanta más”.

SERVIMEDIA. El desempleo está afectando tanto a hombres como mujeres pero no con la misma intensidad, al incidir la crisis principalmente en sectores eminentemente masculinos como la construcción o la industria. Según un estudio realizado por Randstad, la recesión ha generado importantes diferencias por grupos de edad, siendo los jóvenes los más afectados. Por el contrario, el desempleo femenino es menor que el masculino entre los mayores de 55 años. Además, la crisis no ha frenado la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, una tendencia contraria a la que sufre la población activa. Lo que no ha cambiado es la inexistencia de paridad en los puestos de responsabilidad. A pesar de que la mujer está mejor formada que el hombre, accede a menos puestos y a peores empleos y salarios. Según el estudio de la empresa de recursos humanos, la mujer tiene que decidir ahora entre "la proyección profesional a largo plazo y la maternidad".